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  • Boletín del Sistema Red 6/2024. Contratos formativos en alternancia (TOL9.971.917)

    SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR. NUEVO SERVICIO "DOMICILIACIÓN EN CUENTA"
    Con relación al Sistema Especial para Empleados de Hogar, se informa que está disponible, en el apartado Cotización de la Oficina virtual, el nuevo servicio "Domiciliación en cuenta", a través del cual se permite al Autorizado RED modificar los datos bancarios para el pago de las cuotas a la Seguridad Social de este Sistema Especial, siempre que tenga asignado en su autorización el CCC cuyos datos bancarios se pretenden modificar a través de este servicio.
    El manual de usuario de este servicio se encuentra disponible en la siguiente ruta de la Sede electrónica de la Seguridad Social: Inicio/ Información útil/ Sistema RED/ RED Directo/ Documentación RED Directo/ Manuales de Usuario

    CONTRATOS FORMATIVOS EN ALTERNANCIA
    Se informa que, a partir del 1 de junio, se implantará la fase III para el cálculo de las cuotas de los contratos formativos en alternancia según lo previsto en el ordinal 2º del apartado 1 de la disposición adicional cuadragésimo tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS-.

    Este cálculo de cuotas afectará a las liquidaciones que se presenten en el mes de junio, cuyo período de liquidación sea igual o superior a 1 de enero de 2023.

    Como continuación a lo indicado en el BNR 3/2023, de 23 de febrero, y 6/2023, de 5 de mayo, las especificaciones para el cálculo de las cuotas son las siguientes:
    - A partir del mes de junio de 2024, respecto de todos los períodos de liquidación iguales o posteriores a enero de 2023, la TGSS calculará para los contratos formativos en alternancia la PEC 59/059. Para trabajadores que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2. de la LGSS estén excluidos de la prestación por desempleo, se informará, además, la PEC 09/004 (exclusión por desempleo)
    - Para las liquidaciones ordinarias (L00) la TGSS calculará automáticamente la cuota fija y, para aquellos trabajadores cuya base de cotización por contingencias comunes sea superior a la base mínima establecida para el grupo de cotización 7, se calculará también una cuota adicional sobre el importe que exceda de dicha base de cotización. Esta cotización por exceso se aplicará a todas las contingencias, excepto al MEI. Al importe que supere dicha base de cotización mínima se le aplicarán los tipos que correspondan -véanse ejemplos en BNR 3/2023-.
    - El exceso de base de cotización de contingencias comunes se determinará a nivel de tramo, en proporción al número de días cotizados del mismo.
    - A partir del mes de junio de 2024 deben de incluirse en las liquidaciones L13 las bases de los trabajadores que se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas correspondientes al mismo mes de la baja, aunque el importe de la base de cotización no supere la base mínima. Dado que el importe de la cuota fija es mensual, en las liquidaciones L13 por el mes correspondiente a la baja únicamente se calcularán cuotas adicionales cuando el importe de las bases comunicadas en la liquidación L13 superen la base mínima mensual, en proporción al número de días de la liquidación. En consecuencia, aquellas liquidaciones L13 que únicamente contengan trabajadores con tramos correspondientes al mes de la baja, y las bases de cotización informadas no superen la base mínima, no darán lugar a cálculo de cuotas (se generará la RNT y un RLC por importe 0 "sin ingreso de cuotas").
    - Respecto a las liquidaciones fuera de plazo L91, L02 o L13 se calculará la cuota fija (y cuota por exceso si la base es superior a la mínima) en caso de que se trate de un nuevo trabajador no incluido en una liquidación anterior para el mismo período. En caso de que se trate de un nuevo tramo, dado que la cuota fija es mensual, únicamente se calculará cuota por exceso en el caso de que la base supere la mínima.
    - A partir del 1 de junio de 2024 se admitirán liquidaciones complementarias L03, L90, V03 o V90 de períodos iguales o posteriores a enero de 2023. En estos tipos de liquidaciones, el cálculo de las cuotas por la totalidad de las contingencias se realizará sobre la base de cotización de contingencias comunes informada en la liquidación. Si únicamente se informan bases de cotización de AT y EP no se calcularán cuotas.

    En el próximo Boletín Noticias RED se darán las instrucciones correspondientes al proceso de regularización de las cuotas ingresadas hasta la implementación de la Fase III. Para no interferir en este proceso de regularización, no se deberán en enviar liquidaciones complementarias que abarquen los periodos de las fases I y II (es decir, los comprendidos entre 01/2023 a 04/2024, ambos inclusive).

    ALUMNOS EN PRÁCTICAS FORMATIVAS. INFORMACIÓN EN LA WEB DE LA TGSS
    Se informa que se ha creado en la página web de la Seguridad Social un apartado informativo en relación con la aplicación de la D.A. 52ª LGSS.

    Se accede a través del siguiente enlace:

    - Prácticas formativas (https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/9083f0b1-1cf1-411e-b483-7551440fa1a7)
    DQNK_15419-ALUMNOSENPRCTICASFORMATIVAS_0
    En dicho apartado se incluye información para los alumnos, para las universidades, centros formativos y empresas, y una sección específica sobre CRITERIOS JURIDICOS en la que se ha publicado el criterio interpretativo 3/2024 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) en el que se refunden los emitidos anteriormente sobre la aplicación de la D.A. 52 de la LGSS.

    También se pueden consultar en este apartado los Boletines de Noticias RED publicados por la TGSS con información sobre esta materia.

    CASIA: NUEVAS TIPOLOGÍAS DE CASOS DE TIPO CONSULTA
    En el servicio para la atención al Autorizado RED "CASIA (Coordinación, Atención y Soporte Integral al Autorizado RED)" se han incluido las siguientes nuevas tipologías de casos de tipo Consulta:

    ◦ Materia Afiliación, altas y bajas Categoría: Convenios Especiales Subcategorías:
    ▪ ERE-SINTEL-ADUANA-OOII-ASR-UE
    ▪ CARBON y Cuidadores Profesionales
    ▪ Ordinario y otros convenios
    ◦ Materia Recaudación
    Categoría: Convenios Especiales Subcategorías:
    ▪ ERE-SINTEL-ADUANA-OOII-ASR-UE
    ▪ CARBON y Cuidadores Profesionales
    ▪ Ordinario y otros convenios
    ◦ Materia Recaudación Categoría: Deuda
    Subcategoría: Falta alta/recargo prestación.

    Se ha modificado, además, la catalogación del siguiente Trámite "Base Cotiz Trabajador Artista durante IT"
    dentro de la Materia Artistas, pasando a estar incluido en la siguiente ruta:
    - Materia: Cotización
    - Categoría: Artistas
    - Subcategoría: Base Cotiz Trabajador Artista durante IT

    RDL 1/2023. DA 47ª LGSS. REDUCCIONES POR CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO.

    Las comunicaciones a las que se refiere el apartado 2 de la DA 47ª LGSS se vienen efectuando en el ámbito de afiliación a través del valor 439 del campo TIPO SAA -REDUCCIÓN CUOTAS CONTRIBUCIONES EMPRESARIALES. LEY 12/22-, en las que se incluye la información sobre el importe de la contribución satisfecha mensualmente, así como la identificación de la entidad gestora del plan de pensiones de empleo.
    Se informa que para los supuestos en los que en un mismo periodo de liquidación existan contribuciones para el mismo NSS/CCC a distintos planes de pensiones de empleo, gestionados por distintas entidades gestoras, se deberá comunicar una SAA 439 para cada una de ellas.

    NUEVA VERSIÓN 4.0 DEL FICHERO INSS EMPRESAS (FIE)

    El Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS- informa de que se está desarrollando una nueva versión - versión 4.0 - del fichero INSS Empresas (FIE) que se pondrá en funcionamiento el próximo 11 de junio. Por lo tanto, a partir de esa fecha, los ficheros FIE recibidos por SILTRA y los descargados a través del servicio FIER del Sistema RED Online se ajustarán al diseño de registro de la nueva versión 4.0 que está a vuestra disposición en la web de Seguridad Social en el siguiente enlace Instrucciones Técnicas.

    En esta nueva versión del FIE no se modifica la estructura del fichero establecida en el autómata. Tampoco se eliminan ni se crean nuevos segmentos y no se modifican las vinculaciones entre las mismas.
    Las novedades que se incluyen son las siguientes:

    - Se incluyen nuevos campos en el segmento DIT 1171. Parte de alta anulado.
    En la versión 3.0 del fichero, cuando se anulaba un parte de alta se enviaba el proceso sin valor en los campos 1150 y 1160 Fecha y Causa fin IT. Con la nueva versión, además, se indicará expresamente en este nuevo campo 1171.
    1173. Procesos con peculiaridades en pago y cotización.
    Se modifica el nombre del campo "Situaciones Especiales de IT" por "Procesos con peculiaridades en pago y cotización". Se agrupan los antiguos valores 02 y 03 en el valor 02, pasando a ser los valores posibles en la nueva versión 01, 02 y 04.
    1174. Indicador de IT internacional.
    Se identifican los procesos de IT de trabajadores asegurados en España que inician un proceso de incapacidad temporal en el extranjero.

    - Se incluyen nuevos campos en el segmento IT2

    1194. Fecha de envío de PB, PC o PA al INSS.
    Se informa de la fecha en que el Servicio Público de Salud o la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social ha transmitido al INSS el PB, PC o PA.
    1195, 1196 y 1197. Base reguladora INSS.
    Se informa a la empresa de la BR calculada por el INSS para los procesos de IT Régimen General en los que la entidad responsable de la prestación económica de IT es el INSS.
    1198, 1199. Código y fecha de resolución IT emitida por el INSS.
    Se informa, respectivamente, del código y fecha de las resoluciones sobre procesos de IT emitidas por el INSS. Para entender el significado de cada resolución ver Tabla 102.
    Por ejemplo: si se comunica en el campo 1198 el código "11" el autorizado RED encontrará en la T-102 el texto que el INSS quiere comunicar:

    *11 - La Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una vez revisado y evaluado el proceso de incapacidad temporal (IT) que tiene reconocido el trabajador de esa empresa, cuyos datos figuran en la parte superior de este escrito, ha resuelto que agotada la duración máxima de trescientos sesenta y cinco días de la misma, procede emitir resolución de alta médica.
    El alta será efectiva en el momento que el trabajador reciba la resolución; esta fecha se notificará por este mismo medio en el campo con referencia de listado 1150 del segmento DIT, asociada a la causa fin 90 "FE NOT (ALTA/DEN.IP)" y determinará la reincorporación del trabajador a su actividad laboral.
    Además, le comunicamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 170.2, la colaboración en el pago de la prestación se mantendrá hasta que se notifique el alta médica.
    Asimismo, le comunicamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 170.2, la Inspección Médica del INSS es la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de IT, producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta días naturales posteriores a la citada alta médica.
    En el supuesto de que el trabajador presente un parte de baja antes de que transcurran los ciento ochenta días citados, no procederá efectuar descuento alguno por IT en los boletines de cotización, por el trabajador mencionado, salvo autorización expresa de este Instituto.

    2000. Fecha notificación Denegación IP al trabajador.
    En la versión anterior 3.0 esta información se comunicaba en los campos 1150 y 1160 Fecha y Causa fin IT con la causa 13 "denegación IP". Con la nueva versión, además, se indicará expresamente en este campo la fecha fin de la prolongación de efectos de la IT.

    - Se eliminan campos en el segmento ITD

    Se eliminan los campos 1260, 1270 y 1280 en los que se informaba de la base reguladora de los expedientes de IT pago directo a cargo del INSS.

    - Se incluye un nuevo campo en el segmento JUB

    1805. Tipo de resolución.
    En la nueva versión, además de las resoluciones de las resoluciones de jubilación aprobadas, también se comunicarán las resoluciones denegadas de jubilación parcial.
    - Se eliminan campos en el segmento DOP

    Se eliminan los campos 1980, 1190 y 2000 en los que se informaba de la base reguladora de las prestaciones de Nacimiento y cuidado de menor, Riesgo durante el embarazo, Riesgo durante la lactancia, Cuidado del menor y Corresponsabilidad del Cuidado del Lactante a cargo del INSS. Se sustituye por el campo 1980 "Reservado".

    - Se incluyen nuevos campos en el segmento DOP

    2020. Ampliación del subsidio NYCM.
    Se informa de que existe una ampliación del subsidio de NYCM por una de las siguientes causas:
    - por discapacidad de hijo,
    - por parto, adopción o acogimiento multiple,
    - por bajo peso,
    - o por hospitalización a continuación del parto.
    2030. Días de ampliación del subsidio NYCM.
    Se informa del número de días en el que se amplía el subsidio de NYCM por alguno/s de los supuestos referidos en la descripción del campo 2031.

    COMUNICACIÓN AL INSS DEL "PUESTO DE TRABAJO" Y "DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES"
    Como se informó a los usuarios del Sistema RED a través del Aviso RED 19/12/2023- Modificaciones en el ámbito del INSS, el pasado año entró en vigor la normativa que suprimía la obligación de las empresas de transmitir al INSS los partes de confirmación y de alta, manteniendo únicamente el envío de los datos económicos contenidos en los partes de baja. Estos cambios normativos implicaron la adaptación informática de los ficheros FDI y FRI y del servicio "Incapacidad Temporal Online" del Sistema RED Online, incluyéndose en esas versiones dos campos nuevos de cumplimentación voluntaria: "puesto de trabajo" y "descripción de funciones".

    Desde entonces, y con el objetivo de mejorar el control de la incapacidad temporal, desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social se han adaptado los protocolos informáticos para comunicar la información contenida en esos campos a las Mutuas Colaboradoras y a los Servicios Públicos de Salud. En este sentido, desde el pasado miércoles 10 de enero, que entró en funcionamiento la versión de SILTRA 3.5.0, la cumplimentación de los campos PUESTO DE TRABAJO y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES es obligatoria, con las siguientes validaciones:

    Puesto de trabajo
    Debe llevar contenido, de al menos 4 caracteres, y no se permitirá que se rellene sólo con números o símbolos.
    De no cumplir con estas validaciones, se devolverá el error 158 "PUESTO DE TRABAJO OBLIGATORIO".

    Descripción de funciones
    Debe llevar contenido, de al menos 15 caracteres, y no se permitirá que se rellene sólo con números o símbolos.
    De no cumplir con estas validaciones, se devolverá el error 159 "DESCRIPCION FUNCIONES OBLIGATORIO".

    Se recuerda la obligación de enviar esta información al INSS conforme al RD 1060/2022 y la Orden ISM/2/2023, en el plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja médica. Igualmente se recuerda la importancia de dicha información para que los facultativos competentes, tanto del Servicio Público de Salud y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como del propio INSS, puedan valorar la situación de la persona trabajadora de acuerdo al trabajo desempeñado, y realizar un control más adecuado de su proceso de incapacidad temporal.

    Esta comunicación se puede realizar a través de:
    - Fichero FDI
    - INCAWEB. Gestión online de partes de incapacidad temporal
    El incumplimiento de la citada obligación podrá constituir, en su caso, una infracción de las tipificadas en el artículo 21.4 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

    Asimismo, desde el pasado 10 de enero, SILTRA admite la acción "DE - DATOS ECONÓMICOS" para los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos -RETA- incluyendo también los campos "puesto de trabajo" y la "descripción de funciones", información que antes solo era posible comunicar a través del servicio "Incapacidad Temporal Online" del Sistema RED Online.

    CORRECCION ERRORES DISEÑO DE REGISTRO DEL FICHERO TXT PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA.

    Se informa, que se ha procedido a la supresión del campo DIRECCION Y GERENCIA en el FICHERO DE PERSONAS VINCULADAS A LA EMPRESA.

    En lo que respecta a repercusión de dicha modificación en la cumplimentación del fichero TXT informado en el BNR 5/2024, del 3 abril de 2024, sobre el procedimiento de transmisión de ficheros para la comunicación de los datos que deben proporcionar los trabajadores autónomos vinculados a empresas colectivas en función de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 504/2022, se informa que su formato ha de ser de registro plano sin cabeceras ni nombre de campos ni separadores entre campos, con una longitud de registros de 71 posiciones y deberán ajustarse al siguiente diseño de registro:

    Campo Tip

    o
    Long Observaciones
    NET de la empresa N 8


    NIF de la empresa


    A


    11
    Tipo (a1) siempre será '9'

    + número (a10)
    NIF de la persona vinculada A 11 Tipo (a1) siempre será '1', '2','6',´9`, 'L' o 'M' (1)

    + número (a10)
    NSS de la persona

    vinculada
    N 12 Número de la seguridad social del autónomo

    societario.
    Vínculo con la empresa N 3 (2)
    Fecha vínculo N 8 AAAAMMDD
    Cargo retribuido(SI/NO) A 2 Valores posibles 'SI', 'No' o ' '
    Dirección y gerencia * A 2 Valor posible ' ' (2 espacios en blanco)

    (5)
    Socio(SI/NO) A 2 Valores posibles 'SI', 'No' o ' '
    Tipo de Socio N 2 (3)
    Porcentaje A 6 999,99

    por ejemplo el 100% sería 100,00. El 33,33% sería 033,33, el 25% sería 025,00. Es decir siempre 6 posiciones y en la 4

    posición una ','
    Control efectivo N 2 (4)
    Prueba en contrario(SI/NO) A 2 Valores posibles 'SI', 'No' o ' '


    (1) Descripción de los valores permitidos para el NIF del trabajador autónomo:
    ◦ 1-DNI
    ◦ 2-PASAPORTE
    ◦ 6-NIE
    ◦ L-ESPAÑOLES SIN DNI
    ◦ M-EXTRANJEROS SIN NIF

    (2) Valores posibles:

    - 001-ADMINISTRADOR/A
    - 002-CONSEJERO/A
    - 004-REPRESENTANTE o APODERADO/A
    - 099-SOCIO SIN CARGO DE LOS ANTERIORES
    (3) Valores posibles:




    01: SOCIO TRABAJADOR o COMUN TIPO FORMA JURIDICA

    F. SOCIEDAD COOPERATIVA
    02: SOCIO DE TRABAJO
    03: SOCIO COLECTIVO INDUSTRIAL TIPO FORMA JURÍDICA

    C. SOCIEDAD COLECTIVA SUBTIPO FORMA JURIDICA

    16: SOCIEDAD COMANDITARIA
    04: SOCIO COLECTIVO CAPITALISTA
    05: SOCIO COMANDITARIO TIPO DE FORMA JURIDICA

    D. SOCIEDAD COMANDITARIA
    06: SOCIO TRABAJADOR VENTA AMBULANTE INGR.DIR.COMPRAD. TIPO DE COOPERATIVA

    01. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
    07: SOCIO GENERAL SUBTIPOS FORMA JURIDICA:

    06: SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

    12: SOCIEDAD LIMITADA LABORAL
    08: SOCIO TRABAJADOR
    09: SOCIO COLECTIVO SOCIEDAD COMANDITARIA ACCIONES SUBTIPO DE FORMA JURIDICA

    17: SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES


    10: SOCIO CAPITALISTA TRABAJADOR
    TIPOS DE FORMA JURIDICA A: SOCIEDAD ANÓNIMA

    B: SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

    J. SOCIEDAD CIVIL

    SUBTIPO DE FORMA JURIDICA

    17: SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES


    11: SOCIO CAPITALISTA NO TRABAJADOR
    TIPOS DE FORMA JURIDICA A: SOCIEDAD ANÓNIMA

    B: SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA SUBTIPO DE FORMA JURIDICA

    17: SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
    12: SOCIO INDUSTRIAL TIPOS DE FORMA JURIDICA

    J: SOCIEDAD CIVIL
    13: COMUNERO SUBTIPO FORMA JURIDICA 18-COMUNIDAD DE BIENES y 050 - HERENCIA YACENTE
    14: OTRO TIPO SOCIO COOPERATIVA TIPO FORMA JURIDICA

    F. SOCIEDAD COOPERATIVA

    (4) Valores posibles:
    - 01-MITAD DEL CAPITAL SOCIAL SIN FAMILIARES: 050,00 A 100,00
    - 02-MITAD DEL CAPITAL SOCIAL CON FAMILIARES: 050,00 A 100,00 CON FAMILIARES
    - 03-IGUAL O SUPERIOR A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL 033,33 A 049,99
    - 04- IGUAL O SUPERIOR A LA CUARTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL CON DIRECCIÓN Y GERENCIA 025,00 A 033,32 05-SIN CONTROL EFECTIVO
    - 06-CONTROL EFECTIVO CON PARTICIPACIÓN INFERIOR AL 033,33

    (5) Valor posible:
    la posición en la que se venía a recoger la información del campo FUNCIONES DIRECCIÓN Y GERENCIA, se deberá rellenar con 2 espacios en blanco.

  • Boletín del Sistema Red 5/2024. Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero. Real Decreto 322/2024, de 26 de marzo, por el que se modifican el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (TOL9.961.232)

    ORDEN PJC/281/2024. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN PJC/51/2024, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS LEGALES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2024

    Las modificaciones normativas establecidas en la Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
    desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, se encuentran ya implementadas.

    En los próximos meses se regularizarán las liquidaciones de cuotas presentadas correspondientes a los períodos de liquidación de enero y febrero de 2024, que se vean afectadas por lo dispuesto en esta Orden. Para ello se utilizará el mismo procedimiento que se describe en el BNR 5/2022, sobre el que se informará con más detalle en próximos boletines de noticias.

    Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria primera de la Orden PJC/51/2024, las liquidaciones de cuotas revisadas que presenten diferencias en la cotización se podrán ingresar sin recargo alguno hasta el último día del mes siguiente a aquel en el que la Tesorería General de la Seguridad Social comunique la actualización de las liquidaciones de cuotas afectadas.

    Por ello, se reitera la necesidad de que no se presenten liquidaciones complementarias, por diferencias hasta las nuevas bases de cotización mínimas, con el fin de evitar duplicidades posteriores.
    En los siguientes apartados se indican las principales novedades de la Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo.

    ORDEN PJC/281/2024. BASES MÍNIMAS Y MÁXIMAS
    Desde el 1 de enero de 2024, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:

    Grupo

    de cotización


    Categorías profesionales
    Bases mínimas -

    Euros/mes
    Bases máximas

    -

    Euros/mes


    1
    Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores

    1847,40


    4720,50
    2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 1532,10 4720,50
    3 Jefes Administrativos y de Taller 1332,90 4720,50
    4 Ayudantes no Titulados 1323,00 4720,50
    5 Oficiales Administrativos 1323,00 4720,50
    6 Subalternos 1323,00 4720,50
    7 Auxiliares Administrativos 1323,00 4720,50

    Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas

    -

    Euros/día
    Bases máximas

    -

    Euros/día
    8 Oficiales de primera y segunda 44,10 157,35
    9 Oficiales de tercera y Especialistas 44,10 157,35
    10 Peones 44,10 157,35
    11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 44,10 157,35

    ORDEN PJC/281/2024. SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS
    Desde el 1 de enero de 2024, en el ámbito del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios:

    a) Las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:

    Grupo

    de cotización


    Categorías profesionales
    Bases mínimas

    -

    Euros/mes
    Bases máximas

    -

    Euros/mes
    1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 1847,40 4720,50
    2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 1532,10 4720,50
    3 Jefes Administrativos y de Taller 1332,90 4720,50
    4 Ayudantes no Titulados 1323,00 4720,50
    Grupo

    de cotización
    Categorías profesionales Bases mínimas

    -

    Euros/mes
    Bases máximas

    -

    Euros/mes
    5 Oficiales Administrativos 1323,00 4720,50
    6 Subalternos 1323,00 4720,50
    7 Auxiliares Administrativos 1323,00 4720,50
    8 Oficiales de primera y segunda 1323,00 4720,50
    9 Oficiales de tercera y Especialistas 1323,00 4720,50
    10 Peones 1323,00 4720,50
    11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 1323,00 4720,50

    b) Las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el párrafo a), se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:



    Grupo

    de cotización


    Categorías profesionales
    Bases mínimas diarias de cotización

    -

    Euros
    Bases máximas diarias de cotización

    -

    Euros
    1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 80,32 205,24
    2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 66,61 205,24
    3 Jefes Administrativos y de Taller 57,95 205,24
    4 Ayudantes no Titulados 57,52 205,24
    5 Oficiales Administrativos 57,52 205,24
    6 Subalternos 57,52 205,24
    7 Auxiliares Administrativos 57,52 205,24
    8 Oficiales de primera y segunda 57,52 205,24
    9 Oficiales de tercera y Especialistas 57,52 205,24
    10 Peones 57,52 205,24
    11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 57,52 205,24

    ORDEN PJC/281/2024. BASES MÍNIMAS POR HORAS
    Desde el 1 de enero de 2024, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial serán las siguientes



    Grupo

    de cotización


    Categorías profesionales
    Base mínima por hora

    -

    Euros
    1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 11,13
    2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 9,23
    3 Jefes Administrativos y de Taller 8,03
    4 Ayudantes no Titulados 7,97
    5 Oficiales Administrativos 7,97
    6 Subalternos 7,97
    7 Auxiliares Administrativos 7,97
    8 Oficiales de primera y segunda 7,97
    9 Oficiales de tercera y Especialistas 7,97

    Grupo

    de cotización


    Categorías profesionales
    Base mínima por hora

    -

    Euros
    10 Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados. 7,97
    11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 7,97


    ORDEN PJC/281/2024. SOCIOS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
    Conforme al apartado Nueve del artículo único de la Orden PJC/281/2024, por el que se modifica el artículo 41 de la Orden PJC/51/2024, la base de cotización por contingencias comunes y profesionales de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, no podrá ser inferior a las cuantías que para los diferentes grupos de cotización se indican a continuación:
    Grupo de cotización Base mínima mensual (Euros)
    1 831,30
    2 612,90
    3 533,10
    4 a 11 529,20

    ORDEN PJC/281/2024. CONTRATOS DE DURACIÓN INFERIOR A TREINTA DÍAS
    Desde del 1 de enero de 2024, los contratos de duración determinada inferior a treinta días tendrán una cotización adicional de 31,22 euros a cargo del empresario a la finalización del mismo.

    ORDEN PJC/281/2024. CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE Y EN LOS CONTRATOS FORMATIVOS EN ALTERNANCIA

    De conformidad con lo especificado en el apartado Once del artículo único de la Orden PJC/281/2024, por el que se modifica el artículo 44 de la Orden PJC/51/2024, las cuotas fijas para los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje o un contrato de formación en alternancia, son las siguientes:

    1. º La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 64,30 euros por contingencias comunes, de los que 53,61 euros serán a cargo del empresario y 10,69 euros, a cargo del trabajador, y de 7,38 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario, de los que 3,82 corresponden a incapacidad temporal y 3,56 a invalidez, muerte y supervivencia.
    2. º La base de cotización por desempleo será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 31.2.a).1.º
    3. º La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 4,07 euros, a cargo del empresario.
    4. º La cotización por formación profesional consistirá en una cuota mensual de 2,26 euros, de los que 2,00 euros serán a cargo del empresario y 0,26 euros, a cargo del trabajador.

    ORDEN PJC/281/2024. PRÁCTICAS FORMATIVAS NO REMUNERADAS
    La Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo, en el apartado Doce de su artículo único, modifica el apartado 3 del artículo 45 la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, en el siguiente sentido:
    «3. En el supuesto de prácticas formativas no remuneradas, de conformidad con el apartado 7.a) de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la cotización consistirá en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,67 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,33 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 60,76 euros y por contingencias profesionales de 7,38 euros, de los que 3,82 euros corresponden a la contingencia de incapacidad temporal y 3,56 euros a la de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
    De la cuota diaria por contingencias profesionales de 0,33 euros, 0,17 euros corresponderán a la contingencia de incapacidad temporal y 0,16 euros a las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.»

    ORDEN PJC/281/2024. SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR
    La Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo, en el apartado Tres de su artículo único, modifica la tabla de tramos y bases de cotización establecida en el apartado 1 del artículo 15 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, el cual queda redactado del siguiente modo:
    "1. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, mediante la que se suspende lo establecido en el apartado 1.a).4.º de la disposición transitoria decimosexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en tanto se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 y tras la aprobación del Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024, desde el 1 de enero de 2024, las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en la escala siguiente, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar por cada relación laboral.



    Tramo
    Retribución mensual Base de cotización
    Euros/mes Euros/mes
    1.º Hasta 306,00 284,00
    2.º Desde 306,01 Hasta 474,00 405,00
    3.º Desde 474,01 Hasta 644,00 559,00
    4.º Desde 644,01 Hasta 814,00 729,00
    5.º Desde 814,01 Hasta 986,00 901,00
    6.º Desde 986,01 Hasta 1.153,00 1.069,00
    7.º Desde 1.153,01 Hasta 1.323,00 1.323,00
    8.º Desde 1.323,01 Retribución mensual

    A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.»

    De acuerdo con lo anterior, las cuotas correspondientes al período de liquidación de marzo de 2024 se calcularán aplicando ya las nuevas bases de cotización previstas en el citado artículo. Como es habitual, las cuotas de marzo se cargarán en la cuenta bancaria que el interesado tenga comunicada en la Tesorería General de la Seguridad Social el último día hábil del mes de abril.
    Las cuotas correspondientes a los periodos de liquidación de enero y febrero de 2024 se regularizarán en los próximos meses.
    Se recuerda que el importe de los adeudos y el periodo al que hacen referencia se puede consultar a través del servicio "Consulta de adeudos emitidos SEEH" disponible en el apartado Cotización de la Oficina virtual del Sistema RED.

    Con independencia de lo anterior, el sujeto responsable del pago de las cuotas puede consultar esta información a través del Área Personal del Portal de la TGSS - IMPORTASS, recibiendo, además, un correo electrónico y/o un SMS, en función de los datos de contacto que haya comunicado a esta TGSS, en el que se le informará del importe total que se cargará en su cuenta en el mes de que se trate, cuando se vayan a generar cargos adicionales.

    DISPOSICIÓN ADICIONAL 52 LGSS. APARTADO 11. INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA D.A. EN DETERMINADAS SITUACIONES.

    El primer párrafo del apartado 11 de la DA 52 LGSS establece que

    "No estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta disposición adicional las personas que durante la realización de las prácticas a las que se refiere el apartado 1 figuren en alta en cualquiera de los regímenes del sistema de Seguridad Social por el desempeño de otra actividad, en situación asimilada a la de alta con obligación de cotizar, o durante la cual el periodo tenga la consideración de cotizado a efectos de prestaciones, o tengan la condición de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente de la Seguridad Social, tanto en su la modalidad contributiva como no contributiva."

    En relación con lo anterior, la Orden PJC/281/2024, añade un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Orden PJC/51/2024 con la siguiente redacción:

    «6. En el caso de las prácticas formativas remuneradas y no remuneradas, la entidad, organismo, empresa o institución que asuma la condición de empresario deberá solicitar, en cualquier caso, el alta y la baja, conforme a lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la
    Ley General de la Seguridad Social, y comunicar el número de días de prácticas realizadas, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 y 7 de la citada disposición adicional. A efectos de lo establecido en el apartado 11 de dicha disposición adicional, las prácticas realizadas en cada mes se considerarán efectuadas en los días naturales de dicho mes que no se superpongan con los períodos a que se refiere el primer párrafo de dicho apartado.»

    Actuaciones en el ámbito de afiliación por parte de quienes asuman la condición de empresarios respecto de personas que realicen prácticas formativas remuneradas o no remuneradas:

    Quienes asuman la condición de empresario respecto de las personas a las que se refiere la DA 52ª LGSS deberán solicitar el alta y la baja cuando se produzca, respectivamente, el inicio y fin de las prácticas formativas, remuneradas o no remuneradas, en cualquier caso y con independencia de que dichas personas figuren, en el momento del inicio de realización de las prácticas formativas, o pudiesen llegar a estarlo en cualquier momento posterior, en alta en cualquiera de los regímenes del sistema de Seguridad Social por el desempeño de otra actividad, en situación asimilada a la de alta con obligación de cotizar, o durante la cual el periodo tenga la consideración de cotizado a efectos de prestaciones, o tengan la condición de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente de la Seguridad Social, tanto en su la modalidad contributiva como no contributiva.

    Asimismo, con independencia de estas circunstancias, deberán comunicar el número de días de prácticas formativas realizadas o previstas en el caso de las prácticas formativas no remuneradas.

    Actuaciones en el ámbito de afiliación por parte de las personas que realicen prácticas formativas, remuneradas o no remuneradas, cuanto éstas tengan la condición de funcionarios públicos, civiles o militares, no incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de la Seguridad Social para los Trabajadores del Mar.
    Transitoriamente, hasta que por parte de las entidades gestoras de los regímenes especiales para funcionarios públicos, civiles o militares, a los que se refiere el artículo 7.1.e) LGSS, proporcionen a la TGSS, a los efectos establecidos en el apartado 11 de la DA 52 LGSS, la información sobre las personas integradas en los mismos, las personas que realicen prácticas formativas, remuneradas o no, que tengan la condición de funcionarios públicos, civiles o militares, excluidos del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social para los Trabajadores del Mar, deberán informar a la TGSS, a través del procedimiento del que se informará próximamente, de dicha condición a efecto de su exclusión del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS.

    Próximamente se informará de la fecha a partir de la cual estas comunicaciones ya no serán necesarias.

    Actuaciones en el ámbito de afiliación por parte de las personas que realicen prácticas formativas, remuneradas o no remuneradas, cuanto éstas se encuentren en un período que tenga la consideración de cotizado a efecto de prestaciones.
    Las personas que realicen prácticas formativas, remuneradas o no, que se encuentren en algún período que tenga la consideración de cotizado a efecto de prestaciones, deberán comunicar a la TGSS, a través del procedimiento del que se informará próximamente, dicha situación a efecto de su exclusión del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS durante dicho período.

    Excepción: Quedan excluidas de esta comunicación las situaciones a las que se refiere el artículo 237 LGSS, sobre prestación familiar en su modalidad contributiva. Es decir, no deberán comunicarse por las personas que realizan prácticas formativas las siguientes situaciones:
    1. Los períodos de hasta tres años de excedencia que los trabajadores, según el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción.
    2. Los tres primeros años del período de excedencia que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo
    46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.
    La TGSS procederá a aplicar dichas situaciones sobre la consideración de persona incluida en el ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS en función de la información comunicada por los empresarios respecto de estos períodos.

    Actuaciones en el ámbito de afiliación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social:
    La Tesorería General de la Seguridad Social determinará si el alta, o la cotización en un período de liquidación, es procedente o no, conforme a la información disponible en su sistema de información sobre:
    - Las situaciones de alta en cualquiera de los regímenes del sistema de Seguridad Social por el desempeño de otra actividad o sobre las situaciones asimiladas a la de alta con obligación de cotizar;
    - La información que proporcione el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre los pensionistas de jubilación
    o de incapacidad permanente de la Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva; y,
    - La información que proporcione el Servicio Público de Empleo Estatal, sobre las situaciones asimiladas a la de alta con obligación de cotizar derivadas del reconocimiento de prestaciones o subsidios contributivos por desempleo.
    Esta determinación sobre si el alta o la cotización es procedente se efectuará en los siguientes momentos, en función de cuando se disponga de la anterior información:
    - En el momento de la solicitud del alta, en el caso de prácticas formativas remuneradas y no remuneradas, en los supuestos en los que se acredite la condición de pensionista de jubilación o incapacidad permanente, así como de la condición de funcionario público, civil o militar, inscritos en los regímenes especiales a los que se refiere el artículo 7.1.e) LGSS
    - En el momento en que se comuniquen los días de prácticas, en el caso de prácticas formativas no remuneradas, en los mismos supuestos indicados en el punto anterior.
    - En el momento de calcular la correspondiente liquidación de cuotas, mensual o trimestral, según se trate de prácticas formativas remuneradas o no remuneradas, respectivamente, en los supuestos en los que se superponga la situación de alta de la persona que realice prácticas formativas con otras situaciones de alta en cualquiera de los regímenes del sistema de Seguridad social por el desempeño de otra actividad o con situaciones asimiladas a la de alta con obligación de cotizar.
    - Con independencia de las verificaciones descritas en los anteriores momentos, con periodicidad trimestral, antes del inicio de cada plazo reglamentario de ingreso de cuotas, se procederá a verificar nuevamente la condición de pensionista o funcionario de estas personas.
    Cuando se detecte la condición de pensionista o la de funcionario público, civil o militar, inscrito en los regímenes especiales a los que se refiere el artículo 7.1.e) LGSS, se procederá a no admitir el alta; a revisar dicha situación de alta en el caso de que en el momento de su solicitud no constase tal condición y el alta hubiese sido aceptada; o a dar de baja de oficio a la persona de que se trate si la fecha de efectos de la condición de pensionista o funcionario es posterior al alta inicialmente comunicada. Con independencia del momento concreto en que se proceda a la revisión del alta o la baja de oficio, en los casos indicados, los períodos con estas condiciones que se superpongan con un alta como persona que realiza prácticas formativas no se tomarán en cuenta para la determinación de las obligaciones de cotización.
    Se trata, en consecuencia, de dos tipos de actuaciones diferentes en función del motivo de la exclusión de la persona que realiza prácticas formativas del ámbito de aplicación de la DA 52:
    - Si la persona acredita la condición de pensionista o funcionario, el alta no se admitirá, se revisará o se dará de baja, según el momento en el que se conozca por parte de la TGSS la condición de que se trate: si se conoce en el mismo momento en el que se comunica el alta, no se admitirá el alta como persona que realiza prácticas formativas; si se conoce en un momento posterior y los efectos de la condición de pensionista o funcionario son anteriores al alta como persona que realiza prácticas formativas, se procederá a revisar el alta para su anulación posterior; y si se conoce en un momento posterior pero los efectos de la condición de pensionista o funcionario son posteriores al alta como persona que realiza prácticas formativas, se procederá a dar de baja de oficio con efectos del día anterior a la adquisición de la condición de pensionista o funcionario.
    - Si la persona acredita situaciones de alta, o situación asimilada a la de alta con obligación de cotizar o en situación considerado como de cotización efectiva, el alta como persona que realiza prácticas formativas se admitirá y se mantendrá hasta que se proceda a comunicar la baja como consecuencia de la finalización de las prácticas formativas. En estos casos, en el momento del cálculo de la liquidación de cuotas, tal y como se indica en el apartado siguiente, se tendrá en cuenta, de forma automática y tal como establece la parte final del nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Orden PJC/51/2024, para el cálculo de los períodos o días, según se trata de prácticas formativas remuneradas o no, respectivamente, por los que se deberá cotizar.
    Actuaciones en el ámbito de cotización por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social:
    Tal y como se ha indicado anteriormente, la TGSS procederá, en el momento de la solicitud del cálculo de la correspondiente liquidación de cuotas, a determinar, los períodos, en el caso de las prácticas formativas remuneradas, y los períodos y el número de días de prácticas realizadas o previstas a realizar, en el caso de las prácticas formativas no remuneradas, por los que se debe cotizar, teniendo en cuenta las distintas circunstancias a las que se refiere el apartado 11 de la DA 52 LGSS.

    - En el caso de prácticas formativas remuneradas:
    ◦ No se generará tramo, respecto de las altas en CCC con TRL 986 o con EXCL.COTIZACIÓN 986, por los períodos superpuestos con cada una de las situaciones que suponen la exclusión del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS.
    - Con independencia de lo anterior, la obligación de cotizar se mantendrá por la totalidad de la cuota única mensual.
    - En el caso de prácticas formativas no remuneradas:
    ◦ La determinación que efectuará la TGSS de los períodos por los que existe obligación de cotizar por el número de días de prácticas formativas, efectivas o previstas, tendrá en cuenta los periodos en los que se superponga el período de alta al amparo de lo establecido en la DA 52 LGSS con cualquiera otra situación de alta o asimilada al alta con obligación de cotizar, así como con los posibles períodos en los que la persona de que se trate tenga la condición de pensionista o funcionario, o se encuentre en situación equiparable a la de cotización.
    Por ello, no se generará tramo, respecto de las altas en CCC con TRL 993, por los períodos superpuestos con cada una de las situaciones que suponen la exclusión del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS.
    Ejemplo:
    ▪ Periodo de alta en CCC con TRL 993: Del 1 al 30 de marzo.
    ▪ Período de alta en CCC con TRL distinto de 993: Del 10 al 20 de marzo.
    ▪ Tramos generados para el cálculo de la liquidación de cuotas en el CCC con TRL 993:
    - Del 1 al 9 de marzo, y
    - Del 21 al 30 de marzo.
    ◦ Los días de prácticas formativas comunicadas por la entidad responsable se aplicarán a los tramos que se generen, una vez eliminados aquellos períodos que quedan fuera del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS.
    ◦ Cuando la incompatibilidad, entre los períodos de prácticas formativas con otras situaciones de la persona que determinen la exclusión del ámbito de la DA 52 LGSS, se produzca durante todos los días de alta en un mes natural, no se generará ningún tramo y, en consecuencia, por los días de prácticas realizadas en dicho mes no existirá obligación de cotizar. En estos casos, no se proporcionará información de tramos en el procedimiento de consulta indicado anteriormente.
    Ejemplo:
    ▪ Periodo de alta en CCC con TRL 993: Del 1 al 30 de marzo.
    ▪ Período de alta en CCC con TRL distinto de 993: Del 1 al 30 de marzo.
    ▪ Tramos generados para el cálculo de la liquidación de cuotas en el CCC con TRL 993: Ninguno
    ◦ El número de días de prácticas formativas por los que se deberá cotizar en cada tramo no podrá ser superior a los días de dichos tramos.
    ◦ Cuando el número de días de prácticas comunicados para un determinado mes supere el número total de días de los tramos comprendidos en el ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS, se deberá cotizar exclusivamente por el número de días de los citados tramos.
    Ejemplo:
    ▪ Periodo de alta en CCC con TRL 993: Del 1 al 30 de marzo.
    ▪ Período de alta en CCC con TRL distinto de 993: Del 10 al 20 de marzo.
    ▪ Tramos generados para el cálculo de la liquidación de cuotas en el CCC con TRL 993:
    - Del 1 al 9 de marzo, y
    - Del 21 al 30 de marzo.
    ▪ Días de prácticas formativas efectivas comunicados: 25
    ▪ Días de prácticas formativas por las que se debe cotizar: 19
    ▪ Días de prácticas formativas aplicadas a cada tramo:
    - Del 1 al 9 de marzo: 9
    - Del 21 al 30 de marzo: 10
    ◦ Si existen varios tramos en un mes, a los que no resulte la aplicación de ninguna peculiaridad derivada de una situación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, se aplicarán a dichos tramos el número de días de prácticas efectivas comunicadas, empezando por el tramo cuya fecha desde sea la más próxima al día primero del correspondiente mes.
    Si el número de días de prácticas efectivas comunicadas es superior al número de días de dicho tramo, se continuará aplicando los días de prácticas efectivas restantes al segundo y sucesivo tramo, hasta culminar la aplicación de los días de prácticas efectivas comunicados.
    Si el número de días de prácticas efectivas comunicadas puede ser aplicado a un número de tramos inferior al del total de tramos existentes, no se generarán los tramos por los que no haya que cotizar por ningún día de prácticas formativas.
    Ejemplo:
    ▪ Periodo de alta en CCC con TRL 993: Del 1 al 30 de marzo.
    ▪ Período de alta en CCC con TRL distinto de 993: Del 10 al 15, y del 20 al 25 de marzo.
    ▪ Tramos generados para el cálculo de la liquidación de cuotas en el CCC con TRL 993:
    - Del 1 al 9 de marzo, y
    - Del 16 al 19 de marzo, y
    - Del 26 al 30 de marzo.
    ▪ Días de prácticas formativas efectivas comunicados: 11
    ▪ Días de prácticas formativas aplicadas a cada tramo:
    - Del 1 al 9 de marzo: 9
    - Del 16 al 19 de marzo: 2
    - Del 26 al 30 de marzo: Ninguno

    ◦ Se realizará la misma actuación que la indicada en el punto anterior en el caso de los tramos a los que resulte de aplicación las peculiaridades de cotización derivadas de una situación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, pero, en este caso, con el número de días de prácticas previstas durante estas situaciones.
    Siempre que no se superponga con alguna de las situaciones que determinan la exclusión del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS, los tramos en los que exista situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales se generarán en todo caso, aunque no le resulten de asignación días de prácticas previstas, de forma que se permita la aplicación de la compensación de cuotas por el pago delegado de la incapacidad temporal.
    Ejemplo:
    ▪ Periodo de alta en CCC con TRL 993 en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales: Del 1 al 30 de abril.
    ▪ Período de alta en CCC con TRL distinto de 993: Del 15 al 25 de abril.
    ▪ Tramos generados para el cálculo de la liquidación de cuotas en el CCC con TRL 993:
    - Del 1 al 14 de abril, y
    - Del 26 al 30 de abril
    ▪ Días de prácticas formativas previstas comunicados: 7
    ▪ Tramos aplicados en la liquidación:
    - Del 1 al 14 de abril: 7 días de prácticas a cotizar y compensación de cuotas por el pago delegado de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
    - Del 26 al 30 de abril: no existe obligación de cotizar por días de prácticas previstos pero el tramo se genera para la compensación de cuotas por el pago delegado de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.

    o Cuando se haya comunicado que una persona en situación de alta en un CCC con TRL 993 no ha realizado ningún día de prácticas en un determinado mes no se generará tramo de ningún tipo, salvo que a dicho tramo le resulte de aplicación las peculiaridades de cotización derivadas de una situación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y no se superponga, como se indica en el párrafo anterior, con una situación incompatible.
    o Cuando no se haya comunicado ni días de prácticas efectivas o previstas, ni el indicativo de que no se han realizado prácticas en un determinado mes, se generará la liquidación deudora correspondiente por todos los días de alta, en el correspondiente mes, siempre y cuando los mismos queden comprendidos en el ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS.
    Consulta de tramos y días a cotizar:
    Los tramos concretos que se generarán se podrán consultar a través de la opción +PL en la funcionalidad de la oficina virtual Consulta de la Situación Actual de estos afiliados.
    A través del IDC/PL-CCC, "DÍAS EFECTIVOS DE COTIZACIÓN" se podrá consultar los días por los que corresponde cotizar para cada tramo, teniendo en cuenta exclusivamente el número de días comunicados y la inclusión de la situación de alta en CCC con TRL 993 en el ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS.

    SILTRA. NUEVA VERSIÓN

    El próximo 4 de abril se publicará una nueva versión de SILTRA 3.6.0.

    Esta nueva versión incorpora una nueva versión del IDC/PL-CCC que incluye, para los alumnos que realizan prácticas formativas no remuneradas, los días por los que se debe cotizar en cada tramo calculado.

    Además, la nueva versión modifica el proceso de actualización automática. Las próximas versiones de SILTRA solo podrán descargarse automáticamente si se ha actualizado a la versión 3.6.0, por lo que se recomienda instalar esta actualización.
    En cualquier caso, existirá la posibilidad de descargarse los paquetes de la versión de forma manual desde la web de la Seguridad Social como hasta ahora.

    Esta versión de SILTRA valida que la longitud del nodo MotivoRectificacion no pueda ser superior a 1. Se ha actualizado en la web el manual y el esquema xsd del Fichero de Bases para limitar la longitud del valor de este nodo a 1.

    RD 322/2024. DT 2ª. COMUNICACIÓN DE DATOS RELATIVOS A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS CONFORME AL ARTÍCULO 305.2 LGSS.

    Tal y como se informó en el Boletín Noticias RED 1/2023, el RD 504/2022 modificó el apartado 2 del artículo 30 del RD 84/1996, cuya letra b), en sus ordinales 1º a 3º, en relación con las solicitudes de alta de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos -RETA- en base a lo establecido en las letras b), c) d), e) y l) el artículo 305.2, de tal forma que la solicitud de alta debe contener, entre otros, los siguientes datos:
    1. º Razón social y número de identificación fiscal de las sociedades o comunidades de bienes de las que formen parte los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial que corresponda al amparo de lo establecido en el artículo 14.1.b) y en los párrafos b), c), d), e) y l) del artículo 305.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
    2. º Desempeño del cargo de consejero o administrador o prestación de otros servicios para la sociedad, a que se refiere el artículo 305.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
    3. º Porcentaje de participación en el capital social, a que se refieren los párrafos b) y e) del artículo 305.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
    La DT 2ª del RD 322/2024 establece un nuevo plazo de comunicación de estos datos, de forma que los trabajadores que, el 1 de abril de 2024, se encuentren en situación de alta en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, como trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización, y que, por las peculiaridades de su inclusión en ambos, deban aportar cualquiera de los datos relacionados en los párrafos 1.º a 8.º del artículo 30.2.b) del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, que no hubiesen comunicado dichos datos con anterioridad al 1 de noviembre de 2023, deberán comunicarlos por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social en un plazo que finalizará el próximo 30 de junio de 2024.
    A tal efecto, se informa a continuación de los distintos canales de comunicación de la información:
    CANALES DE COMUNICACIÓN DE DATOS A DISPOSICIÓN DE LOS AUTORIZADOS AL SISTEMA RED
    Si la empresa, a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo, como administrador, socio o comunero, tiene, o ha tenido en algún momento, al menos un CCC:
    ◦ Para los Autorizados al Sistema RED que lo sean, simultáneamente, del trabajador autónomo obligado a la comunicación de los datos y del CCC principal de la empresa a la que se encuentra vinculado, como administrador, socio o comunero:
    ▪ Si ya existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA, a la que se hace mención en el Boletín Noticias RED 1/2023, de la empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo respecto del que se comunican los datos, deberán utilizarse los siguientes medios:
    - Envío del fichero en formato .txt, que se indica en el apartado siguiente, o
    - Servicio on-line, existente en la Oficina Virtual del Sistema RED, denominado MODIFICACION EMPRESA.
    ▪ Si no existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA de la empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo respecto del que se comunican los datos, deberá utilizarse el servicio on-line, existente en la Oficina Virtual del Sistema RED, denominado ALTA EMPRESA.
    ◦ Para los Autorizados al Sistema RED de un trabajador autónomo, que no sean, simultáneamente, los Autorizados al Sistema RED del CCC principal de la empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo, como administrador, socio o comunero:
    ▪ Si ya existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA de la que empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo respecto del que se comunican los datos, deberán utilizarse los siguientes medios:
    - Envío del fichero en formato .txt, que se indica en el apartado siguiente, o
    - Trámite CASIA denominado "Modificación empresas sin CCC" -correspondiente a la Materia: Inscripción de empresas; Categoría: Modificación empresas sin CCC-, con independencia de que la empresa tenga asignados CCC en situación de alta o baja.
    ▪ Si no existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA de la empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo respecto del que se comunican los datos, deberá utilizarse el trámite CASIA denominado "Alta empresa sin CCC" -correspondiente a la Materia: Inscripción de empresas; Categoría: Registro de empresas sin CCC-.
    No obstante, en estos supuestos, la empresa, mediante el certificado electrónico de persona jurídica, podrá utilizar el servicio Empresario Colectivo. Identificación de Empresa. Asignación de CCC inicial, que está disponible en la SEDESS.
    Si la empresa, a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo, como administrador, socio o comunero, no ha tenido asignado, en ningún momento, ningún CCC:
    ▪ Si ya existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA de la que empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo respecto del que se comunican los datos, deberán utilizarse los siguientes medios:
    - Envío del fichero en formato .txt, que se indica en el apartado siguiente, o
    - Trámite CASIA denominado "Modificación empresas sin CCC" -correspondiente a la
    Materia: Inscripción de empresas; Categoría: Modificación empresas sin CCC-.
    ▪ Si no existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA de la empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo respecto del que se comunican los datos, deberá utilizarse el trámite CASIA denominado "Alta empresa sin CCC" -correspondiente a la Materia: Inscripción de empresas; Categoría: Registro de empresas sin CCC-.
    No obstante, en estos supuestos, la empresa, mediante el certificado electrónico de persona jurídica, podrá utilizar el servicio Empresario Colectivo. Identificación de Empresa. Asignación de CCC inicial, que está disponible en la SEDESS.

    CANALES DE COMUNICACIÓN DE LOS DATOS A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA
    En aquellos supuestos en los que sea el propio trabajador autónomo, tenga o no un Autorizado al Sistema RED, el que proceda a comunicar los datos de que se trata, los canales de comunicación a su disposición son los siguientes:
    - Si no existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA de la empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo, deberá utilizar el servicio Adjuntar documentación de trabajo autónomo, disponible en la SEDESS.
    En este caso, deberá aportar la documentación que a tal efecto encontrará en el apartado "Documentación adjunta" del propio servicio -formularios para el Registro Identificación de empresas y la Comunicación datos de personas vinculadas a empresas.
    No obstante, en estos supuestos, la empresa, mediante el certificado electrónico de persona jurídica, podrá utilizar el servicio Empresario Colectivo. Identificación de Empresa. Asignación de CCC inicial, que está disponible en la SEDESS.
    - Si ya existiera el correspondiente registro en la BASE DE DATOS DE EMPRESA de la que empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador autónomo, deberá utilizar el servicio Adjuntar documentación de trabajo autónomo, disponible en la SEDESS.
    En este caso, deberá aportar la documentación que a tal efecto encontrará en el apartado "Documentación adjunta" del propio servicio -formularios para el Registro Identificación de empresas y la Comunicación datos de personas vinculadas a empresas.

    COMUNICACIÓN DE DATOS DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA INDICADAS EN EL APARTADO ANTERIOR A TRAVÉS DE FICHEROS TXT.

    Con el fin de simplificar el procedimiento establecido a través del correspondiente servicio del Sistema RED, se ha habilitado un procedimiento de transmisión de ficheros para la comunicación de los datos que deben proporcionar los trabajadores autónomos vinculados a empresas colectivas en función de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 504/2022.
    Para la remisión de estos ficheros deberá utilizarse el Trámite CASIA denominado "Fichero autónomos vinculados a
    empresas" correspondiente a la Materia: Afiliación, altas y bajas; Categoría: Variaciones de datos de autónomos.
    Estos ficheros deberán tener las siguientes características:
    DENOMINACIÓN DEL FICHERO
    El nombre de los ficheros de texto plano que se envíen por CASIA han de tener la siguiente nomenclatura:
    "IFI.CDASppP.Aaaaaaa.Daammdd.Nn" donde,
    ◦ pp: Código de la provincia -01 a 52-
    ◦ aaaaaa: Número del Autorizado del Sistema RED
    ◦ aammdd: Fecha de grabación en la aplicación CASIA
    ◦ n: Secuencial, para supuestos en los que tuviera que repetirse el envío en una misma fecha de grabación.
    DISEÑO DE REGISTRO DEL FICHERO
    Los ficheros, cuyo el formato ha de ser de registro plano sin cabeceras ni nombre de campos ni separadores entre campos, tendrán una longitud de registros de 71 posiciones y deberán ajustarse al siguiente diseño de registro:

    Campo Tip o Long Observaciones
    NET de la empresa N 8
    NIF de la empresa A 11 Tipo (a1) siempre será '9'

    + número (a10)
    NIF del trabajador autónomo A 11 Tipo (a1) siempre será '1', '2','6','L' o 'M' (1)

    + número (a10)
    NSS de la persona vinculada N 12 Número de la seguridad social del trabajador autónomo.
    Vínculo con la empresa N 3 (2)
    Fecha vínculo N 8 AAAAMMDD
    Cargo retribuido (SI/NO) A 2 Valores posibles 'SI', 'No' o ' '
    Socio (SI/NO) A 2 Valores posibles 'SI', 'No' o ' '
    Tipo de Socio N 2 (3)
    Porcentaje A 6 999,99

    por ejemplo el 100% sería 100,00. El 33,33%

    sería 033,33, el 25% sería 025,00. Es decir

    siempre 6 posiciones y en la 4 posición una ','
    Control efectivo N 2 (4)
    Prueba en contrario(SI/NO) A 2 Valores posibles 'SI', 'No' o ' '

    (1) Descripción de los valores permitidos para el NIF del trabajador autónomo:
    ◦ 1-DNI
    ◦ 2-PASAPORTE
    ◦ 6-NIE
    ◦ L-ESPAÑOLES SIN DNI
    ◦ M-EXTRANJEROS SIN NIF

    (2) Valores posibles:
    01- ADMINISTRADOR/A
    02- CONSEJERO/A
    004-REPRESENTANTE o APODERADO/A
    005-GERENTE UNICO UTE
    099-SOCIO SIN CARGO DE LOS ANTERIORES
    (3) Valores posibles:

    01: SOCIO TRABAJADOR o COMUN TIPO FORMA JURIDICA

    F. SOCIEDAD COOPERATIVA
    02: SOCIO DE TRABAJO
    03: SOCIO COLECTIVO INDUSTRIAL TIPO FORMA JURÍDICA

    C. SOCIEDAD COLECTIVA SUBTIPO FORMA JURIDICA

    16: SOCIEDAD COMANDITARIA
    04: SOCIO COLECTIVO CAPITALISTA
    05: SOCIO COMANDITARIO TIPO DE FORMA JURIDICA

    D. SOCIEDAD COMANDITARIA
    06: SOCIO TRABAJADOR VENTA AMBULANTE INGR.DIR.COMPRAD. TIPO DE COOPERATIVA

    01. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
    07: SOCIO GENERAL SUBTIPOS FORMA JURIDICA:
    08: SOCIO TRABAJADOR 06: SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

    12: SOCIEDAD LIMITADA LABORAL
    09: SOCIO COLECTIVO SOCIEDAD COMANDITARIA ACCIONES SUBTIPO DE FORMA JURIDICA

    17: SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES


    10: SOCIO CAPITALISTA TRABAJADOR
    TIPOS DE FORMA JURIDICA A: SOCIEDAD ANÓNIMA

    B: SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

    J. SOCIEDAD CIVIL SUBTIPO DE FORMA JURIDICA

    17: SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES


    11: SOCIO CAPITALISTA NO TRABAJADOR
    TIPOS DE FORMA JURIDICA A: SOCIEDAD ANÓNIMA

    B: SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA SUBTIPO DE FORMA JURIDICA

    17: SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
    12: SOCIO INDUSTRIAL TIPOS DE FORMA JURIDICA J: SOCIEDAD CIVIL
    13: COMUNERO SUBTIPO FORMA JURIDICA 18-COMUNIDAD DE BIENES y 050 - HERENCIA YACENTE
    14: OTRO TIPO SOCIO COOPERATIVA TIPO FORMA JURIDICA

    F. SOCIEDAD COOPERATIVA
    (4) Valores posibles:
    01- MITAD DEL CAPITAL SOCIAL SIN FAMILIARES: 050,00 A 100,00
    02- MITAD DEL CAPITAL SOCIAL CON FAMILIARES: 050,00 A 100,00 CON FAMILIARES
    03- IGUAL O SUPERIOR A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL 033,33 A 049,99
    04- IGUAL O SUPERIOR A LA CUARTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL CON DIRECCIÓN Y GERENCIA 025,00 A
    033,32
    05- SIN CONTROL EFECTIVO
    06- CONTROL EFECTIVO CON PARTICIPACIÓN INFERIOR AL 033,33

    RD 322/2024. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN. NUEVO ARTÍCULO 72 bis.
    El RD 322/2024, en el artículo segundo, modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el RD 2064/1995, incorporando, con efectos del próximo 1 de enero de 2025, una nueva subsección 6.ª en la sección 10.ª del capítulo II del citado Reglamento, con la siguiente redacción:

    «Subsección 6.ª Cotización adicional de solidaridad

    Artículo 72 bis. Normas para la aplicación de la cotización adicional de solidaridad.
    1. La cotización adicional de solidaridad con relación a las retribuciones a que se refiere el artículo 19 bis del texto refundido de la LGSS, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se aplicará a la diferencia resultante entre el importe de la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a los trabajadores por cuenta ajena y el importe de la base de cotización superior a aquella que, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 del referido texto refundido les hubiera correspondido de no existir esa base máxima, si se hubiesen aplicado las reglas de cotización a la retribución percibida durante el período de liquidación correspondiente al mes en que se hayan devengado las mencionadas retribuciones, con arreglo a los tramos y porcentajes fijados legalmente.
    La distribución del tipo de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo de cotización por contingencias comunes.
    Lo dispuesto en este apartado se aplicará, asimismo, en los términos indicados, en aquellos supuestos en los que la cotización a la Seguridad Social se realice mediante bases o cuotas de cotización fijas.
    El plazo reglamentario de ingreso de la cotización adicional de solidaridad finalizará el último día del mes siguiente a aquél en que deban abonarse las retribuciones a las que se refiere el artículo 19 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

    2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29.2 del texto refundido de la LGSS, las empresas deberán comunicar por medios electrónicos a la TGSS los datos identificativos de los trabajadores afectados por esta cotización adicional, así como el periodo en que deban abonarse las retribuciones, el importe de las retribuciones que determinen una base de cotización que supere la base máxima de cotización aplicable y el importe de las bases de cotización comprendidas entre la base máxima y la determinada por las retribuciones computables a estos efectos.
    3. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -ITSS-, en el ejercicio de sus competencias, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo.
    Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la ITSS, la TGSS ejercerá sobre esta cotización adicional de solidaridad las facultades de comprobación a las que se refiere el artículo 36.1 del texto refundido de la LGSS, con base en los datos disponibles en cada momento y que permitan recalcular las correspondientes liquidaciones de cuotas.»

    RD 322/2024. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN. ARTÍCULO 80.
    El próximo 1 de julio de 2024, entrará en vigor el nuevo procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, tras la publicación del Real Decreto 322/2024, de 26 de marzo, por el que se modifica el apartado 4 del artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
    Este nuevo procedimiento presenta las siguientes novedades:
    - Para el reintegro de las citadas prestaciones, la TGSS expedirá reclamación de deuda en la que se fijará el plazo reglamentario para el reintegro, que comenzará con la notificación de dicha reclamación y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de aquella notificación. El sujeto obligado podrá solicitar, dentro del plazo de ingreso anteriormente mencionado, el fraccionamiento del pago de la deuda en diversos plazos. A tal efecto, la TGSS establecerá los plazos de fraccionamiento, con un importe mínimo de 100 euros mensuales y hasta un máximo de cinco años.
    - El reconocimiento del fraccionamiento en el pago de las prestaciones indebidamente percibidas, se desvincula de la situación económica de la persona solicitante.
    - El pago de los vencimientos del fraccionamiento ha de realizarse obligatoriamente mediante el sistema de domiciliación en cuenta, abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social, en los términos y condiciones establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 17 bis de la Orden TAS/1562/2005.
    - Se amplían, de 1 a 3, los plazos de fraccionamiento concedidos cuya falta de ingreso del importe correspondiente dan lugar a la anulación de la autorización para el pago fraccionado.

    RD 322/2024. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN. DA 8ª. SUPUESTOS DE DOMICILIACIÓN OBLIGATORIA DEL PAGO DE CUOTAS.

    El RD 322/2024, de 26 de marzo, en el apartado Cuatro de su artículo primero, modifica la DA 8ª del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el RD 1415/2004, que queda redactada del siguiente modo:

    1. Los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar incluidos en los Regímenes Especiales de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los Trabajadores del Mar, en el caso de trabajadores por cuenta propia, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, así como los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, durante los periodos de inactividad, deberán efectuar el pago de las cuotas mediante el sistema de domiciliación en cuenta, abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social.
    2. Igualmente, deberán efectuar el pago de las cuotas mediante el sistema de domiciliación en cuenta anteriormente indicado los sujetos responsables del pago de la cuota correspondiente al convenio especial con la Seguridad Social, excepto en los siguientes supuestos:
    a) Convenio aplicable a los Diputados y Senadores de las Cortes Generales y a los Diputados del Parlamento Europeo, regulado en el artículo 11 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social.
    b) Convenio aplicable a los miembros de los Parlamentos y Gobiernos de las Comunidades Autónomas, regulado en el artículo 12 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre.
    c) Convenio aplicable a los incluidos en el campo de aplicación del Sistema de Seguridad Social español que pasen a prestar servicios en la Administración de la Unión Europea, cuando no residan en España, regulado en el artículo 13 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre.
    d) Convenio aplicable a los españoles que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, cuando no residan en España, regulado en el artículo 14 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre.
    e) Convenio aplicable a los emigrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero, regulado en el artículo 15 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre.
    f) Convenio aplicable a los trabajadores españoles que realicen una actividad por cuenta propia en el extranjero, regulado en el artículo 17 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre.
    g) Convenio aplicable a los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuando en este caso, la cuota sea a cargo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, regulado en el artículo 28 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre.
    h) Convenio especial al que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1010/2009, de 19 de junio, por el que se establecen medidas destinadas a compensar la disminución en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores cuyo contrato de trabajo se extinguió como consecuencia de los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio de 2001.
    3. En los supuestos de domiciliación del pago de cuotas, la modificación de la cuenta en que esté domiciliado el pago tendrá efectos el mismo mes en que se comunique, de formularse la comunicación entre los días 1 y 10 de cada mes, y a partir del mes siguiente a aquel en que se comunique, de formularse la comunicación entre los días 11 y último de cada mes.
    En su virtud, los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, durante los periodos de inactividad, así como los sujetos responsables del pago de la cuota correspondiente al convenio especial -con las excepciones previstas en el apartado 2 de la citada DA 8ª- deberán efectuar el pago de las cuotas mediante el sistema de domiciliación en cuenta, abierta en una entidad financiera autorizada para actuar como oficina recaudadora de la Seguridad Social.
    Según la DF 2ª del RD 322/2024, la obligatoriedad de domiciliar el pago de las cuotas en los supuestos indicados entrará en vigor el 1 de julio de 2024.
    No obstante, de conformidad con lo establecido en la DT 1ª del citado texto normativo, aquellos trabajadores agrarios y suscriptores de convenios especiales que estén de alta en la Seguridad Social en la citada fecha -1 de julio de 2024- dispondrán hasta el 31 de octubre de 2024 para comunicar a la TGSS la cuenta bancaria en la que desean domiciliar los correspondientes pagos.
    La comunicación de la cuenta bancaria se podrá realizar a través del servicio "Domiciliación en cuenta" disponible en la Sede electrónica de la Seguridad Social.

  • Boletín del Sistema Red 4/2024. RDL1/2023; permiso parental; Orden ISM/835/2023. Sistema nacional de garantía juvenil (TOL9.936.292)



    DISPOSICIÓN ADICIONAL 52 LGSS. PRÁCTICAS FORMATIVAS REMUNERADAS INICIADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2024

    La Disposición Adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social -DA 52 LGSS-, además de establecer la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realizan prácticas formativas no retribuidas, regula la inclusión, a partir del pasado 1 de enero de 2024, de los alumnos que realizan prácticas formativas retribuidas.
    En relación con lo anterior, en la Disposición transitoria décima del Real Decreto-ley 8/2023 -DT 10ª RDL 8/2023-, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, se dispone lo siguiente:
    "A las prácticas formativas a que se refiere la DA 52 LGSS iniciadas y no concluidas antes del día 1 de enero de 2024, les resultará de aplicación el régimen jurídico previsto en la citada disposición adicional únicamente desde dicha fecha."
    Con anterioridad a la entrada en vigor de esta DA 52 LGSS, los participantes en prácticas formativas remuneradas se identificaban en el sistema mediante el alta en CCC con TRL/EXC. 986 y los siguientes tipos de RELACION LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL -RLCE-:
    - RLCE 9922. Participantes en programas de formación.
    - RLCE 9923. Prácticas no laborales en empresas.
    - RLCE 9927. Practicas académicas universitarias extracurriculares.
    - RLCE 9928. Prácticas curriculares de estudiantes universitarios y de formación profesional, a las que resultaba de aplicación, hasta el pasado 31 de diciembre de 2023, una bonificación del 100% en la cuota total en virtud de la Disposición adicional vigesimoquinta del Real Decreto-ley 8/2014 -DA 25 RDL 8/2014-.
    De conformidad con los criterios emitidos por la Dirección General de Ordenación e Impugnaciones -DGOSS- quedan incluidas en el campo de aplicación subjetivo de la DA 52 LGSS:
    ◦ Las prácticas universitarias extracurriculares a las que se refiere el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, - es decir, aquellas que se venían identificando con RLCE 9927-, y
    ◦ Las prácticas curriculares de los estudiantes universitarios y de formación profesional -es decir, aquellas que se venían identificando con RLCE 9928-.
    Por el contrario, quedan fuera del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS:
    ◦ Las prácticas remuneradas realizadas por quien esté en posesión de un título universitario -RLCE 9922 o 9923-
    , que sin embargo sí están incluidas en el campo de aplicación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación que continúa vigente.
    Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, respecto de los alumnos que iniciaron con anterioridad al 01-01- 2024 sus prácticas formativas externas remuneradas, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
    - A las practicas formativas incluidas en programas de formación vinculados a estudios universitarios por quienes aún no tuvieran la titulación, así como a las prácticas vinculadas a estudios de formación profesional o certificados de profesionalidad, les resulta de aplicación el régimen jurídico de la DA 52 LGSS.
    En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la DT 10ª RDL 8/2023, a las prácticas formativas iniciadas con anterioridad al 01-01-2024 les resultará de aplicación la reducción del 95% cuotas por contingencias comunes regulada en la DA 52 LGSS -TPC 03/43-.
    Teniendo en cuenta que a estas prácticas les resulta de aplicación la DA 52 LGSS, a las prácticas indicadas en este apartado e iniciadas con anterioridad a 01-01-2024, que hasta ahora venían identificándose con RLCE 9922 ó 9923, se las deberá identificar, con efectos desde el 01-01-2024, con RLCE 9939. Para realizar este cambio en la identificación -pasando a 9922 ó 9923, a 9939-, deberá procederse a solicitar por CASIA la baja con FECHA REAL del 31-12-2023, y alta con FECHA REAL del 01-01-2024; a través del mismo trámite Afiliación, altas y bajas/ Alta Trabajadores por cuenta ajena / Altas fuera de plazo.
    - A las prácticas académicas universitarias extracurriculares -RLCE 9927- y a las prácticas curriculares de estudiantes universitarios y de formación profesional -RLCE 9928- les resulta de aplicación el régimen jurídico de la DA 52 LGSS.
    En el caso de las prácticas iniciadas con anterioridad a 01-01-2024:
    ◦ Continuarán siendo identificadas en el FGA a través del valor RLCE 9927 o 9928, según corresponda, en CCC con TRL 986.
    ◦ De conformidad con lo establecido en la DT 10ª RDL 8/2023, les resultará de aplicación, a partir del 01-01-2024, la reducción del 95% cuotas por contingencias comunes regulada en la DA 52 LGSS -TPC 03/43-. Dado que dicha reducción de cuotas resulta incompatible con cualquier otro beneficio en la cotización, a partir de la citada fecha, dejará de resultar de aplicación la bonificación del 100% de la cuota total que se venía aplicando para la RLCE 9928 -DA 25ª RDL 8/2014-.
    ◦ En ningún caso a las personas de alta el 31-12-2023 con RLCE 9927 ó 9928, se les deberá dar de baja con dicha fecha ni alta con fecha 01-01-2024, para la aplicación de las peculiaridades o condiciones de cotización que resulten de aplicación a partir de esta última fecha. Dichas peculiaridades de cotización se aplicarán automáticamente.
    ◦ No serán admisibles a través del Sistema RED altas con RLCE 9927 y 9928 en las que la FECHA REAL ALTA sea igual o posterior a 01-01-2024, dado que dichas altas, si corresponden al inicio de prácticas con esas fechas, se deben identificar con RLCE 9939.
    Para las posibles altas con RLCE 9927 y 9928 y FRA igual o posterior a 01-01-2024, que solo deben producirse como consecuencia en supuestos de sucesión de situaciones iniciadas con fecha anterior a 01-01-2024, se deberá solicitar el alta a través del trámite Casia Afiliación, altas y bajas/ Alta Trabajadores por cuenta ajena / Prácticas remuneradas RLCE 9927/9928, presentando documentación acreditativa de que el inicio de las practicas se ha producido con anterioridad.
    Observación: Los alumnos que inicien la realización de este tipo de prácticas formativas remuneradas a partir del 01-01-2024 se identificarán en el FGA con RLCE 9939, con independencia de que se trate de prácticas académicas universitarias extracurriculares o de prácticas curriculares de estudiantes universitarios y de formación profesional, y en CCC con TRL 986-.
    - A las prácticas académicas externas realizadas por titulados universitarios les continúan resultando de aplicación el régimen jurídico previsto en el Real Decreto 1493/2011.
    En consecuencia, no les resultan de aplicación las reducciones de cuotas establecidas en la DA 52 LGSS.
    Todas aquellas prácticas que queden fuera del ámbito de aplicación de la DA 52 LGSS, se deberán identificar a partir del 01-01-2024 en el FGA con alta en CCC con TRL 986 y RLCE 9923. Las altas con RLCE 9923 se seguirán admitiendo a través del Sistema RED con independencia de la FECHA REAL DE ALTA.
    ◦ Respecto de aquellas personas que figurasen en situación de alta con anterioridad al 01-01-2024 y con RLCE 9923, no se deberá realizar ningún tipo de actuación sobre su situación de alta.
    ◦ Respecto de aquellas personas que figurasen en situación de alta con anterioridad al 01-01-2024 y con RLCE 9922, deberán causar baja a 31-12-2023 y causar alta con RLCE 9923 a partir de 1 de enero. Para realizar este cambio en la identificación -pasando a 9922 a 9923-, deberá procederse a solicitar por CASIA, a través del mismo trámite Afiliación, altas y bajas/ Alta Trabajadores por cuenta ajena / Altas fuera de plazo- una baja con FECHA REAL del 31-12-2023, y un alta con FECHA REAL del 01-01-2024,
    ◦ No se admitirán nuevas altas con RLCE 9922 a partir del 1 de enero. Las altas con RLCE 9922 y FRA igual o posterior a 01-01-2024 han sido convertidas a RLCE 9923 de forma automática, no siendo necesaria la realización de ninguna actuación.

    RDL1/2023. SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL -SNGJ- .
    A partir del 2 de abril de 2024 no será necesario aportar a través de CASIA la documentación acreditativa de las siguientes condiciones de acceso a las bonificaciones de cuotas reguladas en el Real Decreto-ley 1/2023 -RDL 1/2023-:
    a. Por la contratación de personas inscritas en el SNGJ a las el RDL 1/2023 les excluye del requisito de estar inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal [CASIA: DOCUMENT. ACREDITATIVA INSCRIPCIÓN SNGJ]
    b. Por la contratación de personas jóvenes con baja cualificación beneficiarias del SNGJ para la aplicación de la bonificación a la que se refiere la DA 1ª del RDL 1/2023. [CASIA: DOC.BENEFICIAR.SNGJ BAJA CUALIF. RDL1/23]
    Ambas condiciones -Inscripción en el SNGJ y Beneficiario SNGJ de baja cualificación- se informarán automáticamente por el SEPE a la TGSS en el momento de la solicitud del alta o, en su caso, corrección de la misma.
    Por lo tanto, no deberá anotarse contenido en el campo NÚMERO DE EXPEDIENTE CASIA en los siguientes supuestos:
    ◦ Alta con CONDICION DESEMPLEO W en los que la causa de que la persona trabajadora esté excluida de estar inscrita en los servicios públicos de empleo es estar inscrita en el SNGJ, es decir, con CASIA: DOCUMENT. ACREDITATIVA INSCRIPCIÓN SNGJ
    ◦ Altas con valor 16 en el campo BENEFICIOS y CASIA:DOC.BENEFICIAR.SNGJ BAJA CUALIF. RDL1/23]

    Fases del cambio.
    ◦ Previa. Altas que se presenten hasta el 01/04/2024. En el momento de presentación del alta seguirá siendo necesario cumplimentar el campo NÚMERO DE EXPEDIENTE CASIA en el que se ha presentado la documentación acreditativa. Sin embargo, la forma de validación de la información dependerá de la FRA:
    ▪ FRA anterior a 31/03/2024: será necesario presentar a través de CASIA la documentación acreditativa de las condiciones de acceso a las bonificaciones antes indicadas.
    ▪ FRA desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024: La información será contrastada con el SEPE. Sin embargo, el hecho de que el alta venga con contenido en el campo NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA no afectará a su admisión. La información de CASIA será ignorada.
    ▪ FRA igual o posterior a 01/05/2024: La información será contrastada con el SEPE. Sin embargo, será necesario corregir el movimiento a partir del 02/04/2024 para eliminar el contenido en el campo NÚMERO DE EXPEDIENTE CASIA antes de la consolidación del alta. En caso contrario, se rechazará el alta.

    1. Fase 1. Altas que se presenten desde el 02/04/2024 hasta 30/04/2024. La información será contrastada mediante acceso a la base de datos del SEPE.
    ▪ ONLINE: no aparecerá en pantalla la posibilidad de anotar el campo NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA.
    ▪ REMESAS:
    - FRA hasta 30/04/2024: Pese a que la información sea contrastada con el SEPE, el hecho de que el alta venga con contenido en el campo NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA no afectará a su admisión. La información de CASIA será ignorada.
    - FRA a partir del 01/05/2024: Serán rechazadas las altas con contenido en el campo NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA en el momento de consolidación de alta. Por lo tanto, si el alta se hubiera presentado con contenido en el campo NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA deberá corregirse antes de la consolidación.

    - Fase 2. Altas que se presenten a partir del 01/05/2024. La información será contrastada mediante acceso a la base de datos del SEPE.
    ◦ ONLINE: no aparecerá en pantalla la posibilidad de anotar el NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA.
    ◦ REMESAS: Serán rechazadas todas las altas con contenido en el campo NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA al momento de la consolidación de alta, con independencia de la FRA. Si el alta se hubiera
    presentado con contenido en el campo NUMERO DE EXPEDIENTE CASIA, deberá corregirse antes de la consolidación. En caso contrario, se rechazará el alta.

    RDL 1/2023. DA 6ª. CONTRATOS SUSCRITOS POR EMPRESAS DE INSERCIÓN

    Se modifica la información del BNR 11/2023 en lo que respecta a las modalidades de contrato admisibles para la aplicación de la bonificación de cuotas establecida en la DA del RDL1/2023 -Contratos suscritos por empresas de inserción- para añadir entre los TIPOS DE CONTRATO admisibles los CT 450 y 550.

    Por lo tanto, la bonificación a la que se refiere la DA 6ª del RDL 1/2023, resultará de aplicación -siempre que concurran el resto de condiciones- con cualquiera de los siguientes TIPOS DE CONTRATO: 150, 250, 350, 450, 550, 452 o 552.

    RDL 1/2023. DA 7º. PERSONAL INVESTIGADOR.

    Se modifica la información del BNR 11/2023 en lo que respecta a las modalidades de TIPO DE CONTRATO admisibles para la aplicación de la bonificación de cuotas establecida en la DA séptima del RDL 1/2023 -Personal investigador- para añadir entre los TIPOS DE CONTRATO admisibles los CT 109, 209 y 309.

    Por lo tanto, la bonificación a la que se refiere la DA 6ª del RDL 1/2023, resultará de aplicación -siempre que concurran el resto de condiciones- con cualquiera de los siguientes TIPOS DE CONTRATO: 150, 250, 350, 109, 209, 309.

    RDL 1/2023. ART. 31: PERSONAS CONTRATADAS EN DETERMINADOS SECTORES DE ACTIVIDAD Y AMBITOS GEOGRÁFICOS.

    En relación con lo indicado en el BNR 11/2023, se informa de las siguientes modificaciones, ya implantadas:
    - Como ya se informó en el BNR 11/2023, por criterio del SEPE no resulta de aplicación el requisito del artículo 4 del RDL sobre los requisitos de estar inscrito en los servicios públicos de empleo en situación laboral de desempleado.
    Por lo que el campo CONDICION DESEMPLEO se deberá dejar sin contenido.
    - Asimismo, de conformidad con el SEPE, no resultan de aplicación a dichas bonificaciones, las exclusiones contenidas en los artículos 11/1º, letra c) y 11/1º, letra d) del RDL 1/2023.
    Respecto de aquellos contratos a los que no les haya resultado de aplicación la bonificación teniendo derecho a esta conforme a los nuevos criterios, se deberá presentar la solicitud a través de CASIA, abriendo un trámite por código de cuenta de cotización y aportando la relación de trabajadores afectados, utilizando al efecto la categoría Afiliación, altas y bajas/ Variación datos trabajadores cuenta ajena/Situaciones Adicionales de Afiliación y haciendo constar en el título "Regularización bonificación Ceuta-Melilla. "

    Por otro lado, se recuerda que para la aplicación del beneficio los códigos de TIPO DE CONTRATO que se deben comunicar ante TGSS con el alta del trabajador son los indicados en el BNR 11/2023: 150, 250, 350, 109, 209 ó 309, y que es necesaria la anotación del valor 17 en el campo BENEFICIOS.

    PERMISO PARENTAL.
    - Conforme a lo indicado en el Boletín Noticias RED 02/2024, se informa que ya se encuentra implantado el valor 20-PERMISO PARENTAL TIEMPO COMPLETO- del campo TIPO DE INACTIVIDAD para la identificación del disfrute del permiso parental establecido en los ART. 45.1.o) y 48.bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las condiciones de alta y cotización indicadas en el citado BNR 02-2024.
    - Se informa asimismo que se ha habilitado un TIPO DE INACTIVIDAD 21- PERMISO PARENTAL EMP.PUBL.T.COMPLETO para la identificación del permiso parental establecido en el 49.g) el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP.

    Particularidades en el ámbito de cotización:
    - Respecto al TIPO DE INACTIVIDAD 20-PERMISO PARENTAL TIEMPO COMPLETO:
    Tal y como se indicó el BNR 02/2024, de conformidad con el criterio de la DGOSS, pese a ser incluido el permiso parental en el apartado 1.o) del artículo 45 del ET como una causa de suspensión del contrato, no por ello pierde la naturaleza de permiso, resultando, por lo tanto, de aplicación el artículo 69, sobre situaciones de permanencia en alta sin retribución, cumplimiento de deberes de carácter público, permisos y licencias, del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, y, en consecuencia, la obligación de cotizar. Se recuerda que en este artículo se establece que "para las contingencias comunes se tomará como base de cotización la mínima correspondiente en cada momento al grupo de la categoría profesional del trabajador y para las contingencias profesionales la base de cotización estará sujeta a los topes mínimos establecidos en el apartado 2 del artículo 9."
    - Respecto al TIPO DE INACTIVIDAD 21- PERMISO PARENTAL EMP.PUBL.T.COMPLETO:
    Conforme el art. 2 de la Orden de 27 de octubre de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho Régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino:

    "Durante el tiempo en que el funcionario disfrute de un permiso sin sueldo subsistirá la obligación de mantener el alta y cotizar por parte del Organismo público del que perciba sus retribuciones.

    La Administración cotizará únicamente por la parte correspondiente a la cuota patronal derivada de contingencias comunes, siendo la base de cotización la que correspondería, de haber continuado su prestación de servicios"

    Por tanto, para los funcionarios no se aplicaría el art. 69.2 Real Decreto 2064/1995; en estos casos se calculará la PEC 35/003. FUNCIONARIOS-PERMISO SIN SUELDO

    ORDEN ISM/835/2023. SITUACIÓN ASIMILADA A LA DEL ALTA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DESPLAZADAS AL EXTRANJERO AL SERVICIO DE EMPRESAS QUE EJERCEN SU ACTIVIDAD EN TERRITORIO ESPAÑOL.

    Importante. Aplicación subjetiva
    La Orden ISM/835/2023 se aplica en las siguientes situaciones:
    1. Desplazamiento de trabajadores a los países con los cuales no existe instrumento internacional en vigor (Convenio internacional o reglamento comunitario).
    2. Desplazamiento de personas trabajadoras a un país en el que, aun siendo aplicable un instrumento internacional en materia de coordinación de los sistemas de Seguridad Social, no queden incluidas dentro de su ámbito de aplicación subjetivo, por referirse este únicamente a personas nacionales de cada una de las partes.
    3. Desplazamiento de trabajadores a los países que existiendo instrumento internacional en vigor (Convenio internacional o reglamento comunitario), haya finalizado el plazo máximo de duración del desplazamiento previsto en el convenio o no se admita la prórroga por el país de destino.

    Por tanto, esta Orden no se aplica a trabajadores desplazados en aplicación de un convenio bilateral o reglamentos comunitarios vigente; ya que en estas situaciones el trabajador permanecerá de alta en la empresa.

    Si este es el caso, no deberá anotarse la SAA sino que deberá solicitarse mediante los procedimientos establecidos (Sistema RED o Sede Electrónica) la emisión del certificado que acredite el desplazamiento del trabajador como se ha hecho hasta ahora.

    Implantación de SAA:

    Como continuación de lo informado en los Boletines Noticias RED 15/2023 y 02/2024, en relación con la Orden ISM/835/2023, por la que se regula la situación asimilada a la de alta en el sistema de la Seguridad Social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero al servicio de empresas que ejercen sus actividades en territorio español, se informa que a partir del 3 de abril estará disponible la anotación de las Situaciones Adicionales de Afiliación -SAA- para la identificación de los supuestos contemplados en los artículos 3.c) y 5 de dicha Orden:

    ◦ SAA 152 - TRAB.DESPLAZADO AGOT.PERÍODO MÁXIMO-: Cuando la situación asimilada a la de alta derive del agotamiento del periodo máximo de duración previsto para al desplazamiento, incluidas las prórrogas autorizadas.
    ◦ SAA 153 - TRAB.DESPLAZADO PRORROGA DENEGADA-: Cuando la situación asimilada a la de alta derive de la denegación de la prórroga solicitada tras el agotamiento del periodo inicial de desplazamiento.

    Exclusiones en la cotización.

    La DA Octava de la Orden PJC/51/2024, establece que en los supuestos contemplados en el artículo 5 de la Orden ISM/835/2023, en los que la acción protectora se encuentra limitada a las pensiones contributivas de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes y a la pensión contributiva de jubilación, la cotización quedará restringida a estas contingencias, estando excluidos de la

    misma los conceptos mencionados en el artículo 9.3 de la citada orden, así como la cotización por desempleo y Fondo de Garantía Salarial.

    Dicha DA establece que a la cuota total resultante al empresario y a la del trabajador por contingencias comunes se aplicará el coeficiente reductor 0,94.

    Las peculiaridades de cotización por las exclusiones previstas durante las SAA 152 y 153 estarán identificadas con TPC 09, FRACCIÓN DE CUOTA 87 y COLECTIVO INCENTIVADO 4309.

    No obstante, ante la falta de coeficiente reductor aplicable al conjunto de contingencias excluidas de cotización en los supuestos del artículo 5 desde la entrada en vigor de la Orden ISM/825/2023 hasta la aprobación de la Orden PJC/51/2024, durante la situación asimilada al alta SAA 152 y 153 no resultará de aplicación las peculiaridades de cotización anteriores hasta el 1 de enero de 2024.

    Acuerdo de vinculación voluntaria.

    Conforme a lo indicado en el Boletín Noticias RED 15/2023, en los supuestos contemplados en el artículo 5 de la Orden ISM/835/2023, el Acuerdo de vinculación voluntaria firmado por empresa y trabajador se deberá poner a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de 6 meses desde el inicio de la situación a través de CASIA:

    Materia: Afiliación, Altas y Bajas / Categoría: Anotación Trabajadores desplazados / subcategoría: DESPLAZ. OM835/2023 ACUERDO VINCUL.VOLUN

    Desplazamientos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Orden/835/2023.

    Las empresas que desplacen trabajadores a partir de la entrada en vigor de la Orden deberán proceder a la identificación de dichos trabajadores mediante las SAA 152 o 153, según corresponda, a través del Sistema RED.*

    Será necesario mantener el alta del trabajador en el CCC durante la duración de la SAA. En la anotación de la SAA se deberá identificar:
    ◦ La fecha de inicio del desplazamiento. Para ello se deberá dar contenido obligatoriamente, con dicha fecha, al campo FECHA DESDE.
    ◦ El país al que se realiza el desplazamiento. Para ello se deberá dar contenido obligatoriamente, con el código de país correspondiente, al campo PAÍS.
    ◦ La fecha de finalización prevista del desplazamiento. Para ello se podrá dar contenido opcionalmente, con dicha fecha, al campo FECHA HASTA.
    ◦ Número de expediente CASIA en el que se ha aportado el Acuerdo de vinculación voluntaria. Para ello se podrá dar contenido opcionalmente el campo NÚMERO EXPEDIENTE CASIA.

    Si bien inicialmente los campos FECHA HASTA y NÚMERO EXPEDIENTE CASIA serán datos opcionales, será obligatorio comunicar una fecha fin prevista de desplazamiento y la aportación del Acuerdo de vinculación voluntaria en el plazo de seis meses desde que se produzca el desplazamiento.

    Si se hubiera anotado inicialmente la SITUACION ADICIONAL sin contenido en los campos FECHA HASTA o NÚMERO DE EXPEDIENTE CASIA deberá corregirse la SAA en dicho plazo para informar de la fecha de finalización prevista de desplazamiento y del número de expediente CASIA que se ha abierto para la aportación del citado Acuerdo de vinculación voluntaria.

    Igualmente deberá corregirse la FECHA HASTA cuando se diese un cambio en la fecha prevista de finalización del desplazamiento.

    * Aquellos desplazamientos iniciados -FECHA DESDE- con anterioridad al mes anterior a la habilitación de las SAA 152 y 153 deberán comunicarse a través de CASIA dado que no será posible su anotación a través del Sistema RED. Tramite: Afiliación, Altas y Bajas/ Var.datos trabajadores cuenta ajena / Situaciones Adicionales de Afiliación

    Desplazamientos iniciados con anterioridad a partir de la entrada en vigor de la Orden ISM/835/2023, de 20 de julio.

    De conformidad con la disposición transitoria única de la Orden 835/2023, las empresas que cuenten con personas trabajadoras desplazadas al extranjero que, a la entrada en vigor de esta orden, se encuentren en la

    situación contemplada en el artículo 3.c) deberán comunicar dicho desplazamiento a la TGSS, en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor de esta orden.

    Dicha comunicación deberá realizarse a través de CASIA mediante el trámite, que estará disponible a partir del 3 de abril de 2024:

    Materia: Afiliación, Altas y Bajas/ Categoría: Anotación Trabajadores desplazados / subcategoría: OM ISM 835/2023 DISPOS.TRANSITORIA UNICA.

    El desplazamiento del trabajador quedará identificado mediante las SAA 152 o 153.

    Particularidades en el ámbito de cotización de trabajadores con SAA 152 Y SAA 153:

    Tal y como se ha indicado anteriormente, las peculiaridades de cotización de los trabajadores desplazados identificados con las SAA 152 "TRAB.DESPLAZADO AGOT.PERÍODO MÁXIMO" y SAA 153 "TRAB.DESPLAZADO PRORROGA DENEGADA" se identificarán con la peculiaridad/fracción de cuota 09087. Esta peculiaridad estará operativa a partir del 1 de abril 2024 para períodos de liquidación desde enero 2024. A esta peculiaridad se aplicarán las siguientes condiciones de cotización:

    - Dado que estos trabajadores están excluidos de cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo, desempleo, Fogasa y Formación Profesional, únicamente hay que informar la base de contingencias comunes en el concepto 500.

    - Están excluidos de cotizar por las contingencias de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, por lo que no procede ningún supuesto de cotización por el concepto 509 "cotización exclusivamente empresarial", a excepción de la situación de alta sin percibo de retribución.
    - Para el cálculo de las cuotas por contingencias comunes (concepto 500) se aplicarán sobre la base de cotización los siguientes tipos, resultantes de aplicar el coeficiente reductor del 0,94 al tipo establecido con carácter general:
    Tipo total 26,60 (28,30 x 0,94)
    Tipo Empresarial 22,18 (23,60 x 0,94)
    Tipo trabajador 4,42 (4,70 x 0,94)
    - A estos trabajadores les resulta de aplicación la cotización adicional por el mecanismo de equidad intergeneracional. El tipo a aplicar es el 0,70 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,58 por ciento será a cargo del empleador y el 0,12 por ciento a cargo del trabajador.
    Regularización de la cotización de trabajadores desplazados identificados con SAA 152 y SAA 153:- La TGSS actualizará de oficio las liquidaciones correspondientes a los períodos de enero y febrero de 2024 respecto de los trabajadores que estando en situación de alta a 1 de enero de 2024, se proceda a informar, conforme a lo indicado en este BNR, las SAA 152 y 153, siempre que esta comunicación se realice hasta el 30 de abril de 2024. A los usuarios afectados se les informará oportunamente de la fecha en la que se realizará dicha actualización.
    - Respecto de los trabajadores que, a pesar de reunir los requisitos establecidos en esta orden no se haya comunicado su alta en plazo, se deberá tramitar el alta fuera de plazo con la SAA correspondiente, hasta el 30 de abril de 2024. Para la regularización de los períodos cuyo plazo reglamentario de ingreso se encuentre ya vencido, se darán instrucciones concretas a los usuarios afectados sobre las actuaciones que deben realizar. Las situaciones adicionales que se graben a partir del 30 de abril seguirán el procedimiento habitual en lo que respecta al ámbito de cotización.

    BASE DE DATOS DE EMPRESAS. CONSULTA
    Se ha implantado una nueva funcionalidad en el Sistema RED, en su modalidad online, que permite consultar la información de la Base de datos de Empresa, así como de las personas vinculadas a la misma.

    El manual de usuario se encuentra disponible en la siguiente ruta: apartado Sistema RED/RED Internet/Documentación RED Internet/Manuales de usuario/Afiliación.

    CONTRIBUCIONES EMPRESARIALES A PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO EN LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS

    Se informa que los incrementos de bases de cotización derivadas de las contribuciones empresariales satisfechas a planes de pensiones de empleo a consecuencia de la publicación de convenios colectivos que tengan efectos retroactivos, deben liquidarse mediante liquidación complementaria L03.

    Se recuerda que en las liquidaciones complementarias no procede la aplicación de la reducción establecida en la DA disposición adicional cuadragésima séptima de la LGSS (DA undécima del Real Decreto-ley 1/2023).

    En estos casos, en los que procede ingresar diferencias en la cotización mediante una liquidación de cuotas complementaria y no es aplicable la reducción, no se debe grabar la SAA 439 para comunicar las contribuciones empresariales a los planes de pensiones de empleo.

    Estas contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo se deberán comunicar mediante el CRA 0033 - Planes de pensiones-.

    SOLICITUD DE ALTAS Y BAJAS A TRAVÉS DEL SISTEMA RED. PLAZOS

    En el transcurso del próximo mes de abril, las altas y bajas solicitadas a través del Sistema RED, cuando no sean solicitadas con carácter previo al inicio de la actividad, podrán realizarse durante todo el mes correspondiente a la FECHA REAL DE ALTA, o FECHA REAL DE BAJA, según corresponda, y en el mes inmediatamente posterior hasta la confirmación de la liquidación de cuotas.

    Esta modificación en los plazos de admisión de altas y bajas a través del Sistema RED no suponen ninguna modificación sobre los efectos de dichas altas y bajas.

  • Boletín del Sistema Red 3/2024.Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024 (TOL9.863.285)

    ORDEN PJC/51/2024. ASPECTOS GENERALES. BASES MÍNIMAS Y MÁXIMAS
    El 30 de enero se publicó en el BOE la Orden PJC/51/2024, del 29 de enero, que desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024.

    BASES MÍNIMAS Y MÁXIMAS

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada Orden, desde el 1 de enero de 2024, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:
    DQNK_15337-image_0
    DQNK_15337-imagen1_0

    En los siguientes apartados se indican las principales novedades de la Orden PJC/51/2024.
    ORDEN PJC/51/2024. SISTEMA ESPECIAL AGRARIO
    En lo que respecta a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios -SEA-, se han determinado los tipos de cotización y reducciones en las aportaciones empresariales, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -LGSS- sobre aplicación paulatina de las bases y tipos de cotización y de reducciones en el SEA.

    El artículo 14 de la Orden de Cotización establece las bases máximas para la modalidad de cotización mensual y por jornada reales que se actualizan a 4720,50 euros/mes y 205,24 euros/jornada, respectivamente.

    La reducción aplicable a la cotización de los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, se ajustará a la siguiente regla:
    DQNK_15337-imagen2_0
    No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 148,25 euros mensuales o 6,74 euros por jornada real trabajada.
    ORDEN PJC/51/2024. SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR
    Para calcular la cotización correspondiente a los periodos de liquidación de enero de 2024 y siguientes, se tomará la tabla de tramos y bases de cotización establecida en el apartado 1 del artículo 15 de la Orden PJC/51/2024.
    ORDEN PJC/51/2024. CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE Y CONTRATOS FORMATIVOS EN ALTERNANCIA
    De conformidad con lo especificado en el artículo 44, regla Primera de la Orden PJC/51/2024, las cuotas fijas para los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje o un contrato de formación en alternancia, son las siguientes:
    1. º La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 61,24 euros por contingencias comunes, de los que 51,06 euros serán a cargo del empresario y 10,18 euros, a cargo del trabajador, y de 7,03 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario, de los que 3,64 corresponden a incapacidad temporal y 3,39 a invalidez, muerte y supervivencia.
    2. º La base de cotización por desempleo será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 31.2.a). 1.º.
    3. º La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 3,88 euros, a cargo del empresario.
    4. º La cotización por formación profesional consistirá en una cuota mensual de 2,15 euros, de los que 1,90 euros serán a cargo del empresario y 0,25 euros, a cargo del trabajador.
    ORDEN PJC/51/2024. PRÁCTICAS FORMATIVAS
    El Artículo 45 de la Orden de Cotización, establece lo siguiente:
    1. La cotización en el supuesto de prácticas formativas remuneradas previstas en la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se efectuará aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos formativos en alternancia, a excepción de lo establecido en el ordinal 2.º del apartado 1 de la disposición adicional cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y con exclusión de las cuotas correspondientes a desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
    2. La cotización establecida en el apartado anterior se aplicará también respecto de las prácticas realizadas al amparo del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y del Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
    3. En el supuesto de prácticas formativas no remuneradas, de conformidad con el apartado 7.a) de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la cotización consistirá en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,54 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,31 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 57,87 euros y por contingencias profesionales de 7,03 euros, de los que 3,64 euros corresponden a la contingencia de incapacidad temporal y 3,39 euros a la de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
    De la cuota diaria por contingencias profesionales de 0,31 euros, 0,16 euros corresponderán a la contingencia de incapacidad temporal y 0,15 euros a las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
    4. En el año 2024, para ambos casos de prácticas, a las cuotas por contingencias comunes les resultará de aplicación la reducción del 95 por ciento establecida en el apartado 5.b) de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que les sea de aplicación otros beneficios en la cotización distintos a esta reducción. A estas reducciones de cuotas les resultará de aplicación lo establecido en el artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de lo establecido en sus apartados 1 y 3.
    5. Las prácticas formativas, tanto en el caso de las remuneradas como no remuneradas, quedan excluidas de la cotización finalista para el mecanismo de equidad intergeneracional.
    ORDEN PJC/51/2024. MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL
    Desde el 1 de enero de 2024, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional séptima de la Orden, en todas las situaciones de alta o asimiladas a la de alta en el sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar para la cobertura de la pensión de jubilación, aunque no estén previstas de modo expreso en esta orden, se deberá efectuar una cotización de 0,70 puntos porcentuales aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
    Cuando el tipo de cotización deba ser objeto de distribución entre empleador y trabajador, el 0,58 por ciento será a cargo del empleador y el 0,12 por ciento, a cargo del trabajador
    ORDEN PJC/51/2024. COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA ORDEN ISM/835/2023
    De conformidad con la Disposición Adicional Octava de la Orden PJC/51/2024, en los supuestos contemplados en el artículo 5 de la Orden ISM/835/2023, de 20 de julio, en los que la acción protectora se encuentra limitada a las pensiones contributivas de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes y a la pensión contributiva de jubilación, la cotización quedará restringida a estas contingencias, estando excluidos de la misma los conceptos mencionados en el artículo 9.3 de la citada orden, así como la cotización por desempleo y Fondo de Garantía Salarial.
    A tales efectos, a la cuota total resultante al empresario y a la del trabajador por contingencias comunes se aplicará el coeficiente reductor 0,94.
    Para el mecanismo de equidad intergeneracional, se aplicará el tipo del 0,70 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,58 por ciento será a cargo del empleador y el 0,12 por ciento a cargo del trabajador.
    ORDEN PJC/51/2024. COTIZACIÓN DE ARTISTAS Y PROFESIONALES TAURINOS
    ARTISTAS
    Desde 1 de enero de 2024, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías profesionales de los artistas a los que se refiere el artículo 32.3 del Reglamento General de cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, será de 4.720,50 euros mensuales.

    Las bases de cotización a cuenta para determinar la cotización de los artistas, previstas en el artículo 32.5b) del reglamento citado, serán, desde el 1 de enero de 2024 y para todos los grupos de cotización, las siguientes:

    Retribuciones íntegras Euros/día
    Hasta 534,00 euros 314,00
    Entre 534,01 y 961,00 euros 396,00
    Entre 961,01 y 1.608,00 euros 473,00
    Mayor de 1.608,00 euros 628,00


    La base de cotización aplicable durante los periodos de inactividad de los artistas que mantengan voluntariamente la situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social será la base mínima vigente por contingencias comunes correspondiente al grupo de cotización 7. El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.

    PROFESIONALES TAURINOS
    Desde 1 de enero de 2024, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías de los profesionales taurinos a los que se refiere el artículo 33.3 del Reglamento General de cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, será de 4.720,50 euros mensuales.

    Las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales por lo profesionales taurinos previstas en el artículo 33.5b) del reglamento citado, serán, desde 1 de enero de 2024 y para cada grupo de cotización, las siguientes:

    Grupo de cotización Euros/día
    1 1.456,00
    2 1.342,00
    3 1.007,00
    7 602,00


    ORDEN PJC/51/2024. COTIZACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
    En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Orden PJC/51/2024, se ha habilitado un nuevo trámite en CASIA denominado Solicitud Base de Cotización Máxima, que permite solicitar respecto de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que a 1 de enero de 2024 viniesen cotizando por la base máxima de los tramos 11 y 12 de la tabla general para el año 2023 equivalente a 4.495,50 euros, cualquier base de cotización que se encuentre comprendida entre la base por la que vinieren cotizando (4.495,50 euros) y la base máxima de los tramos 11 y 12 de la tabla general que, para el año 2024, establece la citada Orden (4.720,50 euros). Dicha solicitud tendrá efectos del 1 de enero 2024.
    Este trámite estará operativo hasta el 29 de febrero de 2024 (último día del mes siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado»).

  • Boletín del Sistema Red 5/2024. Orden ISM/835/2023. Cotización adicional en contratos de duración determinada. Permiso parental (TOL9.842.626)


    PUBLICACIÓN NUEVA VERSIÓN SILTRA 3.5.1.
    Desde el 18 de enero está disponible una nueva versión de SILTRA 3.5.1. Esta versión corrige una incidencia que se produce con la versión 3.5.0 en algunas instalaciones de autorizados cuya infraestructura de red provoca un retardo en las funcionalidades relacionadas con los mensajes de afiliación, INSS y la impresión de informes. También corrige una incidencia que se produce durante el proceso de registro de la fuente de código de barras en instalaciones nuevas.
    Para aquellos usuarios que estén actualizados a una versión 3.1.4. o posterior la descarga será automática. Aquellos con una versión anterior deberán actualizar a la nueva versión de forma manual.

    ORDEN ISM/835/2023. SITUACIONES ADICIONALES DE AFILIACIÓN -SAA- 150 y 151
    Como continuación de lo informado en el pasado BNR 15/2023 en relación con la Orden ISM/835/2023, por la que se regula la situación asimilada a la de alta en el sistema de la Seguridad Social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero al servicio de empresas que ejercen sus actividades en territorio español, se comunica que está disponible la anotación de las Situaciones Adicionales de Afiliación -SAA-:
    - SAA 150 -supuesto contemplado en el art.3.a-, y
    - SAA 151 -supuesto contemplado en el art.3.b-.
    Desplazamientos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Orden ISM/835/2023, de 20 de julio
    Las empresas que desplacen trabajadores a partir de la entrada en vigor de la Orden, deberán proceder a la identificación de dichos trabajadores mediante las SAA 150 o 151, según corresponda, a través del Sistema RED.
    Será necesario mantener el alta del trabajador en el CCC durante la duración de la SAA. En la anotación de la SAA se deberá identificar:
    ◦ La fecha de inicio del desplazamiento. Para ello se deberá dar contenido obligatoriamente, con dicha fecha, al campo FECHA DESDE.
    ◦ El país al que se realiza el desplazamiento. Para ello se deberá dar contenido obligatoriamente, con el código de país correspondiente, al campo PAÍS.
    ◦ La fecha de finalización prevista del desplazamiento. Para ello se podrá dar contenido opcionalmente, con dicha fecha, al campo FECHA HASTA.
    Si bien inicialmente el campo FECHA HASTA será un dato opcional, será obligatorio comunicar una fecha fin prevista en el plazo de seis meses desde que se produzca el desplazamiento. Si se hubiera anotado inicialmente la SITUACION ADICIONAL sin contenido en FECHA HASTA, deberá corregirse la SAA en dicho plazo para informar de la fecha de finalización prevista de desplazamiento. Igualmente deberá corregirse la FECHA HASTA cuando se diese un cambio en la fecha prevista de finalización del desplazamiento.
    Desplazamientos iniciados con anterioridad a partir de la entrada en vigor de la Orden ISM/835/2023, de 20 de julio
    De conformidad con la disposición transitoria única de la Orden 835/2023, las empresas que cuenten con personas trabajadoras desplazadas al extranjero que, a la entrada en vigor de esta orden, se encuentren en la situación contemplada en el artículo 3.b, deberán comunicar dicho desplazamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor de esta orden.
    Dicha comunicación deberá realizarse a través de CASIA mediante el trámite:
    Materia: Afiliación, Altas y Bajas/ Categoría: Anotación Trabajadores desplazados / subcategoría: OM ISM 835/2023 DISPOS.TRANSITORIA UNICA.
    El desplazamiento del trabajador quedará identificado mediante las SAA 151- TRAB.DESPLAZADO NO ÁMBITO SUBJ.INST.INT.
    Implantación
    La comunicación mediante la modalidad de remesas requiere la modificación de los ficheros de Afiliación -AFI, FRA y CFA- para incluir el campo PAÍS. Dicho campo se ha incluido en el segmento ODL y es obligatorio para la comunicación de estas SAA.
    Desde la publicación el pasado 10 de enero de 2024 de la nueva versión de SILTRA 3.5.0 está disponible la mecanización a través de la modalidad de remesas.
    En el apartado Sistema RED/RED Internet/Documentación RED Internet/Instrucciones Técnicas/Afiliación, se encuentran disponibles las versiones actualizadas de los ficheros AFI, FRA y CFA, con las modificaciones resaltadas sobre fondo gris.
    Próximamente se informará al respecto de la identificación de desplazamientos para los supuestos previstos en los apartados c y d del artículo 3-SAAs 152, 153 y 154, así como de la habilitación del trámite CASIA para la aportación del acuerdo de vinculación voluntaria informado en el BNR 15/2003 para dichos supuestos.

    MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO DEL INSS
    - Acción "DE" para los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos -RETA-.

    Desde la publicación el pasado 10 de enero de 2024 de la nueva versión de SILTRA 3.5.0, se admite la acción
    "DE - Datos económicos" para los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos -RETA-.
    Para este régimen, la acción DE llevará asociados los siguientes campos del fichero FDI:

    CAMPO SEGMENTO OBLIGATORIO/CONDICIONAL
    NAF EAU O
    IPF EAU O
    RÉGIMEN EAU O
    Puesto de trabajo ODT O
    Acción DIT O
    Contingencia DIT O
    Fecha baja DIT O
    Fecha de AT y EP DIT C
    Modalidad de contrato ODI C
    Base de cotización DEC C
    Suma bases de cotización DEC C
    Días cotizados/mes DEC C
    Suma días cotizados DEC C
    Ocupación C.N.O. ODI C
    Descripción de funciones FUN O
    Validaciones
    Si no se cumplimentan los campos señalados como obligatorios -NAF, IPF, RÉGIMEN, PUESTO DE TRABAJO, ACCIÓN, FECHA BAJA, CONTINGENCIA y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES- o no se incluye el
    segmento DEC, SILTRA no va a permitir el envío el fichero.
    Si no se cumplimentan los campos condicionales Modalidad de contrato y Ocupación C.N.O., SILTRA dará un error, pero permite el envío del fichero.
    - Modificaciones en la validación de los campos PUESTO DE TRABAJO y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES, en vigor a partir del 10.01.2024
    Ambos campos se han incluido para las acciones PA y PB para RETA.
    Además, serán obligatorios para todos los regímenes, de forma que, si no se incluyen, SILTRA no permitirá el envío de los ficheros.
    Puesto de trabajo
    Debe llevar contenido, de al menos 4 caracteres y no se permitirá que se rellene sólo con números o símbolos.
    Descripción de funciones
    Debe llevar contenido, de al menos 15 caracteres y no se permitirá que se rellene sólo con números o símbolos.
    En el apartado Sistema RED/INSS/Instrucciones Técnicas, se encuentran disponibles las versiones actualizadas de los ficheros FDI y FRI, con las modificaciones resaltadas sobre fondo gris.

    LGSS. ART. 151. COTIZACIÓN ADICIONAL CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA. EXCLUSIÓN CONTRATOS PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO AGRARIO.
    El artículo 151 LGSS, sobre cotización adicional en contratos de duración determinada, en su apartado 3 establece lo siguiente:
    "3. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo, cuando sean celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, o en la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades, técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad; ni a los contratos por sustitución."
    La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social -DGOSS- ha establecido que, aunque el objeto de un contrato de trabajo pueda determinar la inclusión de una persona trabajadora en el Régimen General de la Seguridad Social, "los contratos de fomento del empleo agrario celebrados al amparo del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios estarían incluidos dentro de los supuestos a los que no resulta de aplicación la cotización adicional prevista en el artículo 151 del TRLGSS, puesto que se celebran con trabajadores incluidos en el citado sistema especial."
    La identificación de las altas en el Régimen General, de las personas trabajadoras con contrato de fomento del empleo agrarios celebrados al amparo del RD 939/1997 incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, se realizará a través del nuevo valor 2 'SI CON EXC.COT.ADIC.CT < 30 DÍAS' en el campo PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO.
    Para la admisión de este valor será necesario que la persona trabajadora, a la fecha del alta -FICT-, se encuentre incluida en el Sistema Especial Agrario para Trabajadores por Cuenta Ajena de forma simultánea al alta en el Régimen General en la que se anota el valor 2.

    ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES -ET-. ART. 45.1.o) y 48.bis. PERMISO PARENTAL.
    La DGOSS, tras las modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el Real Decreto-ley -RDL- 5/2023, y en relación al permiso parental, ha establecido lo siguiente:
    Permiso parental disfrutado a tiempo completo.
    - Entrada en vigor: 30 de junio de 2023.
    - Alta y cotización. Durante el disfrute del permiso parental a tiempo completo deberá mantenerse el alta y la cotización respecto de la persona trabajadora.
    - De conformidad con el criterio de la DGOSS, pese a ser incluido el permiso parental en el apartado 1.o) del artículo 45 del ET como una causa de suspensión del contrato, por lo que el apartado 2 lo exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, no por ello pierde la naturaleza de permiso, resultando, por lo tanto, de aplicación el artículo 69, sobre situaciones de permanencia en alta sin retribución, cumplimiento de deberes de carácter público, permisos y licencias, del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, y, en consecuencia, la obligación de cotizar. Se recuerda que en este artículo se establece que "para las contingencias comunes se tomará como base de cotización la mínima correspondiente en cada momento al grupo de la categoría profesional del trabajador y para las contingencias profesionales la base de cotización estará sujeta a los topes mínimos establecidos en el apartado 2 del artículo 9."
    - Identificación en el ámbito de afiliación. La identificación de estas situaciones se realizará a través del valor 20-PERMISO PARENTAL TIEMPO COMPLETO- del campo TIPO DE INACTIVIDAD.
    Próximamente se informará de la fecha de implantación de este nuevo valor.
    Permiso parental disfrutado a tiempo parcial.
    - Entrada en vigor: De conformidad con el criterio de la DGOSS el inicio de la vigencia del permiso parental disfrutado a tiempo parcial se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario.

    LEY 20/2007. Art. 38 ter. "TARIFA PLANA". SOLICITUD DE PRÓRROGA O RENUNCIA DE LA REDUCCIÓN POR INICIO DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. NUEVO SERVICIO
    El primer y tercer párrafo del apartado 3 del artículo 38 ter Ley 20/2007, de 11 de julio, sobre reducciones en la cotización a la Seguridad Social aplicables por inicio de una actividad por cuenta propia, establecen lo siguiente:
    "La aplicación de las reducciones contempladas en este artículo deberá ser solicitada por los trabajadores en el momento del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y, además, en su caso, antes del inicio del período a que se refiere el apartado 2.
    [...]
    Los trabajadores por cuenta propia que disfruten de las reducciones contempladas en este artículo podrán renunciar expresamente a su aplicación, con efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la comunicación de la renuncia correspondiente."
    Con el objeto de que las personas trabajadoras por cuenta propia que se encuentren disfrutando del beneficio establecido en el artículo 38 ter Ley 20/2007 puedan presentar la solicitud de prórroga a la que se refiere el primer párrafo del apartado 3 del citado artículo 38 ter, a efecto de la aplicación del segundo período de cuota reducida por inicio de actividad, se ha implantado un nuevo Servicio en el Sistema RED. La citada solicitud conlleva la declaración de que los rendimientos económicos netos que prevé obtener la persona trabajadora por cuenta propia serán inferiores al salario mínimo interprofesional vigente durante los años naturales en que se aplique la cuota reducida.
    No obstante, respecto de aquellas personas trabajadoras por cuenta propia que, una vez solicitada la prórroga de aplicación de la reducción, prevean que van a obtener rendimientos económicos netos superiores al salario mínimo interprofesional vigente durante los doce meses naturales completos siguientes al primer año de disfrute del beneficio, se podrá solicitar, asimismo, a través de este mismo Servicio, la renuncia expresa a su aplicación, la cual tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la comunicación de la renuncia.

    RETA. SERVICIO GESTIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES
    En relación al servicio de "Gestión de varias actividades", a través del cual, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pueden comunicar el inicio o el fin de una o más actividades, cuando realicen simultáneamente varias, se comunica que:
    - Se ha incorporado la posibilidad de anotar una Fecha de Inicio de Actividad anterior a 1 de enero de 2023.
    - De conformidad con el artículo 48.6 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, que establece que:
    "Si el trabajador comprendido en este sistema especial realizase otra actividad que diera lugar a su inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el alta única en dicho régimen se practicará por la actividad agraria, quedando obligado a proteger las prestaciones por incapacidad temporal y por cese de actividad y la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en ese sistema."
    las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas comprendidas en el Sistema Especial de trabajadores por cuenta propia agrarios, que comuniquen una o varias actividades que diera lugar a su inclusión en el RETA, a partir de la fecha de inicio de esa actividad, están obligados a cotizar por todas las contingencias.

    FICHEROS CRA -CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS-. NUEVAS VALIDACIONES
    Con el fin de mejorar la calidad de la información que se recibe de los Conceptos Retributivos Abonados (CRA), a partir de los primeros días del mes de febrero 2024 estarán operativas las siguientes validaciones sobre los ficheros:

    - En el supuesto de que el error sea a nivel de Régimen, CCC o período de liquidación (Segmento DDE): Se mostrará el aviso con el motivo del error y se rechazará el CCC completo:
    ◦ Error en Régimen y/o CCC: se mostrará el mensaje "Error 2470-EMPRESA INEXISTENTE.CCC RECHAZADO".
    ◦ Error en Periodo de Liquidación: se mostrará el mensaje "Error 2474-PERIODO DE LIQUIDACIÓN ERRÓNEO"
    - En el caso de que el error sea a nivel de NAF (Segmento TRB):
    Se mostrará la persona con el siguiente mensaje: "Error 2480-NÚMERO DE AFILIACIÓN ERRÓNEO" y se rechazará la información completa sobre la persona.
    En este caso, la persona trabajadora no tendrá la consideración de presentada a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 147 LGSS respecto a la comunicación de CRAs.
    - En el caso de que el error sea a nivel de Concepto Retributivo (Segmento CRE):
    Se mostrará la persona con los errores de Concepto Retributivo que se hayan producido, y se rechazará la información completa sobre la persona. En este caso, la persona trabajadora no tendrá la consideración de presentada a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 147 LGSS respecto a la comunicación de CRAs.
    Se mostrarán los siguientes mensajes de error, atendiendo al origen de este:
    ◦ Concepto Retribuido: Debe ser numérico, diferente a cero y debe de estar de alta en la TABLA 84: CLAVES DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS. En caso de que no cumpla dichas condiciones, se mostrará el "Error 2490-CONCEPTO RETRIBUIDO ERRÓNEO".
    ◦ Indicativo del Concepto ("I" / "E"):
    Si el INDICATIVO del CRA tiene un valor distinto de 'I' o 'E', se mostrará el "Error 2491-INDICATIVO ERRÓNEO. VALORES ADMITIDOS 'I/E''.
    Además, se comprobará que el valor de este campo para el CONCEPTO RETRIBUTIVO comunicado se corresponde con la información asociada al indicativo INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN BBCC (valor SI/NO) de la TABLA 84: CLAVES DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS, de modo que, si para un CONCEPTO
    RETRIBUTIVO se informa un valor no admitido, se mostrará el error "2492-INDICATIVO ERRÓNEO PARA EL CONCEPTO ECONÓMICO".
    Ejemplo:
    CRA indicador Aviso de Indicador incorrecto
    0001 "I" Si se remite una "E" en el Indicativo de Concepto, se dará el error

    2492 "Indicativo erróneo para el concepto económico"

    ◦ Tipo de Actuación: Si el TIPO DE ACTUACIÓN tiene un valor diferente a ' ', 'B', 'M' o 'C'", se mostrará el "Error 2493-TPO DE ACTUACIÓN ERRÓNEO".
    ◦ Importe: El IMPORTE no puede ser negativo; si lo fuera, se mostrará el "Error 2494-IMPORTE NO PUEDE
    SER NEGATIVO".

  • Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social (TOL10.068.406)

    Texto de Inicio
    I
    Desde comienzos del año 2022 y hasta la fecha, se han aprobado un total de ocho paquetes de medidas con el objetivo de afrontar las consecuencias en España de la guerra en Ucrania, incluyendo medidas tanto normativas como no normativas, que se han ido adaptando a la evolución de la situación económica y social.
    Así, en primer lugar, se aprobó el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que perseguía como objetivos básicos la contención de los precios de la energía para la ciudadanía, empresas y el apoyo público a los sectores más afectados y colectivos más vulnerables.
    Por su parte, mediante el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, se adoptó un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Así, el conocido como «mecanismo ibérico», permitió una importante reducción de los costes de la electricidad en España y Portugal, protegiendo a la economía y la sociedad de parte de los efectos de la guerra en este ámbito.
    La persistencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania propició que se adoptara un segundo paquete de medidas, por medio del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Mediante esta norma, se dio continuidad a las principales medidas temporales para reducir los precios de la energía, la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables, incluidas en el primer paquete de ayudas. Asimismo, se incorporaron nuevas medidas adicionales, tales como la congelación del precio de la bombona de butano o la subvención de hasta un 30 % de los títulos transporte multiviaje de transporte público.
    Como continuación de este segundo bloque de ayudas, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, impulsor de un abanico de medidas orientadas a promover el ahorro energético, destacando entre otras, la gratuidad del transporte público de media distancia y el incremento de ayudas directas para el transporte.
    El siguiente paquete de medidas se vería aprobado por el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles. Con esta norma, entre otras actuaciones, se acordó la bajada del IVA del gas natural.
    Con posterioridad, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
    Este nuevo bloque de medidas continuó con la senda del ahorro energético, a fin de preparar la economía española de cara al invierno, dada la persistencia del conflicto ucranio-ruso. Entre estas medidas, cabe señalar la posibilidad de que las comunidades de vecinos pudieran acogerse a la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural.
    De esta forma, estos cinco primeros paquetes de medidas supusieron un importante esfuerzo fiscal que se cubrió, en línea con objetivos de reducción del déficit y la deuda pública, teniendo a su vez un efecto muy positivo sobre la evolución de la inflación y las principales variables económicas. Aunque a finales de 2022 los precios energéticos se moderaron, estos fueron remplazados con aumentos de precios de otros bienes fundamentales como los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios.
    Ante este contexto, resultó necesario continuar adoptando medidas para evitar que se produjera un efecto rebote de la inflación.
    Así, por medio del Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, se adoptó un sexto paquete de medidas, movilizando unos 10.000 millones de euros de recursos públicos para articular la respuesta de política económica frente a la guerra de Ucrania a partir del 1 de enero de 2023, concentrando su actuación en los colectivos vulnerables al incremento en el precio de los alimentos y otros bienes de primera necesidad y en los sectores más afectados por la subida de la energía.
    Como consecuencia de la duración de la guerra y de la persistencia de las presiones al alza sobre los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios, algunas de las medidas puestas en marcha fueron prorrogadas y actualizadas mediante el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
    Desde principios de 2023, los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios se fueron moderando y los mercados adaptando a la incertidumbre geopolítica persistente. En este contexto, con el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. se procedió, de forma prudente y evitando posibles efectos rebote en los precios, a la retirada gradual de algunas de las medidas hasta entonces adoptadas.
    En el primer semestre de 2024 el crecimiento de los precios generales se ha seguido moderando y las previsiones son que sigan haciéndolo. Así lo refleja la evolución del IPC desde febrero de 2023 (6,0 %) hasta la última cifra disponible para mayo de 2023 (3,6 %). Según el último informe del Banco de España, de marzo de 2024, sobre las proyecciones macroeconómicas para España 2024-2026, los niveles de inflación se redujeron en febrero hasta el 2,9 % y se espera que esta tendencia descendente continúe en los próximos años previendo niveles de inflación del 1,9 % en 2025 y 1,7 % en 2026. En esta misma línea, se encuentran las últimas previsiones económicas realizadas por la Comisión Europea, que estima que la inflación terminará en España en 2024 en el 3,1 % y en el 2,3 % en 2025, lo que refuerza la previsión decreciente de la misma. Esta evolución, en la cual se prevé la retirada gradual de las medidas establecidas, permite justificar la continuación de la retirada progresiva de las medidas adoptadas.
    A pesar de las previsiones para 2024, en estos primeros meses de año se ha producido un repunte de la inflación debido a la irrupción del conflicto en Oriente Medio a finales de 2023 y la reversión parcial de las medidas de apoyo ante la crisis energética. No obstante, la gradualidad en la retirada de estas medidas, como las vinculadas al IVA de la electricidad, del gas o del impuesto especial de la electricidad, permitió notablemente aliviar el efecto sobre los niveles de inflación.
    También es necesario prestar atención a la evolución de la inflación subyacente, es decir aquella que no considera para su cálculo a la energía (electricidad, gasolina, gas...) ni a los alimentos no elaborados (frutas, verduras...), aunque sí todo lo demás: alimentos procesados, ropa, restauración, comunicaciones, etc. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación subyacente muestra una senda decreciente desde febrero del año 2023 hasta la actualidad, situándose, desde abril de 2024, por debajo de la inflación general.
    En este contexto, se debe destacar el papel de ciertos insumos fundamentales, como los alimentos, cuyos niveles de precios siguen siendo sistemáticamente superiores a la inflación general, registrando una subida del 11,7 % de media en 2023, según datos del INE. Más concretamente, en marzo de 2023 se alcanzó la máxima diferencia entre la inflación alimentaria (16,5 %) y la general (3,3 %), lo que permite entender el comportamiento del precio de los alimentos. Así, un ejemplo de lo anterior es el caso del aceite de oliva, que incrementó sus precios en un 44,4 %, o el de las patatas, con un 19,3 % de aumento.
    Sin embargo, a pesar de que se prevé que los precios de la alimentación desciendan, en línea con la inflación general, el Banco de España publicó recientemente su previsión de que en 2024 los precios de los alimentos aumentarán de media un 4,5 %. Por ello, y teniendo en cuenta el papel básico que cumplen estos insumos, parece aconsejable una prórroga temporal únicamente de las medidas destinadas a mitigar el aumento del precio de dichos insumos fundamentales.
    Por otro lado, es fundamental no poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas ni el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública.
    Para ello, es importante, como se lleva a cabo en este real decreto-ley, poder plantear medidas flexibles que sustenten esa sostenibilidad de las finanzas públicas, más aún en un contexto de activación de las reglas fiscales dentro del marco europeo. Así, factores como los mencionados anteriormente son claves para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y para sostener el crecimiento económico. A modo de ejemplo, España fue el cuarto país de la UE que más recursos dedicó en 2023 a paliar la crisis energética. La moderación de estas medidas podrá servir para reducir los niveles de gasto público, aprovechando el mejor contexto del mercado energético internacional, y mejorar los niveles de déficit público.
    II
    Este real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva que consta de cinco títulos, conformados por treinta y nueve artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales y un anexo.
    El título I está dedicado a medidas fiscales, de carácter retributivo y relativas a los sistemas de financiación territorial.
    Los paquetes de medidas aprobadas desde el estallido de la guerra en Ucrania, en la primavera de 2022, han incluido medidas de naturaleza tributaria, pertinentes por la necesidad de adaptarse a la evolución de la situación económica y social.
    En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, este real decreto-ley incluye ahora una prórroga temporal hasta el 31 de diciembre de 2024 de la aplicación de tipos impositivos reducidos a determinadas entregas de alimentos.
    A estos efectos, el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, estableció en su artículo 20 una prórroga, durante el primer semestre de 2024, de la aplicación en el Impuesto sobre el Valor Añadido del tipo impositivo del 0 por ciento que recae sobre los productos básicos de alimentación, así como la del 5 por ciento con que resultan gravados los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias, para contribuir a la reducción del precio final de estos alimentos.
    Aunque la inflación subyacente ha tenido un comportamiento positivo, con tendencia a la baja en los últimos meses, la tasa anual de inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene aún elevada con un moderado repunte durante los últimos meses del primer semestre de 2024. Por otra parte, si bien las generalizadas y abundantes lluvias del semestre presagian una importante recuperación de la producción de aceituna para la próxima campaña, que reducirá su precio, en lo que queda de año se mantiene una tendencia al alza del precio de este producto esencial de la dieta mediterránea.
    En consecuencia, con objeto de favorecer una evolución positiva de la inflación de los alimentos en los próximos meses y su consecuente impacto positivo en la población española, y en especial en personas más desfavorecidas, así como la eliminación paulatina de esta medida excepcional, se mantiene la rebaja del IVA de estos alimentos en los tipos del 5 por ciento (pastas alimenticias y aceites de semilla) y del 0 por ciento (alimentos de primera necesidad y a los aceites de oliva) hasta el 30 de septiembre de 2024. A partir de dicha fecha, para la que ya se estima una reducción significativa de la inflación, se incrementarán los tipos impositivos al 7,5 y 2 por ciento, respectivamente, hasta el 31 de diciembre, momento en el que la reducción de precios va a permitir la supresión de esta medida excepcional y transitoria sin afectar al poder adquisitivo de las familias. De esta forma, se garantizan precios finales razonables de estos alimentos hasta la plena normalización del mercado que, previsiblemente, se producirá durante el último trimestre de este año y continuará en 2025.
    No obstante, como se ha señalado, el tipo impositivo aplicable a las entregas de aceite de oliva, alimento básico y esencial de una dieta saludable, se reduce desde el 5 por ciento precedente al 0 por ciento hasta el 30 de septiembre, pasando a tributar al tipo del 2 por ciento desde el 1 de octubre hasta final de año y, lo que es más importante, se consolida como alimento de primera necesidad en el tipo súper reducido del 4 por ciento a partir del 1 de enero de 2025, lo que exige una modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter indefinido a estos efectos.
    Por otra parte, se mantienen los tipos del recargo de equivalencia aplicable a estos productos en el 0,6 y el 0 por ciento en relación con la aplicación de los tipos de IVA del 5 y 0 por ciento, que se incrementan al 1 y al 0,26 por ciento, cuando los referidos alimentos pasen a tributar a los tipos impositivos del 7,5 y 2 por ciento, respectivamente.
    Así, esta medida tiene por objeto proteger a los ciudadanos, y especialmente a los colectivos más vulnerables, de los riesgos de inestabilidad en los precios de los alimentos.
    Los artículos 1 y 2 reflejan estos cambios en la fiscalidad de los alimentos, en lo referido al Impuesto sobre el Valor Añadido.
    Por su parte, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas resulta imprescindible acometer los cambios legales oportunos para evitar someter a tributación a los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo de cuantía inferior al nuevo salario mínimo interprofesional aprobado por el Real Decreto 45/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024, esto es, 15.876 euros anuales.
    En una primera fase, el Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta, ha introducido los cambios oportunos en el procedimiento general de cálculo de retención para lograr que los perceptores del salario mínimo interprofesional no soporten retención o ingreso a cuenta. Lógicamente, los perceptores de rendimientos del trabajo próximos a la cuantía de dicho salario mínimo interprofesional también vieron reducidas la cuantía de sus retenciones e ingresos a cuenta, ya que en caso contrario se hubiera producido un claro error de salto.
    Ahora resulta necesario llevar a cabo las modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a través del artículo 3 del presente real decreto-ley, con la finalidad de evitar que la rebaja en la cuantía de la retención derivada del nuevo marco reglamentario no se consolide en la declaración anual en caso de estar obligado a su presentación.
    A tal efecto, de manera idéntica al cambio operado en materia de retenciones, se incrementa la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo de los 6.498 euros actuales a 7.302 euros anuales, cuantía que posteriormente irá decreciendo linealmente en dos tramos a medida en que vayan aumentando los ingresos.
    Con esta elevación de la reducción se amplía el umbral de tributación, esto es, la cuantía de salario bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde los 15.000 euros anuales vigentes en la actualidad hasta los 15.876 euros anuales, cuantía coincidente con la del actual salario mínimo interprofesional.
    De manera coherente, se eleva el umbral inferior de la obligación de declarar de los perceptores de rendimientos del trabajo a 15.876 euros anuales, al no tener que tributar por este Impuesto respecto de tales rendimientos.
    En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, y con el fin de continuar impulsando la electrificación de la movilidad, por medio del artículo 4 de este real decreto-ley se refuerza el incentivo fiscal destinado a promover las inversiones en nuevos vehículos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV o en nuevas instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, de vehículos eléctricos, contenido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sustituyendo la hasta ahora vigente amortización acelerada, consistente en aplicar el duplo del coeficiente de amortización lineal máximo según tablas oficialmente aprobadas, por una amortización libre, siempre que se trate de inversiones nuevas que entren en funcionamiento en los períodos impositivos iniciados en 2024 y 2025.
    Se posibilita la aplicación, asimismo, de esta libertad de amortización a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva. De este modo, se añade una nueva disposición adicional quincuagésima novena, a la citada Ley 35/2006, al objeto de aplicar la libertad de amortización referida con anterioridad en el Impuesto sobre Sociedades a los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva.
    Se potencia, asimismo, la reserva de capitalización, incentivo fiscal de gran calado que pretende potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, y, con ello, incentivar el saneamiento de las empresas y su competitividad, incidiendo en la equiparación en el tratamiento fiscal de la financiación ajena y propia.
    Finalmente, en materia de medidas fiscales, por un lado, el artículo 5 de este real decreto-ley prorroga, para el ejercicio 2024, los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el artículo 25 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, habida cuenta de que, aunque las erupciones volcánicas de Cumbre Vieja ya finalizaron, aún persisten efectos que dificultan el retorno a la normalidad de los damnificados.
    Por otro, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se amplía el ámbito temporal de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, de manera que resultará igualmente aplicable, en los mismos términos y condiciones, a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma en el período impositivo 2024.
    Este real decreto-ley adopta, por lo tanto, medidas tributarias de protección y mejora de los ciudadanos, especialmente de los de menores rentas y más vulnerables, sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las reglas fiscales.
    A su vez, este título I, también recoge medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público. De este modo, el artículo 6 establece un incremento global máximo del 2 por ciento respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, con efectos desde el 1 de enero de 2024. Esta media es necesaria para dar cumplimiento al Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022, que fijó un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende entre los años 2022 y 2024. Así, el Acuerdo estableció para los citados años un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado a la evolución del IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) y del PIB (Producto Interior Bruto).
    Dado que ha sido necesario prorrogar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, para el cumplimiento de los compromisos asumidos es preciso la aprobación de esta norma que posibilita la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado Acuerdo.
    Finalmente, este título I también contiene medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.
    La Ley de Presupuestos Generales del Estado se convierte cada año en el instrumento necesario para dotar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de los recursos resultantes de la aplicación de los sistemas de financiación territorial, a través de las entregas a cuenta que se deben transferir.
    Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta deben actualizarse porque, de no hacerlo, se generarían unos resultados financieros indeseados, contrarios a la lógica financiera de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, normas que rigen dichos sistemas de financiación, y contrarios, en definitiva, al interés general. Ello es así porque impediría trasladar a las comunidades autónomas y a las entidades locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones, entre la considerada para el año 2023 y la disponible para el año 2024, en relación con el incremento de recaudación previa a la cesión de las figuras tributarias prevista en ambos sistemas de financiación.
    Lo anterior generaría distorsiones relevantes sobre las finanzas de las citadas administraciones territoriales y del propio Estado, que devendrían en graves e irreversibles en ausencia de las medidas contempladas en este real decreto-ley.
    Por el contrario, la adopción de medidas de actualización de las entregas a cuenta para adecuar las previsiones de ingresos previas a la cesión a las administraciones territoriales permitirá un mejor ajuste de los recursos financieros de los distintos subsectores de las administraciones públicas a la posición cíclica de la economía española. Ello forma parte, en consecuencia, del margen de decisión del Estado en el marco de sus funciones de coordinación general de la actividad financiera del Estado y de sus propias competencias en materia de Hacienda Pública de conformidad con el artículo 149.1.14 de la Constitución Española.
    Esta actualización no altera el régimen financiero actual de las comunidades autónomas, sino que, por el contrario, se basa en la aplicación de los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Tampoco altera el régimen financiero actual de las entidades locales, sino que simplemente actualiza los importes de las entregas a cuenta correspondientes al año 2024, para lo que se modifican los artículos 25 y 27 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, el primero de los cuales regula la forma de determinación de las entregas a cuenta de los municipios afectados por la revisión del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de financiación, que se debe realizar con periodicidad cuatrienal.
    Así, el artículo 7 regula la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas; el apartado 1 establece que para la determinación de la actualización del importe de las entregas a cuenta, la previsión de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales serán las mismas a partir de las cuales se determinó el techo de gasto no financiero para 2024, como trámite indispensable para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, anteriormente citada; el apartado 2 se ocupa de los restantes parámetros, variables o datos de referencia necesarios para la aplicación de lo previsto en los citados artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre; el apartado 3 regula cómo se llevarán a cabo los libramientos que, en aplicación del sistema de financiación autonómica, se efectúen por la Administración General del Estado a favor de las comunidades autónomas en los meses posteriores al de la entrada en vigor del presente real decreto-ley; finalmente, el apartado 4 regula los suplementos de créditos necesarios para financiar estas entregas a cuenta actualizadas.
    Por lo que se refiere al ámbito de las entidades locales, el artículo 8 regula la revisión cuatrienal de los ámbitos subjetivos de aplicación de los modelos de participación en tributos del Estado para dotarla de coherencia con el artículo 9, que establece las reglas de actualización de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado correspondiente al año 2024, estableciendo su régimen jurídico, los criterios de determinación del índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado y los valores de referencia para el cálculo de las entregas a cuenta de la cesión de impuestos estatales y de la participación correspondiente a las variables población, esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad tributaria aplicable a los municipios no incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales.
    En el ámbito financiero, se establece la forma de determinación de los libramientos de fondos a favor de las entidades locales, una vez entre en vigor la presente norma. Y, por último, se fija la fecha límite para el suministro por las entidades locales de las certificaciones del esfuerzo fiscal del año 2022, que se tendrán en cuenta para el cálculo de la liquidación definitiva de aquella participación correspondiente al año 2024. Dichos preceptos modifican la regulación contenida en los artículos 25 y 27 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por lo que éstos quedan derogados. Además, para posibilitar la actualización de los importes de las entregas a cuenta, se aprueban los suplementos de crédito necesarios para dar cobertura a dicha medida.
    III
    El título II contempla medidas de impulso a la inversión y de apoyo a la industria. Así, en primer lugar, se establece la creación del Fondo de Impacto Social, F.C.P.J.
    El programa NextGenerationEU, aprobado por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2020, favorece la transformación de los modelos productivos de los Estados miembros de la Unión Europea, incluido el español, al poner a su disposición un volumen de recursos financieros comunitarios sin precedentes para hacer frente a la recuperación de la crisis causada por la COVID-19. En este marco, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de abril de 2021, adoptó un Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estructurado en 10 políticas palanca y 30 componentes.
    El 17 de octubre de 2023, el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobó la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo sucesivo, «Adenda». La Adenda prevé la creación y dotación de doce fondos para garantizar el mantenimiento del nivel de inversión pública y privada más allá de 2023 con el objetivo de consolidar la reindustrialización estratégica del país. Entre ellos se encuentra el Fondo de Impacto Social, F.C.P.J., que se integra en el Componente 22, Inversión 6 y tiene asignados los hitos y objetivos L72, L73 y L74, con cumplimiento previsto hasta 2026.
    El hito L72 establece la entrada en vigor del marco normativo de FIS en el primer cuarto del año 2024, compuesto tanto la norma con rango de ley por la que se crea el Fondo como por su normativa de desarrollo. El cumplimiento del hito L72 hace necesario la aprobación de una norma con rango de ley que habilite la puesta en marcha del mencionado Fondo, tal como establece el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
    Si bien la iniciativa pública puede desempeñar un evidente papel de impulso a tal efecto, resulta imprescindible que se coordine con la iniciativa privada y ambas se apoyen mutuamente para ofrecer una respuesta efectiva a retos decisivos como la lucha contra la pobreza y la desigualdad o el refuerzo de la sostenibilidad.
    Una de las áreas en las que se pone de manifiesto la importancia de la coordinación y la complementariedad de la iniciativa pública y privada para alcanzar dichos objetivos es en el caso del sistema financiero y, dentro de éste, en el ámbito específico de la inversión de impacto. La inversión de impacto puede definirse como una modalidad de inversión basada en la intencionalidad de generar impacto social y/o medioambiental positivo y cuantificable, a la par que un retorno económico. Por su naturaleza, la inversión de impacto contribuye a que el sistema financiero se ponga al servicio de todas las personas y del planeta, y refuerce la resiliencia de los sistemas económicos.
    A escala nacional, el ecosistema de la inversión de impacto se compone de un conjunto de actores entre los que cabe mencionar, en el plano financiero, a la banca ética y social, fondos de capital privado, fundaciones, aseguradoras, fondos de pensiones e instituciones públicas y, en el plano empresarial, a las empresas que incorporan el impacto social y/o medioambiental como un eje central en su misión y su modelo de negocio.
    El ecosistema español de inversión de impacto está experimentando sobre todo desde 2015 un significativo crecimiento y presenta un elevado potencial. No obstante, todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo. En consecuencia, la iniciativa pública puede desempeñar un papel protagonista para reforzarlo, mediante iniciativas centradas en la complementariedad y la adicionalidad, que tengan como prioridad ejercer un efecto catalítico para la movilización de un volumen creciente de recursos privados dirigidos a esta modalidad de inversión.
    Así pues, con el objetivo de reforzar el ecosistema nacional de inversión de impacto, potenciar la iniciativa privada en este ámbito y favorecer, en última instancia, el desarrollo de nuevas inversiones con impacto social y/o medioambiental, se crea el Fondo de Impacto Social (FIS), fondo carente de personalidad jurídica (F.C.P.J.) y de vigencia indefinida, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría General de Inclusión y dotado con 400 millones de euros.
    Este fondo tiene por objeto realizar inversiones cuyos beneficiarios finales sean entidades o empresas que desarrollen proyectos clasificables como de inversión de impacto social y/o medioambiental en España y que, por tanto, contribuyan a potenciar el ecosistema nacional de inversión de impacto. FIS realizará inversiones en empresas elegibles de forma directa y también de forma indirecta, principalmente a través de aportaciones a fondos de inversión, nacionales o internacionales, que estén específicamente orientados a la inversión de impacto.
    La gestión del Fondo corresponde a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, SA, S.M.E. (COFIDES), sociedad mercantil estatal con capital público-privado, cuya experiencia previa en la gestión de iniciativas de inversión de impacto, su profundo conocimiento y estrecha interacción con los actores del ecosistema nacional de inversión de impacto y su dilatada trayectoria de gestión de otros fondos del Estado, también carentes de personalidad jurídica, la convierten en la entidad idónea para canalizar los recursos de FIS.
    A su vez, este título II recoge también medidas de apoyo a la industria. De este modo, se amplía en seis meses adicionales el plazo previsto para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para los solicitantes de las ayudas reguladas por la Orden ICT/744/2023, de 7 de julio, por la que se regulan las bases de la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural, que se recoge en la disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.
    Este régimen transitorio se justificó en el elevado impacto que, como consecuencia de la escalada de los precios del gas, habían sufrido las empresas de los sectores industriales más intensivos en consumo de gas natural. Las cuales se encontraban afectadas por una falta de liquidez que limitaba su capacidad para regularizar sus pagos a proveedores.
    Finalmente, el deterioro de la liquidez sufrido por estos sectores ha sido, en muchos casos, superior al inicialmente anticipado. Esta situación se ve agravada por el hecho de que las empresas industriales, por seguridad y previsión de costes, cierran en muchos casos contratos de suministro de gas a plazos medios o largos, a precios fijos. En consecuencia, la mejora de los precios del mercado del gas se va trasladado lenta y progresivamente a sus costes, con un retardo que puede llegar a ser de un año o superior.
    Por ello, teniendo en cuenta que se acerca a su fin el plazo previsto en la citada disposición transitoria se hace necesario, una vez que ya se ha concedido la ayuda, ofrecer más tiempo y flexibilidad las empresas, evitando así la devolución de ayudas lo que se podría acrecentar los problemas de liquidez.
    IV
    El título III incorpora medidas en materia energética, con el fin, por un lado, de prorrogar determinadas medidas del sector energético que, de no ser adoptadas, decaerían a 30 de junio de 2024.
    En particular, se recogen las prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2024 del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva y del mecanismo de flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica, ambas medidas particularmente eficaces para aliviar los costes energéticos soportados por las industrias durante la crisis energética.
    También se incluye la prórroga correspondiente a la garantía de suministro de agua y energía a consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
    Además, por medio de este real decreto-ley se elevan de forma definitiva los descuentos del bono social de electricidad que resultan de aplicación a la factura eléctrica de los consumidores vulnerables y vulnerables severos, viéndose incrementados en un diez por ciento respecto de los valores originales para ambos colectivos. Al objeto de garantizar una transición apropiada desde los actuales valores extraordinarios de los descuentos del bono social, aprobados en el contexto de crisis energética, se ha previsto una senda decreciente que permita alcanzar el régimen permanente a partir del 1 de julio de 2025.
    Por otro lado, a lo largo de los últimos años se han venido realizando distintas aportaciones extraordinarias al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico como consecuencia de las diferentes medidas implementadas con la finalidad de afrontar las consecuencias en España de la guerra en Ucrania y el posterior conflicto en Oriente Próximo, que ha contribuido a una mayor incertidumbre a la variación de los precios de energía y los combustibles.
    Ejemplos de estas aportaciones extraordinarias son las medidas contenidas en el artículo 14 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, o el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.
    Sin embargo, la particular configuración del sistema de liquidaciones del sistema eléctrico ha ocasionado que, en la actualidad, exista un previsible superávit en el cierre del ejercicio 2023 que, sin embargo, no podrá ser transferido al ejercicio 2024 hasta se realice la liquidación definitiva de cierre del ejercicio 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 del referido Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, lo cual no se espera hasta el final del presente ejercicio, con la consecuente merma del coeficiente de cobertura del sistema de liquidaciones que afecta a un volumen importante de sujetos del sistema eléctrico. Por ello, por medio de este real decreto-ley se articula un sistema de transferencia extraordinaria del superávit de cargos del ejercicio 2023 al ejercicio 2024, de tal forma que se pueda hacer uso de dichos ingresos en las liquidaciones provisionales a cuenta del cierre del ejercicio 2024. De igual manera, se implementan en este real decreto-ley otras medidas adicionales. Así, se amplía el ámbito de aplicación de la tarifa de último recurso, definida en el artículo 93 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, para dar cabida a comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, edificios de titularidad pública destinados a viviendas de uso residencial y edificios de patronatos o de organizaciones sin ánimo de lucro destinados al mismo uso. En línea con la previsión incluida en la disposición transitoria quinta de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, se habilita al Gobierno para modificar los requisitos de aplicación de esta tarifa si las condiciones del mercado así lo recomiendan.
    En este sentido, cabe recordar que la Ley 12/2007, de 2 de julio, modificó el artículo 93 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, definiendo la tarifa de último recurso. Posteriormente mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de abril de 2009, se estableció que a partir del 1 de julio de 2009 solo tendrían derecho al suministro de último recurso aquellos consumidores conectados a presión igual o inferior a 4 bar y consumo anual inferior a 50.000 kWh/año, con el objetivo de proporcionar dicha tarifa a las familias que consumiesen por debajo de dicho umbral. Esta redacción supuso en la práctica una discriminación, que ahora se pretende corregir, respecto a las familias que habitaban edificios con calefacción centralizada y que no podían acogerse a esta tarifa al sobrepasar el consumo de gas del edificio el citado umbral, por dar servicio a varias viviendas.
    Además, por medio de esta norma se establece un mandato a Red Eléctrica de España, como operador del sistema eléctrico, para la puesta en marcha de un sistema de información dinámica de puntos de recarga eléctrico.
    Así, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética establece en su artículo 15 las provisiones para la puesta a disposición del público de la información de los puntos de recarga eléctrica para vehículos de acceso público.
    A este respecto, se aprobó la Orden TED/445/2023, de 28 de abril, por la que se regula la información a remitir por los prestadores de servicio de recarga energética al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en la que se establece la regulación del contenido, el plazo, la frecuencia y la forma de remisión de la información que las empresas de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos están obligadas a proporcionar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, especificando provisiones para la remisión de información de carácter dinámico, que abarca la comunicación en tiempo real tanto del precio de venta al público de la electricidad o del servicio de recarga como de la disponibilidad de la infraestructura de puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos con potencia igual o superior a los 43 kW.
    Nuestra regulación contiene ya actualmente las disposiciones necesarias para disponer de la información de carácter estático de la infraestructura de puntos de recarga de acceso público para vehículos eléctricos. Sin embargo, surge ahora la necesidad urgente de adecuar los procedimientos existentes para la obtención de la información de carácter dinámico de estas infraestructuras. Esta información servirá para empoderar a los consumidores con datos a tiempo real de los precios y disponibilidad para la carga de los vehículos eléctricos, mejorando el conocimiento de las diferentes alternativas para la recarga existentes en ruta.
    De este modo, se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico para asignar una nueva función a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» como operador del sistema, de forma que pueda recoger y tratar la información dinámica prevista en el anexo III de la Orden TED/445/2023, de 28 de abril, lo que se prevé en la disposición adicional tercera.
    Por último, en cuanto al contenido final de este título, resulta imprescindible seguir apoyando el impulso de la movilidad eléctrica en nuestro país. En este sentido, y dado el interés observado en el programa de ayudas MOVES III, regulado por Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, y ante su próxima finalización el 31 de julio de 2024, se hace conveniente prorrogar su vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Adicionalmente, y con objeto de dar cobertura a la demanda prevista en los próximos meses, el Gobierno habilitará una dotación de 200 millones de euros, adicional a los fondos ya habilitados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que será transferida al IDAE para reforzar este programa.
    V
    El título IV de este real decreto-ley contiene medidas en materia de transporte. El Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, regula la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con carácter extraordinario, y por razones de interés público, social y económico, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22.2.c), 28.2 y 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
    Según se indica en el artículo 5 de dicho real decreto, el programa de incentivos estaba dotado con una cuantía inicial de 174.000.000 de euros según lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, con cargo al programa 450A «Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia»; cuya gestión corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
    La distribución de este presupuesto inicial entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias de las ayudas del programa se llevó a cabo según lo establecido en el Anexo II del real decreto.
    De acuerdo con lo dispuesto en el mismo, el presupuesto del programa podía ser ampliado hasta los 400.000.000 de euros, según la disponibilidad presupuestaria para esta misma finalidad, para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que lo solicitaran expresamente y tras evaluar el grado de ejecución y cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en el real decreto.
    De esta manera se han ido atendiendo las solicitudes de ampliación de crédito de las comunidades autónomas hasta completar la distribución del presupuesto total de 400 millones de euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para este programa.
    Una vez cerradas las convocatorias a fecha 30 de abril de 2024, y recibida por parte de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla la información de seguimiento del programa, se observa que el importe total de solicitudes registradas es mucho más elevado que el presupuesto total distribuido; por lo que muchas de las solicitudes de subvención no podrán ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria suficiente.
    Se considera necesario, por lo tanto, ampliar en la medida de lo posible, la financiación del programa con presupuesto público nacional para poder atender un mayor número de solicitudes y ampliar el alcance de este programa de incentivos y su contribución a los objetivos que persigue:
    - Incentivar la penetración en España de las mejores tecnologías en cuanto a la propulsión de vehículos industriales en España, especialmente de tecnologías que proporcionen cero emisiones en el transporte (Tank to Wheel), que redundará además en una mayor eficiencia en el uso de recursos, disminución de la dependencia a combustibles fósiles importados y mayor competitividad de las empresas en una situación actual especialmente comprometida.
    - La renovación del parque de vehículos, especialmente necesaria en el caso de vehículos pesados de transporte de mercancías.
    - Un impulso a la reactivación del tejido industrial y del sector de la automoción en España. Es un sector que tiene una importancia vital para el PIB del país, especialmente en un momento en que otros sectores, particularmente el turismo, se encuentran sin posibilidad de aportar músculo a la recuperación económica española.
    - El desarrollo del transporte intermodal como medio alternativo y complementario al transporte por carretera.
    Este programa de ayudas a la transformación de flotas ha conseguido incentivar el mercado de tecnologías alternativas en el transporte hacia una movilidad de cero emisiones tanto desde el lado de la demanda de este tipo de vehículos por parte del sector del transporte como del lado de la oferta del sector de la automoción del vehículo industrial. Para garantizar el buen funcionamiento de este mercado emergente, es necesario dar apoyo a su continuidad y evitar en lo posible disrupciones en su funcionamiento.
    La existencia de un gran número de solicitudes ya registradas en las convocatorias publicadas por las comunidades autónomas cuyo plazo se ha cerrado recientemente, es una oportunidad para aumentar el alcance del programa y sus objetivos y por ello se considera necesario ampliar su presupuesto.
    De esta manera, se amplía por importe de 50 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, que podrá ser distribuido entre las comunidades y ciudades autónomas que lo soliciten expresamente y que tengan solicitudes de subvención en lista de espera y sin posibilidad de atender por falta de presupuesto suficiente.
    El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible valorará las solicitudes recibidas y la asignación del nuevo presupuesto que les pudiera corresponder conforme a la disponibilidad presupuestaria existente. La distribución del presupuesto disponible se asignará entre las comunidades y ciudades autónomas solicitantes según los criterios de distribución del anexo II del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, y no será superior a la diferencia entre el importe total comprometido a fecha 30 de abril de 2024 y el presupuesto total previamente asignado a la comunidad o ciudad autónoma.
    La concesión de la ayuda correspondiente se acordará mediante resolución del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
    VI
    Por su parte, el título V incorpora medidas sociales ya previstas, con carácter general, en otros instrumentos de esta naturaleza.
    Cabe apreciar que, casi dos años y medio después del final de la erupción volcánica en la isla de La Palma, las consecuencias sociales y económicas siguen perviviendo en la zona de Cumbre Vieja. Estas situaciones deben seguir siendo protegidas por la acción de los poderes públicos, manteniendo los niveles de protección establecidos en los distintos reales decretos-leyes aprobados anteriormente. Por ello, en tanto en cuanto perviven las razones que justificaron la adopción de dichas medidas, se decide prorrogar la vigencia de estas, cuyo plazo de finalización es el 30 de junio de 2024, cubriendo la misma necesidad: la plena recuperación y el restablecimiento efectivo de la actividad económica, la protección de los puestos de trabajo en el caso de las medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas públicas y la necesidad de atender situaciones de urgencia familiar, principalmente, a través de expedientes de regulación de empleo y cesantías de autónomos.
    En ese sentido, comenzando por el capítulo I, relativo a la Seguridad Social, y atendiendo a la necesidad de contribuir a la recuperación de las empresas y trabajadores afectados en su actividad por la erupción volcánica, y dado que persisten los efectos laborales y económicos y las situaciones de vulnerabilidad que las motivaron, se prorrogan los aplazamientos y exenciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social, y, para aquellos que venían percibiéndola, las prestaciones de cese de actividad para los trabajadores autónomos que se han visto obligados a cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica.
    El capítulo II, por su parte, incluye medidas en materia de empleo. En primer lugar, se prorrogan también las medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, respecto de los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.
    Además, es preciso prorrogar las medidas de acompañamiento precisas para asegurar la protección social, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo en dichas circunstancias extraordinarias, temporales y urgentes. De este modo, y siguiendo la senda del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por un lado, las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos. Y, por otro, las que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
    VII
    La norma se completa con una serie de disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales.
    La disposición adicional primera contempla, con carácter excepcional, el destino de un eventual superávit del sector eléctrico en el ejercicio 2023 al ejercicio 2024 y una aportación extraordinaria al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico.
    La disposición adicional segunda prevé, también con carácter excepcional, el destino de un eventual superávit provisional de los extracostes de la producción de energía eléctrica de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.
    La disposición adicional tercera completa el régimen de designación de la Entidad Responsable del Sistema de Gestión y Visualización de la información de puntos de recarga eléctricos que se prevé en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
    La disposición transitoria única asigna automáticamente la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) a las comunidades acogidas temporalmente a esta tarifa conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre. En estos casos, la obligación de instalar contadores o repartidores de costes de calefacción se amplía hasta el 30 de septiembre de 2024, tal como dispone la disposición adicional tercera de la Orden TED/1072/2023, de 26 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2024. Asimismo, las comunidades acogidas a dicha tarifa temporal que hubieran contratado un suministro en el mercado libre con posterioridad al 30 de abril, ante la inminencia de su conclusión, podrán acogerse a la nueva tarifa sin que se les aplique penalización por cancelación de contratos, por otra parte, los comercializadores que suministren a esas comunidades podrán reducir los contratos de acceso asociados, también sin penalización.
    La disposición derogatoria única suprime, en particular, el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de modo que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos.
    Por su parte, la disposición final primera, por medio de la modificación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, establece la apertura de nuevo plazo para solicitar la moratoria de obligaciones de pago de intereses y capital de créditos con y sin garantía hipotecaria para los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte de la isla de la Palma. Se trata de la quinta y última apertura de plazo para estas solicitudes de moratoria, estimándose, que, dada la evolución de esta medida, no volverá a ser necesaria su prórroga.
    Las disposiciones finales segunda y tercera modifican, respectivamente, el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, y el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, en cuanto a la financiación del establecimiento de forma indefinida del derecho de acceso a la tarifa de último recurso de gas natural para las comunidades de propietarios.
    La disposición final cuarta, por su parte, establece la salvaguarda del rango de aquellas determinaciones previstas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley.
    La disposición final quinta recoge los títulos competenciales que amparan la aprobación de este real decreto-ley.
    Por su parte, la disposición final sexta se refiere a las habilitaciones para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
    La disposición final séptima determina la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
    VIII
    El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. Se configura, por tanto, esta norma como un instrumento con unos contornos bien definidos en los que el juicio político de oportunidad y necesidad goza de un amplio margen, siempre que se oriente en alcanzar un resultado concreto ante una situación de urgencia ineludible.
    El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
    Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)».
    Comenzando por las medidas establecidas en el título I de este real decreto-ley, la extraordinaria y urgente necesidad deriva, en lo que concierne a la prórroga de la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el vencimiento inminente de la actualmente vigente, el 30 de junio de 2024. Como ya se ha señalado, aunque la inflación subyacente ha tenido un comportamiento positivo, la tasa anual de inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene aún elevada con un moderado repunte en los primeros meses del año 2024.
    Es por ello que resulta coherente, con las cifras y perspectivas económicas explicadas, mantener y prorrogar la rebaja excepcional del IVA de estos alimentos, contemplando su progresiva eliminación paulatina, con el único fin de proteger a la ciudadanía, y especialmente a los colectivos más vulnerables, de los riesgos de inestabilidad en los precios de los alimentos.
    En el caso de la reducción del rendimiento neto del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cabe señalar que la necesaria seguridad jurídica que debe conllevar la tributación por esta figura, dado su alcance en la ciudadanía, obliga a acometer, con la máxima celeridad, la consolidación de las medidas ya aprobadas por la vía reglamentaria, en la declaración anual de quienes resulten obligados a su presentación.
    La urgencia en la adopción de la medida que, en el Impuesto sobre Sociedades, permite la libertad de amortización de inversiones en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos responde a su vez a la necesidad de seguir incentivando la movilidad eléctrica y particularmente, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga para estos vehículos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 en materia de movilidad sostenible, incorporando al paquete de estímulos nuevas medidas que eviten el decaimiento en las tendencias de los agentes involucrados. Lo mismo cabe decir de la aplicación de la libertad de amortización a los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva. Igualmente, también resulta predicable la urgencia para las medidas que se adoptan en materia de reserva de capitalización con el fin de incentivar el saneamiento de las empresas y su competitividad.
    Por otro lado, cualquier medida de este tipo, que no fuera adoptada de manera urgente, tendría efectos perniciosos en la demanda y podría provocar una parálisis del mercado altamente indeseable.
    La prórroga de los incentivos fiscales que se vienen aplicando en años anteriores en la isla de La Palma, relativos a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas, y sobre la Renta de las Personas Físicas, se imprime de la urgencia en la adopción de las medidas propias del acontecimiento catastrófico que las motivó inicialmente, siendo especialmente importante su adopción para dotar de la máxima seguridad jurídica a los afectados y que cuanto antes, puedan tener la seguridad de poder seguir desplegando la actividad necesaria para mantener y potenciar la recuperación económica en la isla.
    La extraordinaria y urgente necesidad del incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en el año 2024 viene justificada, por un lado, por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, que establece el compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a tres años (2022, 2023 y 2024), reflejándose en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y por otro lado, la situación de prórroga presupuestaria que hace necesaria la aprobación de esta norma que posibilite el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2024.
    La urgencia también viene determinada por el fuerte y negativo impacto que se produciría sobre las finanzas del año 2024 de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del propio Estado, y que resultarían irreversibles para dicho ejercicio en caso de no actualizarse las entregas a cuenta. Este impacto afecta de manera progresiva y creciente desde el punto de vista tesorero a lo largo del ejercicio presupuestario. Teniendo en cuenta el importe de esta actualización en relación con el total de recursos que están recibiendo las administraciones territoriales mensualmente, las tensiones de tesorería podrían materializarse en algunas comunidades autónomas hacia el final del año, arriesgando su capacidad para hacer frente al pago de gastos relacionados con servicios públicos fundamentales, como los referidos a farmacia o dependencia.
    Dado que la disponibilidad de tesorería no es homogénea entre administraciones, algunas comunidades autónomas podrían tener dificultades para cubrir la carencia de estos recursos con sus instrumentos de liquidez, por lo que se verían obligadas a endeudarse, arriesgando el cumplimiento del objetivo de deuda pública.
    Otra consecuencia de esta situación consistiría en que las insuficiencias tesoreras generadas por los menores recursos recibidos producirían un incremento de los plazos del pago a proveedores. En efecto, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado sin actualización de las entregas a cuenta afectaría al sector privado, afectando a los proveedores que contratan con las administraciones territoriales, dado que podrían verse obligados a asumir alargamiento en los plazos de cobro por sus servicios. En este sentido es necesario tener en cuenta que España continúa realizando esfuerzos para reducir la morosidad de las administraciones públicas. El respeto a los plazos establecidos en la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, hace necesario revertir cualquier efecto perjudicial que la prórroga de los presupuestos generales del Estado pudiera tener en la tesorería de las administraciones territoriales y, en segunda instancia, en sus plazos medios de pago a proveedores.
    De manera adicional, el alargamiento del período medio de pago a proveedores podría tener consecuencias presupuestarias perjudiciales en algunas administraciones, que se podrían ver obligadas a la adopción de medidas como consecuencia de un periodo medio de pago excesivo, que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas medidas serían más graves en el caso de aquellas comunidades autónomas que ya tienen un periodo medio de pago a proveedores por encima de los treinta días.
    Por último, debe tenerse en cuenta los plazos necesarios para la ejecución de la actualización de las entregas a cuenta, tanto en el ámbito del Estado como de las administraciones territoriales, especialmente en aquellas administraciones en las que no han incorporado en sus respectivos presupuestos el incremento de los recursos adicionales que se derivan de la actualización. Alguna comunidad autónoma mantiene sus presupuestos prorrogados por lo que, tras la actualización de las entregas a cuenta, necesitará tiempo suficiente para realizar las respectivas modificaciones presupuestarias necesarias para que la actualización produzca efectos en el ejercicio 2024.
    En definitiva, el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente preciso, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
    Por su parte, en cuanto a las medidas contenidas en el título II, en primer lugar, la creación del Fondo de Impacto Social, F.C.P.J., contenida en el capítulo I responde a la aprobación de una medida incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuya realización se vincula al desembolso correspondiente.
    El artículo 24 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, relativo a las «Normas sobre pagos, suspensión y resolución de acuerdos relativos a las contribuciones financieras y a los préstamos» establece que el Estado miembro, una vez cumplidos los hitos y objetivos acordados y plasmados en el Plan de Recuperación, y Resiliencia aprobado de conformidad con el artículo 20, deberá presentar ante la Comisión la solicitud de pago de la contribución financiera y, cuando proceda, del préstamos.
    Tras la evaluación de la solicitud, el artículo 20, apartado 1 del citado Reglamento establece que la Comisión podrá determinar que no se ha cumplido de forma satisfactoria los hitos y objetivos regulados en la correspondiente decisión de ejecución del Consejo, pudiendo suspender el pago de la totalidad o parte de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo.
    A tal efecto, el artículo 3, apartado 4 de la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, incluye la supeditación del desembolso de los tramos a la disponibilidad de fondos y a una decisión de la Comisión que certifique el cumplimiento por parte de España de los hitos y objetivos comprometidos, tal como establece el artículo 24 del Reglamento (UE) 2021/241.
    El pasado 17 de octubre de 2023 el ECOFIN aprobó la Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de España, modificando a su vez la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021 por la que se aprueba la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
    Dicha modificación incorpora la creación del Fondo de Impacto Social, configurando como hito L72 la aprobación de la normativa creadora del Fondo en el primer trimestre del 2024.
    El artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estipula que la creación de un fondo carente de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectuará a través de una norma con rango de ley.
    La existencia de la reserva legal antes mencionada, así como el marco del contexto actual, hacen que sea inviable acudir a un procedimiento de tramitación ordinaria o incluso de urgencia, debiendo necesariamente emplearse la figura excepcional del real decreto-ley para poder acometer las reformas comprometidas con la Comisión Europea en tiempo y forma.
    Por otro lado, en relación con la ampliación de seis a doce meses del plazo previsto para las empresas que soliciten la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural durante 2022, recogida en el capítulo II del título II, la adopción de esta medida ha de ser inmediata y adoptarse de forma urgente, para evitar que el plazo de seis meses inicialmente previsto por la referida disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, y que iniciará su vencimiento a finales de junio, venza sin que las empresas que accedieron a las ayudas hayan podido justificar su cumplimiento, debido a las circunstancias expuestas anteriormente.
    Esto es así, en primer lugar, puesto que la medida, consistente en la modificación de una norma con rango de ley, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, exige articular la medida por una norma del mismo rango; y en segundo lugar, porque la adopción de la medida ha de ser inmediata, no admitiendo demora, puesto que el plazo para adoptarla mediante una norma sujeta a tramitación parlamentaria implicaría que la ampliación del plazo necesario llegaría con el plazo inicialmente previsto ya vencido, lo que impediría que las entidades beneficiarias puedan cumplir este requisito, determinando el inicio de los correspondientes procedimientos de reintegro.
    La adopción de la medida de ampliación del plazo inicial de justificación es, objetivamente necesaria para que, dadas las circunstancias expuestas, las entidades beneficiarias puedan cumplir con la obligación legal de justificación con un pequeño margen, permitiendo así que las ayudas previstas en la Orden ICT/744/2023 desplieguen adecuadamente todos sus efectos y evitando procedimientos de reintegro.
    De todo lo anterior se desprende la necesidad y oportunidad de adoptar la medida prevista por el presente real decreto-ley.
    En cuanto a la prórroga de las medidas recogidas en el título III, ya adoptadas con anterioridad, para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, tanto su inmediato vencimiento, como la situación de los mercados energéticos y la incertidumbre, volatilidad y niveles de precios que aún persisten, a pesar de la mejora relativa en relación con los últimos años, justifican su prórroga.
    Esta prórroga sólo se puede adoptar a través de un real decreto-ley, tanto por el eventual plazo de finalización de estas medidas, que se producirá el próximo 30 de junio, como por el contenido de alguna de ellas que requiere que la prórroga de las mismas se haga a través de una norma con rango legal.
    Así, respecto de la prórroga del incremento del porcentaje de descuento del Bono Social Eléctrico por su impacto en los consumidores más vulnerables, se establece una senda progresiva de reducción del porcentaje de descuento que pueden disfrutar los consumidores tanto vulnerables como vulnerables severos, a medida que vaya mejorando la situación de los precios, pero estableciendo como valores final de esta senda unos valores de descuento mayores que los establecidos con anterioridad al inicio de la guerra de Ucrania para poder seguir ofreciendo una protección adecuada a estos consumidores. Esta reducción culmina con la fijación de los porcentajes definitivos posteriores a este período de reducciones progresivas, que se efectúa mediante la modificación del artículo 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
    Por otra parte, es urgente y necesaria la aprobación de establecimiento de forma indefinida del derecho de acceso a la tarifa de último recurso de gas natural para las comunidades de propietarios, tanto ante el citado fin inminente de la vigencia de la prórroga de la tarifa temporal establecida en el artículo 38 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, como por la prevista aprobación, por parte de la Unión Europea, de nuevos paquetes de sanciones a Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania, que podrían tensionar de manera estructural los precios del mercado global de gas natural, y por tanto, incrementar el coste del suministro de gas natural soportado por las familias.
    Por su parte, en cuanto a la necesidad urgente de adecuar los procedimientos existentes para proporcionar a los consumidores información de carácter dinámico de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos con datos a tiempo real de los precios y disponibilidad para la carga, se trata de una medida de fomento de la movilidad eléctrica que facilita su despliegue, habida cuenta del papel esencial que dichas infraestructuras desempeñan en el proceso de electrificación del parque de vehículos, imprescindible para lograr los objetivos de descarbonización a los que se ha comprometido el Reino de España. Asimismo, es una medida imprescindible para el despliegue del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado. Esta información en tiempo real contribuye a la transformación del sector de la automoción promoviendo una cadena de valor asociada a la producción un vehículo eléctrico y conectado. En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de abordar esta reforma normativa de designación del operador del sistema eléctrico, con carácter provisional, como Entidad Responsable del Sistema de Gestión y Visualización de la información, permite mejorar o facilitar uno de los elementos clave asociados a dicha transformación, como es el necesario despliegue de una infraestructura de puntos de recarga acorde a las previsiones de penetración del vehículo eléctrico, así como cumplir con los objetivos de reducción de emisiones comprometidos por el Reino de España, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo.
    En cuanto a la ampliación de plazo del programa de apoyo a la movilidad eléctrica MOVES III resulta de extraordinaria y urgente necesidad su adopción ante la proximidad de la fecha de finalización y, en particular, la necesidad de proporcionar certidumbre a potenciales solicitantes de la ayuda, así como a todos los agentes intervinientes, evitando periodos de inseguridad que puedan redundar en una paralización del despliegue de la movilidad eléctrica. En particular, debe tenerse en cuenta que las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán tramitar, en su caso, la adaptación de sus convocatorias de acuerdo con el nuevo plazo ampliado, lo cual refuerza la urgente necesidad de esta medida.
    En relación con las medidas previstas en el título IV en materia de transporte, su adopción es urgente ya que, en otro caso, decaerían las solicitudes ya registradas, perdiéndose la oportunidad de dar continuidad al programa ya iniciado, de aumentar su alcance y de extender sus objetivos de contribución a la descarbonización del transporte; objetivos estos prioritarios tanto a nivel del Estado como de la Unión Europea. Asimismo, se produciría un perjuicio al sector de la automoción, ya que se perdería el estímulo conseguido del mercado de tecnologías alternativas en el transporte hacia una movilidad de cero emisiones. Es, por lo tanto, imprescindible seguir apoyando de forma inmediata con incentivos la introducción de energías alternativas en el transporte por carretera en un mercado que no es todavía capaz de avanzar por si solo sin el apoyo de políticas públicas.
    Por su parte, en relación con las medidas de tipo social del título V de este real decreto-ley, ante la inminencia del vencimiento de las mismas el 30 de junio de 2024, y en tanto que persisten los efectos negativos laborales y económicos provocados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja, queda acreditada la necesidad de seguir reparando los daños ocasionados en el tejido productivo de la isla de La Palma y de contribuir a su recuperación evitando situaciones de grave vulnerabilidad social. Las mismas consideraciones pueden hacerse de las previsiones de la disposición final primera.
    Por ello, es preciso prorrogar las medidas citadas anteriormente. Dichas medidas, junto a las vinculadas con el disfrute de ayudas públicas, comparten el objetivo de mantener el apoyo a los trabajadores y a colectivos vulnerables, en las actuales circunstancias económicas, considerando que la pérdida de vigencia de las normas de protección social, cuya prórroga ahora se prevé, abocaría al agravamiento de la situación de vulnerabilidad, que es necesario evitar, resultando ser una prioridad política de actuación. Ello constituye el presupuesto habilitante para la adopción de forma extraordinaria y urgente de las disposiciones contenidas en este real decreto-ley.
    Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, concurren tanto en el articulado como en las disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales de este real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución española.
    Asimismo, el contenido material del real decreto-ley se ajusta a las exigencias del precepto constitucional, no sobrepasando sus límites al no regular materias relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
    En particular, y por lo que se refiere a las medidas de carácter tributario, el Tribunal Constitucional [SSTC 35/2017, de 1 de marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9) 111/1983] sostiene que el sometimiento de esta materia al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene carácter relativo y no absoluto, por lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la imposibilidad mediante dicho instrumento de alteración del régimen general o de los elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo.
    El presente real decreto-ley contempla modificaciones concretas y puntuales que no suponen afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, de 8 de junio, (FJ 2), «A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, es ''al examen de si ha existido 'afectación' por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución''»; lo que exigirá «tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución Española se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley -constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica-, qué elementos del mismo -esenciales o no- resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5).
    Por lo que se refiere a las medidas relativas a los sistemas de financiación territorial, en modo alguno suponen una delimitación directa y positiva de las competencias autonómicas, (STC 23/1993, FJ. 2), limitándose a hacer posible la actualización de las entregas a cuenta para adecuar las previsiones de ingresos a la cesión a las administraciones.
    IX
    Este real decreto-ley se adecua, igualmente, a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado sobradamente justificado anteriormente con la explicación y concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española para la aprobación por el Gobierno de reales decretos-leyes.
    En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara este aspecto, mediante la mejor alternativa posible, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible y la urgente necesidad ya referida. De acuerdo con lo antes expuesto, esta norma está justificada por razones de interés general, persigue unos fines claros y determinados y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Asimismo, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que se pretende cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
    En cuanto al principio de transparencia, si bien la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se definen claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria que lo acompaña. Igualmente, el principio de transparencia se garantiza mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y posterior remisión a las Cortes Generales para su convalidación en debate público. Finalmente, respecto del principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía. Este real decreto-ley es dictado al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 7.ª, 8.ª, 11.ª,13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española que atribuyen al Estado las competencias en materia de legislación mercantil; de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; de bases de la ordenación de crédito; de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; de Hacienda general y deuda del Estado; de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas; de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas; y de las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
    En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de las Ministras de Hacienda, de Trabajo y Economía Social, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de los Ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, de Industria y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Política Territorial y Memoria Democrática, de Economía, Comercio y Empresa, y para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de junio de 2024,
    DISPONGO:

    TÍTULO I. Medidas fiscales, retributivas y relativas a los sistemas de financiación territorial

    CAPÍTULO I. Medidas fiscales

    Artículo 1. Tipo impositivo aplicable temporalmente del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de alimentos, así como a efectos del recargo de equivalencia.
    Uno. Con efectos desde el 1 de julio de 2024 y vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024:
    1. Se aplicará el tipo del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos:
    a) Los aceites de semillas.
    b) Las pastas alimenticias.
    El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,62 por ciento.
    2. Se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos:
    a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
    b) Las harinas panificables.
    c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.
    d) Los quesos.
    e) Los huevos.
    f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.
    g) Los aceites de oliva.
    El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0 por ciento.
    Dos. Con efectos desde el 1 de octubre de 2024 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024:
    1. Se aplicará el tipo del 7,5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos:
    a) Los aceites de semillas.
    b) Las pastas alimenticias.
    El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 1 por ciento.
    2. Se aplicará el tipo del 2 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos:
    a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
    b) Las harinas panificables.
    c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.
    d) Los quesos.
    e) Los huevos.
    f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.
    g) Los aceites de oliva.
    El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,26 por ciento.
    Tres. Las reducciones del tipo impositivo referidas en los apartados anteriores beneficiarán íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos, sin perjuicio de los compromisos adicionales que asuman y publiciten los sectores afectados, por responsabilidad social.
    La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias.

    Artículo 2. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
    Con efectos desde el 1 de enero de 2025 se modifica el artículo 91.Dos.1.1.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:
    «1.º Los siguientes productos:
    a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
    b) Las harinas panificables.
    c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.
    d) Los quesos.
    e) Los huevos.
    f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.
    g) Los aceites de oliva.»

    Artículo 3. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
    Con efectos desde el 1 de enero de 2024 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
    Uno. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:
    «Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
    Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías:
    a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 14.852 euros: 7.302 euros anuales.
    b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 14.852 euros, pero iguales o inferiores a 17.673,52 euros: 7.302 euros menos el resultado de multiplicar por 1,75 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.852 euros anuales.
    c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 17.673,52 y 19.747,5 euros: 2.364,34 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 17.673,52 euros anuales.
    A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de minorar el rendimiento íntegro en los gastos previstos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 19.2 de esta Ley.
    Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este artículo, el saldo resultante no podrá ser negativo.»
    Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 96, que queda redactado de la siguiente forma:
    «3. El límite a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior será de 15.876 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los siguientes supuestos:
    a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:
    1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
    2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.
    b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta ley.
    c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
    d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.»
    Tres. Se modifica la disposición adicional quincuagésima séptima, que queda redactada de la siguiente forma:
    «Disposición adicional quincuagésima séptima. Deducción por residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma durante los períodos impositivos 2022, 2023 y 2024.
    1. En los períodos impositivos 2022, 2023 y 2024, la deducción prevista en el número 1.º del apartado 4 del artículo 68 de esta ley será aplicable, en los mismos términos y condiciones, a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma, debiendo entenderse, a estos efectos, que las referencias realizadas a Ceuta y Melilla en dicho artículo, en el artículo 101 de esta ley y en su respectivo desarrollo reglamentario, lo son a la isla de La Palma.
    2. En el período impositivo 2024, lo dispuesto en el apartado 1 anterior solamente resultará aplicable para determinar el tipo de retención e ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos a los que resulte de aplicación la citada deducción que hubieran sido satisfechos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, o para determinar el tipo del pago fraccionado correspondiente a las actividades económicas que tengan derecho a la misma cuyo plazo de presentación no se hubiera iniciado en el momento de la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley.
    En particular, para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del trabajo a los que resulte de aplicación el procedimiento general de retención a que se refiere el artículo 82 del Reglamento del Impuesto, que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 1 anterior, regularizándose, si procede, el tipo de retención o ingreso a cuenta en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha.
    No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del mes siguiente de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, en cuyo caso el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se determinará sin tomar en consideración lo dispuesto en el apartado 1 anterior.»
    Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional quincuagésima novena, que queda redactada de la siguiente forma:
    «Disposición adicional quincuagésima novena. Libertad de amortización en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga.
    1. La libertad de amortización prevista en la disposición adicional decimoctava de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, resultará de aplicación a los contribuyentes de este impuesto que desarrollen la actividad económica a la que se afecten los vehículos e instalaciones de recarga, cualquiera que sea el método de determinación de su rendimiento neto.
    2. Cuando se transmitan los vehículos o instalaciones de recarga que hubieran gozado de la libertad de amortización prevista en la disposición adicional decimoctava de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial no se minorará el valor de adquisición en el importe de las amortizaciones fiscalmente deducidas que excedan de las que hubieran sido fiscalmente deducibles de no haberse aplicado aquélla. El citado exceso tendrá, para el transmitente, la consideración de rendimiento íntegro de la actividad económica en el período impositivo en que se efectúe la transmisión, cualquiera que sea el método de determinación de aquél.»

    Artículo 4. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
    Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2024 y que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se modifica la disposición adicional decimoctava de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:
    «Disposición adicional decimoctava. Libertad de amortización en determinados vehículos y en nuevas infraestructuras de recarga.
    1. Las inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, según definición del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, afectos a actividades económicas y que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los años 2024 y 2025, podrán ser amortizadas libremente.
    2. Las inversiones en nuevas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, de potencia normal o de alta potencia, en los términos definidos en el artículo 2 de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, afectas a actividades económicas, y que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los años 2024 y 2025, podrán ser amortizadas libremente.
    3. Para la aplicación de la libertad de amortización regulada en el apartado anterior, se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
    a) Aportación de la documentación técnica preceptiva, según las características de la instalación, en forma de Proyecto o Memoria, prevista en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, elaborada por el instalador autorizado debidamente registrado en el Registro Integrado Industrial, regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
    b) Obtención del certificado de instalación eléctrica diligenciado por la Comunidad Autónoma competente.»
    Dos. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2024, se modifica el apartado 1 del artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:
    «Artículo 25. Reserva de capitalización.
    1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 6 del artículo 29 de esta Ley tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 15 por ciento del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
    a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 3 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la entidad.
    b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en la letra anterior.
    A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes casos:
    a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
    b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
    c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal.
    En ningún caso, el derecho a la reducción prevista en este apartado podrá superar el importe del 10 por ciento de la base imponible positiva del período impositivo previa a esta reducción, a la integración a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de esta Ley y a la compensación de bases imponibles negativas.
    No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera corresponder, en su caso, por aplicación de lo dispuesto en este artículo en el período impositivo correspondiente, y con el límite previsto en el párrafo anterior.»
    Tres. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2024, se introduce la disposición transitoria cuadragésima tercera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:
    «Disposición transitoria cuadragésima tercera. Plazo de mantenimiento del incremento de fondos propios y de indisponibilidad de la reserva de capitalización pendiente de expirar.
    El plazo de 3 años, previsto en las letras a) y b) del artículo 25, apartado 1, de esta Ley, resultará igualmente de aplicación respecto del incremento de fondos propios y de las reservas de capitalización dotadas cuyo plazo de mantenimiento e indisponibilidad, respectivamente, no hubiera expirado al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2024.»

    Artículo 5. Prórroga de los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas para la isla de La Palma.
    Se prorrogan para el ejercicio 2024 los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el artículo 25 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

    CAPÍTULO II. Medidas de carácter retributivo del personal al servicio del sector público

    Artículo 6. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2024.
    1. En el año 2024, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, incluidos en estas últimas los incrementos derivados de lo previsto en el artículo 19.Dos.2 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Este incremento retributivo tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2024.
    2. Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2024, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024.
    A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPCA del año 2024, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.
    3. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2023.
    4. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en este apartado.
    5. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en los apartados 1 a 4 de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
    6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 de este artículo, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos.
    7. Con efectos de 1 de enero de 2024, las cantidades previstas en el artículo 14, Capítulos I y II del Título III, artículos 31, 32.Uno y Disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena.Dos de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se incrementarán en los términos establecidos en los apartados 1 a 4 de este artículo.
    Por su parte, las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la citada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2024, en los términos establecidos en los apartados 1 a 4 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
    8. Este artículo tiene carácter básico salvo el apartado 8 y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución Española.

    CAPÍTULO III. Medidas relativas a los sistemas de financiación territorial

    Artículo 7. Actualización de entregas a cuenta de comunidades autónomas.
    Durante el ejercicio 2024, el importe de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en situación de prórroga presupuestaria, se actualizará conforme a las reglas establecidas en los apartados siguientes.
    1. Ingresos tributarios previos a la cesión.
    Para la determinación de la actualización del importe de las entregas a cuenta, a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales, por figuras y conceptos tributarios referidos en tales artículos, serán las mismas a partir de las cuales se determinó el techo de gasto no financiero para 2024, aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2023, como trámite previo indispensable para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la ley 22/2009, de 18 de diciembre, y que se recogen a continuación:

    Conceptos Importe
    -
    Millones de euros
    Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 123.041
    Impuesto sobre el Valor Añadido. 90.849
    Alcohol y bebidas derivadas. 924
    Cerveza. 369
    Productos Intermedios. 26
    Hidrocarburos. 12.389
    Labores del tabaco. 6.973
    Electricidad. 1.189
    2. Otros parámetros, variables o datos de referencia.
    El valor de los restantes parámetros, variables o datos de referencia necesarios para la aplicación de lo previsto en los citados artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos previstos en los mismos, se efectuará con referencia a su situación de publicación, disponibilidad o periodo de liquidación, según corresponda, existente a 1 de enero de 2024.
    3. Libramientos.
    Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se aplicará a los libramientos que, en aplicación del sistema de financiación autonómica, se efectúen por la Administración General del Estado a favor de las comunidades autónomas en los meses posteriores al de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
    Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el importe adicional que resulte de esta actualización con respecto al importe de las entregas a cuenta que actualmente están percibiendo las comunidades autónomas en situación de prórroga presupuestaria, se librará a partir del mes de septiembre del presente año.
    4. Suplementos de crédito para la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.
    Para financiar la actualización del importe de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas se conceden suplementos de crédito en el concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global» del Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado» en los siguientes servicios de la Sección 38 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales» por los importes que se indican:
    Aplicación
    presupuestaria
    Denominación Importe
    -
    Miles de euros
    38.02.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Cataluña. 54.905,08
    38.03.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Galicia. 36.776,80
    38.04.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Andalucía. 30.902,50
    38.05.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Principado de Asturias. 11.481,28
    38.06.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Cantabria. 30.242,67
    38.07.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: La Rioja. 13.096,27
    38.10.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Aragón. 17.066,72
    38.11.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Castilla La Mancha. 4.872,03
    38.12.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Canarias. 4.629,09
    38.14.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Extremadura. 27.459,28
    38.17.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Castilla y León. 26.706,25
    38.18.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Melilla. 1.746,98
    38.19.941M.451 Fondo de Suficiencia Global: Ceuta. 2.181,75
    Asimismo, para financiar la actualización de las entregas a cuenta de la aportación del Estado al Fondo de Garantía se concede un suplemento de crédito por importe de 566.266,50 miles de euros en el concepto 453 «Aportación del Estado al Fondo de Garantía», del Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», del servicio 20 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Varias CC. AA.», de la Sección 38 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales».

    Artículo 8. Revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de participación de las entidades locales en tributos del Estado.
    1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 126 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procede revisar a 1 de enero de 2024 el conjunto de municipios que se incluirán en cada uno de los modelos de participación de las entidades locales en los tributos del Estado, para lo que se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, debiendo entenderse realizadas las referencias temporales al año 2024, en lugar de 2020.
    2. Para cada uno de los municipios que se deben incluir por vez primera en el modelo de cesión de recaudación de impuestos del Estado, la participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año 2024 se calculará deduciendo el importe correspondiente a la cesión del rendimiento recaudatorio de impuestos estatales determinado con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de este real decreto-ley de la participación total que resulta de incrementar la participación en tributos del Estado del año 2023 en el índice de evolución establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
    PIE2024m = PIE2023m × IE2024/2023
    TBOE_38742-A_0
    Representando:
    PIE2023m y PIE2024m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al municipio m en el año 2023, último en el que se le ha aplicado el modelo definido en los artículos 122 a 124 del citado texto refundido, y en el año 2024, primero en el que se le aplicará el modelo de cesión de la recaudación de impuestos estatales, respectivamente, sin incluir las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
    IE2024/2023 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre los años 2023 y 2024.
    PFC2024m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación en el año 2024, sin incluir las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
    PIRPF2024m, PIVA2024m y PIIEE(h)2024m importes de los rendimientos recaudatorios cedidos al municipio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Valor Añadido y con el conjunto de Impuestos Especiales sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas, sobre las Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos, correspondientes al año 2024 y determinados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
    La participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año base 2004 se calculará a partir de la participación en el Fondo Complementario de Financiación del año 2024 aplicando la siguiente fórmula:
    PFC2004m = PFC2024m / IE2024/2004
    Siendo:
    PFC2004m y PFC2024m, la Participación en el Fondo Complementario de Financiación del municipio m en los años 2004 y 2024, respectivamente, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
    IE2024/2004 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año base 2004 y el año 2024.
    3. A los efectos de la aplicación del modelo de participación en los tributos del Estado a los municipios no incluidos el 1 de enero de 2024 en el modelo de cesión de la recaudación de impuestos estatales, la participación total del año base 2004 correspondiente a todos ellos se determinará con arreglo a los siguientes criterios:
    A) La participación total en los tributos del Estado del año base 2004 de los municipios incluidos, en dicho ejercicio, en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo en cuenta las revisiones cuatrienales anteriormente aplicadas, se disminuirá en la parte que corresponda a los municipios que, como consecuencia de la revisión establecida en este artículo, pasen a estar incluidos a partir del 1 de enero de 2024 en el modelo de cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos del Estado.
    A estos efectos, se considerará la participación total que les corresponda como consecuencia de la liquidación definitiva del año 2023, en aplicación del modelo de financiación definido en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas. Dicha participación total se convertirá a valores del año base 2004 aplicando el índice de evolución correspondiente según el artículo 123 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
    B) Asimismo la participación total en los tributos del Estado del año base 2004 de los municipios incluidos, en dicho ejercicio, en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo en cuenta las revisiones cuatrienales anteriormente aplicadas, se incrementará en la parte que corresponda a los municipios que, como consecuencia de la revisión establecida en este artículo, pasen de estar incluidos en el modelo de cesión de recaudación de impuestos del Estado, al regulado en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Para ello se calculará la financiación total obtenida por dichos municipios en 2023 mediante la suma de la que corresponda a cada uno de ellos con arreglo a la siguiente fórmula:
    TBOE_38742-B_0
    Representando:
    PIE2023m la participación total en los tributos del Estado correspondiente al municipio m en el último año de aplicación del modelo anterior, año 2023, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
    PFC2023m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación en el año 2023, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
    PIRPF2023m, PIVA2023m y PIIEE(h)2023m importes de los rendimientos cedidos al municipio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Valor Añadido y con el conjunto de Impuestos Especiales sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas, sobre las Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos, correspondientes al año 2023 y determinados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en la normativa reguladora de la liquidación definitiva de la cesión de impuestos estatales correspondientes a 2023, y la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
    Una vez aplicada esta fórmula, se calculará la participación total de los municipios que pasen al modelo regulado en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en el año base 2004 aplicando la siguiente relación:
    PIE2004m = PIE2023m / IE2023/2004
    Representando:
    PIE2004m y PIE2023m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al municipio m en el año base 2004 de aplicación del modelo y en el año 2023, respectivamente, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
    IE2023/2004 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre los años 2004 y 2023.
    4. Las entregas mensuales a cuenta de 2024 se calcularán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, con efectos de 1 de enero de 2024, regularizándose a partir de septiembre del presente año las calculadas y transferidas en aplicación del artículo 25.2 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

    Artículo 9. Actualización de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado correspondiente al año 2024 y de las referencias temporales relativas a dicha participación y a determinadas compensaciones a favor de entidades locales.
    1. A los efectos del cálculo de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de los componentes de financiación regulados en las Secciones 3.ª y 5.ª del capítulo I, «Entidades locales», del título VII, «De los entes territoriales, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2024, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que consisten en:
    A) Los ingresos tributarios del Estado del año al que correspondan las entregas a cuenta están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en este Real Decreto-ley para las comunidades autónomas.
    B) Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta del año 2004 de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión correspondientes al año al que correspondan las entregas a cuenta que se deban calcular. Por lo que respecta a la liquidación del 2002 se calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión del año al que correspondan las entregas a cuenta que se deban calcular y las entregas que se hubieran efectuado de acuerdo con dichos términos de cesión.
    Igualmente, para la determinación del resto de los índices de evolución regulados en el Capítulo I del Título VII de la presente Ley, distintos del anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda.
    C) Para el cálculo de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado del año 2024, se aplicarán las reglas contenidas en las secciones 2.ª a 6.ª, del capítulo I, «Entidades locales», del título VII, «De los entes territoriales, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizándose en los siguientes términos:
    a) En cuanto a las entregas a cuenta de la cesión de rendimientos recaudatorios de los impuestos estatales, regulada en las secciones 2.ª y 4.ª se utilizarán los últimos datos disponibles y, en su caso, la población de derecho según el padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2024 y aprobado oficialmente por el Gobierno. Además, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se utilizará el índice de actualización que resulte de dividir el importe de la previsión, para 2024, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2021; y, en cuanto a los impuestos indirectos, se utilizarán las previsiones de recaudación para el año 2024.
    b) En cuanto a las entregas a cuenta de los componentes de financiación regulados en las Secciones 3.ª y 5.ª, se aplicarán los criterios recogidos en el artículo 100 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, debiendo entenderse realizadas a 2024 las referencias que contenga al año 2023.
    D) Para los municipios turísticos resultantes de la revisión referida a 1 de enero de 2024, la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada para el año base 2004, a que hace referencia el artículo 125.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el resultado de dividir la cesión de la recaudación líquida de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco correspondiente a cada municipio en el ejercicio 2024 por la evolución de los ingresos tributarios del Estado en este último respecto de 2004.
    E) Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los libramientos que se efectúen por la Administración General del Estado a favor de las entidades locales correspondientes a las entregas a cuenta a partir de septiembre de 2024.
    F) A efectos de la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal establecida en el artículo 116 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, las certificaciones correspondientes se referirán al año 2022 y se deberán suministrar a los órganos competentes antes del 30 de junio de 2024, en la forma en la que éstos determinen.
    G) La referencia al año 2023 que se incluye en el artículo 114 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, debe considerarse efectuada a 2024.
    2. Para financiar la actualización del importe de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado se conceden suplementos de crédito en los siguientes conceptos del Programa 942M «Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado» del Servicio 21 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales» de la Sección 38 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales» por los importes que se indican:

    Miles de euros
    46001 Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesión por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. 182.352,57
    46002 Entregas a cuenta a favor de los Municipios por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. Fondo Complementario de Financiación. 490.090,89
    46101 Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. 333.895,95

    TÍTULO II. Medidas de impulso a la inversión y de apoyo a la industria

    CAPÍTULO I. Creación del Fondo de Impacto Social, F.C.P.J.

    Artículo 10. Creación del Fondo de Impacto Social.
    De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se crea el Fondo de Impacto Social, F.C.P.J. (en adelante, «FIS» o «Fondo»), fondo carente de personalidad jurídica, con duración indefinida, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría General de Inclusión y regido por lo dispuesto en aquella, en el presente real decreto-ley y en el resto de normas de derecho administrativo general y especial que resulten de aplicación.

    Artículo 11. Objetivo.
    1. El FIS tiene como objetivo cubrir retos sociales y medioambientales insuficientemente atendidos por los mercados privados de capitales y generar impacto adicional a través de instrumentos financieros adaptados a la singular realidad de la economía de impacto, que permitan atraer a inversores privados para impulsar la inversión y financiación de actividades económicas con impacto. El Fondo persigue ser complementario y adicional a otras iniciativas y/o instrumentos que tienen como objetivo la promoción de la inversión social y/o medioambiental. En este sentido, el FIS tiene como objetivo diferencial apoyar el apalancamiento de recursos del sector privado de cara a conseguir que parte de las necesidades de financiación del sector de la economía de impacto sean financiadas por recursos no gubernamentales.
    A efectos de la gestión del Fondo, se entenderán como inversiones de impacto aquellas que intencionadamente buscan un impacto social y/o medioambiental, cuantificable y medible, con un retorno financiero como mínimo igual al del principal invertido. A diferencia de otras inversiones, no solo tienen en cuenta el riesgo y la rentabilidad financiera, sino también se consideran sus efectos sociales y medioambientales, evaluables a través de indicadores cuantitativos y/o cualitativos. Las inversiones de impacto pueden realizarse en toda clase de activos.
    El objetivo del FIS es contribuir al fortalecimiento de las inversiones de impacto social e inclusivo y medioambiental en España, según los criterios anteriormente indicados, como instrumento para favorecer el bien común, la reducción de la desigualdad, la creación de empleo y la consolidación del Estado de bienestar, a través del refuerzo del impacto de las inversiones sobre la economía.
    2. Tanto en inversiones de forma directa como indirecta, las inversiones de capital de FIS no deberán suponer que la participación del capital de propiedad pública del conjunto de entidades nacionales o subnacionales de la Unión Europea en un beneficiario final supere el 49 % del capital total, o en el caso de inversión indirecta, la participación máxima de FIS no excederá el 49 % de ningún fondo u otro vehículo de inversión y no hará que la proporción de capital de propiedad pública del conjunto de entidades nacionales o subnacionales de la Unión Europea en un fondo o vehículo de inversión supere el 49 % del capital total.
    3. El Fondo en ningún caso participará o financiará a empresas de propiedad mayoritaria pública.
    4. En el caso de que el Fondo invierta, directa o indirectamente, en operaciones que incluyan tanto inversiones en España como en otros países, los recursos movilizados por el Fondo se determinarán en función del volumen de inversión prevista en España.
    5. Las condiciones básicas de elegibilidad y de las operaciones quedarán definidas en mayor detalle a través de Acuerdo del Consejo de Ministros.
    En todo caso, los beneficiarios de las operaciones de financiación e inversión del Fondo, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

    Artículo 12. Instrumentos.
    1. El FIS funcionará bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, y podrá recurrir a diversas modalidades de financiación que permitan adaptarse a las diversas facetas del emprendimiento y el tejido económico-social. Concretamente, con cargo al FIS se podrá:
    a) Suscribir participaciones en fondos de inversión, nacionales o internacionales, que estén específicamente orientados a la inversión de impacto en todas las etapas de madurez de los proyectos de emprendimiento social y medioambiental, apalancando recursos del sector privado. En casos debidamente justificados, el FIS podrá suscribir compromisos en categorías de mayor riesgo, como por ejemplo tramos de primeras pérdidas, al objeto de movilizar la participación privada en los vehículos en los que se invierta.
    b) Realizar inversiones de forma directa en empresas o entidades elegibles mediante instrumentos de capital en régimen de coinversión con otros fondos públicos o privados, incluidos aquellos en los que eventualmente participe el FIS.
    c) Otorgar financiación a empresas o entidades elegibles mediante instrumentos de deuda o híbridos, que podrán ser de carácter concesional en casos debidamente justificados, siempre sujetos a la consecución de rendimientos financieros apropiados y a la normativa de ayudas de Estado. Esta modalidad también podrá articularse en régimen de cofinanciación con otras entidades financieras, sociedades u otros fondos públicos o privados de inversión de impacto, incluidos aquellos en los que eventualmente participe el FIS.
    d) Conceder financiación no reembolsable para asistencia técnica, destinada al refuerzo de los beneficiarios finales de las operaciones de financiación e inversión del FIS -y, en casos debidamente justificados, de los intermediarios financieros- en lo relativo a sus capacidades de gestión o la mejora de sus metodologías de medición del impacto, entre otros aspectos. A tal efecto, el Fondo contará con una Facilidad de Asistencia Técnica gestionada por COFIDES que se dotará inicialmente con recursos del propio Fondo equivalentes al 2 % de la dotación indicada en el artículo 13 y que podrán ser ampliados con cargo a futuras aportaciones que eventualmente se acuerden con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
    e) Utilizar eventualmente cualesquiera otras modalidades financieras que se definan mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, con el fin de atender específicamente a las necesidades del ecosistema nacional de la inversión de impacto.
    2. Las condiciones básicas y criterios de aplicación de las diferentes modalidades financieras se establecerán a través de Acuerdo del Consejo de Ministros.
    La adquisición de las participaciones en el capital social con cargo al Fondo quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición en los supuestos previstos en los artículos 108 y 109 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

    Artículo 13. Recursos y obligaciones del Fondo.
    1. El Fondo se constituye con una dotación de hasta 400 millones de euros. Dicho importe se podrá incrementar a través de dotaciones adicionales que, con carácter acumulativo, se establezcan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado con cargo al presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
    Adicionalmente, todos los ingresos que se obtengan como resultado de dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen con cargo al FIS o resulten de la aplicación del Fondo se reintegrarán en este y podrán ser utilizados para los fines previstos en esta norma. Lo mismo ocurrirá con los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, así como con las remuneraciones que eventualmente perciban los consejeros que ostenten la condición de empleados públicos o empleados de la gestora del Fondo que hayan sido nombrados para participar como consejeros en los órganos de administración de las empresas participadas con cargo al FIS y minorándose por las minusvalías y gastos.
    Se exceptúan de estas remuneraciones las dietas o asistencias que puedan percibir como consejeros los empleados públicos o empleados de la gestora del Fondo exclusivamente por su asistencia y hasta el límite previsto en el régimen general para las Administraciones Públicas.
    A los efectos de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, la dotación inicial del Fondo se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 3250 23VF 87901.
    2. No formarán parte del Patrimonio Empresarial de la Administración General del Estado las participaciones, acciones, títulos y demás instrumentos que se pudieran adquirir por la gestora del Fondo con cargo al mismo, no resultándoles por tanto de aplicación lo previsto en el título VII de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
    3. Los derechos y obligaciones contraídos por la gestora del Fondo a que se refiere el artículo 14 a favor o con cargo al mismo, por cuenta de la Administración General del Estado y que deriven de la actividad de FIS tendrán la consideración de derechos y obligaciones de la Hacienda Pública de naturaleza privada. La efectividad de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública estatal se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos de derecho privado que resulten de aplicación y se aplicarán, en su caso, para la cobranza de los créditos los procedimientos y reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. En el caso de concursos y preconcursos declarados en España, los créditos que se insinúen en los procedimientos concursales y preconcursales tendrán la consideración de ordinarios salvo que cuenten con garantías, en cuyo caso se les reconocerá el privilegio especial que corresponda en función de la naturaleza de aquellas, o que por las características de la financiación se haya aceptado expresamente la subordinación, en cuyo caso los créditos serán subordinados.
    4. Los acreedores que pudieran surgir de obligaciones contraídas por la gestora del Fondo con cargo al mismo y por cuenta de la Administración General del Estado no podrán hacer efectivos sus créditos contra el patrimonio de aquella ni contra el de la Administración General del Estado, cuya responsabilidad se limita al importe de su aportación al Fondo. Igualmente, con el Patrimonio del Fondo únicamente se responderá por las obligaciones contraídas por la gestora del Fondo con cargo a aquel y por cuenta de la Administración General del Estado.
    5. Se integrará en el Tesoro Público el saldo del Fondo a su extinción, así como todo importe que resulte, por cualquier concepto, de las operaciones financiadas con cargo al mismo, pendientes de reembolso con posterioridad a dicha extinción. Asimismo, como norma general, el Fondo tendrá su tesorería en una cuenta abierta en el Banco de España, salvo que las circunstancias requieran la apertura de cuentas situadas fuera del mismo, previa autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

    Artículo 14. Gestión y funcionamiento del Fondo.
    1. La gestión del Fondo queda encomendada a la sociedad mercantil estatal Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, SA, S.M.E. El presidente de COFIDES tendrá la consideración de cuentadante a efectos de la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas.
    2. Sin perjuicio de que la regulación de las competencias de la Gestora así como el funcionamiento y la movilización de recursos del Fondo se determinarán por el Acuerdo del Consejo de Ministros, compete como mínimo a la Gestora el análisis y evaluación de las operaciones de financiación o inversión con cargo al Fondo, así como su aprobación, previa obtención de un dictamen de conclusiones y de no objeción del Panel de Expertos Independientes y asimismo de la no objeción por parte del Comité Interministerial Técnico de Inversiones, a los que se refieren los apartados 9 y 8 del presente artículo, respectivamente.
    3. En todas las operaciones y acciones relativas al Fondo, la Gestora actuará en nombre propio y por cuenta de la Administración General del Estado, ejerciendo de depositaria de los títulos y contratos representativos de las operaciones de activo realizadas.
    4. En los supuestos de toma de participación en el capital social de empresas, la Gestora ejercerá, por cuenta de la Administración General del Estado, los derechos de voto y demás derechos políticos que le correspondan sin necesidad de autorización previa por parte del Comité Interministerial Técnico de Inversiones. Asimismo, decidirá caso por caso sobre la oportunidad o no de proponer su propio nombramiento como administradora o proponer el nombramiento de otros consejeros en los órganos de administración de las sociedades participadas, pudiendo, con sujeción a lo previsto en la normativa mercantil vigente en cada momento, proponer el nombramiento de empleados públicos, de empleados de la propia gestora o de otras personas físicas o jurídicas, según convenga a la mejor defensa de los intereses públicos.
    La Gestora no podrá, como regla general, participar en la gestión operativa u ordinaria de las sociedades en cuyos recursos participe. Se entenderá por gestión operativa u ordinaria la gerencia directa, interna, efectiva y cotidiana de los asuntos de la empresa. Por tanto, por regla general, la Gestora no podrá ser apoderado, administrador único, administrador solidario, ni consejero delegado de las sociedades en cuyos recursos participe el Fondo.
    Excepcionalmente, la Gestora, atendidas las circunstancias de concretas del caso, podrá decidir participar en la gestión operativa u ordinaria de las empresas, o ser apoderado, administrador único, administrador solidario, o consejero delegado de estas empresas, siempre que previamente obtenga la no objeción del Comité Interministerial Técnico de Inversiones.
    La responsabilidad que, en los casos previstos en las leyes, pudiera corresponder, en su caso, tanto a los empleados públicos como a los empleados de la Gestora, cuando actúen como miembros de los consejos de administración de las empresas participadas con cargo al Fondo nombrados a propuesta de la Gestora o cuando lo hagan como representantes permanentes de la Gestora en los casos en los que esta sea la consejera, será directamente asumida por la Administración General del Estado, quien podrá exigir de oficio al consejero nombrado la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
    Lo previsto en el párrafo anterior no se aplicará a la responsabilidad en que eventualmente pudieran incurrir, en los casos previstos en las leyes, los mencionados representantes permanentes o miembros de los consejos de administración de las empresas participadas con cargo al Fondo que no tengan la condición de empleado público ni de empleados de la Gestora. Dicha responsabilidad se sujetará, en su caso, a la Ley de Sociedades de Capital, cuando las sociedades participadas sean sociedades españolas.
    5. Para el desarrollo de las actuaciones que correspondan a la Gestora del Fondo en ejecución del presente real decreto-ley, esta podrá contratar con cargo al Fondo, y con arreglo a la normativa de contratación que le sea aplicable en cada momento, todos aquellos servicios externos, entre ellos a título enunciativo, servicios de consultoría y comunicación, apoyo externo en materia de identificación y de sostenibilidad de las inversiones, asesores financieros, jurídicos, técnicos o seguros que sean necesarios para la efectividad y puesta en marcha, desarrollo, ejecución y liquidación del Fondo y de todas las operaciones financiadas con cargo al mismo, pudiendo contratar dichos servicios que resulten de inaplazable necesidad de forma análoga a la prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de concurrir las circunstancias en él previstas. Asimismo, podrá contratarse con cargo al Fondo los servicios de los miembros del Panel de Expertos Independientes a que se refiere el apartado 9 del presente artículo.
    6. A efectos de que la Gestora pueda llevar a cabo de manera eficaz y eficiente las labores encomendadas en el presente real decreto-ley, y con el fin de que se le retribuyan económicamente las actividades inherentes a la gestión del Fondo, por Orden de la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se establecerán los oportunos mecanismos de remuneración periódica de dicha labor de gestión del Fondo con cargo al mismo. Dicha remuneración deberá ser como mínimo, suficiente para cubrir los costes de gestión y los de capital, tanto en la fase de preparación previa a la puesta en marcha del fondo como durante la fase de inversión, seguimiento, desinversión y recuperación de las operaciones; incentivar la eficiencia en la gestión del Fondo y remunerar de distinta manera en función, entre otros criterios, de las fases de desarrollo de una inversión y de su resultado.
    7. La Gestora podrá disponer de los recursos del Fondo, en las cuantías y condiciones establecidas en los actos correspondientes. Asimismo, la Gestora podrá cargar al Fondo los gastos incurridos en la contratación de servicios externos, así como la retribución que por el desarrollo y ejecución de sus funciones le corresponda, de acuerdo con la Orden de la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de conformidad con lo dispuesto en este real decreto-ley. Todos los gastos de gestión en los que incurra la Gestora que computen en el cumplimiento de los objetivos CID, incluida la contratación de servicios externos, deberán ajustarse a los requisitos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
    8. Se crea un Comité Interministerial Técnico de Inversiones («CITI» o Comité), órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo y técnico, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y presidido por la persona titular de la Secretaría General de Inclusión, cuya composición, funcionamiento y competencias se determinarán por Acuerdo del Consejo de Ministros. El CITI será el órgano de control y seguimiento de las operaciones que realice la Gestora con cargo al Fondo. Con relación a la aprobación de las operaciones de inversión o financiación, su intervención se limitará a su no objeción o al ejercicio de un derecho de veto sobre una eventual decisión de inversión o financiación adoptada por la Gestora con el previo informe favorable del Panel de Expertos Independientes a que se refiere el apartado 9 del presente artículo.
    Las personas que ejerzan las funciones de secretaría y vicesecretaría del CITI serán designadas por el CITI a propuesta de la Gestora y participarán en las sesiones de aquel con voz y sin voto. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del vicesecretario, éste será sustituido por quien designe el propio Comité.
    9. La Gestora deberá contratar un Panel de Expertos Independientes (PEI), cuya función básica consistirá en la evaluación de las propuestas de financiación o inversión que le remita la Gestora y la elaboración de los respectivos dictámenes independientes de conclusiones y de no objeción. Solo aquellas propuestas de operaciones que cuenten con una valoración global favorable del PEI podrán ser remitidas al CITI a que se refiere el apartado 8 del presente artículo.
    El PEI estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 9 miembros, que serán seleccionados por la Gestora mediante procedimientos de concurrencia en función de criterios tales como su independencia, experiencia, méritos, conocimientos, reputación, honorabilidad y previsión de ausencia de conflicto de interés. La composición, funcionamiento o competencias del PEI, entre otros aspectos, se determinarán por Acuerdo del Consejo de Ministros.
    Cada miembro del PEI tendrá derecho a percibir por el desempeño de sus funciones una remuneración con cargo a los recursos de FIS, que se establecerá en virtud de un esquema que atienda principalmente al número de reuniones que éstos mantengan.
    10. La Gestora aplicará en todas sus operaciones de inversión o financiación los requisitos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y requerirá a las entidades con las que opere que apliquen los citados requisitos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

    Artículo 15. Régimen presupuestario, contabilidad y control.
    1. El Fondo forma parte del sector público estatal a los efectos del artículo 2.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, estando sujeto al régimen presupuestario, de contabilidad y control previsto en la misma. Asimismo, el Fondo se encuentra sometido a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
    2. En la elaboración de los presupuestos de explotación y capital se tendrán en cuenta, en todo caso, los criterios de administración y aplicación del Fondo, y el programa de actuación plurianual que elabore la Gestora.
    3. Todas las operaciones efectuadas con al cargo al Fondo serán registradas en contabilidad específica, separada e independiente de la de la Gestora.
    4. Las cuentas formuladas por la Gestora serán debidamente aprobadas por ella dentro del primer semestre del ejercicio posterior, previa auditoria de las mismas.
    5. El sistema de seguimiento, control y auditoría del Fondo y de las inversiones subyacentes se sujetará a los requisitos fijados en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la normativa europea y nacional de desarrollo. En este sentido, resultarán de aplicación las obligaciones establecidas en el artículo 46 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Orden HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
    6. Se aprueba el Presupuesto de Explotación y Capital del Fondo para el ejercicio 2024, que se incluye en el anexo de esta norma.

    Artículo 16. Normativa de Ayudas de Estado.
    Las operaciones financiadas con cargo al Fondo respetarán la normativa de Ayudas de Estado.

    Artículo 17. Confidencialidad.
    1. Los datos, documentos e informaciones que obren en poder de la Gestora, del CITI y del PEI, en virtud de las funciones que les encomienda este real decreto-ley, tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Quedarán también obligados a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquellas para las que les sea suministrada los auditores, asesores externos y demás expertos independientes que puedan ser designados por el CITI y por la Gestora en relación con el cumplimiento de las funciones que, respectivamente tengan atribuidas. Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren.
    2. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, se exceptúa el deber de confidencialidad de la Gestora y del CITI cuando la información que obre en su poder relativa a las operaciones de inversión o financiación aprobadas con cargo al FIS sea requerida por autoridades competentes de la Comisión Europea en el ejercicio legítimo de sus competencias fiscalizadoras o de control del uso de los recursos comunitarios asignados a FIS, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación en cada momento o por los órganos previstos en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, para la correcta aplicación de la misma.

    Artículo 18. Concesión de un crédito extraordinario destinado a financiar la aportación del Estado al Fondo de Impacto Social.
    1. Se aprueba un crédito extraordinario por importe de 200 millones de euros en el presupuesto de la sección 32 «Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», programa 23VF «C22.I06 Fondo de Impacto Social (FIS)», concepto 879 «Al Fondo de Impacto Social (FIS). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
    2. Este crédito extraordinario se financiará de conformidad con lo señalado en el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

    CAPÍTULO II. Medidas de apoyo a los consumidores industriales o sectores intensivos en consumo de gas natural

    Artículo 19. Modificación del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
    Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea; que queda redactado como sigue:
    «2. Las empresas que soliciten la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural durante 2022 regulada en el artículo 59 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dichos requisitos serán exigibles a los doce meses desde el cobro efectivo de la subvención y su incumplimiento en dicho plazo constituirá causa de reintegro total de la subvención.»

    TÍTULO III. Medidas en materia energética

    CAPÍTULO I. Extensión de medidas para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania

    Artículo 20. Extensión temporal de los descuentos del bono social eléctrico.
    Excepcionalmente, con efectos desde el 1 de julio de 2024 y vigencia hasta el 30 de junio de 2025, los descuentos del bono social aplicables a los consumidores domésticos de energía eléctrica recogidos en el artículo 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, serán los siguientes:
    a) Con efectos desde el 1 de julio de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2024, el descuento correspondiente al consumidor vulnerable será del 65 por ciento. En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 80 por ciento.
    b) Con efectos desde el 1 de octubre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, el descuento correspondiente al consumidor vulnerable será del 57,5 por ciento. En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 72,5 por ciento.
    c) Con efectos desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2025, el descuento correspondiente al consumidor vulnerable será del 50 por ciento. En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 65 por ciento.
    d) Con efectos desde el 1 de abril de 2025 y hasta el 30 de junio de 2025, el descuento correspondiente al consumidor vulnerable será del 42,5 por ciento. En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 57,5 por ciento.

    Artículo 21. Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
    La garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024.

    Artículo 22. Prórroga de la flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica.
    1. La aplicación del esquema de flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica contenido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024.
    2. Con el fin de garantizar el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico y de conformidad con lo establecido en el apartado 2.e) del artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se destinará al ejercicio 2024 una cuantía, proveniente del eventual superávit definitivo de ingresos del cierre del ejercicio 2023 correspondiente exclusivamente a los peajes de las redes de transporte y distribución del sistema eléctrico, equivalente a la merma de ingresos ocasionados por esta medida durante el ejercicio 2024.

    Artículo 23. Prórroga del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva.
    1. La aplicación del mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva contenida en el artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024.
    2. Con el fin de garantizar el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico y de conformidad con lo establecido en el apartado 2.e) del artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se destinará al ejercicio 2024 una cuantía, proveniente del eventual superávit definitivo de ingresos del cierre del ejercicio 2023 correspondiente exclusivamente a los peajes de las redes de transporte y distribución del sistema eléctrico, equivalente a la merma de ingresos ocasionados por esta medida durante el ejercicio 2024.

    CAPÍTULO II. Otras medidas

    Artículo 24. Modificación del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
    Se modifica el artículo 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que queda redactado como sigue:
    «3. La TUR de aplicación al consumidor vulnerable será el precio resultante de aplicar un descuento del 35 por ciento en todos los términos que componen el PVPC.
    En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 50 por ciento.
    En ambos casos, el descuento será aplicado teniendo en cuenta el límite de energía suministrada previsto para la facturación del término de energía del PVPC por periodo de facturación, calculado según se establece en el anexo I.
    El descuento del 35 por ciento o, en su caso, del 50 por ciento, que corresponda aplicar en la factura sobre el término de energía del PVPC, se aplicará sobre el valor obtenido como resultado de multiplicar el importe que hubiese correspondido por facturación del término de energía del PVPC sin descuento, por la relación entre el límite máximo de energía en el periodo de facturación calculado según se establece en el anexo I y el consumo de energía total en dicho periodo de facturación.
    La energía suministrada al consumidor vulnerable y vulnerable severo por encima de dicho límite en el periodo de facturación le será facturada al PVPC.»

    Artículo 25. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
    Se modifica el artículo 93 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que queda redactado en los siguientes términos:
    «Artículo 93. Tarifa de último recurso.
    1. La tarifa de último recurso será el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la presente ley, hayan sido designados como comercializadores de último recurso, a los consumidores siguientes:
    a) Consumidores individuales con presión de suministro igual o inferior a 4 bar y consumo anual inferior a 50.000 kWh.
    b) Comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial y agrupaciones de ellas, constituidas conforme los artículos 5 y 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, así como a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio,
    c) Edificios de titularidad pública destinados a viviendas de uso residencial y edificios de patronatos o de organizaciones sin ánimo de lucro destinados al mismo uso, así como a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio.
    2. Los puntos de suministro referidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior no tendrán limitación de consumo anual ni de presión de suministro, debiendo cumplir los dos siguientes requisitos:
    a) Deberán disponer de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes de calefacción, salvo que se encuentren eximidas de esta obligación por inviabilidad técnica en los términos establecidos en el punto a) del anexo I del Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
    b) Deberán haber realizado en plazo, con resultado positivo, la inspección de eficiencia energética, conforme el artículo 31 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
    3. Las empresas de servicios energéticos que se acojan a esta tarifa deberán trasladar de manera íntegra el ahorro obtenido en el coste de adquisición del gas natural al precio unitario aplicado por el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria.
    4. La tarifa de último recurso será única en todo el territorio español sin perjuicio de sus especialidades por niveles de presión y volumen de consumo.
    5. La persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de la tarifa de último recurso de gas natural o un sistema de determinación y actualización automática de la misma.
    6. El sistema de cálculo de la citada tarifa incluirá de forma aditiva el coste de la materia prima, peajes y cánones de acceso, cargos, costes de comercialización y los costes derivados de la seguridad de suministro.
    7. Las tarifas de último recurso se fijarán de forma que no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado.
    8. Se habilita al Gobierno a modificar los requisitos de aplicación de la tarifa en función de las condiciones de mercado.»

    Artículo 26. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
    Se añade una letra ad) al apartado 2 del artículo 30 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el siguiente literal:
    «ad) La recogida de la información de carácter dinámico prevista en el anexo III de la Orden TED/445/2023, de 28 de abril, por la que se regula la información a remitir por los prestadores de servicio de recarga energética al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla; y el tratamiento de la misma, conforme a lo establecido en la legislación vigente, para su visualización, entre otros, en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en la aplicación móvil creada para esta finalidad.»

    Artículo 27. Modificación del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.
    Se modifica el artículo 4.1 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, que pasa a tener la siguiente redacción:
    «1. Los programas de incentivos a la movilidad eléctrica, que se aprueban por este real decreto, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estarán en vigor desde el día siguiente de la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de diciembre de 2024.
    Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse a partir del momento y en la forma que establezcan las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas convocatorias. Las inversiones directas que éstas pudieran llevar a cabo serán realizadas conforme a lo que se establece por este real decreto.»

    TÍTULO IV. Medidas en materia de transporte

    Artículo 28. Objeto.
    1. El presente título tiene por objeto la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para ampliación del presupuesto del Programa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, establecido en el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, que se había dotado anteriormente con 400 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
    2. Este presupuesto adicional que se dote con cargo al estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado del año 2024, podrá ser distribuido entre las comunidades y ciudades autónomas que presenten una nueva solicitud de ampliación de presupuesto de las ayudas para el programa de transformación de flotas de transporte establecidas en el citado Real Decreto 983/2021.

    Artículo 29. Beneficiarias.
    Serán beneficiarias directas de las ayudas las Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas que soliciten la ayuda de forma expresa y cumplan con los requisitos que se indican, debiendo destinar el importe de la misma a los sujetos incluidos en el artículo 14 del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, para financiar las actividades establecidas en el artículo 16 de la misma norma y que hayan presentado su solicitud en el marco de las convocatorias publicadas por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho real decreto y antes del cierre de las mismas a 30 de abril de 2024.

    Artículo 30. Procedimiento de concesión.
    1. La ampliación del presupuesto correspondiente se realizará para aquellas comunidades autónomas y para las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias que lo soliciten expresamente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
    a) Que se haya verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 13 del Real Decreto 983/2021.
    b) Que se justifique al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la necesidad de ampliar el mismo teniendo en cuenta las solicitudes que tengan en lista de espera.
    c) Que acrediten hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegros subvencionables, en los términos del artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
    2. A estos efectos, y teniendo en cuenta que la fecha de cierre de las convocatorias de ayudas ha concluido el 30 de abril de 2024, se requerirá como justificación de la necesidad de ampliación de presupuesto que el importe total comprometido a fecha 30 de abril de 2024 sea superior al presupuesto total previamente asignado a la comunidad o ciudad autónoma.
    En este contexto, se computará como presupuesto comprometido la suma del presupuesto de solicitudes registradas descontando aquellas que hayan resultado desestimadas o desistidas, según lo reflejado por la comunidad autónoma en el Informe final provisional a que se refiere el apartado 8 del artículo 13 del Real Decreto 983/2021.
    3. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible valorará las solicitudes recibidas y la asignación del nuevo presupuesto que les pudiera corresponder conforme a la disponibilidad presupuestaria existente. La distribución del presupuesto disponible se asignará entre las comunidades y ciudades autónomas solicitantes que cumplan con las condiciones anteriormente indicadas, según los criterios de distribución del anexo II del Real Decreto 983/2021.
    La ampliación de presupuesto que se asigne a cada comunidad autónoma no será superior a la diferencia entre el importe total comprometido a fecha 30 de abril de 2024 y el presupuesto total previamente asignado a la comunidad o ciudad autónoma hasta el 14 de junio de 2024, fecha de la última resolución de concesión de ampliación de crédito. En el caso de que la cantidad que pudiera corresponder a una comunidad autónoma quedara limitada por este criterio, la cantidad restante se repartirá entre el resto de solicitantes.

    Artículo 31. Solicitudes y plazo de presentación.
    La solicitud de ampliación de presupuesto se enviará por registro a la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el plazo máximo de 20 días a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
    La solicitud se presentará según modelo facilitado al efecto desde dicha Dirección General e incluirá la información necesaria para justificación de la necesidad de la ampliación de presupuesto.
    Deberá adjuntarse a la solicitud la necesaria acreditación de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegros subvencionables, en los términos del artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

    Artículo 32. Obligaciones de la Comunidad Autónoma.
    La comunidad autónoma deberá destinar el importe de la subvención a financiar las tipologías de actuación definidas en el artículo 16 del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre en los términos y condiciones que recoge el citado real decreto, especialmente en lo que se refiere al procedimiento de concesión de las ayudas a los destinatarios últimos, atendiendo las solicitudes ya registradas antes del 30 de abril de 2024, fecha del cierre de las convocatorias publicadas al amparo del Real Decreto 983/2021, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.
    Las subvenciones que concedan las comunidades y ciudades autónomas con esta ampliación de crédito no procedente de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no están sujetas a la obligación de cumplir los plazos establecidos en el apartado 8 del artículo 19 del Real Decreto 983/2021 en relación con la necesidad de justificación de las ayudas antes del 30 de noviembre de 2025, pudiendo establecer la comunidad autónoma un plazo posterior motivadamente. En todo caso todas las actuaciones deberán estar justificadas antes del 30 de abril de 2026.

    Artículo 33. Financiación y pago de las subvenciones.
    1. El importe total de la subvención, de 50.000.000 de euros para el conjunto de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias, se financiará con cargo al estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado del año 2024.
    2. La financiación de las subvenciones a las que se refiere este título se realizará con cargo al presupuesto en vigor en 2024 de la sección 17 «Ministerio de Transportes, y Movilidad Sostenible», servicio 39 «Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril», programa 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre», concepto 753 «Ayudas para la transformación de flotas de transporte».

    Artículo 34. Justificación de la aplicación de la subvención y obligación de reintegro.
    1. La justificación por las comunidades y ciudades autónomas de la aplicación de la subvención a la finalidad para la que ha sido concedida se realizará con estricta sujeción a lo dispuesto en el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
    2. El incumplimiento por parte de las comunidades o ciudades autónomas de las obligaciones establecidas en los artículos 11 y 16 del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, podrá dar lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la totalidad de las cantidades percibidas en aplicación de este título y a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, de acuerdo con lo establecido en dicha norma, así como en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

    TÍTULO V. Medidas de carácter social

    CAPÍTULO I. Medidas en materia de Seguridad Social

    Artículo 35. Prórroga del aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social.
    Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica de la isla de La Palma, prorrogados por la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 junio, por el artículo 82 del Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre, por el artículo 175 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio y por el artículo 75 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, podrán solicitarse nuevamente en relación con el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de junio a noviembre de 2024, en el caso de empresas, y entre los meses de julio a diciembre de 2024, en el caso de trabajadores autónomos. A estos aplazamientos les serán de aplicación las condiciones, plazo de presentación respecto a cada una de las mensualidades cuyo aplazamiento se solicita y el régimen jurídico establecido en el referido artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.
    En el caso de que un deudor presente solicitud de aplazamiento por las seis mensualidades a que hace referencia el párrafo anterior o por alguna de ellas, al amparo de este artículo, complementariamente a un aplazamiento concedido al amparo del artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, del artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 junio, del artículo 82 del Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre, del artículo 175 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio o del artículo 75 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, las nuevas cuotas del aplazamiento se incorporarán, mediante una única resolución dictada al final de este nuevo periodo, al aplazamiento en vigor, siendo de aplicación un plazo de amortización de cuatro meses por cada nueva mensualidad de aplazamiento solicitada.

    Artículo 36. Prórroga de las medidas extraordinarias de Seguridad Social para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja en La Palma.
    Uno. Prestación de cese de actividad para los trabajadores autónomos que se han visto obligados a cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
    1. Desde el 1 de julio de 2024, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 30 de junio de 2024 las prestaciones por cese de actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma, prevista en el apartado uno del artículo 76 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, seguirán percibiéndolas, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los seis meses de prestación de cese de actividad prevista en este apartado.
    Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a estas prestaciones por cese de actividad, el requisito de cotización, previsto en el artículo 338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
    2. Estas prestaciones por cese de actividad podrán comenzar a devengarse con efectos de 1 de julio de 2024 y tendrán una duración máxima de seis meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. La duración de estas prestaciones no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.
    Dos. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
    1. Los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2023 la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado dos del artículo 176 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, podrán acceder a la prestación de naturaleza extraordinaria de cese de actividad prevista en este apartado con efectos desde el 1 de enero de 2024, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
    a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, el 19 de septiembre de 2021.
    b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
    c) Que la situación de suspensión de toda actividad se haya mantenido desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
    2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.
    3. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta el último día del mes en el que se reinicie la actividad si fuese anterior.
    El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
    La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
    La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
    Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la revisión posterior, conforme a lo establecido en el párrafo 9.
    4. El percibo de la prestación extraordinaria será incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación extraordinaria por cese de actividad será, además, incompatible con las ayudas por paralización de la flota. Sin perjuicio de ello, en el supuesto de percepción de tales ayudas, y previa acreditación de tal extremo, los trabajadores autónomos también quedarán exonerados de la obligación de cotizar en los términos señalados en el apartado 3.
    5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho, igualmente, a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este apartado.
    6. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
    7. El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
    8. La percepción de esta prestación extraordinaria tendrá una duración máxima de doce meses, finalizando el derecho el 31 de diciembre de 2024, o el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas, si esta fecha fuese anterior.
    9. La solicitud de la prestación extraordinaria deberá presentarse dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma.
    En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud. En estos casos, el trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga derecho a percibir la prestación.
    Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando la solicitud. Finalizado el cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas, debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el periodo de percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
    10. Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar documento expedido por la administración pública competente que ponga de manifiesto la suspensión de la actividad, una declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
    Tres. Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que vean afectadas sus actividades como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
    1. Los trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia de los daños ocasionados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2023 la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado tres del artículo 176 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, podrán acceder a la prestación de naturaleza extraordinaria de cese de actividad prevista en este apartado con efectos desde el 1 de enero de 2024, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
    a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia el 19 de septiembre de 2021.
    No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
    b) Tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2023 y primer y segundo trimestre de 2024 inferiores al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional en dicho periodo.
    c) Acreditar en el tercer y cuarto trimestre de 2023 y primer y segundo trimestre de 2024 un total de ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia con una reducción al menos en un 50 por 100 a los habidos en el tercer y cuarto trimestre del 2019.
    Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el primer y segundo trimestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el tercer y cuarto trimestre de 2023 y primer y segundo trimestre de 2024 en la misma proporción.
    2. La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.
    3. En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.
    4. La solicitud de la prestación extraordinaria deberá presentarse dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma.
    En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud.
    La percepción de esta prestación tendrá una duración máxima de doce meses y no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.
    5. El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
    Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
    6. El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá permanecer en alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente e ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
    La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina abonará al trabajador autónomo, junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
    La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
    Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la revisión posterior, conforme a lo establecido en los párrafos 8 y 9 de este apartado.
    7. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria en los términos establecidos, siempre que reúnan los requisitos para ello.
    8. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
    Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
    Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, y autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
    9. A partir del 1 de enero de 2025 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas.
    a) A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios relativos a los dos últimos trimestres de 2019 y 2023 y los dos primeros trimestres de 2019 y 2024.
    Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora o al Instituto Social de la Marina en los diez días siguientes a su requerimiento:
    1.º Copia del modelo 425 de declaración resumen anual IGIC del año 2019 y sus liquidaciones trimestrales (modelos 420), así como las liquidaciones de los dos últimos trimestres de 2023 y primer y segundo trimestre del año 2024 (modelos 420).
    Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación del primer y segundo trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años 2019, 2023 y 2024. Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de empresas donde consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.
    2.º Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
    No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite de rendimientos netos, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han experimentado estas circunstancias siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada a cuatro dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 % al número medio diario correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
    b) En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
    A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar, que deberá hacerse sin intereses o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
    Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
    10. El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en este apartado podrá:
    a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de noviembre de 2024, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
    b) Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023 y el primer y segundo trimestre del año 2024 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos en el párrafo 1 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.

    Artículo 37. Prórroga de las exenciones en la cotización aplicables en las unidades poblacionales de Puerto Naos y la Bombilla, reguladas en el artículo 77 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.
    En los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las islas Canarias, afectadas por la erupción volcánica registrada en la Isla de La Palma en la zona de Cumbre Vieja, prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2024, las empresas podrán acogerse, siempre y cuando concurran las condiciones y requisitos incluidos en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a una exención del 100 por ciento en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo se produzca en los meses de julio a diciembre de 2024,, respecto de las personas trabajadoras cuya actividad laboral se viniese desarrollando, hasta el inicio de la situación de fuerza mayor temporal, en las unidades poblacionales de Puerto Naos y la Bombilla.
    Para la aplicación del porcentaje anteriormente indicado, la autoridad laboral que hubiese autorizado el expediente de regulación temporal de empleo deberá comunicar fehacientemente a la Tesorería General de la Seguridad Social la identificación de las empresas y personas trabajadoras a las que se refiere el párrafo anterior.

    CAPÍTULO II. Medidas en materia de empleo

    Artículo 38. Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.
    Serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2024, los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, de acuerdo con el régimen jurídico establecido en el artículo 47.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

    Artículo 39. Prórroga de medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas públicas.
    En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2024. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

    Disposición adicional primera. Destino de un eventual superávit del sector eléctrico en el ejercicio 2023 al ejercicio 2024 y aportación extraordinaria al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico.
    De forma extraordinaria, y de acuerdo con el apartado 2.e) del artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se destinará al ejercicio 2024 una cuantía equivalente al 62,5 % del superávit provisional correspondiente a los cargos del sistema eléctrico que haya aflorado en la última liquidación provisional a cuenta del cierre del ejercicio 2023. Dicha transferencia se llevará a cabo en la siguiente liquidación provisional del ejercicio 2024 que se realice con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
    El superávit remanente correspondiente al ejercicio 2023 no empleado de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior y con lo previsto en el artículo 39.3 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, podrá destinarse a compensar los costes del sistema eléctrico correspondientes al ejercicio 2025 que son financiados mediante los cargos del sistema, según lo establecido en el artículo 2.2.d) del Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico.

    Disposición adicional segunda. Destino de un eventual superávit provisional de los extracostes de la producción de energía eléctrica de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.
    Excepcionalmente, si en la cuenta diferenciada del órgano encargado de las liquidaciones correspondiente a los extracostes de la producción de energía eléctrica de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a que se hace referencia en el Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, existiesen saldos provisionales positivos correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, se podrán transferir hasta un 70 % del total de dichos saldos al sistema de liquidación de los extracostes de la producción de energía eléctrica de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.
    La transferencia anterior se realizará contra cada uno de los ejercicios 2020 y 2021 de forma proporcional al saldo provisional existente de cada uno de los ejercicios anteriores.
    Esta cantidad se destinará a cubrir las necesidades presupuestarias hasta el cierre de la liquidación del extracoste de producción de energía eléctrica de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ejercicio 2019 y el remanente se repartirá entre los sistemas de liquidación de los extracostes de la producción de energía eléctrica de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 con una proporción del 5 % y del 95 % respectivamente.

    Disposición adicional tercera. Designación de la Entidad Responsable del Sistema de Gestión y Visualización de la información del Anexo III. De la Orden TED/445/2023, de 28 de abril, por la que se regula la información a remitir por los prestadores de servicio de recarga energética al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
    1. Se designa, con carácter provisional, al operador del sistema eléctrico español, como Entidad Responsable del desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión y Visualización de la información remitida por los operadores de puntos de recarga energéticos (CPOs) al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en lo sucesivo SGV), de forma que permitan la recogida y el tratamiento de la información de carácter dinámico prevista en el apartado 3 del anexo III de la Orden TED/445/2023, de 28 de abril, por la que se regula la información a remitir por los prestadores de servicio de recarga energética al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla.
    2. En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, la Entidad Responsable presentará a la Secretaría de Estado de Energía para su aprobación, una propuesta de SGV que incluya el procedimiento y las instrucciones de carácter técnico para su posterior aprobación, en su caso, por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 del apartado 2 del artículo 6 de la Orden TED/445/2023, de 28 de abril.
    3. La Entidad Responsable, en el ejercicio de las funciones anteriores, deberá cumplir lo dispuesto en la Orden TED/445/2023, de 28 de abril, en el artículo 15.1 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en el artículo 10 del Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos y en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
    4. La Entidad Responsable dará pleno acceso al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la información remitida por los CPOs. Así mismo, la citada entidad deberá remitir a la Jefatura Central de Tráfico la información requerida para su publicación en el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico, así como a otros organismos públicos que la requieran.
    5. Por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el propio ministerio podrá asumir la gestión del SGV, una vez se disponga de los medios humanos y materiales para ello o en su caso, encomendársela a un tercero. En este caso, se podrá solicitar a la Entidad Responsable la cesión al ministerio o al tercero al que se encomiende la gestión, en su caso, de los medios técnicos del SGV.

    Disposición transitoria única. Aplicación de la tarifa de último recurso de gas natural a las comunidades de propietarios de hogares.
    1. Los sujetos que a la entrada en vigor de esta disposición estén acogidos a la tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios de hogares, dispuesta en el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, serán automáticamente asignados a la tarifa de último recurso que le corresponda, según su volumen de consumo anual.
    2. Los sujetos anteriores, que se hubieran acogido a la disposición adicional tercera de la Orden TED/1072/2023, de 26 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2024, dispondrán hasta el 30 de septiembre de 2024, incluido, para instalar los mencionados contadores de calefacción o repartidores de coste.
    3. Las sujetos que durante el año 2024 hubieran estado acogidos a la mencionada tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios de hogares, que hubieran firmado un nuevo contrato de suministro con una comercializadora libre, con entrada en vigor después del 30 de abril de 2024 y que en un plazo de 30 días naturales desde la entrada en vigor de esta disposición se acojan a la tarifa de último recurso, podrán rescindir su contrato actual sin penalización.
    4. Los comercializadores afectados por dichas rescisiones de contrato podrán reducir sin coste los caudales diarios contratados de entrada a la red de transporte, de regasificación y de almacenamiento de gas natural licuado, por un caudal diario máximo igual a la suma de los consumos anuales de dichos consumidores dividida entre el producto de 365 días por un factor de carga de 0,42. Esta reducción de caudal sin coste se aplicará sobre los productos de capacidad contratados, ordenados de mayor a menor duración, para cada uno de los servicios referidos.

    Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
    1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente real decreto-ley.
    2. En particular, queda derogado el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

    Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.
    Se introduce una nueva disposición adicional octava en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, con la siguiente redacción:
    «Disposición adicional octava. Apertura de nuevo plazo de solicitud de las medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de La Palma desde el pasado día 19 de septiembre de 2021.
    Aquellos deudores de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte que hubieran solicitado la suspensión de sus obligaciones o la prórroga de la misma en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, podrán solicitar, hasta el 31 de julio de 2024, una suspensión adicional de seis meses de sus obligaciones de pago derivadas de los contratos de préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria. En todo lo demás, serán de aplicación los artículos 15 a 24 de este real decreto-ley.»

    Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+ SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
    Se añade un apartado 10 bis en el artículo 2, que queda redactado como sigue:
    «10.bis. Sin perjuicio del procedimiento regulado en el apartado anterior de este artículo, el importe del remanente en cuenta del crédito extraordinario que se aprueba en el mismo se podrá destinar a lo previsto en los artículos 38.7 y 39.2, del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
    El reintegro al Tesoro Público del saldo remanente en cuenta bancaria a que se refiere el apartado 10 anterior, se realizará, una vez efectuadas, en su caso, las aportaciones a que se refiere el presente apartado, por el importe sobrante y antes del 30 de junio de 2025.»

    Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
    El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, se modifica en los siguientes términos:
    Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:
    «7. Para financiar el déficit generado en 2024 por esta medida y por la prórroga de la limitación de la variación del valor del coste de la materia prima en la tarifa del último recurso de gas natural establecida en el artículo anterior, se podrá utilizar el remanente en cuenta no aplicado del crédito extraordinario aprobado en el art. 2.10 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre hasta una cuantía máxima de 300 millones de euros.»
    Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 39, que queda redactado como sigue:
    «2. Al objeto de asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en el ejercicio 2024, se podrá aportar al mismo el remanente en cuenta no aplicado del crédito extraordinario aprobado en el art. 2.10 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre hasta una cuantía máxima de 300 millones de euros, que irá destinado a financiar los costes soportados por los cargos del sistema eléctrico.»

    Disposición final cuarta. Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias.
    Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

    Disposición final quinta. Títulos competenciales.
    Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 7.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española que atribuyen al Estado las competencias en materia de legislación mercantil; de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas; de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; de bases de la ordenación de crédito; de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; de Hacienda general y deuda del Estado; de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas; de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas; y de las bases del régimen minero y energético, respectivamente.

    Disposición final sexta. Habilitación normativa.
    Se habilita al Gobierno para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
    Se habilita, en el ámbito estatal, a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar, en su caso, las cantidades a las que se refiere el apartado 7 del artículo 6 de este real decreto-ley, de conformidad con el incremento aprobado y para dictar las instrucciones oportunas para hacer efectivo el abono de las cuantías correspondientes.
    Se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para modificar mediante orden la fecha establecida en el apartado 2 de la disposición transitoria única, en particular, en el supuesto de que fuera necesario por causas justificadas en motivos de suministro de materiales o equipos exigibles para dar cumplimiento a la instalación de los contadores de calefacción o repartidores de coste.
    Se faculta a la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación del título IV de este real decreto-ley.

    Disposición final séptima. Entrada en vigor.
    El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
    Dado en Madrid, el 26 de junio de 2024.
    FELIPE R.
    El Presidente del Gobierno,PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

    ANEXO. Balance y presupuestos del Fondo de Impacto Social, F.C.P.J.

    Balance activo Presupuesto 2024

    -

    Miles de euros
    A) Activo no corriente. 17.500
    I. Inversiones inmobiliarias. 0
    II. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 0
    III. Inversiones financieras a largo plazo. 17.500
    1. Inversiones financieras en patrimonio. 7.500
    2. Créditos y valores representativos de deuda. 10.000
    3. Derivados financieros. 0
    4. Otras inversiones financieras. 0
    IV. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo. 0
    B) Activo corriente. 179.450
    I. Deudores y otras cuentas a cobrar. 100.000
    1. Deudores por actividad principal. 0
    2. Otras cuentas a cobrar. 100.000
    3. Administraciones públicas. 0
    II. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 0
    III. Inversiones financieras a corto plazo. 150
    1. Inversiones financieras en patrimonio. 0
    2. Créditos y valores representativos de deuda. 150
    3. Otras inversiones financieras. 0
    IV. Ajustes por periodificación. 0
    V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 79.300
    1. Otros activos líquidos equivalen. 0
    2. Tesorería. 79.300
    Total activo (A + B). 196.950
    Balance patrimonio neto y pasivo Presupuesto 2024

    -

    Miles de euros
    A) Patrimonio neto. 196.550
    I. Patrimonio aportado. 200.000
    II. Patrimonio generado. -3.450
    1. Resultados de ejercicios anteriores. 0
    2. Resultados de ejercicio. -3.450
    3. Distribución de resultados a cuenta. 0
    III. Ajustes por cambio de valor. 0
    1. Activos financieros disponibles para la venta. 0
    2. Operaciones de cobertura. 0
    IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados. 0
    B) Pasivo no corriente. 0
    I. Provisiones a largo plazo. 0
    II. Deudas a largo plazo. 0
    III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo. 0
    IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo. 0
    C) Pasivo corriente. 400
    I. Provisiones a corto plazo. 0
    II. Deudas a corto plazo. 0
    III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo. 0
    IV. Acreedores y otras cuentas a pagar. 400
    1. Acreedores por operaciones derivadas de la actividad. 400
    2. Otras cuentas a pagar. 0
    3. Administraciones públicas. 0
    V. Ajustes por periodificación. 0
    Total patrimonio neto y pasivo (A + B + C). 196.950
    Presupuesto de explotación

    Cuenta del resultado económico patrimonial
    Presupuesto 2024

    -

    Miles de euros
    1. Transferencias y subvenciones recibidas. 0
    2. Otros ingresos de gestión ordinaria. 150
    3. Exceso de provisiones. 0
    A) Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3). 150
    4. Transferencias y subvenciones concedidas. 0
    5. Otros gastos de gestión ordinaria. -3.600
    a) Suministros y otros servicios exteriores. -3.600
    b) Otros. 0
    B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5). -3.600
    I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B). -3.450
    6. Otras partidas no ordinarias. 0
    II. Resultado de las operaciones no financieras (I +6). -3.450
    7. Ingresos financieros. 0
    8. Gastos financieros. 0
    9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros. 0
    10. Diferencias de cambio. 0
    11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros. 0
    12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras. 0
    III. Resultado de las operaciones financieras (7+8+9+10+11+12). 0
    IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III). -3.450
    Presupuesto de capital

    Estado de flujos de efectivo
    Presupuesto 2024

    -

    Miles de euros
    I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN.
    A) Cobros: 0
    1. Transferencias y subvenciones recibidas.
    2. Intereses y dividendos cobrados. 0
    3. Otros Cobros.
    B) Pagos. 3.200
    4. Transferencias y subvenciones concedidas.
    5. Otros gastos de gestión. 3.200
    6. Intereses pagados.
    7. Otros pagos.
    Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B). -3.200
    II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.
    C) Cobros: 0
    1. Venta de inversiones reales.
    2. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos. 0
    D) Pagos: 17.500
    3. Compra de inversiones reales.
    4. Compra de activos y concesión de créditos. 17.500
    Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D). -17.500
    III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.
    E) Aumentos en el patrimonio: 0
    1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el fondo. 100.000
    F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo.
    2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el fondo.
    G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
    3. Préstamos recibidos.
    4. Otras deudas.
    H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
    5. Préstamos recibidos.
    6. Otras deudas.
    Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H). 100.000
    IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN.
    I) Cobros pendientes de aplicación.
    J) Pagos pendientes de aplicación.
    Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J).
    V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.
    VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V). 79.300
    Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio. 0
    Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio. 79.300
    Referencias anteriores
    -DEROGA el art. 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero
    -MODIFICA:
    los arts. 38.7 y 39.2 y PRORROGA, en los términos señalados, los arts. 76.1 y 77 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre
    la disposición transitoria 7.2, y PRORROGA, en los términos señalados, el art. 176.2 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio
    el art. 2 y PRORROGA, hasta el 31 de diciembre de 2024, lo indicado del art. 7 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubreel art. 4.1 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril
    en los términos señalados, el art. 6.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre
    el art. 25.1, la disposición adicional 18 y AÑADE la transitoria 43, todo ello con los efectos señalados, a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre
    el art. 30.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre
    con efectos desde el 1 de enero de 2024, los arts. 20, 96.3, disposición adicional 57 y AÑADE la 59 a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre
    el art. 93 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre
    con efectos desde el 1 de enero de 2025, el art. 91.Dos.1.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre
    -AÑADE la disposición adicional 8 y PRORROGA, en los términos señalados, lo indicado de los arts. 25 y 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre

    -PRORROGA:
    hasta el 31 de diciembre de 2024, lo indicado del art. 1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo
    hasta el 31 de diciembre de 2024, lo indicado de la disposición adicional 4 del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero

  • TS: Mutualismo Administrativo. Asistencia sanitaria individual por Covid 19. No aplicación de disposición adicional 4ª de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: no es actuación o prestación de "salud pública" del artículo 11.2.a). - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1088/2024 - Num. Proc.: 8644/2022 - Ponente: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva (TOL10.074.276)

    T R I B U N A L S U P R E M O

    Sala de lo Contencioso-Administrativo

    Sección Cuarta

    Sentencia núm. 1.088/2024

    Fecha de sentencia: 20/06/2024

    Tipo de procedimiento: R. CASACION

    Número del procedimiento: 8644/2022

    Fallo/Acuerdo:

    Fecha de Votación y Fallo: 18/06/2024

    Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

    Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.4

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina López

    Transcrito por: MTP

    Nota:

    R. CASACION núm.: 8644/2022

    Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina López

    TRIBUNAL SUPREMO

    Sala de lo Contencioso-Administrativo

    Sección Cuarta

    Sentencia núm. 1088/2024

    Excmos. Sres. y Excma. Sra.

    D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente

    D. Luis María Díez-Picazo Giménez

    D.ª María del Pilar Teso Gamella

    D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo

    D. José Luis Requero Ibáñez

    En Madrid, a 20 de junio de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación n º 8644/2022, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado contra la sentencia de 18 de octubre de 2022, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo n.º 615/2021, frente a la resolución de la Subsecretaria de Defensa, dictada por delegación de la Ministra, de 7 de octubre de 2021, desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la resolución del Secretario General Gerente del ISFAS de 20 de abril de 2021, que acordaba que correspondía a la entidad ASISA asumir la cobertura de la asistencia prestada a don Millán, entre el 14 y el 18 de febrero de 2021 en el Hospital Universitario de Guadalajara, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

    Se ha personado, como parte recurrida, ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., representada por el procurador de los Tribunales don Antonio Miguel Ángel Araque Almendros y asistida del letrado don Alfredo Comas Redondo.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

    PRIMERO.- Ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se siguió el recurso contencioso-administrativo n.º 615/2021, interpuesto por la entidad ASISA S.A. contra la resolución de la Subsecretaria de Defensa, dictada por delegación de la Ministra, de 7 de octubre de 2021, desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la resolución del Secretario General Gerente del ISFAS, de 20 de abril de 2021, que acordaba que correspondía a la entidad ASISA asumir la cobertura de la asistencia prestada a don Millán, entre el 14 y el 18 de febrero de 2021, en el Hospital Universitario de Guadalajara.

    En el citado recurso contencioso-administrativo, el fallo de la sentencia es el siguiente:

    "1º.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SA, representada por el procurador don Antonio Miguel Ángel Araque Almendros contra las resoluciones administrativas a que hace referencia el fundamento de derecho primero de la presente resolución que anulamos y dejamos sin efecto.

    2º.- Reconocer la ausencia de obligación por parte de la entidad demandante de hacerse cargo del coste de la asistencia sanitaria que se le reclamaba.

    Todo ello sin imposición de costas".

    SEGUNDO.- Contra esta sentencia fue preparado recurso de casación por la Administración del Estado y la Sección Cuarta de la Sala territorial lo tuvo por preparado, por lo que se elevaron los autos y el expediente administrativo a este Tribunal, ante el que la parte recurrente interpuso el citado recurso de casación.

    TERCERO.- Mediante auto dictado por la Sección Primera de esta Sala de 13 de marzo de 2024, se acordó admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado en los siguientes términos:

    " 1º) Admitir a trámite el presente recurso de casación preparado por el Abogado del Estado contra la Sentencia n. º 429/2022, de 18 de octubre, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 615/2021.

    2º) Precisar que las cuestiones en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en que se determine si la asistencia sanitaria por COVID-19 a los beneficiarios de las mutualidades gestoras de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, se entiende o no incluida en la excepción en materia de salud pública prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

    3º) Identificar como preceptos que, en principio, serán objeto de interpretación, los artículos 7, 11 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Todo ello, sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA".

    CUARTO.- En el escrito de interposición del recurso, presentado el 25 de marzo de 2024, la parte recurrente, la Administración General del Estado, solicitó que se dicte sentencia:

    "estimatoria del mismo y anulatoria de la recurrida con los demás pronunciamientos legales expuestos en el último apartado de este escrito".

    QUINTO.- Conferido trámite de oposición mediante providencia de 10 de abril de 2024, la representación procesal de ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. presentó escrito en fecha 17 de abril de 2024 solicitando:

    "dicte sentencia por la que desestime el recurso de casación interpuesto por la Administración, frente a la Sentencia a que se hace referencia en el expositivo del presente escrito, confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la recurrente".

    SEXTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de esta Jurisdicción, atendiendo a la índole del asunto, no se consideró necesaria la celebración de vista pública, quedando el recurso concluso y pendiente de señalamiento.

    SÉPTIMO.- Mediante providencia de 13 de junio de 2024 se señaló para la votación y fallo el 18 siguiente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

    OCTAVO.- En la fecha acordada, 18 de junio de 2024, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente recurso.


    PRIMERO.- Los términos del litigio y la sentencia de instancia

    La Administración General del Estado interpone recurso de casación contra la sentencia de 18 de octubre de 2022, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo n.º 615/2021.

    Esta sentencia estimó las pretensiones ejercitadas por ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A., frente a la resolución de 7 de octubre de 2021 de la Subsecretaria de Defensa, dictada por delegación de la Ministra, que desestimó el recurso de alzada formulado contra a la resolución del Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) de 20 de abril de 2021, que acordó que correspondía a la entidad ASISA asumir la cobertura de la asistencia sanitaria prestada a don Millán, beneficiario de ISFAS, entre el 14 y el 18 de febrero de 2021, en el Hospital Universitario de Guadalajara.

    La decisión administrativa se adoptó por considerar que la asistencia sanitaria prestada era un acto concreto de actuación en beneficio del paciente que no puede quedar integrado en las excepciones de prestación a la salud pública que contempla la disposición adicional cuarta.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (en adelante, Ley de Cohesión). ASISA denegó el abono de los gastos por la asistencia prestada por lo que la reclamación fue tratada por la Comisión Mixta Nacional, sin que se llegase a ningún acuerdo, dictándose resolución por el Secretario General Gerente del ISFAS, en la que se acordaba que correspondería a la entidad asumir la cobertura de la asistencia, confirmada en alzada por la Ministra de Defensa.

    En esencia, la sentencia impugnada mantiene que no cabe entender que la atención sanitaria prestada al beneficiario por el servicio público de salud estuviese comprendida en la cartera de servicios incluidos en el concierto suscrito con la mutualidad ISFAS, pues se exceptúan de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de dichas mutualidades "las actuaciones de vigilancia epidemiológica, (...) y las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes", ello en virtud de los que dispone la disposición Adicional cuarta.1 de la Ley de Cohesión.

    SEGUNDO.- La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia

    Por auto de la Sección Primera de esta Sala Tercera de 13 de marzo de 2024 se admitió a trámite el recurso y se acordó que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es:

    "si la asistencia sanitaria por COVID-19 a los beneficiarios de las mutualidades gestoras de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, se entiende o no incluida en la excepción en materia de salud pública prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud".

    Identificar como preceptos que habrán de ser objeto de interpretación los artículos 7, 11 y la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Todo ello, sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

    TERCERO.- Las alegaciones de las partes y el juicio de la Sala

    Los escritos de interposición y oposición al recurso de casación presentados por las partes guardan similitud con los que esta Sala y Sección tuvo que examinar, al resolver la misma cuestión de interés casacional que ahora se nos plantea, en los recursos de casación n.º 8481 y n.º 8894/2022. Por ello, por razones de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva ( artículos 9.3 y 24 de la Constitución), vamos a reproducir en este momento los argumentos que en ellas empleamos.

    "QUINTO.- JUICIO DE LA SALA.

    1. ISFAS como entidad gestora del régimen especial de la Seguridad Social para las Fuerzas Armadas garantiza a ese personal la asistencia sanitaria incluida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Para ello, mantiene un Concierto con ASISA como entidad de seguro para la asistencia sanitaria de titulares y beneficiarios del ISFAS, en este caso para el periodo 2020 y 2021.

    2. La "asistencia sanitaria" es un concepto jurídico cuyo contenido se deduce de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobada como texto refundido por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, y que desarrolla el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, todo en consonancia con la Ley General de la Seguridad Social, aprobada como texto refundido por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

    3. El artículo 10.1 de la ley primeramente citada y los correlativos de su reglamento de desarrollo, configuran la "asistencia sanitaria" como la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios. Tales servicios comprenden la atención primaria y la especializada, ambas en régimen ambulatorio u hospitalario, incluidos los servicios de urgencia hospitalaria [artículo 13.a) de la ley en relación con el artículo 56.1.a) del Reglamento].

    4. De otro lado, tenemos la "salud pública", que es también un concepto jurídico en este caso definido por el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, como "el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales".

    5. Ese "conjunto de actividades" de salud pública se regula en el Título II de la ley que acabamos de citar y que se refieren a la vigilancia (Capítulo I), promoción de la salud (Capítulo II), prevención de problemas de salud y sus determinantes (Capítulo III), la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en los servicios sanitarios, la gestión sanitaria (Capítulo V), la protección de la salud de la población (Capítulo VI), el mandato de evaluar el impacto que tengan otras políticas en la salud (Capítulo VII), la sanidad exterior y la salud internacional (Capítulo VIII) y, en fin, los sistemas de información en materia de salud pública (Capítulo IX).

    6. Pues bien, la Ley de Cohesión define qué es la prestación de "salud pública": "es el conjunto de iniciativas organizadas por las Administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población. Es una combinación de ciencias, habilidades y actitudes dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas a través de acciones colectivas o sociales" (artículo 11.1), y de entre ellas, reparamos en la "información y la vigilancia en salud pública y los sistemas de alerta epidemiológica y respuesta rápida ante emergencias en salud pública" [artículo 11.2.a)].

    7. Esta normativa sucintamente expuesta -régimen especial de las Fuerzas Armadas; asistencia sanitaria y prestaciones que comprende; salud pública y actividades o prestaciones de salud pública- explica la regulación de la disposición adicional cuarta de la Ley de Cohesión: ISFAS forma parte del Sistema Nacional de Salud como gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; como tal garantiza la Cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud que comprende las distintas prestaciones, entre ellas la de asistencia sanitaria y que se excluye de esa Cartera la materia referida a "salud pública".

    8. Por tanto, mientras que la "asistencia sanitaria" se concreta en unas prestaciones cuyos destinatarios son los beneficiarios del régimen especial que gestiona ISFAS, la exclusión "en materia de salud pública" se concreta en una serie de actividades cuyo destinatario es la colectividad y que coinciden con las reguladas en el Título II de la Ley General de Salud Pública: vigilancia epidemiológica, protección y promoción de la seguridad alimentaria, protección y promoción de la sanidad ambiental, vigilancia y control de los riesgos derivados de la importación y tránsito de bienes y viajeros, y las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes.

    9. La consecuencia es que la asistencia sanitaria a un beneficiario de ISFAS por contagio de Covid-19 es ajena a una prestación de "salud pública", aun cuando la afección a la salud de los concretos titulares o beneficiarios traiga causa de esa infección y que esta se haya producido en el contexto de la pandemia. Así lo ha entendido también la Sección Segunda de esta Sala en las sentencias 1271, 1272 y 1273/2023, las tres de 17 de octubre (casaciones 5545, 5769 y 6210/2022, respectivamente).

    10. Conviene detenernos en esas sentencias porque desestimaron los recursos de casación de ASISA planteados en términos sustancialmente idénticos a su escrito de oposición en este recurso. Las diferencias están en que allí la entidad gestora era MUFACE e impugnaba la liquidación de un precio público que se reclamaba a ASISA por la atención sanitaria a un afiliado. Fuera de tales diferencias y vista la identidad, reproducimos el razonamiento de la primera de esas sentencias, la 1271/2023 (Fundamento de Derecho Tercero), entendiéndose las referencias a MUFACE a ISFAS:

    "...Pues bien, consideramos que, pese al contexto en que se produjo, de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por COVID- 19, la asistencia sanitaria dispensada, en este caso, al paciente beneficiario de MUFACE, no se entiende excluida de las prestaciones sanitarias que la recurrente venía obligada a prestar según el concierto suscrito entre MUFACE y ASISA.

    " Así es, porque, propiamente hablando, ni la asistencia por la que se gira la liquidación implicaba una actuación en materia de salud pública, ni aun menos se trataba de una actuación de vigilancia epidemiológica, independientemente, por supuesto, de la necesaria comunicación sobre los casos atendidos por COVID-19 a la autoridad sanitaria única que, en la fecha de autos, por haberse dispuesto de ese modo en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, era el Ministerio de Sanidad.

    " Por otra parte, debe recordarse que la Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la pandemia de COVID-19, distinguía, con claridad, entre las áreas de asistencia sanitaria y vigilancia epidemiológica; lo que, de suyo, impide considerar que la actuación llevada a cabo con el paciente, en este caso, pudiera incardinarse en la última área mencionada, y sí como asistencia sanitaria (urgencias y hospitalización), no excluidas de la cartera de servicios a realizar dentro del concierto con MUFACE a sus beneficiarios, prestación que debió realizarse por la entidad concertada con la mutualidad correspondiente y, por tanto, concurre el presupuesto de hecho del precio público necesario para exigir su cobro, siendo dicha entidad, ASISA el tercero obligado al pago a que hace referencia toda la normativa antes referida.

    " Pese a la situación de pandemia por el COVID-19 y con las medidas dispuestas para la misma y su control y vigilancia, MUFACE y, consiguientemente, ASISA tenían la obligación de garantizar el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud a través de las prestaciones asistenciales directas, y todo ello, al margen de las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y la manera de abordar la epidemia tantas veces citada y en donde se contextualizó el servicio prestado a la persona asegurada por MUFACE por la entidad ahora parte recurrente.

    " La regulación relativa al estado de alarma no modificó ni suspendió las obligaciones que tenía ASISA, sino que, con la regulación contenida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y su desarrollo, se reforzaron los deberes de colaboración impuestos legalmente en supuestos de epidemias y catástrofes.

    11. En consecuencia, y a efectos del artículo 93.1 de la LJCA, declaramos que la asistencia sanitaria a un titular o beneficiario de ISFAS por contagio de Covid-19 es ajena a una actuación o prestación de "salud pública" del artículo 11.2.a) de la Ley de Cohesión, aun cuando la afección a la salud del titular o beneficiario por razón de esa infección se haya producido en el contexto de la pandemia; y como consecuencia, esa asistencia sanitaria queda comprendida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, luego no en la excepción prevista en la disposición adicional cuarta.1, párrafo segundo, de la Ley de Cohesión..".

    CUARTO.- La aplicación al caso

    Al igual que en esas dos ocasiones, lo expuesto en el anterior fundamento de Derecho lleva a que estimemos el recurso de casación, casemos y anulemos la sentencia impugnada. Y entrando a resolver las cuestiones y pretensiones deducidas por ASISA S.A. en la instancia, habrá que estar al Concierto entre ISFAS y las entidades aseguradoras y al hecho de que la asistencia prestada a don Millán, entre el 14 y el 18 de febrero de 2021 en el Hospital Universitario de Guadalajara, no puede quedar excluida del citado Concierto.

    A partir de esta premisa decae la invocación de la Orden SND/232/2020 porque lo dispuesto en su punto Octavo es ajeno al caso, y esto último se predica también del régimen del Fondo Covid-19. Este Fondo era una medida extraordinaria por la que el Estado ayudaba a financiar el incremento del gasto sanitario de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas como consecuencia de la pandemia y del incremento de casos que debía atender. No se advierte que su fin fuese modificar el régimen especial de la Seguridad Social, en este caso del personal de las Fuerzas Armadas.

    Además, la asistencia prestada a don Millán no fue por una orden, previsión o por la aplicación de una medida general de salud pública dirigida a toda la población, integrable en ese concepto --no se olvide-- normativo de "salud pública", sino por el caso concreto del paciente: por una urgencia vital al no poder ser atendido adecuadamente en un centro médico de ASISA.

    De esta manera, no encaja en el caso la idea de que se estuviese ante un ingreso propio de una acción de "alerta epidemiológica y respuesta rápida ante emergencias en salud pública" [ artículo 11.2.a) de la Ley de Cohesión]; y siguiendo a la disposición adicional cuarta.1, párrafo segundo, de la citada ley, tampoco se trató de una actuación de "vigilancia epidemiológica" por centrarnos en el primer inciso.

    QUINTO.- Costas

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.3 de la LJCA, en relación con el artículo 93.4 de la LJCA, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes. No se hace imposición de las costas en la instancia por presentar la cuestión debatida razonables dudas de Derecho ( artículo 93.4 en relación con el artículo 139.1 de la LJCA).

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

    1º.- ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia de 18 de octubre de 2022, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo n.º 615/2021, sentencia que se casa y anula.

    2.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU (ASISA) contra la resolución de 7 de octubre de 2021 de la Subsecretaria de Defensa, dictada por delegación de la Ministra, que desestimó del recurso de alzada formulado contra a la resolución del Secretario General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) de 20 de abril de 2021.

    3.- En cuanto a las costas, estar a lo declarado en el último fundamento de Derecho.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.


  • Vulneración de libertad sindical y justificación del crédito horario. Doctrina: no constituye lesión de la libertad sindical que la empresa requiera una genérica justificación del fin a que se ha aplicado el crédito horario (asamblea, reunión, formación, congreso, etc.), dejando de abonar el salario del tiempo que queda sin justificar, aunque sin adoptar medida sancionadora ni impedir su disfrute. Fallo: de acuerdo con Ministerio Fiscal, estima recurso empresarial frente a STSJ Galicia, siendo referencial otra del mismo Tribunal (asunto idéntico). - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 903/2024 - Num. Proc.: 472/2021 - Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO (TOL10.075.605)

    UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 472/2021

    Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano

    TRIBUNAL SUPREMO

    Sala de lo Social

    Sentencia núm. 903/2024

    Excmos. Sres. y Excma. Sra.

    D. Antonio V. Sempere Navarro

    D. Ángel Blasco Pellicer

    D.ª María Luz García Paredes

    D. Juan Molins García-Atance

    En Madrid, a 11 de junio de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la mercantil Contactnova, S.L., representada y defendida por el Letrado Sr. del Río Balado, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 7 de diciembre, en el recurso de suplicación nº 3405/2020, interpuesto frente a la sentencia nº 141/2020 de 23 de junio, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, en los autos nº 287/2020, seguidos a instancia de Dª Enriqueta contra dicha recurrente y el Ministerio Fiscal, sobre Tutela de Derechos Fundamentales.

    Ha comparecido en concepto de recurrida Dª Enriqueta, representada y defendida por la Letrada Sra. Pereira Porto.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro.

    PRIMERO.- Con fecha 23 de junio de 2020, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Ourense, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que desestimando la demanda interpuesta por Dº Enriqueta frente a Contactnova S.L. debo absolver de los pedimentos deducidos en su contra".

    Los hechos probados a tener en cuenta para resolución del presente recurso son los formulados como tales por la sentencia del Juzgado, que se reproducen acto seguido:

    "PRIMERO.- La demandante es delegada de personal en la empresa demandada por el sindicato CIG.

    SEGUNDO.- Hasta octubre de 2019 los créditos sindicales se solicitaban y no se justificaban de ninguna forma. En fecha de 8-10-19 la empresa remite un comunicado interno cuyo contenido consta en autos y que se da por reproducido.

    TERCERO.- En fecha de 14-1-20 la Inspección de Trabajo remite un oficio a la Secretaria de Organización y Asesoría Jurídica de CIG cuyo contenido consta en autos y que se da por reproducido.

    CUARTO.- La demandante desde octubre 2019 a marzo 2010 comunicó 70,50 horas de crédito horario justificadas conforme consta en autos y que se da por reproducido, y no se le han abonado pero no se le ha denegado ninguna hora.

    QUINTO.- Marino y Julia han justificado las horas solicitadas conforme consta en autos y que se da por reproducido y se le han abonado"

    SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó sentencia con fecha 7 de diciembre de 2020, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que, estimando el recurso de suplicación presentada por Dª Enriqueta contra la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veinte, del Juzgado de lo Social número tres de Orense, en los autos seguidos con el número 287/20, sobre TUTELA DERECHOS FUNDAMENTALES, la revocamos; y estimando la demanda rectora, declaramos la existencia de vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical de la demandante la nulidad de la decisión de CONTACTNOVA S.L de no abonar a la actora el crédito horario comunicado desde octubre de 2019, conducta en la que debe cesar, con condena a la demandada a abonar a la demandante la cantidad de 438,51 por las horas no abonadas desde el 16-10-2019 al 10-3-2010, así como a las que hubiera utilizado la actora desde entonces hasta la fecha de esta sentencia, cantidades que se incrementarán con el 10% de interés anual por mora en el pago, así como al abono de 6.250 € por daño moral derivado de la lesión del derecho fundamental señalado".

    TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, el Letrado Sr. del Río Balado, en representación de la mercantil Contactnova, S.L., mediante escrito de 29 de enero de 2021, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 4 de diciembre de 2020 (rec. 3408/2020). SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 182.1.d) e 183 LRJS en relación con el art. 28 CE, arts. 37.3 y 68.e) ET.

    CUARTO.- Por providencia de esta Sala se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

    QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso.

    SEXTO.- Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 11 de junio actual, en cuya fecha tuvo lugar.


    PRIMERO.- Antecedentes y términos del debate.

    En el ámbito de un procedimiento de tutela de derechos fundamentales se discute si vulnera la libertad sindical la empresa que exige justificar (de forma genérica) el uso del tiempo conocido como "crédito horario" o "crédito sindical" , no remunerando esas horas en caso contrario.

    1. Trasfondo fáctico.

    Reproducidos más arriba los hechos probados, la adecuada comprensión del problema y de nuestra respuesta requiere que destaquemos algunos aspectos, por lo demás pacíficos, del caso:

    A) La actora es delegada de personal en su empresa (Contactnova SL) por el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG).

    B) Hasta octubre de 2019 los créditos sindicales se solicitaban y no se justificaban de ninguna forma. En esa fecha la empresa emite un comunicado poniendo de relieve la necesidad de indicar genéricamente el tipo de actividad que va a asignarse el tiempo interesado (asamblea, congreso, reunión, etc.)

    C) En el periodo de octubre de 2019 a marzo de 2020 la demandante ha comunicado el desempeño de tareas sindicales durante 70 horas y media.

    D) La empresa no ha abonado el salario correspondiente a tales horas, por considerar que se trata de ausencias sin justificar.

    2. Sentencias dictadas en el procedimiento.

    A) Mediante su sentencia 141/2020 de 23 de junio el Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense desestima la demanda, que había interesado el abono de los salarios correspondientes a las horas de actividad sindical (438,51 euros) y una indemnización por vulneración de la libertad sindical (de 6.251 €).

    En primer término, aclara que la demandante es titular del derecho de libertad sindical, aunque el crédito horario en litigio derive de su condición de representante unitaria

    En segundo lugar, descarta que la justificación de los permisos exigidas por la empresa sea desproporcionada pues se limita a pedir una indicación genérica de la finalidad a que se destina el tiempo del crédito consumido en cada ocasión (reunión, curso, asamblea, formación, etc.), tal y como están haciendo "sus otros compañeros".

    La sentencia considera que la buena fe contractual que las partes del contrato de trabajo se deben permite a la empresa exigir esa mínima justificación y a la trabajadora le obliga a cumplir con ella. Subraya que la empresa nunca ha denegado la utilización del crédito y que es de lógica que no se abonen las horas en cuestión hasta que se justifiquen de forma objetiva y razonable. En suma, "no hay ninguna vulneración de derechos".

    B) La STSJ Galicia de 7 de diciembre de 2020 (rec. 3405/2020) revoca la de instancia para declarar la existencia de vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, y la nulidad de la decisión de la empresa Contactnova SL de no abonar a la actora el crédito horario comunicado desde octubre de 2019, con condena a pagar 438,51 por las horas no abonadas, así como las que hubiera utilizado la actora desde entonces hasta la fecha de la sentencia incrementadas en un 10% de interés por mora, y 6.250 euros por daño moral.

    Argumenta que la exigencia de concretar el tipo de actividad como "reunión, asamblea, curso de formación, etc", ponderando el beneficio/riesgo para la libertad sindical, no resulta razonable, por lo que la falta de pago constituye una vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de actividad sindical. Así concluye tras repasar ampliamente la doctrina de esta Sala Cuarta y afirmar que nada añade la genérica justificación pedida.

    Tras sistematizar la jurisprudencia sobre la indemnización en supuestos de vulneración del derecho a la libertad sindical añade que el perjuicio moral debe cuantificarse en la cuantía solicitada (6.250 euros), equivalente al importe de la sanción en grado mínimo por falta muy grave del art. 8.12 LISOS.

    3. Recurso de casación unificadora y escritos concordantes

    A) Disconforme con la solución acogida por la sentencia de segundo grado, la empresa ha formalizado su recurso de casación para la unificación de doctrina. Sostiene que no puede considerarse vulnerado el derecho a la libertad sindical, por el hecho de exija justificación del uso de las horas sindicales, aunque sea genérica.

    B) Mediante escrito fechado el 22 de noviembre de 2021 el Abogado y representante de la trabajadora ha impugnado el recurso. Opone dos objeciones formales: que la sentencia referencial no era firme al momento en que se preparó el recurso de casación unificadora y que no existe contradicción.

    Respecto del tema de fondo considera que la doctrina acertada es la de la sentencia recurrida, en línea con la de la Audiencia Nacional, dado que ninguna utilidad reporta a la empresa el que la trabajadora indique genéricamente a qué dedica su tiempo de crédito horario, defendiéndose en todo caso mejor de ese modo la libertad sindical.

    C) Con fecha 27 de enero de 2022 el representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta ha emitido el Informe contemplado en el art. 226.3 LRJS. Considera concurrente la contradicción de las sentencias comparadas y acertada la doctrina de la referencial.

    4. Principales preceptos aplicables

    Para una más ágil exposición de nuestro razonamiento, así como para facilitar su comprensión, interesa recordar los principales preceptos que han sido invocados por el recurso.

    A) Constitución

    El artículo 28.2 CE recoge el alcance de la libertad sindical desde múltiples vertientes, proclamando que Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

    B) Convenio 135 de la OIT

    En el BOE de 4 de julio de 1974 se publicó el Instrumento de Ratificación del Convenio número 135 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la Empresa.

    Conforme a su artículo 2º Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la Empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones (apartado 1), aunque La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la Empresa interesada (apartado 3).

    La Recomendación nº 143 OIT precisa también que "a fin de que los representantes de los trabajadores puedan desempeñar eficazmente sus funciones" deberían disfrutar del tiempo libre necesario no sólo para el desempeño de labores que respondan stricto sensu a la idea de representación de los trabajadores en cuyo nombre actúan, sino también para "asistir a reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales", procurando que ello sea "sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales".

    C) Estatuto de los Trabajadores

    El artículo 37 ET disciplina el descanso semanal, las fiesto y los permisos. En relación a estos, el apartado 3.e) dispone lo siguiente:

    3. La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

    e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.

    Por otro lado, conforme al artículo 68.e) ET Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios colectivos, las siguientes garantías: Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala [...]

    D) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

    En el ámbito de la modalidad procesal de tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales, el art. 183.1 LRJS prescribe que Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados.

    SEGUNDO.- Análisis de la contradicción.

    Por constituir un presupuesto procesal de orden público, controlable incluso de oficio, además de haberse cuestionado en la impugnación, debemos comenzar abordando la concurrencia de la preceptiva contradicción entre las resoluciones opuestas.

    1. La contradicción entre sentencias.

    El artículo 219 LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

    Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

    2. Sentencia referencial.

    A efectos comparativos el recurso invoca la STSJ Galicia de 4 de diciembre de 2020 (Rec. 3408/2020), que confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda presentada por la delegada de personal de la empresa Contactnova SL-Callcenter Sergas 2018, en que entendía vulnerado el derecho a la libertad sindical por el hecho de no abonar la empresa (la misma que ahora recurre) dichas horas por entender que no se habían justificado las mismas.

    La actora es delegada de la empresa y entre los hechos probados se da cuenta del cambio operado a partir de octubre de 2019, así como de que la empresa abonó las horas la actora cuando, a su petición, la trabajadora incorporó una justificación (reuniones convocadas en el sindicato, reunión con la empresa, asamblea, formación), pero no si solamente indicaba "para tareas sindicales".

    Recuerda la necesidad de preavisar y justificar el uso de las horas sindicales, sin que se exija previa autorización del empresario, por lo que la justificación exigida -referencia genérica de la tarea sindical realizada- no es excesiva ni vulnera el derecho a la libertad sindical, dado que sólo es reflejo de las exigencias del art. 37.3 e) ET. La exigencia no ha sido sorpresiva, sino que pasada una etapa de permisividad, la empresa comunica la necesidad de justificar el crédito horario de los representantes para su cobro, lo que es coherente con la finalidad buscada por el derecho, además de que el crédito sindical es una garantía que se ha configurado legalmente como un permiso retribuido, que exige aviso y justificación.

    3. Contradicción concurrente

    A) Por lo pronto, debemos salvar la objeción de la impugnante sobre inhabilidad de la sentencia contrastada porque no era firme en el momento de prepararse el recurso de casación unificadora (4 enero 2021) sino con posterioridad (7 enero 2021).

    Basta recordar al efecto que, conforme al art. 224.3 LRJS Sólo podrá invocarse una sentencia por cada punto de contradicción, que deberá elegirse necesariamente de entre las designadas en el escrito de preparación y ser firme en el momento de la finalización del plazo de interposición. No cabe duda, por tanto, de que este requisito (en el que insiste el art. 224.4 LRJS) está cumplido.

    B) Tampoco merece favorable acogida el cuestionamiento que de la esencial homogeneidad fáctica lleva a cabo la impugnación. Que se haya aportado un Informe de la Inspección de Trabajo y que su contenido se considere favorable a la pretensión de la trabajadora no constituye disparidad fáctica relevante puesto que resulta ajeno a la dinámica de la relación laboral y ahora no estamos en el terreno de las infracciones y sanciones administrativas. Además, el parecer jurídico de este Cuerpo funcionarial (por lo demás valioso) no vincula a los órganos jurisdiccionales.

    C) De conformidad con el Ministerio Fiscal, consideramos concurrente la contradicción. Se trata de delegados de personal de la misma empresa que hasta octubre de 2019 disfrutaban del crédito horario sindical sin necesidad de justificación, exigiendo la empresa a partir de dicha fecha una justificación genérica (cursos, reuniones, etc.). Las demandas entienden vulnerado el derecho a la libertad sindical por el hecho de que la empresa, para abonar las horas, obliga a justificar el uso del crédito horario

    Las sentencias reconocen que para disfrutar del crédito horario, se debe preavisar y justificar, realizando ambas sentencias una larga disertación sobre el crédito horario. Sin embargo, las soluciones son contradictorias. La recurrida considera que la empresa no puede exigir, ni siquiera de forma genérica, que se justifique el uso de las horas sindicales puesto que ello supondría una injerencia en el derecho a la libertad sindical. La comparada entiende que no se vulnera el derecho fundamental, puesto que al tratarse de un permiso, se exige aviso y justificación, y la justificación exigida por la empresa es tan genérica que no vulnera dicho derecho.

    D) La observación de la impugnante sobre que en el caso referencial la trabajadora había aportado justificación choca con el dato incontestable de que se está resolviendo un procedimiento iniciado por demanda de la trabajadora. Y, sobre todo, en el relato fáctico se explica cómo la empresa abona las horas cuando la trabajadora (afiliada al sindicato CCOO) justifica genéricamente el motivo del permiso, peor no si se limita a indicar "tareas sindicales".

    E) Las SSTS 1145/2023 de 12 diciembre (rcud. 1018/2021) y 38/2024 de 10 enero (rcud. 1131/2021) han abordado asuntos idénticos al presente, aunque en tales casos la sentencia de suplicación recurrida albergaba la misma doctrina que la aquí referencial; lógicamente, quienes recurrían eran trabajadoras (afiliadas a CIG o a CCOO). Sin embargo, a nuestros efectos, no puede invocarse doctrina útil alguna de ellas toda vez que los recursos (similares) han sido desestimados por razones procesales. Recordemos lo expuesto entonces:

    El escrito de recurso contiene una genérica referencia a las distintas sentencias que relacionaba, sin detenerse en el concreto análisis de la contradicción de forma singularizada. No ofrece un examen de los hechos de las sentencias que deben compararse, del objeto de las pretensiones y de sus fundamentos. Ciertamente esa operación no requiere que sea detallada, pero sí suficiente para fijar el alcance nuclear de los términos en los que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos de las resoluciones, tal y como perfila la doctrina transcrita

    La alegación de que los hechos declarados que constan en las sentencias contrastadas resultan coincidentes y que en todos los casos se trata de personas que ostentan la condición legal de representantes del personal, que hacen uso del crédito horario reconocido, es claramente insuficiente para entender cumplimentado el requisito del art. 224.1 a) de la LRJS .

    TERCERO.- Doctrina relevante

    Con alguna aproximación reciente, la doctrina sobre condiciones para utilización del llamado crédito horario (o "sindical") en favor de quienes representan a los trabajadores fue establecida por un abundante número de sentencias dictadas en los últimos lustros del pasado siglo. No habiendo existido cambios normativos (ni jurisprudenciales) relevantes respecto de lo que ahora interesa (requisitos generales para poder disfrutar del derecho contemplado en el artículo 68.e ET y preceptos concordantes), interesa recordar algunas premisas de ese acervo.

    1. Doctrina constitucional

    Aunque no encontramos un supuesto parangonable con el presente, en la doctrina constitucional sí hallamos tendencias o apreciaciones de interés para nuestro caso. Veamos alguna de ellas.

    A) El derecho a la libertad sindical constitucionalmente consagrado comprende no sólo el derecho de los trabajadores de organizarse sindicalmente, sino además el derecho de los sindicatos de ejercer aquellas actividades que permiten la defensa y protección de los propios trabajadores, de lo que se sigue que para el eficaz ejercicio de sus funciones, los representantes sindicales han de disfrutar de una serie de garantías y facilidades, que de algún modo se incorporan al contenido esencial del derecho de libertad sindical, siendo una de ellas, precisamente la que aquí se cuestiona, la prevista en el art. 68.e) ET ( STC 40/1985 de 18 abril).

    B) La del crédito horario es una de las garantías integradoras de uno de los núcleos fundamentales de la protección de la acción sindical, residenciada en los representantes sindicales y que tiene la finalidad de otorgarles una protección específica en atención a la compleja posición jurídica que los mismos asumen frente a los empresarios, y de ello será consecuencia que la privación del sistema de protección de que se trata podrá entrañar la violación del derecho de libertad sindical ( STC 40/1985 de 18 abril).

    C) No existiendo indicios de utilización fraudulenta de los permisos retribuidos, rige "la presunción [...] del uso correcto de las funciones representativas, excluyendo por tanto toda injerencia empresarial dirigida a controlar la utilización del crédito horario" ( ATC 219/1999, de 17 Septiembre).

    D) El artículo 28.1 CE integra, junto a su núcleo mínimo e indisponible, derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o convenios colectivos, de modo que los actos contrarios a ese contenido adicional también son susceptibles de infringir dicho artículo 28.1 CE ( STC 269/2000, de 13 noviembre)

    2. Doctrina de la Sala

    Seguimos aquí la doctrina de las SSTS 8 julio 1982 ( ECLI:ES:TS:1982:1554); 7 (2) mayo 1986 ( ECLI:ES:TS:1986:2273 y ECLI:ES:TS:1986:12886); 14 (2) abril 1987 ( ECLI:ES:TS:1987:2669 y ECLI:ES:TS:1987:12019); 2 julio 1987 ( ECLI:ES:TS:1987:4662); 23 octubre 1989 ( ECLI:ES:TS:1989:5674): 2 noviembre 1989 ( ECLI:ES:TS:1989:5988); 12 febrero 1990 ( ECLI:ES:TS:1990:17111); 30 junio 2011 (rcud. 3511/2010); 29 abril 2014 (rec. 197/2013); 15 julio 2014 (rec. 236/2013); 23 marzo 2015 (Pleno; rec. 49/2014); 734/2016 de 18 mayo (rec. 37/2015), así como de las en ellas citadas.

    A) Finalidad principal

    El crédito horario se halla legalmente configurado como garantía del representante, obediente a facilitarle su función de defensa de los intereses de los trabajadores.

    En los permisos propiamente dichos el interés a satisfacer es individual y se dirige a necesidades que sólo al trabajador incumbe determinar, en tanto que el crédito horario atiende a intereses colectivos y se concreta en funciones de representación de tales intereses.

    En este derecho de representación el titular natural del mismo es el colectivo obrero a quien de modo principal está ordenada la actividad representativa de los miembros del comité de empresa y delegados de persona], colectivo a quien el art. 67.3 ET reconoce facultades revocatorias.

    El representante unitario y afiliado a un sindicato está legitimado para instar la protección de su derecho al crédito horario a través de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales.

    B) Coordenadas generales para su disfrute

    A la vista de las previsiones contenidas en los artículos 37.3 y 68.e) ET, atenida la naturaleza y finalidad de este singular permiso cabe extraer alguna consecuencia de interés a nuestros efectos:

    * Corresponde al titular del derecho la libre disponibilidad de tal crédito, lo que supone sea de su elección tanto el momento adecuado para su utilización -lo que no excluye normalmente la exigencia de preaviso- cuanto la clase de actividad a realizar durante aquélla, siempre, naturalmente, que la misma fuera propia de la función representativa.

    * Las previsiones del Convenio 135 OIT (y de la Recomendación 143) abocan a reconocer una elevada autonomía a la hora de utilizar, debiendo censurarse la prácticas o los pactos que no lo hagan.

    * Los titulares del crédito tienen derecho a desempeñar sus funciones sin ser sometidos a vigilancia singular ( art. 2.2. LLS, art 28 CE, Convenio 135 OIT) por lo que las pruebas obtenidas por la empresa con desconocimiento del derecho reconocido de no ser sometidos a vigilancia singular han de tenerse por no aportadas.

    * Del contexto de ambos preceptos se deduce que ese tiempo para el desarrollo de sus funciones está sujeto al cumplimiento de dos requisitos: aviso previo y justificación posterior.

    * El ejercicio del crédito horario requiere preaviso y justificación, determinados por la necesidad de organizar el proceso productivo y de prevenir el uso abusivo del crédito, siquiera su exigencia -atendidos los intereses colectivos en juego- está muy relativizada por la doctrina y la jurisprudencia.

    C) Alcance de las funciones representativas

    Dada la finalidad de las horas contempladas como de crédito ara funciones representativas, hay que contemplar con suma flexibilidad los supuestos a que se hayan dedicado:

    * La significación de las funciones de los miembros del Comité de Empresa debe ser especialmente valorada al encontrarse, como afirma la doctrina científica, en una posición de delicadeza suma.

    * La actividad que han de desplegar estos representantes y delegados de los trabajadores ha de ser entendida en el sentido amplio, al ser funciones con un muy extenso abanico de posibilidades y realizaciones que pueden ser cumplidas en lugares diversos

    * La actividad en orden a las funciones de representación es multiforme y puede, y a veces tiene, que realizarse en bares, reuniones informales con los compañeros, etcétera, sin que pueda exigirse un cómputo escrupuloso en el tiempo empleado, el cual ha de ser flexible y ha de preservarse la independencia del representante.

    D) Presunción de uso correcto

    Debe entenderse que si la concesión del crédito horario se legitima en virtud del mandato legal que lo implanta, asiste a los representantes de los trabajadores una presunción juris tantum de probidad en su empleo; sin perjuicio, claro es, de la prueba en contrario, que acarrearía la pertinente consecuencia sancionadora.

    De este modo, por ejemplo, que las reuniones formales a las que asistió el recurrente tuvieran duración muy inferior al crédito consumido no permite deducir que el tiempo restante fuera utilizado para finalidades ajenas a la función representativa, máxime teniendo en cuenta la presunción de probidad.

    E) No está sujeto a autorización previa o a requisitos impuestos por la empresa

    No cabe someter el momento de utilización del crédito horario a previa autorización del empresario, como tampoco incumbe a éste injerirse en la actividad proyectada por el representante, dado que la exigencia de un requisito habilitante en uno u otro sentido no sería conciliable con la libertad sindical.

    De este modo, por ejemplo, al disponer que el crédito horario sea disfrutado por periodos mínimos coincidentes con la jornada diaria del representante, contraviniendo así la libre disponibilidad reconocida en el precepto estatutario, al imponer el período mínimo de una jornada diaria del representante, aunque en determinados supuestos solamente resulte necesaria una porción de la jornada.

    F) Alcance de la justificación

    Debe diferenciarse entre justificación formal, que se logra aportando alguna prueba que acredite dónde se ha estado al faltar del trabajo, y justificación material, que sólo podrá apreciarse cuando la permanencia acreditada en otro lugar sea objetivamente razonable, normal.

    Si la Empresa exigiese un conocimiento pormenorizado de la mentada reunión sindical, tal conducta entrañaría un atentado a los Convenios 87 y 98 de la OIT, también ratificados por España.

    Menos aún puede fiscalizarse el contenido de las actividades que de serlo perderían su indispensable independencia y libertad en el ejercicio de su función representativa que en muy buena parte pueden y deben vigilar y controlar, si lo desean, los propios compañeros que son precisamente los representados

    El uso del crédito no puede someterse por parte de la empresa a un control rígido que amenazaría la independencia del representante, quien debe tener iniciativa y libertad de desarrollo en su cometido.

    G) Posible sanción del abuso

    Un uso indebido del crédito horario, por atentar al interés de los representados y quebrantar los postulados de buena fe y de lealtad recíprocamente exigibles en la relación laboral, constituiría ilícito laboral sancionable; de ahí el deber de justificación.

    Pero sólo se justificará el despido en supuestos excepcionales en los que el empleo en propio provecho del crédito horario sea manifiesto y habitual, es decir, con una conducta sostenida que ponga en peligro el derecho legítimo de la empresa a que los representantes formen cuerpo coherente con los representados y que esta conducta esté acreditada con pruebas que no hayan empleado una vigilancia que atente a la libertad de su función.

    El presunto incumplimiento, en todo o en parte, de las funciones propias de la representación de los trabajadores durante el uso del crédito horario, detectada incluso por la petición previa del mismo y la posterior justificación inexacta aportada, no constituye por sí solo una trasgresión de la buena fe contractual que pueda justificar despido, puesto que la presunción de que las horas solicitadas para el ejercicio de las tareas representativas son empleadas correctamente conduce a interpretar de modo restrictivo la facultad disciplinaria del empresario.

    CUARTO.- Solicitud empresarial de justificación genérica sobre uso del crédito sindical.

    Sobre las premisas anteriores referentes a los términos del debate (Fundamento Primero) y de la contradictoria respuesta dada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Fundamento Segundo) vamos a afrontar ya la resolución del recurso a cuyo fin, como resulta obligado, debemos partir de la doctrina que hemos sentado en supuestos anteriores (Fundamento Tercero).

    1. Recapitulación doctrinal

    Como acabamos de ver, el crédito es un permiso retribuido (por la empresa) que no satisface tanto necesidades de tipo individual cuanto colectivo. Para su disfrute la persona titular goza de amplia autonomía (momento de ello, concreta finalidad), aunque eso no implica que desaparezca la necesidad de preaviso y justificación.

    La funcionalidad del crédito ha de contemplarse de manera sumamente flexible, existiendo una fuerte presunción de pertinencia o probidad, que solo desaparece en casos muy singulares.

    El control empresarial acerca de su disfrute no puede basarse en previas autorizaciones o exigencias pormenorizadas sobre la concreta actividad a que se aplique el permiso. Todo control rígido equivale a una vulneración de los derechos en presencia y el principal control debe venir de la mano de las propias personas representadas por quien disfruta del crédito.

    2. Precisiones sobre el supuesto debatido

    A) La libertad sindical está en juego.

    Como advierte el Fiscal, no se discute aquí si la garantía de disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, para el ejercicio de sus funciones de representación que se atribuye por el art. 68 ET a los representantes legales de los trabajadores forma parte integrante del derecho a la libertad sindical, pues la sentencia combatida así lo reconoce. La cuestión que se plantea consiste en dilucidar si el preaviso y la justificación del uso del crédito horario exigido por la empresa constituye una vulneración de los arts. 37 y 68 ET y, en consecuencia, de la libertad sindical de la recurrente.

    B) Indirecta impugnación de la decisión empresarial

    Lo que realmente plantea la demandante (al igual que ha sucedido en la sentencia de contraste y en los otros litigios de los que hemos dado cuenta ( SSTS 1145/2023 y 38/2024) es una impugnación de la decisión empresarial plasmada en el comunicado de 8 de octubre de 2019 y de su ulterior aplicación. En ese comunicado la empleadora manifiesta que quien disfrute horas del crédito sindical horario "deberá justificar en que se emplearán, sea o no dentro de la jornada de trabajo".

    C) Conducta empresarial denunciada como vulneradora de la libertad sindical.

    La empresa no considera suficiente la justificación cuando el trabajador se limita a reseñar que el crédito horario es "para el ejercicio de las funciones como delegado de personal al amparo del derecho de libertad sindical", pues entiende que dicho texto se limita a reiterar el contenido del derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que era preciso especificar la naturaleza de la actuación a desarrollar (reunión, curso de formación, etc).

    A diferencia de lo que acaece en la mayoría de los supuestos que han propiciado el surgimiento de nuestra doctrina sobre el tema, aquí no hay sanción. Lo que hace la empleadora es considerar las injustificadas como ausencias no generadoras de permiso remunerado y entender que no se ha devengado la remuneración correspondiente a ese tiempo.

    Tampoco estamos ante un veto u obstáculo frontal al desempeño de actividades sindicales durante las horas litigiosas pues lo sucedido es que las horas reclamadas por la accionante "no se le han abonado pero no se le ha denegado ninguna hora" (HP Cuarto).

    En resumen: cuando se aporta la justificación genérica pedida por la empresa (como han hecho otros trabajadores; HP Quinto) la empresa abona el permiso y sucede lo contario si la justificación dada para la ausencia es equivalente a la reiteración de la hipótesis legal ("funciones de representación").

    Esa, y no otra cuestión (el preaviso pedido con carácter general; la forma de remunerar las ausencias; una condición más beneficiosa de no justificar; una eventual discriminación entre las personas afectadas; las pesquisas empresariales para controlar el uso del crédito; etc.) es la que debemos solventar. Y además, desde la perspectiva propia de la modalidad procesal elegida: la de vulneración de la libertad sindical.

    D) Cognitio limitada por la modalidad procesal

    Como múltiples veces hemos advertido, si no existe la vulneración de derecho fundamental invocada o si lo que se produce es una infracción simple del ordenamiento jurídico sin relevancia en la protección constitucional del derecho fundamental invocado, la consecuencia de la limitación de conocimiento que rige en la modalidad procesal ( art. 178 LRJS y concordantes) será la desestimación de la demanda, sin perjuicio en su caso de la conservación de la acción para alegar la eventual existencia de una infracción de legalidad ordinaria en otro proceso.

    3. Ausencia de vulneración de la libertad sindical.

    Por las razones que seguidamente expondremos, y en función de cuanto antecede, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, consideramos acertada la doctrina sentada por la sentencia referencial. Repasemos los argumentos.

    A) El crédito horario está configurado como un permiso.

    La configuración normativa (Fundamento Primero.4) de la institución examinada sigue siendo la de un permiso remunerado por la empresa. No estamos ante una reducción de jornada (sin detrimento salarial) ni ante un derecho abstracto para ausentarse (manteniendo el salario) sino ante un supuesto en que la ley da prioridad a una tarea o atención diversa de la prestación laboral.

    De este modo, el desempeño de actividades diversas de la contractualmente comprometida mantiene una conexión con la empleadora: De entrada, el control razonable resulta del todo coherente con esa construcción. Por eso nuestra añeja doctrina sostuvo que el tiempo que haya de invertirse en desarrollo de la tareas subsumidas en el crédito debiera coincidir con el del trabajo real y efectivo por cuenta de la empresa a la que presta sus servicios la persona representante, de forma que precisamente por la naturaleza de los permisos retribuidos que tienen esas inasistencias al trabajo, tanto para su cómputo como su remuneración, se tomarán en consideración sólo aquellas que coincidan con el trabajo o deban imputarse a ese tiempo por razones organizativas (turnos, descansos, etc.).

    B) La norma exige justificación y la empresa la requiere de modo genérico

    La sentencia recurrida recalca que el tipo de control introducido por la empresa es tan genérico que carece de utilidad y que, por lo tanto, acaba siendo un obstáculo para la actividad sindical. No podemos asumir tal valoración.

    Salvo que se considere contrario a la libertad sindical cualquier tipo de control sobre el disfrute de estas horas de representación (lo que comportaría la necesidad de plantear una cuestión de constitucionalidad respecto de las previsiones del artículo 37.3.e ET), cierto tipo de acreditación ha de aceptarse como legítimo.

    No consideramos que deba considerarse atentatorio de la libertad sindical el tipo de justificación pedido en el caso cuando, precisamente, llama la atención su carácter genérico. La prescripción del artículo 2 del Convenio 135 OIT sobre otorgamiento de facilidades a los representantes de la plantilla no queda afectada por una exigencia como la aquí debatida. Si la Empresa exigiese un conocimiento pormenorizado de la actividad desarrollada a cargo de crédito, tal conducta sí que entrañaría un atentado a los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por España. Aquí estamos ante un caso del todo diverso.

    No consideramos que la justificación exigida -y en los términos en que se ha hecho, referencia genérica de la tarea sindical realizada- sea excesiva ni vulnere el derecho a la libertad sindical, dado que sólo es reflejo de las exigencias previstas en el propio artículo 37.3 ET. Se trata de exigencia válida para todos los supuestos de permisos, incluyendo otros que también comportan el ejercicio de derechos (o deberes) de alcance constitucional.

    Además, el uso indebido, en su caso, del crédito horario podría dar lugar a una conducta laboral sancionable (en hipótesis) o a una ausencia de retribución (que es lo acaecido); en este escenario es donde, precisamente, se incardina el deber de justificación exigido por el artículo 37.3 ET.

    C) La exigencia de justificación genérica no ha sido sorpresiva ni selectiva.

    La empresa no ha puesto en práctica un modo repentino o sorpresivo de exigir la justificación de las ausencias a causa del permiso contemplado en el artículo 37.3.b ET. El relato fáctico explica que, poniendo fin a una etapa de ausencia de justificación, la empleadora comunicó su decisión de pasar al sistema que nos ocupa (Fundamento Primero.1.B).

    No se está contrariando de ese modo la presunción de pertinencia del uso a que hemos aludido, sino activando la facultad patronal (por lo demás tenue) de llevar a cabo un control mínimo sobre el uso efectivo del crédito horario pues cabe vigilar el uso del crédito horario, siempre que no se incurra en discriminación o vulneración de la libertad sindical.

    D) La justificación ante la empresa no suplanta o socava el control que pueden llevar a cabo las personas representadas.

    Se mueven en planos distintos (la empleadora debe ajustarse a la dogmática contractual y al respeto de la libertad sindical; las personas representadas pueden inquirir libremente sobre el desempeño). La ausencia de justificación puede desencadenar consecuencias diversas (ausencia de remuneración; descontento con el mandato representativo). Por descontado, la censura abierta hacia una utilización indebida del crédito también activa reacciones variadas (sanción, incluso despido; ni inclusión en las siguientes listas, revocación, suspensión de militancia, etc.).

    Pero aquí no estamos ante una mala utilización, sino ante una fase muy anterior. Simplemente, se trata de que la trabajadora ha rehusado especificar la causa genérica por la que activaba un crédito horario de setenta horas y media.

    E) El tipo de justificación exigido no restringe la amplitud funcional que nuestra doctrina ha conferido al crédito horario.

    La levedad del tipo de justificación exigido nos reafirma en su respeto a la libertad sindical. No apreciamos en él, ni se ha argumentado o sugerido que exista, una restricción a las amplias posibilidades que nuestra doctrina le ha conferido. Desde luego, la solución que ahora acuñamos es válida en tanto persista la situación acreditada por el relato de hechos probados (por lo demás pacífico). Una injerencia mayor, un requerimiento de concreciones adicionales queda al margen del debate y, por tanto, de nuestro pronunciamiento.

    La sentencia referencial acierta cuando explica que la justificación pedida por la empresa resulta conciliable con la libertad sindical porque opera en el plano formal como exigencia de una indicación al empresario de la finalidad genérica a que se afecta el tiempo utilizado a efectos del control del total disponible, sin que sea preciso una prueba plena, a través de medios hábiles al efecto, de las concretas actividades realizadas en las horas utilizadas.

    F) La justificación desplegada no comporta intrusión o vigilancia indebida.

    No estamos ante un supuesto en que sea reprochable a la empresa el abuso de vigilancia que traba o impide el derecho del libre ejercicio del cargo representativo y que conduce forzosamente a negar valor a las pruebas obtenidas por la Empresa "con desconocimiento del derecho reconocido de no ser sometido a vigilancia singular".

    Tampoco apreciamos conducta adversa a las previsiones del Convenio número 135 de la OIT, sobre protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores de la Empresa, ratificado por España el 8 de noviembre de 1972).

    G) Hacemos nuestro el razonamiento del Ministerio Fiscal, que ha descartado la vulneración de la libertad sindical.

    Conforme al mismo, la justificación exigida podría constituir una limitación de derechos y una eventual injerencia del derecho fundamental a la libertad sindical en el caso de que se tratase de una justificación rigurosa y exhaustiva del uso del crédito horario sindical que, de algún modo, cercenase la libertad de la actora para ejercer sus funciones sindicales. El propio art. 37.3 ET no establece requisito adicional alguno acerca de la mayor o menor concreción que ha de contener la justificación exigida. Parece razonable entender que basta con indicar al empresario la finalidad genérica a la que se afecta el tiempo utilizado.

    Pero en el caso la exigencia de la empresa de que en la justificación del uso del crédito horario se especifique genéricamente la naturaleza de la actuación a desarrollar no resulta contraria al derecho a la libertad sindical de la recurrente. Tal exigencia ni le impide, ni le coarta el libre desarrollo de sus funciones representativas, tal y como evidencia el hecho de que la propia recurrente hubiera justificado genéricamente en otras ocasiones el uso de dicho crédito horario. Y responde a la finalidad pretendida por el legislador de evitar el uso ilícito de dicho crédito horario.

    H) Los límites de la modalidad procesal activada

    Interesa resaltar que no estamos ahora ante una revisión de sanción disciplinaria. Tampoco se reclama el abono de unos salarios dejados de percibir, sin más. Lo que se ha discutido es si existe vulneración de la libertad sindical; la respuesta negativa del Juzgado de lo Social ha sido censurada por la STSJ recurrida y nuestra estimación del recurso tiene que ver con las razones expuestas y, también, con las consecuencias de una sentencia desestimatoria de la vulneración reclamada ( artículo 182 LRJS).

    Inexistente la vulneración, como venimos exponiendo, cae por su propio peso tanto la reclamación de cantidad a ella asociada cuanto la indemnización por daño moral reclamada.

    QUINTO.- Resolución.

    1. Estimación del recurso

    Al contener doctrina errónea la sentencia recurrida, debemos resolver conforme a las previsiones legales para los casos de estimación del recurso. Procede, por tanto, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso de casación para la unificación de la doctrina y la consiguiente anulación de la sentencia recurrida.

    2. Unificación doctrinal.

    Cumpliendo la misión que constitucional y legalmente nos está reservada ( arts. 123 y 152.1 CE; art. 219 LRJS) debemos unificar las discrepantes doctrinas enfrentadas en el presente caso. Por las razones que hemos expuesto, en buena parte coincidentes con las de la sentencia referencial, ello nos aboca a considerar acertada la allí contenida.

    No constituye lesión de la libertad sindical que la empresa requiera una genérica justificación del fin a que se ha aplicado el crédito horario (asamblea, reunión, formación, congreso, etc.), dejando de abonar el salario del tiempo que queda sin justificar, aunque sin adoptar medida sancionadora ni impedir su disfrute.

    3. Pronunciamientos adicionales.

    A) El artículo 228.2 LRJS comienza disponiendo que si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada. En nuestro caso, eso significa que el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora debe desestimarse.

    De este modo, quedará firme la sentencia 141/2020 de 23 de junio el Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, desestimando la demanda, que había interesado el abono de los salarios correspondientes a las horas de actividad sindical (438,51 euros) y una indemnización por vulneración de la libertad sindical (de 6.251 €).

    B) También prescribe el artículo 228.2 LRJS que en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se resolverá lo que proceda sobre consignaciones, aseguramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, derivados del recurso de suplicación de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido depósito para recurrir, se acordará la devolución de su importe.

    De este modo, han de reintegrarse a la empresa el depósito realizado para recurrir así como la consignación o cautelas que hubiera constituido al efecto.

    C) La desestimación del recurso de suplicación no comporta imposición de costas, habida cuenta de la identidad de la parte vencida en el mismo ( artículo 235.1 LRJS).

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

    :

    1º) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la mercantil Contactnova, S.L., representada y defendida por el Letrado Sr. del Río Balado.

    2º) Casar y anular la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 7 de diciembre de 2020.

    3º) Resolviendo el debate suscitado en suplicación, desestimar el recurso de tal índole (rec. nº 3405/2020) interpuesto por la demandante.

    4º) Declarar firme la sentencia nº 141/2020 de 23 de junio, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Ourense, en los autos nº 287/2020, seguidos a instancia de Dª Enriqueta contra dicha recurrente y el Ministerio Fiscal, sobre Tutela de Derechos Fundamentales.

    5º) No adoptar decisión especial en materia de costas procesales como consecuencia de los recursos que ahora resolvemos, debiendo asumir cada parte las causadas a su instancia.

    6º) Acordar la devolución a la empresa del depósito constituido para recurrir, así como de las consignaciones o cautelas prestadas al efecto.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.


  • Revisión de todas las puntuaciones indebidamente atribuidas en un proceso selectivo que se adopta una vez que aquel ya ha concluido: debe hacerse mediante el procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Cuarta - Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 896/2024 - Num. Proc.: 1615/2022 - Ponente: Luis María Díez-Picazo Giménez (TOL10.038.692)

    T R I B U N A L S U P R E M O

    Sala de lo Contencioso-Administrativo

    Sección Cuarta

    Sentencia núm. 896/2024

    Fecha de sentencia: 23/05/2024

    Tipo de procedimiento: R. CASACION

    Número del procedimiento: 1615/2022

    Fallo/Acuerdo:

    Fecha de Votación y Fallo: 21/05/2024

    Ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez

    Procedencia: T.S.J. CANARIAS SALA CON/AD

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina López

    Transcrito por:

    Nota:

    R. CASACION núm.: 1615/2022

    Ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina López

    TRIBUNAL SUPREMO

    Sala de lo Contencioso-Administrativo

    Sección Cuarta

    Sentencia núm. 896/2024

    Excmos. Sres. y Excma. Sra.

    D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente

    D. Luis María Díez-Picazo Giménez

    D.ª María del Pilar Teso Gamella

    D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo

    D. José Luis Requero Ibáñez

    En Madrid, a 23 de mayo de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 1615/2022, promovido por la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS ( CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTE), representada y defendida por Letrado de sus Servicios Jurídicos en virtud de la representación que legalmente ostenta, contra la sentencia nº 375/2021, de 4 de noviembre, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Santa Cruz de Tenerife), procedimiento ordinario nº 67/2020.

    Siendo parte recurrida DOÑA Felicisima representada por la procuradora de los tribunales doña Inés Tascón Herrero y defendida por el letrado don Enrique Orozco Muñoz.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.

    PRIMERO.- El presente recurso de casación tiene por objeto la sentencia pronunciada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con Sede en Santa Cruz de Tenerife de 4 de noviembre de 2021, que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por doña Felicisima, contra la Orden de 5 de febrero de 2020 de la Dirección General de Personal por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la resolución de 26 de octubre de 2018 y contra la Orden de 21 de febrero de 2020 de la Consejería de Educación por la que se aprueba el expediente de los procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria correspondientes a las ofertas de empleo público de 2018.

    La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal:

    "[...] FALLO

    Por lo expuesto la Sala ha acordado:

    1 Estimar el recurso y anular la actuación administrativa impugnada con los efectos legales inherentes a este pronunciamiento.

    2 Con imposición de costas a la Administración demandada. [...]".

    SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de la representación que legalmente ostenta, presentó escrito preparando el recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con Sede en Santa Cruz de Tenerife tuvo por preparado, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

    TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por diligencia de ordenación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se tuvo por personados y partes en concepto de recurrente a la Comunidad Autónoma de Canarias y como recurrida a doña Felicisima.

    CUARTO.- Por auto de 9 de febrero de 2023, la Sección Primera de esta Sala acordó:

    "[...] 1º) Admitir a trámite el presente recurso de casación preparado por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, contra la Sentencia n º 37512021, de 4-11-2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Felicisima contra la Orden de la Dirección General de Personal por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la resolución sobre aprobación de listas de aspirantes seleccionados en procesos de ingreso a cuerpos docentes convocados y la Orden de la Consejería de Educación por la que se aprueba el expediente de los procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria correspondientes a la oferta de empleo público de 2018.

    2º) Precisar que las cuestiones en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, es que se determine si es ajustada a derecho la revisión, como consecuencia de la estimación de un recurso administrativo, de las puntuaciones obtenidas por todos los aspirantes distintos al recurrente, en garantía del principio de igualdad de trato, y sin necesidad acudir al procedimiento de revisión de oficio cuando aún no se dictado un acto firme en el seno del propio procedimiento selectivo.

    3º) Identificar como preceptos que, en principio, serán objeto de interpretación, los artículos 106 y 119 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA. [...]".

    QUINTO.- Teniendo por admitido el recurso de casación, por esta Sala se emplazó a la parte recurrente para que, en treinta días, formalizara escrito de interposición, lo que realizó, suplicando:

    "[...] esta parte recurrente solicita respetuosamente a la Sala:

    1º).- Que con estimación del presente recurso de casación se anule la sentencia impugnada, con imposición de costas del recurso a la parte recurrida.

    2º).- Que como consecuencia de la estimación del recurso de casación y la consiguiente anulación de la sentencia impugnada, el Tribunal Supremo se sitúe en la posición procesal propia del Tribunal de instancia, y entre al examen del fondo del asunto, procediendo a la resolución del litigio en los términos en que quedó planteado el debate procesal en las instancia y en consecuencia se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos que fije como criterio interpretativo que:

    - "En dicho proceso selectivo, no era necesario acudir a la revisión de oficio, pues no se había dictado un acto firme y declarativo de derechos y la resolución de la Comisión de Selección por la que se había baremado de forma errónea los servicios prestados en servicios centrales y administrativos como experiencia docente previa, era susceptible de ser corregida en el seno del propio procedimiento selectivo, a través del recurso administrativo procedente, respetando la garantía de audiencia a los interesados. Sin que ello, produzca vulneración el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, como así se hizo por la Administración y revisando por lo tanto las puntuaciones por igual a todos los aspirantes en quienes concurra dicha errónea baremación, con independencia de la especialidad, en aras de los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución."

    - "Que por lo tanto, se declare que es ajustada a Derecho la aminoración de la puntuación de la actora, pues los servicios prestados en la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, no pueden ser considerados como experiencia docente previa, conforme a las bases reguladoras del proceso selectivo."

    3º).- Y en consecuencia, desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 5 de febrero de 2020 de la Dirección General de Personal por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 26 de octubre de 2018 sobre aprobación de listas de aspirantes seleccionados en procesos de ingreso a cuerpos docentes convocados por Orden de 27 de abril de 2018, y contra la Orden de 21 de febrero de 2020 de la Consejería de Educación por la que se aprueba el expediente de los procedimientos selectivos para el ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria. [...]".

    SEXTO.- Por providencia de 21 de marzo de 2023, se emplazó a la parte recurrida para que, en treinta días, formalizara escrito de oposición.

    La representación procesal de doña Felicisima presentó escrito de oposición, oponiéndose al recurso de casación suplicando a la Sala:

    "[...] por presentado este escrito, con sus copias, se digne admitirlo y, en su virtud, dicte sentencia por la que se desestime, en todos sus términos, el recurso de casación deducido de contrario. [...]".

    SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de esta Jurisdicción, atendiendo a la índole del asunto, no se consideró necesaria la celebración de vista pública.

    OCTAVO.- Mediante providencia de 1 de abril de 2024, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. don Luis María Díez-Picazo Giménez y se señaló para votación y fallo la audiencia el día 21 de mayo de 2024, en cuyo acto tuvieron lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.


    PRIMERO.- El presente recurso de casación es interpuesto por el Letrado del Gobierno de Canarias contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 4 de noviembre de 2021.

    Mediante Orden de 27 de abril de 2018, la Administración autonómica convocó un proceso selectivo para cubrir plazas de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Escuelas de Idiomas, en diversas especialidades. La demandante en la instancia y ahora parte recurrida participó en dicho proceso selectivo dentro de la especialidad "Formación y orientación laboral".

    El 31 de julio de 2018 la demandante superó la fase de concurso-oposición, y mediante resolución de 26 de octubre de 2018 fue incluida en la lista de aspirantes que debían pasar a la siguiente fase de prácticas.

    Poco más tarde, un aspirante del mismo proceso selectivo pero encuadrado en la especialidad de "Tecnología" presentó recurso de reposición contra la mencionada resolución de 26 de octubre de 2018, por haber sido excluido de la lista de quienes habían superado la fase de concurso-oposición. La razón de dicha exclusión fue que, contrariamente a lo que él solicitó, a efectos del cómputo de servicios previos no se le debía tener en cuenta el tiempo en que trabajó como interino en los órganos administrativos centrales; es decir, servicios no consistentes en la docencia. El argumento esgrimido por dicho aspirante en su recurso de reposición fue que otro aspirante que se encontraba en idéntica situación sí había sido incluido en la lista de quienes habían superado la fase de concurso-oposición.

    Estando pendiente ese recurso de reposición interpuesto por otro aspirante, el proceso selectivo siguió adelante. Y el 25 de junio de 2019, la demandante superó la fase de prácticas, obteniendo destino el 5 de agosto de 2019 como funcionaria en prácticas.

    Mediante resolución de 5 de febrero de 2020 y tras oír a todos los aspirantes a los que servicios no consistentes en la docencia se les habían computado como servicios previos, la Administración corrigió todas las puntuaciones indebidamente atribuidas en la fase de concurso-oposición y, por ello, modificó la lista de aspirantes admitidos a la fase de prácticas recogida en la arriba citada resolución de 26 de octubre de 2018. Esto trajo como consecuencia que la demandante, una vez corregida su puntuación por servicios previos, quedase excluida de la lista de aspirantes admitidos a la fase de prácticas.

    Disconforme con ello, interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por la sentencia ahora impugnada. Esta considera que la resolución administrativa por la que se corrigen todas las puntuaciones indebidamente atribuidas es incongruente, pues afecta a personas y situaciones ajenas a quien interpuso el recurso de reposición; y considera, asimismo, que se trata de una revisión de oficio encubierta de un acto administrativo declarativo de derechos, al margen de las vías previstas en los arts. 106 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

    SEGUNDO.- Preparado el recurso de casación, fue admitido por la Sección Primera de esta Sala mediante auto de 9 de febrero de 2023. La cuestión declarada de interés casacional objetivo es determinar "si es ajustada a derecho la revisión, como consecuencia de la estimación de un recurso administrativo, de las puntuaciones obtenidas por todos los aspirantes distintos al recurrente, en garantía del principio de igualdad de trato, y sin necesidad de acudir al procedimiento de revisión de oficio cuando aún no se ha dictado un acto firme en el seno del propio procedimiento selectivo".

    TERCERO.- En el escrito de interposición del recurso de casación, el Letrado del Gobierno de Canarias sostiene que la decisión administrativa de corregir todas las puntuaciones indebidamente atribuidas no es en sí misma incongruente, ni vulnera el principio de igualdad. Dice que no es incongruente porque, de conformidad con el art. 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Administración estaba obligada a resolver todo lo planteado en el correspondiente recurso administrativo, que no se limitaba a la situación individual del aspirante que había interpuesto el recurso de reposición. Y dice que no vulnera el principio de igualdad porque una solución distinta - consistente en desestimar el recurso de reposición, dado que la menor puntuación atribuida a aquel aspirante era correcta- habría determinado la aplicación de facto de dos baremos distintos; lo que sí habría comportado un quebrantamiento del derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, consagrado por el art. 23 de la Constitución. En suma, según el Letrado del Gobierno de Canarias, la única solución ajustada al principio de igualdad era corregir todas las puntuaciones indebidamente atribuidas. Aún en este orden de consideraciones, observa que se trataba de un único proceso selectivo, por lo que la corrección de las puntuaciones indebidamente atribuidas no podía limitarse a la especialidad del aspirante que interpuso el recurso de reposición.

    En cuanto a la afirmación de la sentencia impugnada de que se trata de una revisión de oficio encubierta de un acto administrativo declarativo de derechos, el Letrado del Gobierno de Canarias argumenta que la resolución de 5 de febrero de 2020 modifica la de 26 de octubre de 2018, que estableció la lista de aspirantes que tras superar la fase de concurso-oposición fueron admitidos a la fase de prácticas. Y la resolución de 26 de octubre de 2018 no es el acto que puso fin al proceso selectivo, sino un mero acto de trámite. De aquí que, a su modo de ver, no esté sujeto a las exigencias de los arts. 106 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

    CUARTO.- En el escrito de oposición al recurso de casación, la demandante y ahora parte recurrida comienza señalando que otra sentencia de la Sala de instancia, relativa a un aspirante en idéntica situación que la suya en el mismo proceso selectivo, ha adquirido firmeza. Advertido esto, reitera los argumentos de la sentencia impugnada. Básicamente dice que revisar puntuaciones ajenas a la situación de quien interpuso el recurso de reposición, máxime cuando están encuadrados en otras especialidades, resulta incongruente por parte de la Administración. Y dice asimismo que lo revisado no fue un mero acto de trámite, por lo que su modificación solo habría podido hacerse mediante el procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos.

    QUINTO.- Abordando ya el tema litigioso, es preciso aclarar las cosas en lo atinente a si la Administración, para resolver el mencionado recurso de reposición, debía revisar todas las puntuaciones indebidamente atribuidas en el proceso selectivo; y no únicamente las referidas al aspirante que interpuso el recurso de reposición y las del otro aspirante que aquel señaló como punto de comparación o, como máximo, las de los aspirantes encuadrados en la misma especialidad.

    Pues bien, enfocado desde el punto de vista del principio de igualdad, seguramente la Administración no tenía más remedio que revisar todas las puntuaciones indebidamente atribuidas; y ello no solo porque así se desprende de lo resuelto en su día por esta Sala en sentencia de 12 de diciembre de 2012 (rec. nº 6888/2010), citada en el auto de admisión, sino también porque las soluciones alternativas resultaban injustificables. En efecto, anular solo la puntuación del aspirante al que el recurso de reposición indicaba como punto de comparación habría supuesto, como observa el Letrado del Gobierno de Canarias, aplicar de facto dos baremos; y estimar el recurso de reposición, dando también a quien lo interpuso una puntuación indebida, habría significado consagrar la igualdad en la ilegalidad. Así las cosas, no puede reprochársele a la Administración haber decidido oír a todos los afectados y revisar todas las puntuaciones indebidamente atribuidas. Por ello mismo, tampoco puede decirse que la decisión administrativa fuera incongruente.

    Una vez sentado lo anterior, el verdadero problema en el presente caso es si esa revisión de todas las puntuaciones indebidamente atribuidas podía hacerse al margen del procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos. Y a este respecto es ineludible tener en cuenta la secuencia temporal: la resolución que modifica la de 26 de octubre de 2018 -que había establecido la lista de aspirantes que tras superar la fase de concurso-oposición fueron admitidos a la fase de prácticas- es de 5 de febrero de 2020; es decir, se adoptó en un momento en que todas las fases del proceso selectivo ya habían concluido, afectando a personas que, como la demandante y ahora parte recurrida, lo habían superado en su integridad. En estas circunstancias afirmar, como hace el Letrado del Gobierno de Canarias, que se trataba de modificar un acto de mero trámite constituye un ejercicio de vacío formalismo. Es cierto que externamente lo único que se modificó fue un acto de trámite, como es el que establece qué aspirantes han superado la primera fase del proceso selectivo y son admitidos a la segunda fase; pero sustancialmente, por el momento en que se produce la modificación, ello afecta a la situación final de los aspirantes que han superado la segunda fase y coronado con éxito todo el proceso selectivo. En este sentido, es poco discutible que se incide sobre situaciones individuales ya definitivas en vía administrativa y, por consiguiente, perfectamente subsumibles en la idea de "actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa" a que se refiere el art. 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

    Esta conclusión se ve reforzada, además, por el muy reiterado criterio jurisprudencial de esta Sala en virtud del cual deben ser tuteladas, en caso de anulación de actuaciones dentro de un proceso selectivo, las situaciones de aquellos participantes ajenos a la impugnación y que han actuado con diligencia y buena fe.

    SEXTO.- A la vista de todo lo expuesto, la respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo debe ser que la revisión de todas las puntuaciones indebidamente atribuidas en un proceso selectivo ha de hacerse por el procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos cuando, habida cuenta del momento en que se adopta, dicho proceso selectivo ya ha concluido. Conviene aclarar que ello no prejuzga cómo hayan de hacerse revisiones de puntuación en un momento anterior del proceso selectivo, pues las circunstancias relevantes pueden ser muy variadas tal como se ve en nuestra sentencia de 2 de noviembre de 2022 (rec. nº 3665/2021). Así, este recurso de casación debe ser desestimado.

    SÉPTIMO.- Con arreglo al art. 93 de la Ley Jurisdiccional, en el recurso de casación soportará cada parte sus propias costas.

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

    No dar lugar al recurso de casación interpuesto por el Letrado del Gobierno de Canarias contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 4 de noviembre de 2021, sin costas.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.


  • El Tribunal Supremo absuelve a un acusado de delito continuado de agresión sexual al entender que la reacción adversa de la mujer no se manifestaba de forma inmediata o explícita durante los encuentros sexuales. Prevalimiento de superioridad. La negativa a consentir un acto de naturaleza sexual debe constar con claridad para que pueda ser adecuadamente percibida por el sujeto activo. Se estima el recurso. Absolución. AMENAZAS. No quedan absorbidas por el delito de maltrato en el ámbito doméstico. Concurso real de delitos. - Tribunal Supremo - Sala Segunda - Sección Primera - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 288/2024 - Num. Proc.: 378/2022 - Ponente: PABLO LLARENA CONDE (TOL9.967.937)

    T R I B U N A L S U P R E M O

    Sala de lo Penal

    Sentencia núm. 288/2024

    Fecha de sentencia: 21/03/2024

    Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

    Número del procedimiento: 378/2022

    Fallo/Acuerdo:

    Fecha de Votación y Fallo: 17/01/2024

    Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde

    Procedencia: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Civil y Penal

    Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

    Transcrito por: crc

    Nota:

    RECURSO CASACION núm.: 378/2022

    Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde

    Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

    TRIBUNAL SUPREMO

    Sala de lo Penal

    Sentencia núm. 288/2024

    Excmos. Sres. y Excma. Sra.

    D. Julián Sánchez Melgar

    D. Pablo Llarena Conde

    D.ª Carmen Lamela Díaz

    D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

    D. Javier Hernández García

    En Madrid, a 21 de marzo de 2024.

    Esta sala ha visto el recurso de casación 378/2022 interpuesto por el MINISTERIO FISCAL y por Balbino, representado por el procurador don José Carlos Anero Bartolomé, bajo la dirección letrada de don Juan Carlos Sacho Quirce, contra la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Civil y Penal, en el Rollo de Apelación 81/2021, que desestimó los recursos de apelación interpuestos por los ahora recurrentes y confirmó la sentencia dictada el 14 de junio de 2021 por la Audiencia Provincial de Palencia, Sección Primera, en el Procedimiento Ordinario 8/2019, que condenó a Balbino por el delito continuado de abusos sexuales, concurriendo las agravantes de parentesco y de género y la atenuante muy cualificada de drogadicción; y por el delito de malos tratos habituales, concurriendo la atenuante muy cualificada de drogadicción.

    Ha intervenido como parte recurrida, Berta (acusación particular), representada por la procuradora doña Begoña González Sousa, bajo la dirección letrada de doña Cristina Cuadrado Gutiérrez.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde.

    PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción n.º 6 de Palencia incoó Sumario 2/2019 por delito continuado de abusos sexuales, maltratos psicológicos y amenazas, contra Balbino, que una vez concluido remitió para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Palencia, Sección Primera. Incoado Procedimiento Ordinario 8/2019, con fecha 14 de junio de 2021 dictó Sentencia n.º 10/21 en la que se contienen los siguientes HECHOS PROBADOS:

    "1.- Balbino, nacido el día NUM000 de 1972, procesado en esta causa, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, contrajo matrimonio en 2001 con Berta, residiendo los últimos años en el municipio de DIRECCION000 (Palencia) junto con sus tres hijos Crescencia, Eleuterio y Casiano de 18, 12 y 7 años respectivamente. En 2005, los suegros del procesado pasaron a residir con el matrimonio y sus tres nietos. El padre de Berta tiempo atrás había sufrido un grave accidente y la madre padecía esclerosis múltiple y, necesitando de cuidados, era su hija Berta quién se ocupaba de atenderlos. Las relaciones entre el matrimonio se fueron deteriorando al poco de casarse debido al carácter de Balbino, muy celoso, posesivo y machista, y terminaron de agravarse con la llegada de los padres de Berta al domicilio familiar ya que la vivienda sólo disponía de dos dormitorios, uno para los padres de Berta y el otro ocupado por ella y sus tres hijos, con lo que el procesado dormía en un sofá cama sito en el salón de la vivienda, lo que no era de su agrado al restarle intimidad con su esposa para mantener relaciones sexuales.

    2.- Balbino, un hombre de complexión fuerte, durante su matrimonio trabajó en horario de siete de la mañana a ocho de la tarde que llegaba a casa. Como venía fumando cannabis desde los catorce años, abusaba del alcohol y consumía cocaína con frecuencia, lo cual fue afectando a su personalidad y carácter convirtiéndose en un marido autoritario propenso a los ataques de ira, sobre todo, si sus deseos sexuales no eran correspondidos por Berta, mostrándose cada vez más intransigente y controlador de la vida, costumbres y amistades de su esposa a quién ninguneaba frente a sus padres, hijos y amistades, limitándole los recursos económicos para hacerla totalmente dependiente de él y anularla como persona, oponiéndose a que trabajara fuera de casa y que se relacionara con amigas, mostrando su repulsa si lo hacía con golpes a puertas, mesas y demás enseres de la vivienda, aderezado con expresiones tales como "eres una mongólica, te arranco la cabeza, te vas a enterar, vas a llorar gotas de sangre, aquí va a pasar algo gordo", y esto, que empezó a ser frecuente los dos últimos años de matrimonio, fue haciendo mella en Berta hasta convertirse en una mujer sumisa y temerosa de su marido, dedicada exclusivamente a su familia y las labores domésticas y bajo esa dominación Berta, aún sin consentirlas, mantenía relaciones sexuales con el procesado por el miedo que le infundían sus ataques de ira optando Berta por callar para evitar contrariarle, nada extraño en Balbino, generalmente alterado por el abuso de alcohol y de tóxicos, consumo que le afectaba notablemente a sus facultades volitivas e intelectivas.

    3.- Las malas relaciones entre Balbino y Berta, se agravaron en agosto de 2018, cuando Berta harta de su situación, empezó a trabajar en un bar del municipio donde residían, DIRECCION000, en un horario que le obligaba a llegar al domicilio de madrugada, circunstancia que a Balbino le perturbaba sobremanera pues era de la idea que su mujer tenía que limitarse a cuidar de sus padres e hijos y estar en casa cuando él llegaba de trabajar. A primeras horas de la madrugada del 5 de agosto de 2018, Berta permanecía en el bar preparando lo necesario para el día siguiente. Sobre las 3,30 horas de esa madrugada Berta llegó a su domicilio donde esperaba un Balbino encolerizado, fuera de sí, ya que desde que llegó del trabajo había estado telefoneándola insistentemente sin conseguir comunicarse. De inmediato comenzaron los reproches e insultos por parte de Balbino. Berta, temiendo por su integridad física, pidió a uno de sus hijos que fuera a pedir ayuda a su hermano, llamado Benedicto, quien pasaba las vacaciones en DIRECCION000, personándose éste de inmediato en la vivienda, encontrando al procesado presionando a su hermana contra la pared al tiempo que le gritaba "te vas a cagar, te vas a enterar" . En ese momento Berta pudo zafarse de Balbino y aferrarse a su hermano hasta que llegó una patrulla de la Guardia Civil cuyos Agentes pusieron orden, logrando revertir la situación tras entrevistar a los presentes.

    Que en la tramitación del juicio se han observado las prescripciones legales.".

    SEGUNDO.- La Audiencia de instancia emitió el siguiente pronunciamiento:

    "FALLAMOS

    Que debemos condenar y condenamos al procesado Balbino, por el delito continuado de abusos sexuales, concurriendo las agravantes de parentesco y de género y la atenuante muy cualificada de drogadicción, a la pena de cuatro años, diez meses y quince días de prisión; por el delito de malos tratos habituales, concurriendo la atenuante muy cualificada de drogadicción, a la pena de diez meses y quince días de prisión y, en ambos delitos, la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo de condena y prohibición de aproximación a menos de 200 metros a Berta, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro en que se encuentre y a comunicarse con ella, por cualquier medio, durante 4 años, y le imponemos el pago de las costas procesales, incluidas las causadas por la acusación particular.

    Absolvemos al acusado de los delitos de agresión sexual y amenazas leves de que fue acusado.

    Abónese al condenado el tiempo que haya podido estar privado de libertad provisionalmente por esta causa.

    Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá la oportuna certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos; debiendo notificarse a las partes en legal forma con la advertencia de que no es firme por cuanto cabe interponer contra ella recurso de apelación para la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla y León, recurso que deberá interponerse ante esta Audiencia Provincial dentro de los diez días siguientes a aquel en que se hubiera notificado dicha resolución, debiendo formalizarse conforme a lo establecido en los arts. 790 y 791 LECr ( art. 846 ter LECr).".

    TERCERO.- Recurrida la anterior sentencia en apelación por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal del Sr. Balbino, y completado el trámite de alegaciones, fueron remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon, que incoado Rollo de Apelación 81/2021, con fecha 13 de diciembre de 2021 dictó Sentencia n.º 91/21 con el siguiente pronunciamiento:

    "FALLAMOS

    Que, desestimando íntegramente los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de D. Balbino y del MINISTERIO FISCAL contra la sentencia de fecha 14 de junio de 2021 dictada por la Audiencia provincial de Palencia a que este rollo se refiere, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, sin hacer expresa mención de las costas causadas en la presente instancia.

    Así, por esta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma, que podrá prepararse en esta misma Sala dentro de los cinco días siguientes al de su última notificación, para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con arreglo a la Ley, que se notificará a las partes en legal forma y de la que se remitirá certificación a la Audiencia de origen, para su cumplimiento y demás efectos, una vez firme, lo pronunciamos y mandamos y firmamos.".

    CUARTO.- Notificada la sentencia a las partes, el Ministerio Fiscal y la representación procesal del Sr. Balbino anunciaron su propósito de interponer recurso de casación por infracción de ley, infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, recursos que se tuvieron por preparados remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

    QUINTO.- El recurso formalizado por el Ministerio Fiscal se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

    Primero.- Por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, al haberse inaplicado indebidamente los artículos 178 y 179 del Código Penal.

    Segundo.- Por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, al haberse inaplicado indebidamente el artículo 171.4 del Código Penal.

    El recurso formalizado por Balbino se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

    Primero.- Por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, por aplicación indebida del artículo 181 del Código Penal.

    Segundo.- Por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, por aplicación indebida del artículo 173 del Código Penal.

    Tercero.- Por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, por aplicación indebida del artículo 74.1 del Código Penal.

    Cuarto.- Por quebrantamiento de forma e infracción procesal de los artículos 850 y 851.3 de la LECRIM, por vulneración del artículo. 704 de la LECRIM.

    Quinto.- Por infracción de precepto constitucional de los artículos 852 de la LECRIM y 5.4 y 11.1 de la LOPJ, por haberse vulnerado el derecho fundamental del artículo 24.1 y 2 de la Constitución Española, derecho a la presunción de inocencia.

    SEXTO.- Dado traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal solicitó la inadmisión e impugnó de fondo los motivos del recurso interpuesto por el Sr. Balbino. La representación procesal de Berta se tuvo por instruida de ambos recursos.

    SÉPTIMO.- Con la entrada en vigor de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, se acordó dar traslado para alegaciones a las partes, con el resultado que obra en autos, quedando conclusos los autos para señalamiento del Fallo cuando por turno correspondiera. Y hecho el señalamiento para el Fallo, comenzó la deliberación el día 17 de enero de 2024, prolongándose hasta el día de la fecha.


    Recurso interpuesto por la representación de Balbino.

    PRIMERO.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia, en su Procedimiento Ordinario n.º 8/2019, dictó sentencia el 14 de junio de 2021 en la que condenó a Balbino: a) Como autor criminalmente responsable de un delito continuado de abusos sexuales, concurriendo las agravantes de parentesco y de género, así como la atenuante muy cualificada de drogadicción, a la pena de cuatro años, diez meses y quince días de prisión y b) Como autor de un delito de malos tratos habituales, concurriendo la circunstancia atenuante antes expresada, a la pena de diez meses y quince días de prisión. Todo ello absolviéndole de los delitos de agresión sexual y amenazas leves por los que era acusado.

    Contra esta resolución se interpuso por el acusado y el Ministerio Fiscal recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que fueron desestimados en su Sentencia 91/2021, de 13 de diciembre, la cual es objeto de los presentes recursos de casación formulados por ambas partes.

    1.1. Siguiendo un orden adecuado para la resolución de las cuestiones planteadas, principiaremos el análisis con el recurso de la defensa y por el cuarto de los motivos que formaliza, que reside en los cauces procesales fijados en los artículos 850 y 851.3 de la LECRIM, en los que aduce que se ha producido una vulneración del artículo 704 de la LECRIM.

    El motivo reprocha que la denunciante Berta, ex esposa del acusado, pudo escuchar la declaración del acusado en el juicio oral antes de emitir su propio testimonio. El recurrente admite que la testigo estuvo esperando al momento de su intervención en una dependencia ubicada detrás de los estrados y desde la que entró en la sala de enjuiciamiento para iniciar su testimonio, pero reprocha que pudo escuchar la previa declaración del acusado en el juicio oral, tal y como se evidenció en un momento en el que la testigo puntualizó su respuesta a la defensa diciendo "es que no sé qué ha dicho en la declaración [el acusado]: que todo empezó por mi madre. ¡Vamos venga!... es que no sé lo que ha dicho en la declaración".

    Considera que no haber impedido la posibilidad de escuchar la declaración del acusado contraría las previsiones del artículo 104 de la LECRIM y reprocha la justificación a este incidente que otorga la sentencia de apelación impugnada cuando dice (pg. 5 de la resolución) que "la testigo accedió a la misma desde el habitáculo habilitado en el edificio judicial de Palencia para que permanezcan los testigos y las víctimas... que en este caso coincide con la parte posterior de los estrados". Niega la validez de esa explicación subrayando que no es acorde con la realidad del edificio y que la sala de espera para los testigos se encuentra, no detrás de la sala de vistas sino frente a ella, de forma que los testigos acceden a ella por la puerta principal y nunca por la parte posterior a los estrados.

    1.2. La objeción expresada por el recurrente es ajena a los cauces procesales empleados. La posible inobservancia del artículo 704 de la LECRIM no puede comportar ninguno de los errores in procedendo identificados por el legislador en el artículo 850 de la LECRIM y no se configura tampoco como el supuesto de incongruencia omisiva en el que también se escuda el motivo.

    No obstante la incorrección técnica, el desarrollo de sus objeciones muestra que lo que se pretende es denunciar un eventual quebranto del derecho a un proceso con todas las garantías de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, defendiendo que la prueba testifical se practicó sin observar una regla de actuación procesal establecida para la declaración de los testigos en el artículo 704 de la LECRIM, lo que habría determinado una grave indefensión que justificaría la anulación de la declaración de la testigo y dejaría sin prueba de cargo el pronunciamiento de condena.

    1.3. La pretensión, aun analizada en esos términos, está abocada al fracaso.

    La sentencia de apelación impugnada explica que la testigo, antes de su intervención en el plenario estuvo acomodada en unas dependencias habilitadas en el edificio judicial de Palencia para la espera de los testigos. Expresa que estas dependencias están en la parte posterior de los estrados, lo que confirma en el visionado del vídeo del juicio oral, en el que se ve a la denunciante acceder por ese lado a la Sala de Vistas y abandonarla a su terminación.

    No se niega que pueda haber otra ubicación para los testigos en la parte opuesta de la Sala de Vistas, esto es, por el lado inverso a los estrados, donde se ubica la puerta de acceso del público. Así lo asegura el letrado de la defensa y parece lo más razonable para supuestos normales de celebración de juicio. Pero en este supuesto la denunciante declaró con una mampara que tenía que impedir su confrontación visual con el acusado y la única forma de que la protección no desaparezca durante el desplazamiento de la testigo hasta el punto de Sala donde prestará su declaración, es que entre por el lado inverso. La utilización de la dependencia destinada usualmente a los testigos, hubiera obligado a que la denunciante entrara en la Sala de Vistas por el lado de la mampara en el que se encontraba el acusado, lo que hubiera posibilitado una confrontación visual entre ellos y, con ello, el elemento de tensión personal que podía comprometer su serenidad en la declaración y que pretendía evitarse.

    Estas son las razones que hubieron de determinar el lugar de su espera. En todo caso, la decisión no infringió ninguna exigencia procesal, ni generó la indefensión que justificaría la nulidad que el recurrente reclama:

    a) En primer lugar, porque la propia manifestación del recurrente evidencia que desde su ubicación la testigo no podía seguir de forma eficiente la declaración del acusado. Eso explica que su referencia a la declaración el acusado fuera diciendo que no sabía concretar con seguridad lo que había manifestado.

    b) En segundo lugar, y eso es a la postre lo fundamental, porque ni siquiera un conocimiento detallado de la declaración del acusado hubiera supuesto un quebranto del artículo 704 de la LECRIM y la anulación de su testimonio.

    El artículo 704 dispone que "Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con otra persona". Un precepto que trata de prevenir que los distintos testigos intervinientes en el juicio oral puedan concertarse en su relato, pero cuya inobservancia nunca es determinante de un vicio de nulidad de la prueba, menos aun cuando existen supuestos en los que no puede garantizarse esta prevención, tal y como acontece en los juicios de larga duración o cuando el enjuiciamiento es objeto de atención por los medios de comunicación. Así lo ha afirmado nuestra jurisprudencia, subrayando que la inobservancia del artículo 704 de la LECRIM no afecta a la validez de la prueba sino a su valoración, debiendo evaluar el Tribunal, a la hora de ponderar el conjunto de pruebas practicadas, las circunstancias en las que declararon los testigos, su relevancia y las muestras de un eventual concierto entre ellos y la credibilidad de sus aserciones en contraste con el resto del material probatorio.

    c) Por último, ni siquiera lo acontecido en este supuesto comporta un quebranto de las previsiones del artículo 704 de la LECRIM.

    Debe observarse que no se reprocha que la denunciante se percatara de la versión de otros testigos, sino que conociera el descargo esgrimido por el acusado; un supuesto que es ajeno a la previsión normativa que aquí se esgrime. Aunque es evidente que la denunciante podría tener interés en adaptar su versión acusatoria a los descargos que haya hecho valer el acusado, la posibilidad de pervertir su testimonio no genera el mismo plano de desvalimiento defensivo que la componenda entre varios testigos que se previene en el artículo 704 de la ley procesal. El acusado no tiene ningún instrumento que le permita desvelar el concierto entre testigos, lo que justifica la adopción de las cautelas que se han expresado. Por el contrario, el turno de última palabra le ofrece una oportunidad para contextualizar, matizar o discrepar de la declaración del testigo, en los mismos términos en los que éste lo ha hecho con la suya propia.

    El motivo se desestima.

    SEGUNDO.- El quinto motivo se formula por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM, al entender el recurrente que se ha producido un quebranto de su derecho a la presunción de inocencia.

    Sin embargo, el motivo se subordina al resultado del motivo anterior. El alegato aduce que al haber permitido la Audiencia Provincial que la denunciante estuviera presente en la Sala de Vistas mientras el acusado declaraba, dado que la condena descansa en la versión de la víctima y esta resulta inválida, se ha quebrantado su derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución.

    La inexistencia del vicio de nulidad que esgrime el recurrente en los términos expresados en el fundamento anterior, conduce a la desestimación de los argumentos en los que se funda su pretensión y a la desestimación del motivo.

    TERCERO.- 3.1. El primer motivo del recurso del acusado se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender el recurrente indebidamente aplicado el artículo 181 del Código Penal.

    Argumenta que el objeto de esta causa no es si existieron relaciones sexuales en el matrimonio, sino si existió el consentimiento, al ser su ausencia un elemento imprescindible para la existencia del delito de abuso sexual. Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado que la negativa a consentir un acto de naturaleza sexual debe constar con claridad para que pueda ser adecuadamente percibida por la persona que pretende realizarlo, lo que no sucede cuando la supuesta víctima adopta una actitud imprecisa y no rechaza el acto sexual. Desde esta consideración, alega que la sentencia de instancia proclama que en ocasiones Berta mantenía relaciones sexuales con su esposo por el miedo que le infundía que, cuando rechazaba tenerlas, tenía unas reacciones coléricas en las que rompía cosas, argumentando que esto no es sino una opción interior de la denunciante que el acusado no podía apreciar.

    3.2. El Código Penal que resulta de aplicación a estos hechos, ajustado a la redacción dada por la LO 5/2010, proclamaba en su artículo 181 que el delito de abuso sexual existía cuando se realizaban actos que atentaban contra la libertad sexual de otra persona, sin violencia o sin intimidación y sin que mediara consentimiento.

    Como el resto de tipos penales englobados bajo la rúbrica de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el precepto pretendía proteger la libertad sexual de las personas, entendida como la facultad de cualquier sujeto de desarrollar su sexualidad en la manera que tuviera por conveniente, estribando el desvalor concreto de esta acción delictiva en la ausencia de un auténtico consentimiento que pueda considerarse, más allá de la pura aquiescencia formal, como un verdadero y libre ejercicio de la libertad personal dentro de la esfera de la autodeterminación sexual.

    Como hemos recordado en nuestra jurisprudencia ( STS 226/2003, de 19 de febrero), además de los supuestos del artículo 178 del Código Penal entonces vigente, que se referían a los comportamientos en los que la relación sexual se imponía al sujeto pasivo mediante una compulsión violenta o intimidatoria, el tipo más leve del abuso sexual del artículo 181 del Código Penal exigía la ausencia de violencia o intimidación y fijaba su atención en la falta de consentimiento de la víctima; lo que hacía referencia generalmente a situaciones en que, de improviso, el autor abordaba actos de naturaleza sexual que quien los soportaba no llegaba a aceptar o lo hacía en una situación en la que no podía manifestar su consentimiento. Como indica la sentencia de instancia antes indicada, recogiendo para ello la propia jurisprudencia de esta Sala, en el delito de abuso sexual entonces vigente "el desvalor de la acción estriba en la ausencia de un auténtico consentimiento que pueda valorarse más allá de la pura aquiescencia formal o exterior, como verdadero y libre ejercicio de la libertad personal dentro de la esfera de la autodeterminación sexual. Sobre ese fundamento común se articulan los distintos supuestos de la acción típica, que encierran esa común valoración de una relación sexual obtenida sin el apoyo de un acto verdaderamente libre por quien solo aparentemente consiente sin ejercer con ellos su verdadera libertad".

    3.3. A este último supuesto se refería el artículo 181.3 del Código Penal.

    En él se sancionaba como abuso cuando el consentimiento sexual se obtuviera prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coartara la libertad de la víctima.

    Son supuestos en los que existe un consentimiento formal, pero que nace viciado porque está condicionado por la situación de inferioridad que experimenta el sujeto pasivo, esto es, situaciones en las que no desaparece su capacidad de optar, pero están fuertemente restringidas sus posibilidades reales de decisión libre.

    Como se destaca en la propia sentencia de instancia que es objeto de recurso, frecuentemente la circunstancia de prevalimiento se configura como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en el que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, consciente de que la víctima tiene coartada su libertad de decidir sobre la actividad sexual impuesta ( SSTS de 28 de noviembre de 2002 y de 10 de octubre de 2003, entre otras). Esto es, se trata de aprovechar situaciones de superioridad que vienen caracterizadas por dos elementos sustantivos: a) Que esta superioridad resulte notoria y evidente, es decir, objetivamente apreciable y no solo percibida subjetivamente por una de las partes; y b) Que la superioridad resulte eficaz, en el sentido de que ofrezca relevancia suficiente para coartar o condicionar la libertad de elección de la persona sobre quien se ejerce en el caso concreto ( STS de 22 de diciembre de 2006).

    De este modo, el prevalimiento exige que el sujeto activo satisfaga su interés sexual sabiendo que lo hace sobre una persona condicionada o cuya libre decisión está efectivamente limitada; siendo este elemento el que determina la consciencia de que se opera sin el consentimiento real de aquel con quien desarrolla su actividad sexual.

    3.4. Hemos subrayado en numerosas ocasiones que la negativa de la víctima puede ser expresa o presunta, sin que pueda exigirse a la persona que sufre un abuso sexual un formato específico para atribuir a su negativa el significado que sería propio de cualquier acto de afirmación de libertad sexual. Como decíamos en nuestra STS 408/2007, de 3 de mayo, "el rechazo de la víctima no puede sujetarse anticipadamente a reglas estereotipadas que sirvan de arriesgado criterio a la hora de decidir si un determinado episodio sexual ha sido o no efectivamente consentido. Bastará con que la víctima rehúse o decline un ofrecimiento sexual, sea cual fuere el formato con el que ese rechazo se escenifique, para que el delito pueda reputarse cometido".

    En todo caso, decíamos también en la ya indicada Sentencia 408/2007 que, "Será indispensable, eso sí, que la ausencia de consentimiento sea captada por el autor y, pese a todo, éste haga prevalecer su afán libidinoso"; lo que subrayamos en nuestra STS 238/2007, de 21 de marzo, diciendo que "tampoco basta una negativa en el fuero interno acompañada de una actitud externa de aparente consentimiento a las pretensiones del autor, cuando las circunstancias que la rodean no son por sí mismas suficientemente significativas".

    3.5. Esta Sala ha proclamado de manera constante que la libre determinación sexual es reconocible y amparable en cualquier persona, sin que desaparezca en el seno de parejas habituales o entre esposos ( STS 841/2007, de 22 de octubre, entre muchas otras).

    Del mismo modo, entre los supuestos en los que hemos reconocido la posibilidad de un abuso sexual de prevalimiento entre cónyuges o entre integrantes de parejas con análoga relación de convivencia, están aquellos en los que se somete o coarta la libre decisión de la mujer a partir de un repetido escenario de violencia doméstica, por más que esta violencia no se haya desplegado de forma inmediata o coetánea a la relación sexual ( STS 841/2007, de 22 de octubre).

    En todo caso, por las razones ya expuestas, también en estos supuestos es indispensable que la ausencia de consentimiento sea captada por el autor y este perciba que la relación sexual se mantiene en un contexto de coerción o ausencia de libertad de decisión en su pareja.

    Del mismo modo que el legislador establece que para apreciar la habitualidad en el delito de maltrato habrá de estarse al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos ( art. 173.3 del Código Penal), para poder inferir la existencia o inexistencia de consentimiento libre en el seno de una relación de convivencia cotidiana y extensa, deberá conocerse cuál es el contexto de interacción sexual existente en la pareja. Es evidente que la existencia de maltrato en el seno de la pareja es uno de los más potentes marcadores de que el consentimiento de la relación sexual puede estar condicionado, pero en ocasiones puede no ser suficiente. El contenido concreto de ese maltrato y su frecuencia; la existencia o inexistencia de otros encuentros en los que la relación sexual pueda haber resultado de una complicidad verdaderamente libre entre los esposos; las circunstancias o momentos en los que se desarrollaron las relaciones sexuales enjuiciadas; la actitud mantenida en ellas por cada integrante; o un cambio en la voluntad de continuar o romper la convivencia en el periodo en el que estas relaciones se desarrollaron, son sólo algunos de los elementos que permiten a la autoridad judicial extraer, sobre la base de un juicio fundado, si el acusado era sabedor o podía deducir que determinados encuentros sexuales carecían o despreciaban un consentimiento libre de su pareja.

    En atención precisamente a estas circunstancias concluyentes, nuestra reciente Sentencia 544/2022, de 1 de junio, reconocía que el no decir "no" en situaciones de prolongado maltrato en los que se ha creado un clima de superioridad medial, no equivale a un consentimiento válido. Y recalcábamos que, en esos casos, "La docilidad no puede ser interpretada ni como aceptación ni como un natural desarrollo de la relación matrimonial, sino como un evidente indicativo de la particular lesividad que debe atribuirse a dichas situaciones de terror doméstico prolongado en el tiempo".

    3.6. Nuestra jurisprudencia es nutrida a la hora de reconocer la comisión del delito de abuso sexual en contextos de convivencia en pareja. Sin embargo, en los casos en los que no se ha producido una exteriorización verbal o presunta del rechazo a la relación sexual, hemos exigido la constancia de un contexto fáctico que haga perceptible para el sujeto activo la falta de un consentimiento libre de su compañero o compañera.

    A. En nuestra STS 841/2007, de 22 de octubre, describimos un caso de maltrato habitual a la esposa y a la hija, con insultos, vejaciones y agresiones físicas graves y reiteradas.

    La actuación sexual enjuiciada, de la que había sido absuelto en la instancia el acusado, se describía en el relato fáctico del siguiente modo:

    " El día 21 de septiembre de 2.004 acaeció otra agresión del procesado Romualdo sobre su mujer Eloisa en que acabó agarrándola por el cuello.

    Tras este incidente Dª Eloisa se fue a trabajar y entregó a una compañera de trabajo una carta para que la guardara en la que decía " Eloisa, en sus plenas facultades y consciente del riesgo que corro, pido que si algo me llegara a pasar, mi hija quede en poder y custodia en poder de mi familia (mi madre y hermana). No quiero que se queden con su padre Romualdo por ser una persona irresponsable, no está en su sano juicio y ser un maltratador desde hace 18 años, yo soy consciente de que su actitud es mala para mis hijos. Este papel queda en poder de Covadonga". Firmado Eloisa.

    Cuando Dª Eloisa volvió de su trabajo en el área de servicio de la Autopista en DIRECCION001, a la 1 de la madrugada del día 22-09-2004, encontró a su marido tumbado en el sofá en calzoncillos y tapado y levantándose, se quitó el calzoncillo y le dijo a su mujer "chúpamela" y como ella sabía que si lo hacía él tras eyacular se quedaría dormido, como había ocurrido en otras ocasiones, aceptó la exigencia de su marido y le chupó los genitales. Pero al procesado Romualdo le pareció insuficiente su exigencia y cambiando de parecer "al momento" le dijo a su esposa que se apartara cosa que hizo ésta yéndose al sofá, donde él se aproximó a ella otra vez y quitándole pantalón y la braga intentó penetrarla por vía anal, cosa respecto a la que nada manifestó Dª Eloisa salvo la frase "ya sabes que me haces daño", pues ella incluso terminó de quitarse el pantalón y las bragas para que no se rompieran. -Como no conseguía penetrarla Romualdo fue a la cocina a por una botella de aceite para usarla como lubricante para usarlo y mientras ella seguía en el sofá en la misma postura en que había quedado al marchar su marido a la cocina por el aceite. Vuelto el marido usó el aceite y consiguió penetrarla por vía anal eyaculando en el interior del recto de Dª Eloisa.- Después de esto ambos se fueron a dormir. Cuando la esposa ya se había dormido Romualdo la despertó a las seis horas de la madrugada de una bofetada en la cara y cogiéndola del pelo la arrastró por el pasillo hasta el comedor y allí la obligó a velar el sueño hasta que él se durmiera y como no lo consiguió la vejaba ordenándole hacer cosas como "calzoncillo, camiseta y pantalón limpio".- Cuando había hecho lo anterior Romualdo le ordenó "prepárame un bocadillo de tortilla" y en esta situación la mantuvo hasta que a las 7 horas de la madrugada él se fue a trabajar".

    En aquel caso condenamos al acusado como autor de un delito de abuso sexual por prevalimiento del artículo 181.3 del Código Penal. Consideramos que la voluntad de la mujer no fue doblegada por una situación de miedo de la suficiente intensidad como para llegar a la conclusión de que existió una situación de intimidación en el preciso y concreto sentido que este término tenía para la determinación de las agresiones sexuales, pero sí que faltó un consentimiento libre que perfilaba la conducta como de abuso sexual. Y lo hicimos desde una detallada descripción fáctica de las condiciones en las que se desarrolló la relación sexual y que permitió observar que la única voluntad concurrente era la del acusado. Dijimos en aquella sentencia que "en el factum se describe con claridad un consentimiento viciado de la víctima a sostener las relaciones sexuales de la forma y modo que deseaba el marido, consintiendo ella a las exigencias de aquel de forma claramente viciada por la situación de superioridad que aquel tenía y que ella aceptaba sumisamente incluso colaborando --se quitó los pantalones y bragas para que no se rompieran--; situación de superioridad que nos remite como horizonte lejano al escenario de violencia habitual en el que se desarrollaba la vida conyugal y por lo que ha sido condenado el marido, y como horizonte próximo a las exigencias manifestadas por él desde su situación de dominio, que fueron suficientes y eficaces para que ella "consintiera" y aceptara la exigencia de su marido, como se recoge en el factum".

    B. En la Sentencia 506/2009, de 30 de abril, condenamos al acusado como autor de un delito continuado de agresión sexual.

    Se trataba de un supuesto de grave maltrato habitual con acometimientos verbales, graves insultos, humillaciones e, incluso, agresiones físicas consistentes en patadas, puñetazos, quemaduras con cigarrillos y cortes en la cara o en el cuello con un cuchillo.

    La condena por el delito contra la libertad sexual vino determinada por el modo en que se imponían los encuentros sexuales enjuiciados según el relato de hechos probados. En concreto, se declaraba probado que: "Durante la mencionada relación, inmediatamente después de las palizas y de las frases atemorizantes, el procesado pedía perdón a Nieves y para satisfacer sus deseos sexuales, la obligaba a mantener relaciones carnales completas, con penetración vaginal, y ello contra la voluntad de la joven, que accedía a tales relaciones ante el temor a las represalias del procesado".

    C. En nuestra STS 643/2020, de 27 de noviembre, condenamos al acusado como autor de un delito continuado de abuso sexual en un contexto de maltrato doméstico habitual.

    En aquel supuesto el acusado sometía a su pareja sentimental a vejaciones verbales continuas, agrediéndola físicamente en varias ocasiones con un palo de escoba, tirándole aceite hirviendo en una mano, dándole golpes en la cara o propinándole patadas por todo el cuerpo.

    El acusado, además de ser condenado como autor de un delito de agresión sexual por una ocasión en la que impuso un coito a su pareja inmediatamente después de propinarle una patada que le disuadió de toda oposición, fue también condenado como autor de un delito continuado de abusos sexuales. Se declaraba probado que las relaciones sexuales determinantes de su responsabilidad penal se mantuvieron precisamente en momentos en los que, sin solución de continuidad, el acusado acababa de vejar a su pareja diciéndole que "no valía para nada y que tenía que chupársela, que no valía ni para follar, accediendo ella a tener relaciones sexuales con acceso carnal contra su voluntad, por miedo". En dicha sentencia expresamos que "la situación fáctica descrita evidencia la situación de la perjudicada, quien se ve compelida a la relación de acciones contra su voluntad, motivadas por el miedo generado por una situación preexistente de temor de la víctima hacia su agresor".

    D. En nuestra Sentencia 544/2022, de 1 de junio, contemplamos también un caso de maltrato habitual en un matrimonio de edad avanzada.

    Se describía una relación de pareja en la que el acusado profería permanentes insultos, desprecios y amenazas que fueron haciendo mella en su esposa y la convirtieron en una mujer sumisa y temerosa de su esposo.

    Describían los hechos probados que la pareja había pasado a dormir separados "si bien era frecuente que Agustín llamase a Otilia para que acudiera a su habitación a mantener relaciones sexuales, accediendo ésta de mala gana para no contrariar a su marido". Y describían, además, que al poco de cenar una noche, concretamente el 23 de julio de 2017, ella se fue a dormir a su habitación. Al advertirlo el acusado, la llamó para que acudiera a la suya con la intención de mantener relaciones sexuales. Como ella no acudió, su esposo fue en su busca y, cogiéndola de las manos, la llevó a su habitación donde mantuvo relaciones sexuales.

    En la referida sentencia, tras subrayar que para que el delito de abuso sexual se consume es suficiente con conocer la falta de un consentimiento libre a la relación sexual, resaltamos que el caso enjuiciado "la declaración fáctica presenta una excesiva concisión, no identificándose con el necesario detalle el marco temporal en que se produjeron las relaciones sexuales a requerimiento del victimario y a las que la Sra. Otilia accedía "de mala gana", como se precisa en la sentencia de instancia, "para no contrariar a su marido". La sentencia solo precisa un episodio ocurrido el 23 de julio de 2017 en el que el acusado requirió desde su habitación a doña Otilia para que acudiera a mantener relaciones sexuales y como esta no acudía "fue en su busca y cogiéndola de las manos la llevó a su habitación" con dicha finalidad".

    Y desde la exclusiva concreción del rechazo a la relación sexual que se describía en el segundo de los pasajes, condenamos por un único delito de abusos sexuales del artículo 181.1 y 3 del Código Penal, rechazando al tiempo la continuidad delictiva.

    3.7. En el presente supuesto el relato de hechos probados, al que hemos de estar ineludiblemente en virtud del cauce procesal que emplea el motivo, no refleja que la acción se perpetrara por el acusado con representación de que las relaciones sexuales se desarrollaban en ocasiones sin un libre consentimiento de Berta o, incluso, con la creencia equivocada de que su mujer aceptaba las mismas. De hecho, esta realidad tampoco fluye del relato histórico de la sentencia; ni se refleja en una fundamentación jurídica que resultaría inhábil para aportar un soporte fáctico a la pretensión acusatoria; ni se refleja en un material probatorio que permita extraer esa inferencia.

    El factum de la sentencia describe la intolerable convivencia impuesta por el acusado y cómo para su esposa resultaba paulatinamente más difícil o insoportable su vida en común. Se declara probado que Balbino era posesivo, celoso y machista, habiéndose convertido en un marido autoritario "cada vez más intransigente y controlador de la vida, costumbres y amistades de su esposa, a quien ninguneaba frente a sus padres, hijos y amistades, limitándole los recursos económicos para hacerla totalmente dependiente de él y anularla como persona, oponiéndose a que trabajara fuera de casa y a que se relacionara con amigas, mostrando su repulsa si lo hacía con golpes a puertas, mesas y demás enseres de la vivienda, aderezado con expresiones tales como "eres una mongólica, te arranco la cabeza, te vas a enterar, vas a llorar gotas de sangre, aquí va a pasar algo gordo", y esto, que empezó a ser frecuente en los dos últimos años de matrimonio, fue haciendo mella en Berta hasta convertirse en una mujer sumisa y temerosa de su marido".

    Como veremos, la descripción presta un soporte incontestable de concurrir el delito del maltrato habitual por el que se ha condenado al recurrente.

    Pero la existencia de un maltrato frecuente, cuando la sentencia no analiza su intensidad periódica y no plasma que haya destruido al completo la convivencia, no comporta que cualquier encuentro íntimo de la pareja responda necesariamente a un consentimiento viciado. No es asumible sostener que en un contexto de maltrato en el que no se describe su periodicidad ni cualquier otro detalle sobre el desarrollo de la convivencia, no puedan existir comportamientos libres, de modo que cualquier relación sexual que se mantenga responda necesariamente a una ausencia de libertad tan evidente que debe ser necesariamente percibida por el maltratador. El posicionamiento determinaría que en cualquier relación conyugal en la que subsistan unas relaciones sexuales más o menos frecuentes dentro de un contexto insufrible de desprecio y maltrato habitual, concurriría siempre un delito continuado de abuso sexual, con independencia del número de actos de violencia que se ejecuten, su proximidad temporal o, incluso, de las circunstancias en las que se desarrolle cada encuentro sexual. Una realidad que ni siquiera contempla el legislador cuando establece una tipificación diferenciada para ambos comportamientos, subrayando el artículo 177 del Código Penal que, en los supuestos de maltrato habitual, cuando además se produjere una lesión a la libertad sexual de la víctima, se castigaran los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los hechos cometidos.

    3.8. Es fácil representarse que el abuso sexual será la regla general en los supuestos que analizamos con mayor degradación de la convivencia, pero ni lo será necesariamente en todos los casos en los que no se haya alcanzado una completa desafección conyugal, ni lo frecuente puede dispensar de la carga probatoria que resulta precisa para enervar el derecho a la presunción de inocencia o la necesidad de hacer una expresión fundada de los elementos en los que el Tribunal asienta la responsabilidad que proclama. Y en el caso presente, el relato de hechos probados no plasma en absoluto las exigencias necesarias para sustentar una condena por delito continuado de abuso sexual.

    3.9. El relato de hechos probados refleja que en una relación matrimonial de dieciocho años de duración, ciertamente sometida a un deterioro progresivo en virtud del carácter violento del acusado y el frecuente trato vejatorio que desplegaba contra su esposa, esta, "aún sin consentirlas, mantenía relaciones sexuales con el procesado por el miedo que le infundían sus ataques de ira, optando Berta por callar para evitar contrariarle".

    El relato de hechos probados se responde con la dramática descripción de Berta, pero su narración, aunque radicalmente creíble, resulta tan genérica e inconcreta que no sólo impide al acusado desplegar una defensa estructurada y sustantiva frente a la acusación, sino que también impide evaluar si el acusado conoció o pudo suponer que, en determinadas ocasiones, los encuentros sexuales que fundamentan su condena se desarrollaron sin la real aceptación de su esposa; algo que determina que el Tribunal no declare probada esa percepción del acusado.

    3.10. Ni el relato de hechos probados, ni la fundamentación jurídica de la sentencia, ni la prueba practicada reflejan si los esposos mantenían de ordinario relaciones sexuales libres, pero la perjudicada manifestó en el plenario que las relaciones sexuales indeseadas acaecieron en algunas ocasiones, no en todas, siendo más frecuente en el periodo final de su convivencia, concretamente del año 2017 a mediados del año 2018. Y concretó que estas relaciones indeseadas se producían cuando su esposo volvía a casa después de haber hecho un consumo excesivo de alcohol y drogas. Aunque admitió haber consumido con él en diversas ocasiones, reprochó el consumo excesivo y frecuente que fue capturando a su esposo y que ella rechazaba.

    Tampoco ha detallado, ni se le preguntó por ello, en qué contexto de convivencia acaecieron los hechos que denuncia, esto es, si los encuentros indeseados acaecieron en días en los que Berta había sido sometida a algún desprecio del acusado o cuando los esposos habían mantenido algún tipo de discusión o enfrentamiento, de modo que el acusado pudiera inferir de ese contexto el inicial rechazo a la relación.

    Además, el relato de hechos probados refleja que el acusado, pese a lo intolerable de sus reacciones, acataba el rechazo de las relaciones sexuales en las ocasiones en que Berta se lo hizo saber. En concreto, se declara probado que "era propenso a los ataques de ira, sobre todo si sus deseos sexuales no eran correspondidos por Berta", lo que manifestó la denunciante en el plenario indicando, además, que los ataques de ira se reflejaban en golpes a puertas o enseres de la vivienda, reconociendo que el acusado nunca le golpeó, agredió o impuso relaciones sexuales en las ocasiones que las rechazó. De hecho, se declara probado que si la denunciante mantuvo relaciones sexuales en las ocasiones que ahora enjuiciamos, no fue fruto de una reacción colérica y presente del acusado, sino precisamente "por el miedo que le infundían sus ataques de ira", en coherencia con la declaración de la denunciante de que en esas ocasiones toleró la relación sexual para evitar o prevenir un disturbio en una casa en la que dormían niños y sus padres.

    Y sobre la forma en que se desarrollaron las relaciones sexuales que se enjuician, sólo se desveló que cuando el acusado deseaba mantener la actividad sexual, la denunciante adoptaba una actitud pasiva y le dejaba hacer; admitiendo que nunca las rechazó o mostró al acusado su oposición. De hecho, a preguntas específicas del Tribunal respondió que nunca le expresó una queja por su comportamiento o le hizo gestos de desaprobación, ni antes ni después de que él consumara la penetración.

    Por último, la denunciante también desveló que las relaciones sexuales inconsentidas acaecieron fundamentalmente entre el año 2017 y mediados del 2018, esto es, hasta el momento en el que Berta dijo al acusado que se fuera de casa y puso término a la convivencia marital; sin que conste o haya narrado ningún encuentro sexual posterior.

    3.11. Lo expuesto justifica que el relato fáctico de la sentencia de instancia no afirme que el acusado conoció o pudo deducir que, en las inespecíficas ocasiones en las que mantuvo las relaciones sexuales que se le reprochan penalmente y que se han analizado, su esposa no consintiera las mismas.

    Y ese posicionamiento del Tribunal de instancia determina, de conformidad con las exigencias del tipo penal en los términos que se han expuesto en este fundamento, la indebida aplicación del delito de abuso sexual por el que ha sido condenado; debiéndose subrayar que el relato de hechos probados tampoco proclama que el acusado erróneamente se representara el comportamiento de su esposa como de efectivo consentimiento a su actividad sexual, lo que, de otro lado, conduciría igualmente a la anulación del pronunciamiento de condena, dada la ausencia de punibilidad para la actuación imprudente ( art. 14.1, in fine, del Código Penal).

    El motivo debe estimarse, decayendo el motivo tercero del recurrente, en el que sustentaba la inexistencia de continuidad delictiva respecto del delito de abuso sexual.

    CUARTO.- 4.1. Su segundo motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente aplicado el artículo 173 del Código Penal.

    Argumenta el acusado que conforme a lo prevenido por el artículo 173 del Código Penal, para la existencia del delito de malos tratos es preciso infligir un trato degradante a otra persona que menoscabe gravemente su integridad moral. Desde su planteamiento, sostiene que en este supuesto únicamente se ha pasado por algunos episodios de discusión familiar, motivados por haberse instalado sus suegros en el domicilio, lo que en ningún caso puede considerarse constitutivo de un delito de malos tratos del artículo 173 del Código Penal.

    4.2. El artículo 849.1 de la LECRIM fija como motivo de casación "Cuando dados los hechos que se declaran probados (...) se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal".

    Se trata, por tanto, como tiene pacíficamente establecido la jurisprudencia más estable del Tribunal, de un motivo por el que sólo se plantean y discuten problemas relativos a la aplicación de la norma jurídica, lo que exige ineludiblemente partir de unos hechos concretos y estables, que deberán ser los sometidos a reevaluación judicial. Es este un cauce de impugnación que sirve para plantear discrepancias de naturaleza penal sustantiva, buscándose corregir o mejorar el enfoque jurídico dado en la sentencia recurrida a unos hechos ya definidos.

    El motivo exige así el más absoluto respeto del relato fáctico que se declara probado, u obliga a pretender antes su modificación por la vía del error en la apreciación de la prueba ( art. 849.2 LECRIM) o por vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 852 de la ley procesal), pues no resulta posible pretender un control de la juridicidad de la decisión judicial alterando argumentativamente la realidad fáctica de soporte, con independencia de que se haga modificando el relato fáctico en su integridad mediante una reinterpretación unilateral de las pruebas o eliminando o introduciendo matices que lo que hacen es condicionar o desviar la hermenéutica jurídica aplicada y aplicable.

    4.3. Entre otras muchas, la STS 665/2019, de 14 de enero de 2020, condensó la doctrina de esta Sala sobre el tipo cuya aplicación se reclama Y como decíamos en la misma, el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar previsto el artículo 173.2 del Código Penal, castiga la ejecución de actos de violencia física o psíquica perpetrados de forma asidua sobre sujetos comprendidos en el ámbito familiar o cuasifamiliar, con los que se convive o concurre una vinculación personal persistente. Actos que, desde una perspectiva de conjunto, generan una situación de dominio o de poder sobre la víctima que menoscaba su dignidad, lo que da lugar a un injusto específico que rebasa el correspondiente a cada una de las acciones individuales que integran el comportamiento habitual.

    El precepto de que se trata ha suscitado ya abundante jurisprudencia que ha resaltado que el bien jurídico protegido en el delito de malos tratos habituales del artículo 173.2 del Código Penal, es la dignidad de la persona y su derecho a no ser sometida a tratos inhumanos o degradantes en el ámbito de la familia, protegiéndose al tiempo, de esta forma, la paz en el núcleo familiar como bien jurídico colectivo ( SSTS 474/2010, de 17 de mayo; 889/2010, de 19 de octubre; 1154/2011, de 10 de noviembre; 168/2012, de 14 de marzo y 66/2013, de 25 de enero). Aspecto este que quedó reforzado tras la reforma operada por la LO 11/2003, que situó los malos tratos habituales entre los delitos de torturas y contra la integridad moral, y los sancionó de modo agravado respecto del tipo básico, principalmente en atención a las características propias del ámbito familiar en el que se producen. Además los límites del bien jurídico se ampliaron, pues eliminó como exigencia la convivencia en los supuestos de relaciones de afectividad análogas a las de los cónyuges y se amplió expresamente el abanico de posibles sujetos pasivos del delito a las personas que, por su especial vulnerabilidad, se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

    La violencia física y psíquica a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos violentos o vejatorios aisladamente considerados, y el bien jurídico es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, quedando afectados fundamentalmente valores inherentes a la persona y dañado el primer núcleo de toda sociedad, el familiar (entre otras SSTS 645/1999, de 29 abril; 834/2000, de 19 de mayo; 927/2000, de 24 de junio; 1161/2000, de 26 de junio; 164/2001, de 5 marzo; 105/2007, de 14 febrero; 1050/2007, de 20 de diciembre; 716/2009, de 2 de julio; 192/2011, de 18 de marzo; STS 765/2011, de 19 de julio; STS 782/2012, de 2 de octubre; STS 1059/2012, de 27 de diciembre; 66/2013, de 25 de enero; 701/2013, de 30 de septiembre; 981/2013, de 23 de diciembre o 856/2014, de 26 de diciembre).

    Se trata de un tipo con sustantividad propia que sanciona la consolidación por parte del sujeto activo de un clima de violencia y dominación; de una atmósfera psicológica y moralmente irrespirable, capaz de anular a la víctima e impedir su libre desarrollo como persona, precisamente por el temor, la humillación y la angustia inducidos. Un estado con autonomía propia y diferenciada, que se vertebra sobre la habitualidad, pero en la que los distintos actos que lo conforman sólo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor.

    Por ello ha dicho de manera reiterada esta Sala que el maltrato familiar del artículo 173 del Código Penal se integra por la reiteración de conductas de violencia física y psíquica por parte de un miembro de la familia en relación a las personas que el precepto enumera, con independencia de la consideración típica que merezcan como hechos aislados. Lo relevante es que creen, por su repetición, esa atmósfera irrespirable o el clima de sistemático maltrato al que ya nos hemos referido.

    La habitualidad que necesariamente debe darse en el ejercicio de la violencia dentro del ámbito de las relaciones familiares, es una exigencia típica que ha originado distintas corrientes interpretativas. La jurisprudencia de esta Sala se ha apartado de la que vinculaba la habitualidad con un número de acciones violentas, que por establecer un paralelismo con la habitualidad que describe el artículo 94 del Código Penal a efectos de sustitución de penas, se fijó en más de dos, es decir, a partir de la tercera acción violenta. Gana terreno y se consolida en la doctrina de esta Sala la línea que considera que lo relevante no es el número de actos violentos o que estos excedan de un mínimo, sino la relación entre autor y víctima, más la frecuencia con que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, de lo que se deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo.

    La habitualidad así configurada responde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal. Será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas previas, que de existir, son prueba de aquella, aunque no la única vía para su acreditación (entre otras SSTS 765/2011, de 19 de julio; 701/2013, de 30 de septiembre; 981/2013, de 23 de diciembre; 856 /2014, de 26 de diciembre; 232/2015, de 20 de abril; 328/2016, de 20 de abril; 305/2017, de 27 de abril; 247/2018, de 24 de mayo; 27/2019, de 24 de enero).

    4.4. Y la conducta del acusado que se declara probada se ajusta a la concepción que hemos expresado del tipo penal.

    A diferencia de lo que el recurrente aduce, en el presente supuesto no contemplamos un contexto de discrepancia entre los esposos sobre aspectos puntuales de la convivencia y que hayan podido desembocar en una discusión, aun desabrida, pero homogénea y despojada de actitudes o hechos que puedan resultar vejatorios para la condición personal de ninguno de ellos.

    En concreto, el relato de hechos probados describe la convivencia diciendo que el acusado se comportaba finalmente como un "marido autoritario propenso a los ataques de ira, sobre todo, si sus deseos sexuales no eran correspondidos por Berta, mostrándose cada vez más intransigente y controlador de la vida, costumbres y amistades de su esposa a quien ninguneaba frente a sus padres, hijos y amistades, limitándole los recursos económicos para hacerla totalmente dependiente de él y anularla como persona, oponiéndose a que trabajara fuera de casa y que se relacionara con amigas, mostrando su repulsa si lo hacía con golpes a puertas, mesas y demás enseres de la vivienda, aderezado con expresiones tales como "eres una mongólica, te arranco la cabeza, te vas a enterar, vas a llorar gotas de sangre, aquí va a pasar algo gordo", y esto, que empezó a ser frecuente los dos últimos años de matrimonio, fue haciendo mella en Berta hasta convertirse en una mujer sumisa y temerosa de su marido, dedicada exclusivamente a su familia y las labores domésticas".

    De este modo, lo que el relato de hechos probados identifica es un contexto convivencial viciado, en el que se proyecta una realidad de sometimiento de la mujer a partir de comportamientos frecuentes e inaceptables de su esposo que atacaban la dignidad, libertad y sentimiento de seguridad de su pareja, vaciando un proyecto positivo de vida en común e, incluso, la autoestima y la satisfacción personal por la existencia. Los hechos entran de lleno en la previsión recogida por el legislador al tipificar en el artículo 173.2 del Código Penal los malos tratos habituales en el ámbito doméstico, justificando con ello la aplicación del precepto y la punición que el acusado combate.

    El motivo se desestima.

    Recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

    QUINTO.- 5.1. Su primer motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicados los artículos 178 y 179 del Código Penal.

    En su alegato, el Ministerio Fiscal subraya que se entiende concurrente la intimidación siempre que se crea un ambiente de atemorización suficiente para que la víctima no pueda oponerse a las acciones que soporta en contra de su voluntad, sin que sea imprescindible un explícito acto intimidativo inmediatamente antes de la realización del delito.

    5.2. La expresión de argumentos contenida en el fundamento tercero de esta resolución conduce a la desestimación del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, al no estar acreditado que el acusado conociera o pudiera conocer que su cónyuge no consentía mantener relaciones sexuales en los momentos en los que no exteriorizó ningún rechazo y dejó hacer al acusado.

    5.3. En todo caso, tampoco puede apreciarse que concurra el elemento objetivo de la intimidación que rechaza la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.

    A diferencia del empleo de la violencia, que comporta introducir una compulsión que impide al sujeto pasivo actuar o hacer libremente, la intimidación constriñe la libertad de decidir del sujeto afectado por ella, justificándose que ambas sean merecedoras de una agravación punitiva porque no sólo desdeñan la libre voluntad del sujeto pasivo, sino porque tanto la violencia como la intimidación se despliegan para imponerse o someter la capacidad y determinación que pueda tener la víctima para defender de forma efectiva su libre albedrío.

    Nuestra jurisprudencia ha expresado que la intimidación puede desplegarse mediante palabra, pero también con actitudes conminatorias o amenazantes cuando sean suficientemente expresivas de la agresividad del sujeto o de su capacidad de conducirse hacia una agresión real y significativa, siendo su valoración claramente circunstancial, lo que no excluye la posibilidad de que la intimidación sea contextual y pueda ajustarse a una vivencia cotidiana que resulte suficientemente reveladora de la agresividad de quien la desarrolla.

    En todo caso, nuestra jurisprudencia ha subrayado que la intimidación debe contener el anuncio o la conminación de un mal inmediato, grave, personal y posible, que despierte o inspire en la víctima un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego, una inquietud anímica apremiante por aprensión racional o recelo más o menos justificado, ante la contingencia de un daño real o imaginario, si no se pliega a las exigencias del sujeto agente ( SSTS 1053/1998, de 18 de septiembre; 131/2000, de 22 de marzo; 650/2008, de 23 de octubre o 365/2012, de 15 de mayo). Y una desconexión entre la intimidación (incluso contextual y remota) y los hechos, determina la inexistencia de la antijuridicidad que justifica la agravación de la respuesta penal, tal y como proclamamos en nuestra STS 841/2007, de 22 de octubre, a la que hemos hecho antes referencia, que rechaza la existencia de agresión sexual cuando la voluntad de la mujer no fue doblegada por "una situación de miedo de la suficiente intensidad como para llegar a la conclusión de que existió una situación de intimidación en el preciso y concreto sentido que este término tenía para la determinación de las agresiones sexuales", si bien condenando por un delito de abuso sexual en atención a que "faltó un consentimiento libre".

    Lo expuesto impide proclamar la incorrección de la sentencia impugnada al validar el Tribunal Superior de Justicia la sentencia de instancia en atención a que "la víctima declaró en el acto del juicio que el acusado nunca la agredió -nunca me puso la mano encima- y que, aunque era propenso a los ataques de ira si llegaba a casa y veía desorden en la vivienda, mostraba su repulsa propinando golpes a las puertas, mesas y demás enseres de la casa; y que ante las pretensiones sexuales que le dirigía ella nunca mostró su oposición, sino que callaba y las consentía para no contrariarle por cuanto, debido a su adicción a la droga y a la bebida, éstas siempre se producían cuando él se encontraba bajo la influencia de dichas sustancias -me callaba porque él venía puesto"; lo que lleva a la Sala de apelación a declarar "no debemos entender por completo anulada la voluntad de la víctima sino disminuida a causa de un sentimiento de inferioridad en relación con su marido que padecía la víctima y que le llevaba a admitir la práctica sexual aun cuando a ella no le apeteciera lo más mínimo, todo ello por el temor de desagradarle aún más de lo que entendía que ya lo hacía".

    Consideración que también pretende reflejar la sentencia de instancia en su relato fáctico, argumentando el fundamento jurídico tercero de la sentencia de la Audiencia Provincial que "La declaración de Berta en el plenario permite descartar al Tribunal que concurran las circunstancias que configuran el delito de agresión sexual ya que Berta en ningún momento refiere que su marido emplease violencia física para vencer su voluntad a modo de acometimientos, golpes, empujones, sujeciones a brazos o piernas o forcejeos, en suma, empleo de una fuerza eficaz suficiente para conseguir sus propósitos libidinosos ni que el procesado, previamente a los encuentros sexuales, se sirviera del anuncio de un mal inmediato, grave, personal y posible que despertara en Berta un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego insuperable ante la contingencia de un daño real o imaginario en que consiste la intimidación".

    El motivo se desestima.

    SEXTO.- 6.1. Su segundo motivo de impugnación se formaliza por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, al entender indebidamente inaplicado el artículo 171.4 del Código Penal.

    Reprocha el Ministerio Público que la sentencia de instancia no haya condenado al acusado por el delito continuado de amenazas por el que formuló acusación, discrepando de la consideración absolutoria de que las amenazas estaban subsumidas en el delito de maltrato psicológico habitual; e impugna el pronunciamiento que en el mismo sentido emitió el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación.

    6.2. La doctrina de esta Sala sobre la eventual concurrencia de los delitos de malos tratos habituales en el ámbito doméstico y amenazas en el mismo contexto familiar destaca que ambas figuras delictivas protegen bienes jurídicos distintos, de modo que el delito de maltrato habitual no puede absorber la reprochabilidad y condena de las amenazas personales. El bien jurídico protegido en los delitos de malos tratos habituales hace referencia al valor humano o dignidad de la persona, con autonomía propia, independiente y distinta de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al valor. La integridad moral se configura así como un espacio propio y susceptible de protección penal, de modo que el derecho a ser tratado como ser humano libre y no como objeto, no agota la protección de los demás derechos.

    Como destaca el alegato del Ministerio Fiscal, en nuestra reciente Sentencia 892/2021, de 18 de noviembre, decíamos " No tendría sentido, por ejemplo, que una amenaza quedara absorbida bajo un acto de maltrato, ya que en todo caso solamente la amenaza precedente a un acto más grave consecutivo a esta, por ejemplo, amenazar y lesionar, o amenazar y matar, puede producir la absorción de la primera respecto al delito más grave, pero no la amenaza en situación de igualdad con un delito consecutivo a aquella o antecedente. Y ello, porque produciría una situación de impunidad si se predicara la absorción, siendo por ello más graves las conductas en las que concurren amenazas junto a otros hechos cuya tipificación protegen bienes jurídicos diferentes que uno de estos hechos considerado aisladamente, siendo contradictorio sancionar de la misma manera con la absorción del artículo 8.3 CP este hecho aislado que cuando se cometa junto con otros al mismo tiempo".

    6.3. Lo expuesto conduce a la estimación del recurso, más aún cuando el relato de la sentencia de instancia describe situaciones de intimidación claramente diferenciadas del desprecio y la humillación. El relato de hechos probados proclama que durante la convivencia marital, el acusado, con la intención de anular a su esposa como persona: controlaba su vida, costumbres y amistades, la ninguneaba ante sus padres e hijos o le limitaba los recursos económicos y se oponía a que trabajara fuera de casa para hacerla dependiente de él, añadiendo que aderezaba su convivencia con expresiones tales como "eres una mongólica; te arranco la cabeza; te vas a enterar; vas a llorar gotas de sangre; aquí va a pasar algo gordo". Y describe que la noche del día 5 de agosto de 2018, por el hecho de que Berta llegó tarde de trabajar, el acusado la recibió encolerizado y fuera de sí, hasta el punto de que " Berta, temiendo por su integridad física, pidió a uno de sus hijos que fuera a pedir ayuda a su hermano, llamado Benedicto, quien pasaba las vacaciones en DIRECCION000, personándose éste de inmediato en la vivienda, encontrando al procesado presionando a su hermana contra la pared al tiempo que le gritaba "te vas a cagar, te vas a enterar". En ese momento Berta pudo zafarse de Balbino y aferrarse a su hermano hasta que llegó una patrulla de la Guardia Civil".

    El motivo debe estimarse.

    SÉPTIMO.- Conforme al artículo 901 de la LECRIM, procede la declaración de oficio de las costas procesales.

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

    Estimar el primer motivo de casación que por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM e indebida aplicación del artículo 181 del Código Penal, en su redacción dada por la LO 5/2010, ha sido formulado por la representación de procesal de Balbino.

    Estimar el segundo motivo de casación que por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM e indebida inaplicación de los artículos 171.4 y 74 del Código Penal, ha sido formulado por el Ministerio Fiscal.

    En su consecuencia, casamos la sentencia en el sentido de declarar la nulidad del pronunciamiento que condena a Balbino como autor de un delito continuado de abuso sexual; declarándole responsable de un delito continuado de amenazas de los artículos 171.4 y 74.1 del Código Penal .

    Todo ello desestimando el resto de pretensiones sostenidas por el Ministerio Fiscal y por Balbino y manteniendo en lo demás el resto de pronunciamientos contenidos en la sentencia de instancia, además de declararse de oficio las costas derivadas de la tramitación de los recursos.

    Comuníquese esta sentencia al Tribunal sentenciador a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

    Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.

    Julián Sánchez Melgar Pablo Llarena Conde Carmen Lamela Díaz

    Eduardo de Porres Ortiz de Urbina Javier Hernández García



    Fallo Segunda Sentencia:

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

    Debemos condenar y condenamos a Balbino como autor de un delito continuado de amenazas del artículo 171.4 del Código Penal , concurriendo la atenuante muy cualificada de drogadicción, a las penas de: prisión por tiempo de 8 meses; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 23 meses; así como prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de Berta y comunicarse con ella durante un tiempo de dos años.

    Absolvemos al acusado del delito continuado de abuso sexual del que venía condenado, manteniéndose su condena como autor de un delito de malos tratos habituales impuesta en la Sentencia dictada el 14 de junio de 2021, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia, en su Procedimiento Ordinario 8/2019.

    Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.

    Julián Sánchez Melgar Pablo Llarena Conde Carmen Lamela Díaz

    Eduardo de Porres Ortiz de Urbina Javier Hernández García


  • Dosier Propiedad Horizontal (TOL10.053.977)

    • Obras en elementos comunes: regla general y sus excepciones.
    El régimen de las alteraciones en elementos comunes parte de la premisa recogida en los artículos 9.1 a) y 7.1 LPH pues son las normas que determinan las relaciones de los copropietarios tanto sobre su piso o local como sobre el edificio en su conjunto. En concreto, el art. 7.1 LPH establece que cada propietario tiene libertad para modificar su vivienda o local (son elementos privativos) pero se prohíbe realizar cualquier alteración en los elementos comunes del resto del edificio.

    El párrafo primero del art. 7.1 LPH establece esa libertad sobre los elementos privativos con algunas limitaciones: "El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.

    El párrafo segundo del art. 7.2 LPH establece esa prohibición de modificar los elementos comunes: "En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador".

    Lo expone con claridad y precisión la STS 15-11-2010 (TOL2.008.976):
    "El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal limita las facultades del propietario de una vivienda o local sujeta al régimen de la propiedad horizontal. El propietario usará su piso o local según le convenga, pero carece de capacidad para alterar cualquier parte del resto del inmueble"

    Esa prohibición no tiene carácter absoluto puesto que existen vías para poder modificar los elementos comunes que se encuentran en la propia Ley de Propiedad Horizontal y también en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que la interpreta. Se trata de los estatutos y de los acuerdos de la junta de propietarios.

    Los estatutos se recogen en la Ley de Propiedad Horizontal y son el conjunto de reglas encaminadas a establecer el régimen de los derechos y obligaciones de los copropietarios que surgen de la coexistencia de elementos comunes y elementos privativos. En varios casos, los estatutos contemplan la posibilidad de que se efectúen modificaciones de elementos comunes.

    Según el art. 5 LPH los estatutos son "reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad".

    Esa expresión "no prohibidas por la ley" implica que los estatutos en cuyo texto se contenga la posibilidad de modificación de los elementos comunes no deberían incluir reglas que estén prohibidas por las normas de la Ley de Propiedad Horizontal sino que deberían respetarla.

    Es decir, los estatutos pueden modificar la LPH sólo en aquellas ocasiones en que las normas de ésta sean dispositivas y se respeten los límites que establece el art. 7.1 como se contempla en la STS 17-01-2012 (TOL2.411.960):

    "La reciente Jurisprudencia ha fijado como únicos límites a la citada autonomía de la voluntad, los recogidos en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal , esto es, que las obras en los locales genéricamente autorizadas en el Título no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior o perjudique los derechos de otro propietario ([RC n.º 1010/2006 de 15 de noviembre de 2010]"

    La otra vía para la alteración de los elementos comunes la constituye el acuerdo de la Junta de propietarios siempre que sea adoptado previamente y por unanimidad.

    La propia LPH lo contempla en su artículo 17.6: "Los acuerdos no regulados expresamente en este artículo, que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad, requerirán para su validez la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación.

    Se exige la unanimidad de la Junta de propietarios para adoptar acuerdos que supongan una modificación de los elementos comunes porque constituyen una modificación del título constitutivo, tal como lo recoge la citada STS 15-11-2010 (TOL2.008.976):

    "De hecho, para realizar obras que afecten a algún elemento común es precisa la unanimidad del resto de comuneros (SSTS de 20 de mayo de 2009 [RC nº. 829/2004] y de 16 de julio de 2009 [RC nº. 63/200 ]). El encaje legislativo se produce porque la alteración de cualquier elemento común produce de hecho una modificación del título constitutivo que debe ser necesariamente modificada por acuerdo unánime de los copropietarios"

    Sin embargo, hay que subrayar que existen varias excepciones a esta regla general del acuerdo adoptado por unanimidad, y que se recogen bien en la propia LPH (art. 10 a y b y art. 17,1º), bien en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (flexibilidad en relación con las obras en locales de negocio).

    • Obras en locales de negocio
    La jurisprudencia se ha mostrado constante a lo largo de los últimos años, aplicando un criterio flexible a la exigencia impuesta por la LPH de obtención de un acuerdo de la Junta por unanimidad cuando nos encontramos ante el supuesto de modificación de elementos comunes derivados de la realización de obras en los locales de negocio.

    El Tribunal Supremo utiliza precisamente esa misma expresión "criterio flexible" en su STS de 15-12-2020 (TOL8.246.313) que resume la cuestión:

    "Esta Sala se ha expresado en diferentes ocasiones sobre la problemática expuesta. Para su resolución se establece un criterio flexible y no exento de la inevitable casuística, a los efectos de determinar la conformidad a derecho de las obras de adecuación de los locales comerciales a los distintos fines de explotación susceptibles de ser destinados, lo que conduce a darles un tratamiento específico diferente del que merecen las obras ejecutadas en los pisos, sitos en las plantas altas de los inmuebles, sometidos al régimen jurídico de la propiedad horizontal, si bien respetando, como no puede ser de otra forma, los límites derivados de la aplicación del art. 7.1 de su ley reguladora"

    Este distinto tratamiento viene motivado por las diferencias sustanciales existentes entre la naturaleza jurídica de locales de negocio y las viviendas en cuanto que el destino de los primeros es la explotación de una actividad económica. Se pretende evitar que la aplicación rigurosa de la Ley de Propiedad Horizontal impida a los titulares y arrendatarios de locales de negocio el desarrollo adecuado de esa actividad empresarial. La STS de 22-12-2010 (TOL2.046.479) detalla esas razones de fondo:

    "Es muy frecuente que en el momento de construirse los edificios, sus locales se configuren con una pared de ladrillo para que el adquirente adecue la fachada de acuerdo con las necesidades estéticas inherentes al negocio que se va a desarrollar. Los locales comerciales están destinados a albergar diferentes negocios, de modo que para su correcto desarrollo es necesaria la instalación de elementos externos tendentes a la captación de clientela, que necesariamente van a afectar a elementos comunes del edificio y, en especial a la fachada.

    En este sentido la STS de 11-02-2010 (TOL1.790.755) del Tribunal Supremo reiterando lo dispuesto en la jurisprudencia anterior y reproducida en la STS de 15-12-2020 (TOL8.246.313) explica que:

    "No cabe idéntica interpretación entre locales de negocio y pisos, con fundamento en que los primeros se ubican generalmente en las plantas bajas y los segundos en las siguientes y aunque la fachada es todo lo correspondiente al exterior del inmueble en su completa superficie, la zona relativa a los pisos constituye una situación arquitectónica más rígida, donde cualquier modificación puede romper la armonía del conjunto, mientras que en las plantas bajas existe una mayor flexibilidad, tanto en su inicial construcción y acabado, a veces elemental, rudimentario y sin división alguna, como en cualquier cambio de su configuración o aspecto externo, en atención a la naturaleza de la actividad a desarrollar en los locales, siempre mudable y susceptible de notables transformaciones de destino surgidas por iniciativa de los iniciales titulares o de sus sucesores pues, como ejemplo, es distinta su conformación entre otras para una cafetería, un supermercado o una oficina bancaria, de manera que la realidad operativa exige alteraciones esenciales para el fin perseguido, que a veces afectarán a la fachada..."

    Este régimen más flexible que permite la realización de obras en los locales de negocio que afecten a la fachada tiene también sus limitaciones pues se exige que se cumplan una serie de requisitos:

    1º.- Se ha de respetar los límites del art. 7.1 LPH: que "no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general su configuración o estado exteriores y no perjudican los derechos de otro propietario".

    "La reciente jurisprudencia ha fijado como únicos límites a la citada autonomía de la voluntad, los recogidos en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, esto es, que las obras en los locales genéricamente autorizadas en el Titulo no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior o perjudique los derechos de otro propietario" Lo indica la STS de 29-12-2015 (TOL5.641.550), reiterando la STS de 15-11-2010 (TOL2.008.976) y STS de 17-01-2012 (TOL2.411.960).

    2º.- Se han de encontrar previstas en los estatutos

    "...las obras realizadas por el titular de locales comerciales situados en las plantas bajas de los edificios que afecten a elementos comunes y que estén autorizadas por el título o los estatutos de la comunidad de propietarios no se consideran contrarias a derecho siempre que no afecten a la seguridad o estabilidad del edificio ni perjudiquen el derecho de otro propietario" (Sentencias del Tribunal Supremo de 22-12-2010 (TOL2.046.479) y 2-10-2013 (TOL3.963.678).

    3º.- Sean necesarias para el desarrollo de la actividad del local de negocio.

    "Tanto más cuando no acredita la necesidad de tales modificaciones para la buena marcha del negocio, ni se prueba que las mismas son precisas para la adecuación a la actividad económica y permiten el desarrollo de su actividad". (Sentencia de 29-12-2015 (TOL5.641.550) del Tribunal Supremo)

    4º.- La Alteración no se puede exceder en relación a lo habitual en estos casos.

    Con carácter general lo perfila la Sentencia de 14-02-2011 (TOL2.053.291) del Tribunal Supremo cuando afirma que:

    "...considera, tras comparar la situación ya creada y la actual, que la alteración no ha sido desmesurada ni excesiva, en relación a lo que viene siendo habitual en el acondicionamiento de fachadas para la realización de actividades comerciales. Razona que ante el volumen del edificio, el contraste ornamental con el resto de la fachada no hace que el edificio pierda su sustantividad, al ser la parte afectada mínima en relación a la totalidad de la fachada. Además, los paneles con los que ha sido forrada la fachada, y cuyos llamativos colores son objeto de rechazo por la comunidad, no se han colocado en la zona inmediata a la puerta de entrada al edificio, al situarse, a un lado de la fachada la puerta de acceso al público del local, revistiéndose al otro lado con granito de color rosa, en consonancia con el revestimiento que ya existía"

    • Los acuerdos comunitarios y su carácter ejecutivo.
    El artículo 18.4 LPH establece con carácter general que los acuerdos de la junta de la Comunidad son de ejecución inmediata. Esto significa que los acuerdos, una vez se adoptan resultan válidos y eficaces desde ese mismo momento para todos los propietarios.

    Esta es la postura sostenida por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo recogida en la SAP de Alicante de 19-11-2021 (TOL8.876.736)

    "Ciertamente el artículo 18.4 de la LPH dispone que "La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios. Y nos recuerda la STS de 28 de septiembre de 2012 que "La reciente sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2011 ha reiterado como doctrina jurisprudencial que "(...) los acuerdos adoptados en Junta de Propietarios que no sean radicalmente nulos y no hayan sido impugnados son válidos y ejecutables".

    La razón última de esta norma consiste en evitar que se puedan presentar demandas sólo con la finalidad de dilatar en el tiempo la efectividad de esos acuerdos y que por esta vía se pueda llegar, en último extremo, a la suspensión de la actividad comunitaria. La SAP de Pontevedra de 18-10-2021 lo expresa de forma diáfana:

    "...pues lo que pretende el legislador a través de la norma citada (art. 18.4 LPH) es evitar que sucesivas impugnaciones de los acuerdos comunitarios puedan llegar a paralizar la vida comunitaria, y por ello declara la ejecutividad de los acuerdos en caso de impugnación, salvo que el juez que conozca de la misma acuerde su suspensión".

    La SAP de Málaga de 21-07-2021 (TOL8.833.201) transcribiendo la SAP Madrid de 11-10-2006 (TOL1.043.278) además de considerar que la finalidad es asegurar el principio de seguridad jurídica afirma que resulta aplicable a todo tipo de acuerdos comunitarios:

    "entender el problema de otra manera provocaría la ineficacia el principio de seguridad jurídica que también es predicable de los actos de la Comunidad de Propietarios, salvo que se proceda a su impugnación", y "así lo expresa la LPH y la jurisprudencia interpretativa anterior a la reforma de la Ley 8/99. Y tras la reforma como se ha mencionado, todos los acuerdos se someten al mismo régimen procesal y a un determinado plazo de caducidad- incluso cuando sean contrarios a la ley o a las normas imperativas".

    Los acuerdos comunitarios y su suspensión cautelar.

    El artículo 18.4 LPH establece una excepción al principio general de que los acuerdos son ejecutables inmediatamente consistente en que el propio juez disponga la suspensión de la ejecución "con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios".

    La jurisprudencia menor de las audiencias provinciales ha venido considerando que estamos ante una verdadera medida cautelar por lo que debe regularse según lo contemplado en los artículos 721 y siguientes de la LEC y tramitarse por el procedimiento dispuesto en los artículos 730 y siguientes de la LEC

    Esta medida de suspensión desde luego participa de las características generales de toda medida cautelar que enuncia el art. 726 LEC (accesoria del proceso principal, no sustituible por otra menos gravosa, temporal, provisional y modificable) pero es que, además, puede incardinarse en la cláusula residual del número 11 del artículo 727 LEC donde se perfila un catálogo de medidas cautelares específicas.

    Como señalaba el auto de la AP Alicante de 05-11-2008 es conveniente separar su carácter cautelar de la cuestión de fondo que se dilucida:

    "... hemos de comenzar resaltando el limitado ámbito del presente procedimiento, en el que únicamente se persigue la adopción de una medida cautelar cuya finalidad no consiste en anticipar la ejecución de la resolución que decida definitivamente la cuestión de fondo planteada sino, como previene el art. 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , evitar situaciones que pudieran tener lugar durante la pendencia del proceso y que, de no adoptarse tal medida, pudieran impedir o dificultar la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Claramente el acuerdo impugnado, cuya naturaleza ejecutiva proclama con carácter general el art. 18.4 de la Ley de Propiedad Horizontal , podrá dejarse sin efecto caso de que, en su momento, la sentencia que resuelva la cuestión principal decida estimar la demanda origen de estas actuaciones; por ello la adopción de esta medida cautelar en nada afecta a la tutela judicial pretendida".

    La medida de suspensión ha de cumplir los tres presupuestos que configuran legalmente toda medida cautelar: a) el peligro de mora procesal o "periculum in mora" (art. 728.1 LEC), es decir, que si no se suspende el acuerdo se pueda provocar un daño o perjuicio de difícil reparación bien al propietario o bien a la propia comunidad; b) la apariencia de buen derecho o "fumus boni iuris" (art. 728.2 LEC) consistente en el deber de aportar documentación suficiente para fundar un juicio provisional favorable a la solicitud de impugnación del acuerdo y c) ofrecer una caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que la suspensión pudiera ocasionar a la comunidad de propietarios (art. 728.3 LEC).

    Este análisis se observa muy bien en el auto de la AP de Madrid de 18-11-2011 (TOL5.336.515):

    "En el Auto apelado se advierte que la juzgadora de instancia tiene muy en cuenta el hecho de que la base de la demanda de impugnación sea el quebrantamiento de las formas de convocatoria de las juntas, pero no que se haya adoptado un acuerdo cuyo contenido vaya en contra de la ley o de los estatutos. Lo que le hace dudar incluso del "fumus boni iuris", como requisito para la adopción de la medida cautelar. Y, por otro lado, tratándose en el fondo de un acuerdo de contenido económico, como se deriva del sistema de distribución del gasto, tampoco aprecia la eventualidad de un perjuicio irreparable para el caso de que la sentencia definitiva anulase el acuerdo ("periculum in mora"). Y ciertamente, de ser así, lo más que podría suceder es que -si el demandante hace algún pago en ejecución de ese acuerdo- que la Comunidad se tuviera que ver obligada a devolverle el importe de ese pago, o a compensárselo en futuras cuotas. Pero nunca se vería el apelante en una situación de inseguridad irreversible, al ser difícil de imaginar una situación de insolvencia total de la comunidad de propietarios"

    También conviene resaltar que la suspensión de un acuerdo comunitario sólo se puede llevar a cabo por esta vía del art. 18.4 LPH previa impugnación del mismo y no a través de otros procedimientos.

    A) Es decir, no cabe la suspensión a través de los interdictos recogidos en la LEC, tal y como aclara la SAP Valencia de 09-06-2008 (TOL1.581.422) recogida en la SAP de Valladolid de 12-02-2018 (TOL6.524.229)

    "Y la SAP de Valencia de 9 de junio de 2008 se expresa en idéntico sentido razonando, tras indicar que los interdictos, ya sean de obra nueva, de retener o recobrar la posesión, no son vía adecuada para intentar dejar sin efecto los acuerdos comunitarios, interrumpiendo o evitando su ejecución, que "La única forma de actuar contra cualquier acuerdo incurso en alguna de las causas contempladas en el arto 18.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, es ejercitando la acción prevista en dicho artículo. El disidente puede en todo caso, en su momento, solicitar la suspensión cautelar para evitar su inmediata ejecución, pero no puede recurrir a la vía interdictal para conseguir el mismo fin, evitando la impugnación del acuerdo,..."

    La cuestión de fondo tiene un motivo procesal según expone la STS de 16-01-2023 (TOL 9.372.603) citada expresamente por SAP Burgos de 27-03-2023 (Tol 9.550.646):

    "Y, en este caso, se promovió un juicio sumario de protección posesoria ( art. 250.1 4º LEC), que implica una merma del derecho de defensa de la entidad demandada con respecto al juicio ordinario plenario de propiedad horizontal (249.1 8º LEC), en tanto en cuanto el promovido se limita al enjuiciamiento del hecho posesorio y del despojo o perturbación causados, determinando la estimación de la demanda, de cognición limitada, la reposición posesoria con demolición de lo construido; mientras que, en el segundo, cabe discutir el mejor derecho a la posesión, así como la legalidad de unas obras, ya concluidas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico sustantivo o material"

    b) Ni tampoco cabria la suspensión de los acuerdos a través de la vía de la cuestión prejudicial civil del art. 43 LEC como recoge la SAP Madrid de 25-02-2015:

    "... la generalidad de la doctrina emanada de las Audiencias Provinciales predica la imposibilidad de aplicar la prejudicialidad civil del art. 43 LEC cuando no se ha pedido la suspensión de los acuerdos comunitarios al amparo del art. 18.4 LPH . Efectivamente, el art. 18.4 de la Ley de Propiedad Horizontal contiene una norma especial privando de forma expresa al proceso de impugnación del lógico efecto suspensivo del acuerdo impugnado. El efecto de la aplicación de esta norma especial consiste precisamente en no permitir el juego ordinario del art. 43 de la ley de enjuiciamiento civil que debería llevar precisamente a la suspensión del proceso de reclamación por la existencia del proceso de impugnación"

  • Escrito de acusación por delito leve maltrato cruel animal (TOL9.662.442)

    Artículo 340 bis del CP

    AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN [...]

    [...], Procurador de los Tribunales, en nombre de Dña. [...], representación que consta acreditada en el Procedimiento Abreviado nº [...], ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

    Que, habiéndoseme dado traslado de las actuaciones, mediante el presente escrito, en tiempo y forma y a tenor de lo preceptuado en el artículo 781.1 de la LECRIM, solicito la apertura de juicio oral, ante el Juzgado de lo Penal y contra D [...], formulando escrito de acusación en base a las siguientes:

     

    CONCLUSIONES PROVISIONALES

    PRIMERA. - El acusado D. [...], sin antecedentes penales, se encontraba paseando por la calle [...]

    Sobre las 12 horas del lunes [...] se cruzó con mi representado que iba paseando a su mascota llamada [...] y sin mediar palabra golpeo a la misma causándole lesiones en la zona del costado que tuvieron que ser atendidas de inmediato en un centro veterinario 

    El coste de dicha atención es de 1200 euros, junto con el daño moral y psicológico causado a la mascota ya que a día de hoy no quiere salir a la calle, pues ha cogido miedo a que vuelva a suceder lo mismo 

    El acusado, tras los golpes desapareció corriendo del lugar sin mediar palabra y sin dar tampoco ningún apoyo. 

    SEGUNDA. - Los hechos expuestos son constitutivos de un delito de abandono de animal del art. 340 bis del CP. (ampliar en caso de ser un tipo agravado) 

    TERCERA. - Del mencionado delito responde en concepto de autor, el acusado D. [...]

    CUARTA. - No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

    QUINTA. - Procede imponer al acusado la pena de prisión de 10 meses, así como inhabilitación especial de dos años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, 

    En concepto de responsabilidad civil indemnizará a mi representada por los gastos ocasionados en la clínica veterinaria que ascienden a 1200 euros más un daño moral de [...]

    Se solicita la condena en costas, incluidas las de la Acusación Particular.

    En su virtud,

     

    SOLICITO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito y sus copias, se sirva admitirlo, tenga por evacuado él trámite conferido, teniendo por formuladas las presentes conclusiones provisionales y por solicitada la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal de D. [...]

    PRIMER OTROSÍ DIGO: Que esta parte propone los siguientes medios de prueba para el Acto de Juicio oral:

    1. Interrogatorio del Acusado

    2. Testifical de: (Citar Testigos con sus datos o nº de folio si consta en la causa)

    3. Documental, por lectura de lo actuado.

    (Deberán señalarse los folios y diligencias concretos que consideremos relevantes)

    4. Las demás propuestas por las partes, aún en él supuesto que por estas se renunciare a su práctica.

    SOLICITO AL JUZGADO, tenga por solicitados los anteriores medios de prueba y en su día se acuerde lo necesario para su práctica.

    SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Se solicita sean los testigos citados de oficio. - SOLICITO AL JUZGADO, tenga por hecha esta solicitud, y acuerde la admisión de la misma.

    TERCER OTROSÍ DIGO: Se solicita del juzgado se cumplimente la pieza de responsabilidad civil. - SOLICITO AL JUZGADO, tenga por hecha esta solicitud y ordene lo necesario al efecto de cumplimentar la pieza separada de responsabilidad civil

     

    (Fecha)

    (Firma de Letrado y Procurador)

  • Suspensión de contratos de trabajo por fuerza mayor. Resolución administrativa dictada en plazo: La resolución administrativa que denegó la existencia de fuerza mayor fue dictada en plazo al haberse ampliado los marcados para resolver por existencia de una incidencia técnica. Existencia de fuerza mayor: El ciberataque que sufrió la empresa, cuya actividad se desarrolla mediante el uso de sistemas informáticos, impidió en el caso que se resuelve que determinados trabajadores pudieran prestar servicios, a pesar de las diligentes políticas de seguridad de la información existentes a nivel organizativo y de seguridad física de las instalaciones que había dotado la empresa. Se confirma en este extremo lo resuelto en la sentencia recurrida. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 908/2024 - Num. Proc.: 144/2022 - Ponente: María Luz García Paredes (TOL10.075.558)

    CASACION núm.: 144/2022

    Ponente: Excma. Sra. D.ª María Luz García Paredes

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sagrario Plaza Golvano

    TRIBUNAL SUPREMO

    Sala de lo Social

    Sentencia núm. 908/2024

    Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

    D. Antonio V. Sempere Navarro

    D. Ángel Blasco Pellicer

    D.ª María Luz García Paredes

    D. Juan Molins García-Atance

    En Madrid, a 11 de junio de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que tiene de la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Economía Social), al que se adhirió íntegramente la Confederación General del Trabajo (CGT) y en su nombre y representación don José María Trillo-Figueroa Calvo contra la Sentencia núm. 37/2022 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 14 de marzo de 2022 en el procedimiento n.º 13/202, sobre impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social a instancia de Ilunion Contact Center S.A.U. y en su nombre y representación D. Juan José Jiménez Remedios contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

    Se ha personado como parte recurrida, D. Juan José Jiménez Remedios, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en nombre y representación de Ilunion Contact Center S.A.U.

    Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª María Luz García Paredes.

    PRIMERO. - El 14 de enero de 2022, D. Juan José Jiménez Remedios, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, actuando en nombre y representación de Ilunion Contact Center, S.A.U., presentó demanda contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sobre impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social, frente a la desestimación por silencio administrativo, del recurso de alzada interpuesto por la citada empresa frente a la Resolución dictada por la Sra. Directora General de Trabajo Dª Florinda, de fecha 15 de julio de 2021, por la que se denegaba la constatación de fuerza mayor en que se fundaba el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De dicha demanda conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en la que tras exponer los hechos y motivos que estimó de aplicación terminó suplicando se dictara sentencia por la que se declare: "no conforme a derecho el acto impugnado y su anulación total y proceda a reconocer y constatar expresamente la concurrencia de fuerza mayor habilitando a la empresa a la adopción de las medidas suspensivas reconocidas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores respecto de los trabajadores afectados, (i) por la concurrencia de la nulidad del procedimiento y de la Resolución impugnada en base a los argumentos contenidos la presente demanda y/o (ii) subsidiariamente por los motivos de fondo expuestos".

    SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio, con la intervención de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a las actuaciones. Recibido el pleito a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

    TERCERO.- En fecha 14 de marzo de 2022 , se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional , en la que consta el siguiente fallo: "Estimamos la demanda formulada por D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ REMEDIOS, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, actuando en nombre y representación de ILUNION CONTACT CENTER, S.A.U., contra, el MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, sobre, IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, declaramos la nulidad del acto impugnado, declaramos estimada por silencio administrativo la solicitud de declaración de fuerza mayor formulada por la empresa ILUNION CONTACT CENTER, S.A.U., como causa de la suspensión de relaciones laborales de los trabajadores afectados de su plantilla".

    CUARTO. - En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

    "PRIMERO. - En fecha 21 de junio de 2021, se efectuó por la empresa demandante, ante la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, solicitud de constatación de fuerza mayor, en que se fundaba expediente de regulación temporal de empleo que contemplaba medidas suspensivas y de reducción de jornada, que afectaban a un total de 1.192 trabajadores de la empresa, distribuidos en sus centros de trabajo de Madrid, Barcelona, Sevilla y Logroño.

    SEGUNDO. - El 4 de julio de 2021, se recibió comunicación mediante correo electrónico, del registro electrónico Redsara, por el que se comunicaba que, la solicitud estaba siendo tramitada por la oficina de Registro General del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social.

    TERCERO.- El 19 de julio de 2021, se recibió Resolución dictada por la Sra. Directora General de Trabajo Dª Florinda, de fecha 15 de julio de 2021, por la que se denegaba la constatación de fuerza mayor en que se funda el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) solicitado por Ilunion Conctact Center, S.A.U. (en lo sucesivo, "ICC", la "Empresa" o la "Compañía"), confiriendo el plazo de un mes para formular recurso de alzada, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ("Ley 39/2015"). (Descriptor 3).

    CUARTO. - El 13 de agosto de 2021 la parte actora presentó Recurso de Alzada frente a la antedicha Resolución denegatoria; todo ello, al amparo de lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015. (Descriptor 4).

    QUINTO. - I. Ilunion Contact Center, S.A.U., es una sociedad perteneciente al Grupo Ilunion -participado íntegramente por la Fundación ONCE dedicada desde sus inicios a la actividad del Contact Center o Telemarketing, consistente en el servicio de atención de llamadas telefónicas, mediante su emisión o su recepción, con la gestión de la información o las incidencias que dicha llamada genera. Forma parte intrínseca de su objeto social la promoción laboral de trabajadores discapacitados mediante la realización de todas aquellas acciones de marketing a través del teléfono como son promociones, ventas, sondeos, encuestas y estudios de mercado. II. La empresa cuenta con 5 centros de trabajo distribuidos por la geografía nacional, enclavados en las provincias de Madrid, Sevilla, Barcelona; Jaén y La Rioja. III. Dentro de la tipología de servicios del sector de Contact Center, la actividad principal de la empresa se corresponde con los servicios de Atención al Cliente, que representan el 48% del sector. Esta tipología de Servicios sitúa a Ilunion como un proveedor eminentemente de atención. Entre los sectores a los que pertenecen los clientes de la Sociedad hemos de destacar los siguientes: - Clientes sector privado: o Sector Seguros: Segurcaixa Adeslas, Sanitas. o Sector Transporte: Renfe/Enterprice Atesa o Sector Turismo: NH/ Hesperia/ Ilunion Hotels o Sector Industria: Zardoya Otis o Sector Juego: ONCE - Clientes administración pública: o La Rioja (Cita Previa Sanitaria). o EPES (Salud Responde), o Consorcio Transporte Publico Andalucía. o CAM (Campaña 012). Cada sector requiere una solución determinada para cada tipología de campaña ejecutada por la empresa. Asimismo, cada cliente y la campaña de cada cliente requieren soluciones diferentes, específicas y personalizadas para cada servicio. Por motivos de eficiencia, la distribución de la plantilla del colectivo de operadores se organice por campañas y la especialización de los empleados en cada una de ellas; de tal forma que, cuanto mayor sea la demanda de llamadas de una campaña, habrá que destinar a un mayor número de operadores a la misma. Además, no sólo las funciones de los empleados son diferentes dependiendo del sector o cliente para el que desarrolle sus tareas de campaña, sino que, cada sector se comporta de manera diferente, con patrones de oferta y demanda diferentes, y con amenazas y oportunidades de mercado diferentes, de modo que, la adscripción de los empleados a campañas concretas favorece su especialización y permite la prestación de servicios de mayor eficiencia a los clientes de la empresa. IV. Para poder desarrollar dichas actividades, Ilunion Contact Center cuenta en la actualidad con dos áreas diferenciadas: personal de Estructura y personal de Operaciones. El personal de Estructura se subdivide en 6 áreas: (i) el personal dedicado a labores de apoyo técnico de sistemas de información, (ii) personal comercial (iii) departamento financiero (iv) área de Recursos humanos y relaciones laborales (v) personal encargado de tareas relacionadas con servicios generales y (vi) unidad de apoyo. Por su parte en el área de Operaciones se encuadran las diferentes ubicaciones físicas donde se prestan los servicios propios de la actividad de la Sociedad y que se encuentran ubicados en los centros de trabajo previamente señalados. Este colectivo de "Operaciones" es el encargado de llevar a cabo las actividades y funciones que engloban los servicios de telemarketing y Contact Center de Ilunion Contact Center. V. La Compañía emplea a un total de 2.158 personas trabajadoras, de las que afectadas por las medidas suspensivas y de reducción de jornada que se propusieron, únicamente estarían 1.192 dada cuenta de que éste fue el número de empleados que vieron imposibilitado el desarrollo de su actividad laboral. VI. Ilunion Contact Center, S.A.U pertenece junto con las sociedades Ilunion CEE Contact Center, S.A.U. y FITEX Ilunion, S.A. a la división del Grupo Ilunion, denominada ILUNION CONTACT CENTER BPO, división que tiene como actividad los servicios de centro de atención de llamadas y de gestión documental. VII . Las tres sociedades que conforman ILUNION CONTACT CENTER BPO cuentan con una infraestructura común, que se asienta principalmente en Madrid, aunque también existen sistemas específicos en el resto de las sedes de las mencionadas mercantiles. Es en la sede de Madrid situada en la Calle Julián Camarillo donde se encuentra el Centro de Procesamiento de Datos (en adelante "CPD"), que contiene los servidores donde están instalados los sistemas por donde fluye y se procesa la información digital necesaria para la prestación de los servicios, así como procesos administrativos internos y las infraestructuras de comunicaciones asociadas. Igualmente se encuentra el equipo físico de la centralita de llamadas, que es la infraestructura principal utilizada en los servicios, dado que gestiona todas las conversaciones telefónicas, el principal medio para el contacto que tienen los clientes finales con los servicios prestados. Por todo lo anterior, la actividad de los trabajadores de las tres sociedades depende de forma esencial del correcto funcionamiento de la mencionada infraestructura tecnológica y del CPD. Y ello, por cuanto necesitan para desarrollar su actividad de una computadora profesional con sistema operativo Windows. VIII. El día 4 de junio de 2021 a las 5:15 a.m. se recibe en Ilunion Contact Center una incidencia alertando de que los Virtual Desktop Infrastructure (tecnología de virtualización de escritorio que almacena un sistema operativo en un servidor centralizado de un centro de datos) no funcionaban correctamente. Detectada la mencionada incidencia se contacta con la compañía que da soporte a las tres sociedades que conforman la unidad Ilunion Contact Center BPO, la empresa externa Unified Cloud Services (en adelante "UCS"), para identificar el problema y aplicar una solución. En ese periodo de tiempo se detecta que un servicio de Base de Datos tampoco funciona correctamente. IX. A las 6:02 a.m. UCS informa de que se está generando tráfico de datos hacia ellos y que sospecha que se trata de un virus ransomware. A las 6:40 a.m. se apaga el CPD completo y se procede a cortar las comunicaciones con todas las sedes de la división Contact Center BPO para evitar la distribución del virus. X. Inmediatamente, se informa del incidente a Grupo Ilunion, el cual convoca al Grupo de Respuesta ante Incidentes de Ilunion (GRI), formado diferentes proveedores externos de servicios y sistemas afectados por el incidente entre otros: CIOs del Grupo Ilunion y de la unidad de Contact Center, Responsable de Seguridad de los Sistemas de Información, Departamento Jurídico, Responsable de Infraestructura y Comunicaciones, y los equipos de soporte externo de Seguridad de la empresa UST-Global y de la consultora independiente Deloitte, decidiendo activar el incidente en la póliza de ciberseguridad del Grupo. En el seno de dicho Grupo de Respuesta se definen las líneas de trabajo principales asociadas al plan de acción para asegurar la contención, erradicación y recuperación del entorno afectado con la mayor agilidad y garantías posible; repartiéndose asimismo las tareas entre los distintos equipos involucrados. A las 08:53 a.m. Deloitte -experto independiente- procede a la activación del equipo de Respuesta a Ciberemergencias (Cyber Emergency Managment) e inicia el análisis forense comenzando por un equipo aislado de la red que se identifica como infectado. Se buscan en dicho portátil artefactos infectados por el malware y se identifican los siguientes: ASWA_Install_Log_000.log.RYK DumpStack.log.tmp.RYK Clasificación: Interna Icr.txt.RYK MSCCHRT20.OCX.RYK RyukReadMe.html Se concluye por la extensión de los archivos que se trata del ransomware RYUK. Las labores de investigación y comprobación realizadas por dicha empresa independiente -en estrecha colaboración con la Empresa y el resto de las sociedades de la unidad afectada, así como los 8 proveedores externos de servicios de estas- se han prologado por más de veinte días. XII. El 4 de junio de 2021, se informa de la brecha de seguridad sufrida a la Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo, "AEPD"), conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. El día 6 de junio de 2021 se actualiza dicha información. XIII. El mismo día en el que se detecta el incidente, esto es, el 4 de junio de 2021, se remite comunicación a todos los clientes informándoles de: La existencia de un posible incidente de ciberseguridad. Las medidas preventivas adoptadas por la Empresa para evitar posibles fugas de información, así como otro tipo de consecuencias. Entre las medidas principales, destaca la desconexión del Centro de Procesamiento de Datos. De la activación de todos los protocolos correspondientes. Del grado de afectación de dichos hechos a los servicios prestados por la Empresa. Los días posteriores al incidente (5, 6, 7 y 8 de junio), se remiten nuevas comunicaciones a los clientes de la división, actualizando la información disponible sobre el incidente y los avances de la investigación: Las nuevas medidas preventivas adoptadas. La tipología del virus y todos los datos obtenidos de la investigación forense. El grado de afectación a los servicios prestados. XIV. Se informa inmediatamente a los trabajadores y a su representación unitaria de la imposibilidad de prestar servicios en las unidades afectadas, por la inutilización de las computadoras, impresoras, escáner, etc. así como consecuencia del riesgo existente en materia de seguridad de la información de no adoptarse las mencionadas medidas y la cesión de la actividad en las unidades afectadas. XV. Asimismo, una vez detectada la incidencia, desde la Dirección General se alerta de la incidencia informática a la Dirección de Contact Center BPO, así como del apagado del CPD, con la finalidad de que dichos responsables trasladen la información a los equipos de trabajo. De esta forma, se va informando de la incidencia a todos los equipos afectados, instándoles a cesar en la prestación de servicios como medida adoptada por el GRI - esto es, no solo por la Empresa y Grupo Ilunion, sino siguiendo las recomendaciones de las empresas independientes UCS y Deloitte-. Asimismo, se convoca a la representación unitaria de los trabajadores para abordar con inmediatez la situación y valorar las distintas opciones a adoptar. XVI. El equipo de Forensic de la empresa externa Deloitte, pese a haber efectuado informe definitivo tras una investigación de más de veinte días la cual comenzó en el mismo momento en el que se detectó la presencia del virus -que en el momento de realización de la solicitud de constatación de fuerza mayor no era de carácter definitivo- no ha podido evidenciar el vector de entrada del ransomware. De esta forma, si bien se afirma en el antedicho informe que toda la actividad maliciosa se llevó a cabo por dos usuarios del dominio de la organización, se indica que no se ha podido evidenciar como se han podido comprometer las credenciales de dichos usuarios. Del informe definitivo, que constata las conclusiones alcanzadas ya de forma preliminar, de fecha 14 de julio de 2021 (documento nº 2 de los acompañados al Recurso de Alzada), que elabora la empresa externa Deloitte, se colige lo siguiente: La infección viene motivada por un ransomware de la familia Ryuk. Se descarta una posible vulnerabilidad del sistema de seguridad perimetral de la organización como posible vector de entrada del virus. Las medidas adoptadas proactivamente por parte de la división ILUNION CONTACT CENTER BPO para la contención y recuperación del entorno afectado por el incidente han sido adecuadas, llevándose a cabo de forma ágil y mitigando por lo tanto considerablemente el riesgo de potenciales impactos adicionales o reincidencia a corto plazo. Cabe señalar las medidas a las que se refiere el mencionado informe y que fueron adoptadas con la finalidad de contener el impacto del incidente: o Apagado completo del CPD de la organización, con el fin de frenar la propagación del ransomware mientras se desarrolla la investigación forense del escenario identificado. De este modo, no existe tráfico saliente desde la organización a otros posibles servicios, ya que la red se encuentra completamente aislada. o Estudio de la implantación de un EDR, para la detección temprana de posibles piezas de malware que puedan registrarse en los equipos, así como la detección de los IOCs asociados a las piezas de malware extraídas propiamente del escenario acontecido y referentes al ransomware Ryuk y otros módulos de malware comúnmente empleados durante las fases de escalada de privilegios, movimientos laterales y comunicación contra servidores C&C de la cadena de ataque. o Deshabilitación de todas las unidades mapeadas y carpetas compartidas en red. o Revisión de creación o modificación ilegítima de nuevos usuarios a nivel de Active Directory. Asimismo, no se detectan o refieren brechas o fallos en la adopción de medidas preventivas por la Empresa. Prueba evidente, no solo de la rigidez del sistema de seguridad existente en la Empresa, sino también de la efectividad de las medidas adoptadas por la Empresa es que, pese a la actividad ilegítima sufrida en los servidores, según se desprende del informe la exfiltración de información de la organización se considera muy baja. XVII. El incidente se ha producido, pese a las políticas de seguridad de la información existentes en todas las empresas pertenecientes a la división ILUNION CONTACT CENTER BPO, entre las que cabe destacar las siguiente: Existencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGCI) basado en la necesidad de que la Información esté en continua evolución y que dicha evolución en la madurez esté documentada y pueda ser verificada. Sistema que es revisado anualmente. El modelo en el que se basa el SGSI de ILUNION Contact Center BPO es el denominado Modelo PDCA (Planificar, Hacer, Revisar, Actuar, por sus siglas en inglés) con lo que anualmente, se hace una revisión de las medidas de seguridad que están implantadas y se promueve una mejora continua, basados en un análisis de riesgos. Certificación ISO/IEC 27001 de técnicas de seguridad de la información otorgada por AENOR y renovada anualmente por auditorías. Certificación ISO/IEC 27002 que desarrolla controles específicos distribuidos en 13 capítulos, que suman 133 controles. A nivel organizativo, la Empresa cuenta con un entramado de políticas, normas y procedimientos de seguridad que establecen las pautas para actuar de forma segura en torno a la información. Asimismo, la Empresa dispone de una Política de Seguridad (PO01) de la cual se derivan normas que cubren todos los capítulos que se desarrollan en la ISO 27002. Activos e información inventariados y controlados de forma periódica y clarificados según las dimensiones de seguridad (Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad). Control de acceso de tipo lógico a los sistemas en función de las necesidades del negocio y basados en el principio de mínimo privilegio. En lo referido a seguridad física de las instalaciones, se tienen establecidos controles de acceso y de seguridad ante amenazas externas y ambientales, así como seguridad interna para proteger los activos que en ellas se encuentren. Controles que regulan la seguridad en la operativa diaria sobre los sistemas de información, que comprenden la asignación nominativa de usuarios con exigencia de contraseñas complejas para su login; revisión periódica de los permisos y privilegios de los usuarios, con énfasis en aquellos usuarios administradores; segmentación de redes destinadas a servicios diferenciados; gestión de conexiones remotas seguras; programa antivirus actualizado en todos los equipos, gestionado de forma centralizada; realización periódica de copias de seguridad y almacenamiento en lugares seguros. El ciclo de desarrollo de software, así como de su adquisición a terceros, está fundamentado en protocolos robustos que exigen el desarrollo seguro, con garantías de actualización periódica y en los casos en que sea aplicable, auditorías específicas de hacking ético. Se tiene una plataforma de trabajo extendida a todos los miembros de la organización, para la gestión integral de incidentes, mediante la cual se mantiene un flujo de trabajo controlado y documentado de todos los eventos que pueden afectar la seguridad de la información en la empresa. Apoyo en empresas de soporte especializadas como Unified Cloud Services. Forensic con auditoría realizado por una empresa independiente, Deloitte. Antivirus Kaspersky en todos los portátiles y ordenadores de sobremesa, así como en los servidores de toda la división. Firewall para el control y autorización de tráfico e IDS de la empresa Fortinet en el perímetro de seguridad del Centro de Procesamiento de datos, que realizan un filtrado de las conexiones y análisis del caudal de tráfico de entrada y salida de Contact Center. XVIII. El ciber-incidente se ha sufrido en los sistemas ubicados en todas las sedes de las empresas que conforman la división ILUNION CONTACT CENTER BPO y en todos los ordenadores instalados (alrededor de 1.200 equipos diferentes). Consecuencia de que se han visto afectados todos los componentes que dependen de esta infraestructura, los trabajadores de las distintas sociedades se han visto imposibilitados para utilizar los programas computaciones para operar los servicios de Contact Center y gestión documental y, con ello, para prestar servicios. XIX. Consecuencia de lo anterior, con fecha 4 de junio de 2021, se suspendieron la mayor parte de los servicios que se prestaban a los clientes, quedando con ello sin actividad los empleados vinculados a dichas campañas, ante la imposibilidad de uso de las herramientas informáticas esenciales para el desarrollo de la actividad laboral. Y todo ello, por los riesgos anteriormente expuestos. Concretamente, se han visto afectadas por el ciberataque las 28 campañas desarrolladas para distintos clientes en los términos que se explicita en el apartado XIX de la demanda, que se da por reproducido. XX. Es preciso señalar que el restablecimiento pleno y seguro de los servidores y del sistema informático en su conjunto requiere de un proceso complejo y lento, el cual ha sido desarrollado en el Informe Técnico, que se acompañó a la solicitud de expediente suspensivo como documento nº 6 y que, en todo caso, justifica que la duración de la medida de ERTE que se proponía por la Compañía. El ransomware es un programa de software malicioso que puede infectar un equipo o una red, cifrando la información, y que, con carácter general, muestra o genera mensajes que exigen el pago de una suma dineraria en criptodivisas para restablecer el funcionamiento del sistema. Los métodos de entrada de este malware son variados: mediante un enlace malicioso en una página web o la infección de un fichero compartido, siendo el más habitual el phishing. Es por esto por lo que, además del control de navegación para evitar sitios sospechosos de ocultar malware, de la continua actualización de los sistemas, de la protección de los mismos y de las medidas preventivas de backup - todas ellas implementadas en la forma explicitada con anterioridad por la empresa demandante- es imposible mantener una protección total ante una incidencia de este tipo (Memoria explicativa de las causas e informe técnico que se acompañaban a la misma como documentos 5 y 6, que obran en el expediente administrativo y descriptores 28 y 29, que se dan por íntegramente reproducidos).

    SEXTO. -El número y clasificación profesional de trabajadores afectados por la medida, especificados por centro de trabajo, provincia y comunidad autónoma, es el relacionado en la descripción 27, cuyo contenido, se da por reproducido. Se da por reproducida la relación de trabajadores afectados por el ataque informático donde se refleja la recuperación paulatina de la actividad de la Empresa en el período comprendido entre el 4 de junio y el 24 de julio de 2021. (descripción 81).

    SÉPTIMO. -Se dan por reproducidos los documentos relativos a la política de seguridad de la información de la empresa. (Descripción 32). Descripción de la arquitectura general de la red corporativa de ILUNION CONTACT CENTER BPO. (descripción 34). El Mapa de la red ILUNION CONTACT CENTER BPO. (descripción 35). Contrato de prestación de servicios VID entre la demandante y Unified Cloud Services de 1 de mayo de 2020. (descripción 36). El procedimiento de gestión de Incidencias de Seguridad Informática. (descripción 37). El Manual de respuesta técnica frente a Ransomware. (descripción 38). La Póliza de Responsabilidad Civil por Riesgos Cibernéticos suscrita por Grupo Ilunion y sus filiales con la compañía de seguros AIG EUROPE, S.A. (descripción 39). Certificado de la compañía de seguros AIG EUROPE, S.A. relativo a la póliza del Grupo Ilunion y sus filiales para el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2021 y el 24 de abril a las 2022. (descripción 40). El Manual en materia de seguridad de la información y ciberseguridad facilitado a la plantilla con ocasión de los cursillos de iniciación en la Empresa. Mediante distintos módulos se informa a los trabajadores de las pautas de prevención en el manejo en el día a día de los distintos dispositivos informáticos y aplicaciones puestas a su disposición. (descripción 78).

    OCTAVO.-El 14 de julio de 2021, se emitió informe por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que concluye: "A criterio de la actuante, de conformidad con el art. 7.3 y 51.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en los artículos 31 y siguientes del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, la solicitud formulada no puede encuadrarse en los supuestos de suspensión por fuerza mayor. En virtud de lo expuesto, se informa desfavorablemente a la fuerza mayor invocada del art. 47.3 del Estatuto de los Trabajadores. (descripción 4 del expediente administrativo).

    NOVENO. -Se ha agotado la vía administrativa, habiéndose interpuesto recurso de alzada por la parte demandante en plazo, que ha sido desestimada por silencio administrativo al haber transcurrido el plazo de tres meses para su resolución sin que recaiga resolución expresa. (expediente administrativo).

    DÉCIMO. -Consta en el expediente administrativo, informe del subdirector General de Relaciones Laborales que considera que las razones que aporta la empresa no resultan suficientes a los efectos de su calificación como determinante de una situación de fuerza mayor. La remisión a los posibles impedimentos previsibles en su actividad principal no muestra la vinculación directa con fuerza mayor establecida en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, sino que lleva a la conclusión de que se debieron reconducir a causas técnicas, organizativas o de producción".

    QUINTO. - Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por el Abogado del Estado, en la representación que tiene de la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Economía Social), siendo admitido a trámite por Providencia de esta Sala de 12 de septiembre de 2022. Por escrito de D. José María Trillo-Figueroa Calvo, en nombre y representación de la Confederación General del Trabajo (CGT), se adhirió al recurso de la demandada.

    SEXTO. - Impugnado el recurso por Ilunion Contatc Center S.A.U, se emitió informe por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 11 de junio de 2024, fecha en que tuvo lugar


    PRIMERO. - La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia el 14 de marzo de 2022, en el proceso de impugnación de actos administrativos de naturaleza laboral seguido bajo el número 13/2022, a instancia de la empresa Ilunion Contatc Center S.A.U , en la que estima la demanda considerando la existencia de silencio administrativo positivo en relación a la solicitud de declaración de fuerza mayor formulada por la empresa Ilunion Contact Center, S.A.U..

    La cuestión suscitada en el presente procedimiento es, primero, la de determinar si la solicitud de autorización de ERTE por fuerza mayor presentada por la empresa demandante fue estimada por silencio positivo, al haber resuelto la Administración demandada más allá del plazo de 5 días legalmente establecida al efecto y, segundo, de entender que la Resolución no fue estimada por silencio positivo y, por tanto, fue desestimatoria, resolver si concurre causa de fuerza mayor.

    Frente a dicha resolución judicial estimatoria de la demanda se ha interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que tiene de la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Economía Social), recurso de casación ordinaria amparado en un motivo único de recurso, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico relativas a la ampliación del plazo de resolución en el procedimiento administrativo de los ERE, con sede en el art. 207 e) de la LRJS; en concreto alega la infracción de los arts. 32.4 y 47.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con las demás normas que cita y con la jurisprudencia.

    La parte recurrida Ilunion Contact Center SAU impugnó el recurso y alegó que ningún hecho que podría excusar el incumplimiento de los plazos fijados para resolver por la Administración demandada figura en los Hechos Probados de la Sentencia y que, en todo caso, la sentencia recurrida ha apreciado que concurría la fuerza mayor, lo que no se combate por la recurrente en su recurso. Añade que, la Administración resolvió fuera de plazo, alegando una supuesta incidencia técnica que le habría impedido resolver en tiempo, pero no ha quedado acreditada la misma, antes al contrario, constan actuaciones de la demandada que evidencian que en el eventual caso de haber existido la incidencia que pretendidamente motivaría la ampliación del plazo, esta no impedía el desarrollo de actividad de la Administración, de modo que la fecha de la presunta reanudación de la actividad normal del Ministerio que se alega en su Resolución es arbitraria e interesada. Por otro lado, sostiene que se pretende también limitar la eficacia y fuerza jurídica del silencio administrativo con base en unos preceptos y una jurisprudencia, en ningún caso aplicable al caso objeto de autos. Cita la Sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2021, sobre la interpretación de los preceptos que reglan los procedimientos de suspensión de contratos de trabajo por causa de fuerza mayor. Alega también la grave vulneración al principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la CE que supondría que la Administración quedara presuntamente legitimada para incumplir los plazos legales y para alterar, en cualquier momento, el sentido de una resolución estimatoria por silencio administrativo, cuando, además, la recurrente reconoce en la resolución impugnada la adecuación de la solicitud y el cumplimiento por parte de la actora de todas las formalidades. Por último, y sobre la concurrencia de fuerza mayor, insiste en que no se combate de contrario la estimación subsidiaria de la demanda con base en la concurrencia de la fuerza mayor, de modo que, de estimar el único motivo del recurso, ello no conduciría a la desestimación de la demanda como se solicita en el suplico del Recurso. Cita la sentencia de esta Sala de 8 de julio de 2008 (rec. 1857/2007) sobre la fuerza mayor en el marco de las relaciones laborales, concluyendo que se dan todas las notas que la conforman, ya que el análisis de los elementos configuradores de la fuerza mayor permite concluir que el ataque informático a través de un virus ransomeware que se tradujo en el "secuestro" de la información clave de la empresa, afectando de forma determinante a su operatividad, puede ser calificado como un supuesto de fuerza mayor en los términos de la doctrina citada de esta Sala y que, por tanto, la resolución denegatoria de la fuerza mayor que ha sido confirmada en alzada conculca de forma palmaria lo preceptuado en los artículos 47 y 51.7 del ET. Que la imposibilidad objetiva que describe la fuerza mayor no queda circunscrita a fenómenos naturales, pudiéndose predicar (siempre que concurran los elementos configuradores) a fenómenos que tienen su origen en el comportamiento humano. En la medida que se vio afectado el Centro de Procesamiento de Datos (CPD), en la división Ilunion Contact Center BPO, se produjo la inutilización de servidores, sistemas electrónicos, computadoras (en número aproximado 1.200) e impresoras (afectando en un primer estadio, en la ejecución de 28 campañas - y a 1.192 empleados de la Empresa). Efectos impeditivos que no pueden quedar desvirtuados por la simple manifestación de que los trabajadores "quedaron en régimen de disponibilidad para la empresa", no siendo ello elemento suficiente para impedir la suspensión de sus contratos, pues las personas trabajadoras pueden manifestar estar disponibles para realizar actividad laboral, pero si no pueden realizarla porque no existen elementos con los que ejecutar su desarrollo, la disponibilidad se traduce en "hacer nada". Que, en este caso, no puede hablarse propiamente de una mera "avería" de los equipos imputable a la empresa. Añade que existe una estrecha (e indudable) relación causal entre el hecho obstativo (el ataque y el "secuestro" de datos) y la imposibilidad material de la empresa de dar ocupación de trabajo a las personas trabajadoras. Que basta la mera lectura de los informes técnicos y periciales obrantes en el expediente administrativo y que se dan por reproducidos en la sentencia sometida a debate casacional, para colegir como el bloqueo de los servicios se traduce en una imposibilidad manifiesta de prestación de servicios. Que el ataque no fue "causado" por la Empresa (y, en este sentido, puede afirmarse que es claramente inimputable), y la misma obró con la "diligencia normal" y, asimismo, ha articulado medidas preventivas dirigidas a reducir el riesgo, con instrumentos y protocolos preventivos y los ha puesto efectivamente (y de forma constante) en práctica para rebajar, en la medida de lo razonable (técnica y humanamente), el riesgo de un ciber ataque. Concluye que, si bien el ciberataque no es hecho, propiamente, "imprevisible", ello no impide que este tipo de sucesos, por el solo hecho de haber sido valorados, queden descartados automáticamente como susceptibles de generar una situación de excepción. Que la empresa ha adoptado medidas de protección reforzadas -en comparación con las adoptadas por empresas de fuera del sector- como certificados ISO otorgados por Aenor, pólizas de ciberseguridad, procedimientos y protocolos de actuación, entre otras muchas, lo que es una circunstancia que, no solo no aleja el ataque sufrido por la Empresa del ámbito de la fuerza mayor, sino que por el contrario es la que acredita lo inevitable del suceso. En suma, al ser un riesgo que entra dentro del "imaginario" de sucesos posibles y, por ende, que no puede catalogarse de "imprevisible", es la adopción de todas las medidas posibles -dentro de unos límites humanos y técnicos razonables- lo que hace que el riesgo devenga inevitable. Y es la existencia de esta alternativa -la inevitabilidad- en el caso de autos, la que produce la situación de excepción alegada, en la que ni siquiera se conoce qué medida concreta podría articularse para la evitación del incidente, dada cuenta de que se desconoce la vía de entrada del mismo. Cita a continuación las medidas que conforman la política de seguridad. Por todo ello, finalmente, señala que para el hipotético supuesto de que se estimara el motivo único del recurso, procedería la estimación de la demanda rectora de autos por los motivos constatados por el Tribunal ad quo en la Sentencia recurrida.

    La CGT se adhirió al recurso del Ministerio demandado y, en primer término, manifiesta su adhesión respecto a la ampliación del plazo de resolución en el procedimiento administrativo, en el sentido del art. 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, en cuanto que se trató de un incidente técnico que afectó de manera pública y manifiesta al funcionamiento ordinario de la Administración y así se resolvió expresamente mediante resolución de 16 de junio de 2021. Que el hecho de que se pudiera registrar la solicitud del ERTE en modo alguno indica que el funcionamiento ordinario del Ministerio no se encontrase afectado. En segundo lugar, que no puede sostenerse que un ataque informático en una empresa digital como la demandante, cuya prestación se desarrolla en esencia dentro del uso de sistemas informáticos, software, aplicaciones, etc., pueda ser calificada de fuerza mayor, ya que, ante la situación del teletrabajo, la empresa mantuvo el mismo sistema de protección que cuando se prestaba en plataforma. Es la única empresa del sector que ha visto afectada su prestación por un ataque informático y, en todo caso, la misma puede conllevar una razón técnica o productiva, pero no de Fuerza Mayor, precisamente por su previsibilidad y evitabilidad. Cita Sentencia de esta Sala de 8 de julio de 2008 y, más recientemente, la STS núm. 927/2021 de 22 septiembre, que aborda el concepto de fuerza mayor. En tal sentido, no se trata de un hecho imprevisible, la posibilidad de un ataque informático que sufren continuamente las empresas y, menos tratándose de una dedicada a la gestión de información sobre la utilización de sistemas tecnológicos e informáticos. Se trata de un riesgo eminentemente derivado de la propia realidad productiva. Este incidente se hubiese evitado con la existencia de copia de seguridad (Back Up) con otro CPD, tal y como utilizan otras empresas del sector y que en todo caso debería considerarse dentro de la esfera de riesgos asumidos por el empresario dado el carácter de su actividad y, por ello, en todo caso susceptible de suspensiones derivadas de causas ETOP. Cita el ámbito funcional de II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center (antes telemarketing). Finalmente, señala que los trabajadores siguieron prestando su actividad mediante su puesta a disposición del empleador durante toda su jornada. Así se recoge en el propio Hecho Probado Sexto de la sentencia y así se acreditó en el expediente administrativo por las representaciones de los trabajadores CCOO, UGT y CGT y el propio informe de la ITSS.

    Se emitió informe por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar que el recurso debe ser desestimado, pues las alegaciones de la parte recurrente no pueden prosperar, toda vez que en ningún momento se acredita que la demandada sufriera una incidencia técnica que imposibilitara el funcionamiento ordinario de trabajo de ese Organismo. Y si ello hubiera acaecido, el Ministerio tiene los medios técnico-materiales suficientes para hacer llegar su comunicación al interesado a través de otros canales, incluso podría suspender el plazo de contestación, lo que no ocurrió, ya que, si bien existió una Resolución en tal sentido, de 16 de junio de 2021, no fue hasta un mes después cuando se dio contestación por parte de la Dirección General. Que la resolución obtenida a través del silencio positivo no es contra legem en virtud del art. 47 de la LPAC, sino que la misma cumple los requisitos exigidos y los plazos adecuados. Asimismo, el Ministerio Fiscal sostiene que queda acreditada también la existencia de una fuerza mayor sobrevenida.

    SEGUNDO. - 1. En su primer y único motivo de recurso, la Administración recurrente, al amparo del art. 207.e) de la LEJS, alega la infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto, los arts. 32.4 y 47.1.f) de la LPACAP, en relación con las demás normas que son luego citadas y con la jurisprudencia. Alega que la sentencia recurrida ha mezclado dos elementos del art. 32.4 de la LPACAP que, sin embargo, son del todo diferentes, a saber, por un lado, la concurrencia de la causa habilitante para la ampliación del plazo de resolución, y, por otro, la duración misma de dicha ampliación, ya que para que quepa ampliar los plazos es necesario un doble requisito, a saber (i) que concurra una incidencia técnica, cualquiera que sea ésta, informática o no, ya que la ley no distingue; y (ii) que esa incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema, sin que la Ley distinga tampoco cuál sea el origen, previsible o no, y evitable o no, de la incidencia. Ahora bien, una vez que los plazos se han ampliado por concurrir el presupuesto habilitante (la incidencia técnica que imposibilita el funcionamiento ordinario), la duración misma de la ampliación es indefinida, puesto que alcanza hasta que se solucione el problema, es decir, hasta que la Administración pueda restablecer el estándar ordinario o habitual de su actividad. Que, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sufrió un ciberataque que afectó gravemente a sus servicios y que imposibilitó su funcionamiento ordinario, de modo que hubo de dictar una Resolución ad hoc, de fecha 16 de junio de 2021, para ampliar los plazos administrativos, al amparo del art. 32.4 de la LPACAP, ya que la incidencia técnica sufrida imposibilitaba el funcionamiento ordinario del sistema, sin que el mero hecho de que el Registro General del Ministerio pudiera funcionar de forma aislada (como, por ejemplo, el 3 de julio, al que se refiere la Sentencia recurrida), convierta a ese hecho aislado en una regla general de funcionamiento ordinario de todos los servicios. Así, pues, la Resolución ampliatoria de 16 de junio de 2021 (no impugnada, ni impugnable, en este proceso ante el orden social), determinó con total licitud que la ampliación de los plazos no vencidos alcanzara hasta que se solucionase el problema. Por consiguiente, no cabe en modo alguno entender que la Administración dictó su resolución fuera de plazo y que, por ende, la empresa haya visto estimada por silencio positivo su solicitud de ERE por fuerza mayor. En segundo lugar, aun admitiendo, a efectos meramente dialécticos, que tal hubiera sucedido, lo que está igualmente claro es que en ningún caso cabe adquirir por silencio positivo unas facultades que sean contrarias al ordenamiento jurídico, como ha resuelto la Sentencia recurrida. La Administración dictó de forma expresa la antedicha Resolución de 15 de julio de 2021 por entender no sólo que estaba dentro del plazo legal para hacerlo, sino, sobre todo, porque la solicitud de la empresa actora no podía ser admitida, porque implicaba obtener por silencio positivo unas facultades que eran contrarias al ordenamiento jurídico. Dicho de otra manera, la Administración rechazó de forma expresa la solicitud de ERE por fuerza mayor porque así lo establece la doctrina jurisprudencial para aquellos casos en los que se ha obtenido por silencio positivo una prestación contra legem. Alude al art. 47.1.f) de la LPACAP que establece que son nulos de pleno derecho "f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición". Cita STS, Sala Tercera, núm. 1769/2018, de 13 de diciembre de 2018 (rec. 568/2017); doctrina que rige también en el ámbito ius laboral estricto. Cita a tal efecto, la STS 623/2017, de 13 de julio de 2017 (recurso 2976/2015), que estableció que no son válidas las condiciones más beneficiosas contra legem. A continuación, sostiene que la concreta situación padecida por la empresa no puede considerarse en modo alguno como un caso de fuerza mayor, en virtud del cual la empresa reciba un beneficio económico con cargo a los fondos públicos por algo que ni era imprevisible ni era tampoco inevitable para una empresa de la actividad de la que aquí se trata, dedicada a la actividad del Contact Center o Telemarketing, consistente en el servicio de atención de llamadas telefónicas, mediante su emisión o su recepción, con la gestión de la información o las incidencias que dicha llamada genera y que, sobre todo, no dio lugar a que se dejara de trabajar o a que el trabajo quedara imposibilitado. Añade que no se trata tanto de que existiera una causa ajena a la voluntad empresarial, sino de que, en definitiva, ello no dio lugar a que la prestación personal del trabajo no pudiera llevarse a cabo, lo que impide que pueda calificarse como fuerza mayor. La fuerza mayor implica la imposibilidad de trabajar, aspecto que no ha quedado acreditado en los HH.PP., a la luz de las declaraciones de los trabajadores y la justificación documental aportada, ya que la actividad ordinaria de la empresa se vio parcialmente afectada, pero los trabajadores estuvieron en todo momento a disposición de la empresa, ya sea presencialmente o teletrabajando, e informaron a la empresa sobre sus descansos, comienzo y final de la jornada, así como de citas médicas para poder ausentarse de su puesto de trabajo, todo según consta en el expediente y en los HH.PP. (vid. el HP 6.º y la documentación remitida en él). Concluye, pues, negando la validez jurídica de la conducta de la empresa, ya que no existía una causa de fuerza mayor impeditiva.

    2.- La Sentencia impugnada por su parte considera que desde que se efectúa la solicitud de ERTE por causa de fuerza mayor (21 de junio de 2021), hasta que se dicta resolución (15 de julio de 2021), transcurren un total de 18 días hábiles, lo que excede con creces el plazo máximo de 5 días hábiles que para dictar resolución establece el art. 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y otros; y que la falta de respuesta expresa dentro del plazo legal determina que la solicitud se entienda estimada por silencio positivo, sin que la Administración pueda dictar una resolución expresa posterior, salvo para confirmar el acto y que, aunque el plazo estaba ampliado por aplicación del art. 34.2 de la LPACAP, no es menos cierto que el mismo exige que la citada incidencia haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda y, en este caso, existen actuaciones dentro del expediente anteriores a la citada fecha de 8 de julio de 2021 que revelan que, en el eventual caso de haber existido la incidencia que pretendidamente motiva la ampliación del plazo, ésta no impedía el desarrollo de actividad de la Administración.

    3.- A los procedimientos del RD 1482/2012 les es de aplicación supletoria la LPACAP, de manera que el plazo de emisión de la resolución sobre la solicitud de ERE del art. 33 del RD 1482/2012 se debe insertar dentro del régimen jurídico general de los procedimientos administrativos y, en concreto, de los preceptos que regulan la ampliación de los plazos procedimentales en la LPACAP.

    A tal efecto, el art. 33 del RD 1482/2012 relativo a Instrucción y resolución de la extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor establece que: "1. La autoridad laboral competente recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y podrá realizar o solicitar cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables.

    No obstante lo anterior, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no será preceptiva en los casos en que la fuerza mayor temporal venga determinada por los impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa a los que se refiere el artículo 47.6 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

    2. La autoridad laboral dictará resolución en el plazo máximo de cinco días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación".

    El art. 22 de la LPACAP dispone: "El transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en determinados supuestos (...) d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento".

    El art. 23 de la LPACAP: "1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

    2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno".

    El art. 32.1 de la LPACAP establece que: "La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados".

    El art. 32.4 de la LPACAP dispone que: "Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido".

    De este modo, el plazo máximo legal para resolver el procedimiento (5 días) y notificar la resolución (10 días) se puede suspender o ampliar en los términos previstos en los arts. 22 y 23 de la LPACAP, respectivamente. El art. 32.4 de la misma norma, por su parte, regula la ampliación de los plazos en el supuesto de una incidencia técnica.

    4.- En este caso, el plazo de cinco días para resolver podría haberse suspendido conforme permite el art. 22 de la LPACAP por razón de la petición de Informe a la ITSS, al tratarse de una Informe preceptivo, según dispone el art. 33.1 del RD 1482/2012. Además, la sentencia recurrida declara probado que el 9 de julio de 2021, la ITSS recibió requerimiento de documentación, citando a la Empresa a comparecencia en fecha 13 de julio de 2021. El Informe de la ITSS lleva fecha de 14 de julio de 2021. Dicha suspensión, sin embargo, exige una comunicación al interesado de que se ha pedido ese Informe preceptivo y, después, otra comunicación de que ese Informe se ha recibido. No constan acreditadas ninguna de ellas. De hecho, la propia Administración solo alude en su Resolución de 15 de julio de 2021, que por previa Resolución de 16 de junio de 2021 se produjo una ampliación del plazo para resolver, de modo que lo que procede analizar es, precisamente, si había razones para la ampliación y si esta se produjo conforme a derecho.

    5.- La ampliación de los plazos regulada en el art. 32 de la LPACAP tiene un régimen jurídico distinto en función de si la misma deriva o no de un incidente técnico. En el art. 32.1 se regula la ampliación por circunstancias que lo aconsejen, lo que requiere la notificación a los interesados. Así, la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso núm. 494/2023, de 19 de abril de 2023, alude al art. 32 de la Ley 39/2015 en el sentido de que la Administración puede conceder una ampliación de los plazos que no exceda de la mitad de los mismos y, añade que: "Sin embargo, del art. 32 de la Ley 39/2015 se infiere, primero, que la resolución administrativa será expresa (por cuanto deberá ser notificarse a los interesados) y segundo, que esa resolución será motivada pues habrá que tener en cuenta "si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero".

    Pero, si la ampliación deriva de una incidencia técnica, el art. 32.4 solo exige la publicación en la sede electrónica, tanto de la incidencia técnica acontecida como de la ampliación concreta del plazo no vencido, ya que, en este caso, a tenor de lo dispuesto en la propia LPACAP, la ampliación perdura hasta que se resuelva el problema.

    Si accedemos a la sede electrónica del Ministerio de Trabajo, comprobamos como consta la publicación de la incidencia y, también, la determinación de la ampliación concreta del plazo no vencido: desde el 16 de junio hasta el 8 de julio.

    En efecto, por Resolución de 16 de junio de 2021, se produjo esa concreta ampliación para todos los procedimientos que se indican a continuación:

    "I. Procedimientos previstos en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

    II. Procedimiento de depósito de estatutos previsto en el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

    III. Procedimientos de autorización y extinción de empresas de trabajo temporal a los que se refieren la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal y el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal.

    IV. Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social competencia de esta Dirección General, de conformidad con lo referido en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social".

    También se recoge la determinación concreta de la ampliación en el sentido de que: "En su virtud, mediante esta comunicación se hace público que el número de días por los que se han de entender ampliados los plazos máximos de resolución y notificación de los procedimientos antes referidos que son competencia de esta Dirección General, y durante los cuales no ha sido posible el uso de los sistemas y aplicaciones informáticas del Ministerio, es el siguiente:

    -En el caso de procedimientos administrativos cuyos plazos estén expresados en días, la ampliación se entenderá realizada por tantos días hábiles como existan en el período comprendido entre el 16 de junio y el 8 de julio de 2021, ambos inclusive (en total, 17 días hábiles).

    - En el caso de procedimientos administrativos cuyos plazos estén fijados en meses, la ampliación se entenderá realizada por el total de días naturales comprendidos entre el 16 de junio y el 8 de julio de 2021, ambos inclusive (en total, 23 días)"

    Lo anterior coincide exactamente con el contenido de la Resolución impugnada de 15 de julio de 2021 (descriptor 3), cuando recoge que, a los efectos de "(...) los plazos máximos de resolución y notificación se hace constar que, con motivo del incidente de ciberseguridad sufrido a partir del día 9 de junio de 2021 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Dirección General de Trabajo dictó la Resolución de fecha 16 de junio de 2021 sobre ampliación de plazos en el ámbito de actuación y funcionamiento de la propia Dirección General mediante la que se amplían, hasta que se resuelvan las incidencias técnicas que imposibilitan el funcionamiento ordinario de los sistemas y aplicaciones informáticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, incluyendo su sede electrónica, los plazos máximos de resolución y notificación aplicables a, entre otros, los procedimientos previstos en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1483/2012, 29 de octubre, norma de aplicación a este expediente".

    También se indica que: "dicha ampliación de plazos se entiende producida respecto del presente procedimiento (cuyo plazo de resolución está fijado en días) por tantos días hábiles como existen en el período comprendido entre el 16 de junio de 2021 (inicio de la ampliación) y el 8 de julio de 2021 (fin de la ampliación), ambos inclusive".

    Si bien en los hechos probados no consta expresamente mencionada la Resolución de 16 de junio de 2021 por la que se amplían los plazos y se determina la concreta ampliación en relación a los procedimientos que allí se citan, no es en realidad un hecho controvertido. La empresa al impugnar el recurso se limita a alegar que no consta acreditada la incidencia técnica, pero lo cierto es que la Resolución de 16 de junio de 2021 no ha sido impugnada en este procedimiento. La sentencia recurrida alude a la misma y acepta incluso que la misma amplió el plazo para resolver, aunque después niega que la citada incidencia haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema, al existir actuaciones dentro del expediente que revelan que la misma no impidió el desarrollo ordinario de la actividad de la Administración (cita expresamente la existencia acreditada de actividad del Registro del Ministerio el día 3 de julio)

    Los anteriores argumentos no pueden ser aceptados. En primer lugar, como decimos, la propia sentencia, con indudable valor fáctico, alude a la existencia de la Resolución de la demandada de fecha 16 de junio de 2021, publicada en su sede electrónica, conforme a la cual el plazo de 5 días fue ampliado por tantos días hábiles como existen en el período comprendido entre el 16 de junio de 2021 (inicio de la ampliación) y el 8 de julio de 2021 (fin de la ampliación), ambos inclusive, de modo que el plazo de cinco días para resolver del art. 33 del RD 1482/2012 se vio ampliado, computado el mismo desde el fin de la ampliación (8 de julio) hasta la fecha de la Resolución (15 de julio).

    En segundo lugar, es público y notorio que esa misma incidencia técnica provocó, y así consta en la misma sede electrónica de la Seguridad Social, que tanto el INSS, como la TGSS, como la ITSS, emitieran Resoluciones similares (de ampliación de plazos para resolver). En estos tres casos, la ampliación de los plazos fue muy superior a la decretada por la Dirección General de Trabajo, ya que tanto el INSS, como la TGSS, como la ITSS, entendieron ampliados los plazos por el período de los días hábiles comprendidos entre el 16 de junio y el 31 de agosto 2021, ambos inclusive, en relación a aquellos procedimientos administrativos competencia del INSS y de la TGSS que requerían de actuaciones de la ITSS (actuaciones de declaración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo; elevación a definitiva de las actas de liquidación de cuotas y de las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción; imposición de sanciones en materia de Seguridad Social, etc.), lo que denota que la incidencia técnica tuvo diferente repercusión dentro del mismo Ministerio de Trabajo, lo que puede explicar, por ejemplo, que el Registro General del Ministerio pudiera funcionar el día 3 de julio, como pone de manifiesto la Sentencia recurrida, como argumento para denegar el normal funcionamiento de dicha demandada.

    En definitiva, la Resolución de 15 de julio de 2021 no es extemporánea, se dictó dentro de plazo y, por ello, no puede concluirse que el ERE por fuerza mayor fue autorizado por efecto del silencio positivo.

    TERCERO. - 1. Estimado el motivo del recurso del Abogado del Estado destinado a combatir que la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 15 de julio de 2021 se había dictado fuera de plazo, como resolvió la SAN recurrida, procede a continuación entrar en el fondo del asunto en relación a la existencia de causa de fuerza mayor.

    2.- Alega la empresa demandante que ningún otro motivo sobre el fondo del asunto se contiene en el recurso del Ministerio de Trabajo, de modo que debe ser confirmada la SAN que consideró que la demanda igualmente debía merecer favorable acogida, ya que concurría la fuerza mayor en que se funda el expediente de regulación temporal de empleo instado por la empresa.

    Es cierto que, el recurso del Abogado del Estado no contiene un motivo separado destinado a combatir ese pronunciamiento, pero también consta que a partir de sus apartados 22 y ss., el Abogado del Estado alega que la concreta situación padecida por la empresa no puede considerarse en modo alguno como un caso de fuerza mayor, en virtud del cual la empresa reciba un beneficio económico con cargo a los fondos públicos por algo que ni era imprevisible ni era tampoco inevitable para una empresa de la actividad de la que aquí se trata, dedicada a la actividad del Contact Center o Telemarketing, consistente en el servicio de atención de llamadas telefónicas. A tal efecto, señala que la sentencia impugnada debería haberse atenido al contenido jurídico de la fuerza mayor que resulta del art. 1105 del Código Civil, tal como lo ha aplicado la jurisprudencia, citando la Sentencia de esta Sala de lo Social, 819/2019, de 27 de noviembre de 2019 (recurso 95/2018; FD cuarto, apartado 2), y las en ella citadas.

    3. Como dijimos en nuestra sentencia 486/2024, de 19 de marzo (RC 115/2022):"La doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que en el recurso de casación las exigencias formales adquieren una especial relevancia, pues los requisitos de esta naturaleza parecen consustanciales a ese instituto procesal, debiendo distinguir entre el rigor formal, que viene justificado por la naturaleza del mismo recurso, y un exceso formalista que no puede cumplir otra función que la de dificultar la utilización del instrumento procesal ( sentencia del TC núm. 17/1985, de 9 de febrero)".

    Y a continuación, con remisión a la STS 608/2021, de 8 de junio (rec. 83/2020), argumentamos: "No caben formalismos excesivos, pero tampoco desconocimientos de que hay que cumplir de modo razonable cuanto la norma procesal pide [...] el actual art. 210.2 LRJS disciplina el escrito de interposición del recurso, conteniendo las siguientes exigencias: 1) Se expresarán por separado cada uno de los motivos de casación. 2) Se redactarán con el necesario rigor y claridad. 3) Se seguirá el orden de los motivos del artículo 207. 4) Hay que razonar la pertinencia y fundamentación de cada motivo. 5) Hay que razonar el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas. 6) Hay que realizar mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas. 7) En los motivos basados en infracción de las normas y garantías procesales, deberá consignarse la protesta, solicitud de subsanación o recurso destinados a subsanar la falta o trasgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello y el efecto de indefensión producido".

    En este caso, aplicada la anterior doctrina al caso, debemos concluir, a tenor del contenido del escrito de interposición del recurso de casación ordinario, que la parte recurrente ha cumplido los requisitos esenciales de dicho medio de impugnación. La recurrente razona la pertinencia y fundamentación de la impugnación del fondo de la cuestión e invoca los preceptos legales que considera vulnerados y desarrolla los argumentos jurídicos en los que apoya su pretensión. De esta forma, podemos admitir la existencia de una impugnación de la referida cuestión de fondo, al haber citado el precepto legal que estima vulnerado, así como con cita de la Jurisprudencia de esta Sala que estima infringida, todo ello de conformidad al art. 210.2 de la LRJS.

    Si bien la misma norma procesal exige que se expresen por separado, con el necesario rigor y claridad, cada uno de los motivos de casación, por el orden señalado en el artículo 207, dicha formalidad legal no debe impedir el acceso al recurso, si como es el caso, se cumple de forma suficiente con lo estipulado a continuación en relación a la pertinencia y fundamentación de los mismos y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso de invocación de quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que establezcan la doctrina invocada.

    CUARTO. - 1. Ya sobre el fondo, la recurrente, en síntesis, entiende que la causa de fuerza mayor exige como requisito la imposibilidad de trabajar, aspecto que no ha quedado acreditado en los hechos probados, a la luz de las declaraciones de los trabajadores y la justificación documental aportada, ya que lo cierto es que la actividad ordinaria de la empresa se vio parcialmente afectada, pero los trabajadores estuvieron en todo momento a disposición de la empresa, ya sea presencialmente o teletrabajando, e informaron a la empresa sobre sus descansos, comienzo y final de la jornada, así como de citas médicas para poder ausentarse de su puesto de trabajo, todo según consta en el expediente y en los HH.PP. (vid. el HP 6.º y la documentación remitida en él).

    Añade que, tampoco concurren las notas que definen la fuerza mayor, esto es, la de ser una "circunstancia imprevisible e inevitable que impide el cumplimiento de una obligación". En tal sentido, señala que no se trata de un hecho imprevisible la posibilidad de un ataque informático que sufren continuamente las empresas, y menos tratándose de una empresa dedicada a la gestión de información sobre la utilización de sistemas tecnológicos e informáticos. Se trata de un riesgo eminentemente derivado de la propia realidad productiva

    2. Como dijimos en nuestra STS 927/2021, de 22 de septiembre (RC 75/2021): "Con carácter general, el concepto de fuerza mayor, debe ser entendido como "un acontecimiento externo al círculo de la empresa y del todo independiente de la voluntad del empresario, que, a su vez, sea imprevisible" [ STS (CA) de 23 de junio de 2003] y a los efectos de provocar una suspensión de los contratos de trabajo, (...); pero, sobre todo, que se trate de un acontecimiento no definitivo o sin vocación de permanencia que conlleve una simple imposibilidad temporal de que la prestación laboral se lleve a cabo [ STS (CA) de 25 de julio de 1989]. Se trataría, en suma, de una imposibilidad temporal y sobrevenida de la prestación de servicios no imputable ni atribuible al empleador".

    En STS de 22 de julio de 2015 (Recurso: 4/2012), dijimos que : "En su consecuencia, y como corolario de todo lo expuesto, ha de entenderse por fuerza mayor y, por ende, por "situación extraordinaria", un acontecimiento externo al círculo de la empresa, absolutamente independiente de la voluntad de ésta que sea imprevisible o, siendo previsible, sea inevitable, requisitos éstos, que no concurren en el presente caso".

    3. El artículo 1105 del Código Civil cuando establece que: "Fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables".

    En resumen, recogiendo los criterios de la Sala primera, esta Sala ha señalado en la sentencia antes mencionada de 22 de julio de 2015, que por fuerza mayor debe entenderse "aquellos hechos que aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado" (...) También se ha hecho referencia a este elemento como "sucesos imprevistos e inevitables que rebasan los tenidos en cuenta en el curso normal de la vida y extraños al desenvolvimiento ordinario de un proceso industrial"

    La imprevisibilidad no es preciso, pues, que concurra, siendo suficiente con el hecho de que, siendo previsible, sea inevitable. En todo caso, no se discute, ni siquiera por la propia empresa demandante, el carácter previsible del ciberataque ni tampoco el que se trate de un hecho externo al círculo de la empresa.

    En segundo lugar, la afirmación de que un ataque de ciberseguridad sufrido por una empresa, cuya prestación se desarrolla mediante el uso de sistemas informáticos, software, aplicaciones, etc., no pueda ser calificado de fuerza mayor, sino en todo caso una causa técnica o productiva, no es admisible, pues el hecho de que sea previsible un ataque de este tipo en una empresa cuyos medios materiales son esencialmente digitales, como lo son los ordenadores, no lo convierte en evitable.

    Tampoco puede cuestionarse la existencia de fuerza mayor por el hecho de que el "suceso" no haya sido uno de los tradicionalmente considerados como tales, esto es, un incendio o un terremoto, pues el art. 1.105 CC no exige que sea un suceso natural, puede ser de otro tipo, atendida la realidad social en la que nos hallamos, una sociedad tecnológica, donde los sucesos pueden ser provocados por la acción del hombre. En ese sentido, la principal diferencia entre una causa de fuerza mayor y otra de tipo objetivo técnica no está en la causalidad natural de la primera y humana en la segunda, sino en el hecho de que la fuerza mayor es un suceso externo, ajeno a la voluntad de la empresa y de carácter extraordinario, y la segunda es una causa introducida, favorecida o exigida por las circunstancias, pero siempre ordinaria y voluntaria. La empresa puede haber previsto en su actividad ordinaria la existencia de un ciberataque (previsibilidad), pero hay algunos sucesos de este tipo que rebasan los tenidos en cuenta en el desenvolvimiento ordinario y, por ello, no pueden ser evitados (inevitabilidad). Por eso, si se trata de un suceso inevitable, que rebasa los que pueden ser tenidos en cuenta en el curso normal de la vida de la empresa, estaremos ante un supuesto de fuerza mayor.

    4.- En el terreno de lo inevitable, los hechos probados ponen de manifiesto que la empresa había previsto la posibilidad de un ciberataque, ya que disponía de las medidas de seguridad necesarias y suficientes para evitar un ataque de ciberseguridad y, pese a ellas, el mismo no pudo ser evitado, como pone de manifiesto el Informe técnico aportado (documento núm. 6) y cuyo contenido está incorporado al relato fáctico en el sentido de que: "es muy complicado mantener una protección total ante la incidencia de este tipo de malware" y que "grandes instituciones nacionales e internacionales han sido atacadas por este tipo malware instituciones y empresas que, a pesar de contar con grandes medidas de seguridad en sus sistemas y la concienciación de sus usuarios, han sido víctimas de esta extorsión no pudieron ser evitados", o también que "es imposible mantener una protección total ante una incidencia de este tipo" (hecho probado quinto que da por reproducida la Memoria explicativa de las causas e informe técnico que se acompañaban a la misma como documentos 5 y 6, que obran en el expediente administrativo y en los descriptores 28 y 29, que se dan por íntegramente reproducidos).

    En cuanto a las medidas de seguridad, el Informe afirma que: "La división ILUNION Contact Center BPO, (...), aplica una política de seguridad de la información completa y al más alto nivel tecnológico, que le ha hecho ser merecedora de las certificaciones ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, pese a ello el incidente se ha producido, lo que claramente demuestra la naturaleza de fuerza mayor del mismo, pues el mismo, como se ha comprobado, excede de la propia previsión y diligencia de la empresa". También se indica y así se recoge en los hechos probados que el sistema "no detecta o refiere brechas o fallos en la adopción de medidas preventivas por la Empresa y señala como prueba evidente, no solo de la rigidez del sistema de seguridad existente en la Empresa, sino también de la efectividad de las medidas adoptadas por la Empresa es que, pese a la actividad ilegítima sufrida en los servidores, la exfiltración de información de la organización se considera muy baja".

    De este modo, como se declara probado, el incidente se produjo, pese a las políticas de seguridad de la información existentes no solo a nivel organizativo, pues se declara probado que la Empresa dispone de una Política de Seguridad (PO01) de la cual se derivan normas que cubren todos los capítulos que se desarrollan en la ISO 27002, sino a nivel de la seguridad física de las instalaciones (se dice que, en especial, las relativas a los controles que regulan la seguridad en la operativa diaria sobre los sistemas de información, que comprenden la asignación nominativa de usuarios con exigencia de contraseñas complejas para su login; revisión periódica de los permisos y privilegios de los usuarios, con énfasis en aquellos usuarios administradores; segmentación de redes destinadas a servicios diferenciados; gestión de conexiones remotas seguras; programa antivirus actualizado en todos los equipos, gestionado de forma centralizada; realización periódica de copias de seguridad y almacenamiento en lugares seguros).

    Se declara probado también que: "El ciclo de desarrollo de software, así como de su adquisición a terceros, está fundamentado en protocolos robustos que exigen el desarrollo seguro, con garantías de actualización periódica y en los casos en que sea aplicable, auditorías específicas de hacking ético. Se tiene una plataforma de trabajo extendida a todos los miembros de la organización, para la gestión integral de incidentes, mediante la cual se mantiene un flujo de trabajo controlado y documentado de todos los eventos que pueden afectar la seguridad de la información en la empresa. Tiene apoyo en empresas de soporte especializadas y realiza auditorías por una empresa independiente, Deloitte. Tiene Antivirus Kaspersky en todos los portátiles y ordenadores de sobremesa, así como en los servidores de toda la división; Firewall para el control y autorización de tráfico e IDS de la empresa Fortinet en el perímetro de seguridad del Centro de Procesamiento de datos, que realizan un filtrado de las conexiones y análisis del caudal de tráfico de entrada y salida de Contact Center".

    En cuanto a que el suceso se habría evitado de haber tenido una copia de seguridad o un segundo CPD, como alega CGT, lo cierto es que, como consta probado, el ransomware es un programa de software malicioso que puede infectar un equipo o una red, cifrando la información y que los métodos de entrada de este malware son variados: mediante un enlace malicioso en una página web o la infección de un fichero compartido, siendo el más habitual el phishing, es decir, a través de los ordenadores de los propios usuarios, en este caso, trabajadores. De hecho, no se pudo conocer la vía de entrada, pero consta que ya desde el principio, a las 08:53 a.m. del día 4 de junio, Deloitte -experto independiente- procede a la activación del equipo de Respuesta e inicia el análisis forense comenzando por un equipo aislado de la red que se identifica como infectado. Se añade que: "(...) buscan en dicho portátil artefactos infectados por el malware y se concluye por la extensión de los archivos que se trata del ransomware RYUK".

    De este modo, si el virus afectó a un equipo portátil el mismo día del ataque, como se dice, la duplicación del CPD no hubiera impedido el ataque.

    6.- En cuanto a la imposibilidad objetiva de prestar servicios por parte de las personas trabajadoras, la CGT afirma que los trabajadores siguieron prestando su actividad mediante su puesta a disposición del empleador durante toda su jornada. El Abogado del Estado también insiste en esa idea y afirma que la actividad ordinaria de la empresa se vio parcialmente afectada, pero los trabajadores estuvieron en todo momento a disposición de la empresa, ya sea presencialmente o teletrabajando, e informaron a la empresa sobre sus descansos, comienzo y final de la jornada.

    La propia ITSS, a partir de las declaraciones de algunos trabajadores, también afirmó que: "los trabajadores han estado en todo momento a disposición de la empresa, ya sea presencialmente o teletrabajando, y han informado sobre sus descansos, comienzo y final de la jornada, así como de citas médicas para poder ausentarse de su puesto de trabajo" de lo que no cabe concluir que existiera efectiva prestación de servicios", de modo que lo único acreditado

    El hecho de estar a disposición no es equivalente a prestación de servicios. Lo que aquí procede analizar es si realmente existió la imposibilidad de trabajar, no si los trabajadores estuvieron en disposición de trabajar, lo que en todo caso podría determinar que ese tiempo debería ser considerado tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, retribuido, lo que es cosa distinta a la que ahora nos ocupa, cuál es la de determinar si pudieron trabajar de forma efectiva.

    Además, el total de la plantilla de la empresa es de 2.158 personas (según consta en la Memoria, descriptor 28, en los centros de Madrid, Barcelona, Sevilla, Loroño y Jaén), de modo que se trata de un número muy superior al total de equipos afectados (1.200). De hecho, el número de trabajadores que la empresa computa como incluidos en el ERTE por fuerza mayor fue inferior al de los equipos afectados, en concreto de 1.192 personas, de modo que la afectación no fue total, sino parcial, esto es, que hubo trabajadores que pudieron seguir prestando servicios, como indica el Informe de la ITSS.

    Cabría distinguir, por tanto, entre los trabajadores que quedaron a disposición de la empresa, sin poder trabajar y los que pudieron seguir prestando servicios, pese a todo, lo que concuerda con las manifestaciones de dos trabajadoras entrevistadas por la ITSS, al recoger que: "En cuanto a las manifestaciones de la parte social señalan que si bien no han trabajado con normalidad, ningún día han dejado de trabajar, encontrándose a disposición de la empresa, y registrando su jornada de trabajo tanto al principio como al final a través de t eams. Por ejemplo, Dña. Sara adscrita a la campaña de Renfe manifiesta que ningún día ha dejado de trabajar, de hecho, señala que tenía que estar presente en su puesto de trabajo, aunque es cierto que no ha trabajado con normalidad ni ella ni el resto de los compañeros adscritos a esta campaña. Sin embargo, tal y como puede comprobarse con posterioridad con el Excel de personal afectado presentado por la empresa la Sra. Sara está incluida en el expediente entre el 4 y el 7 de junio, y el 11 y 16 de junio. En el mismo sentido se manifiesta Dña. Vanesa, poniendo de relieve que desde el principio los trabajadores han estado prestando servicios, no ha habido paralización de la actividad. Señala además que han tenido que notificar los periodos de pausa o descanso".

    En suma, no puede afirmarse, como hace la CGT, que todos los trabajadores siguieron prestando su actividad con normalidad, ya que lo único que consta es que algunos pudieron hacerlo, pero la mayoría simplemente quedó a disposición de la empresa, siendo que el número de trabajadores incluidos en el ERTE es inferior al de los equipos afectados y, muy inferior, también, a la plantilla de la empresa.

    Ello se corrobora cuando los hechos probados afirman que con fecha 4 de junio de 2021 se suspendieron la mayor parte de los servicios que se prestaban a los clientes, quedando con ello sin actividad los empleados vinculados a dichas campañas, ante la imposibilidad de uso de las herramientas informáticas esenciales para el desarrollo de la actividad laboral y que, concretamente, se han visto afectadas por el ciberataque 28 campañas desarrolladas para distintos clientes (las mismas se reseñan en la Memoria-descriptor 28).

    Consta asimismo que el CPD se apagó por completo y se procedió a cortar las comunicaciones con todas las sedes de la división Contact Center BPO para evitar la distribución del virus, mientras se desarrollaba la investigación forense del escenario identificado. De este modo, no existió tráfico saliente desde la organización a otros posibles servicios, ya que la red se encontraba completamente aislada y se remitieron comunicaciones a los clientes sobre el ciberataque producido y la imposibilidad de prestación de los servicios (un total de 131 comunicaciones efectuadas a clientes acerca de la imposibilidad de continuar prestando servicios como consecuencia del ciberataque producido).

    En definitiva, por las razones expuestas, se acredita la producción del suceso de carácter ajeno a la empresa, su inevitabilidad, así como una efectiva imposibilidad de trabajar. Como consecuencia de cuanto precede se impone la estimación parcial del recurso, considerando que no hubo silencio positivo, pero en cuanto al fondo, procede confirmar la decisión de instancia que apreció la existencia de causa mayor.

    QUINTO. - Por lo expuesto, y de conformidad con lo informado por el Ministerio fiscal, procede estimar parcialmente el recurso, confirmando en parte la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la recurrente, a tenor del art. 235.2 de la LRJS, al haber estimado en parte su recurso.

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

    :

    1º.- Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que tiene de la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y Economía Social), contra la Sentencia núm. 37/2022 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 14 de marzo de 2022 en el procedimiento n.º 13/2022, sobre impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social.

    2º. Casar y anular en parte la sentencia núm. 37/2022 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 14 de marzo de 2022 en el procedimiento núm. 13/2022 y, desestimar la demanda en relación a la pretensión de nulidad de la Resolución de 15 de julio de 2021, por extemporánea, sin que proceda entender estimada por silencio la solicitud de ERTE por fuerza mayor de la empresa demandante y, confirmar en cuanto al fondo la misma, en el sentido de reconocer y constatar expresamente la concurrencia de fuerza mayor habilitando a la empresa a la adopción de las medidas suspensivas reconocidas en el artículo 47 del ET respecto de los trabajadores afectados.

    3º.- Acordar la no imposición de costas.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.


  • Orden HAC/672/2024, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo 159 de Declaración anual de consumo de energía eléctrica, y se determina la forma y procedimiento para su presentación (TOL10.077.128)

    Texto de Inicio

    La disposición adicional tercera del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias, estableció la obligación periódica de las compañías prestadoras de los suministros de energía eléctrica de proporcionar información a la Administración tributaria relativa a la identificación de los titulares de contratos de suministro, así como la referencia catastral del inmueble y su localización, habida cuenta de la obligación establecida en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Así, el artículo 38 de la citada norma establece la obligación de que la referencia catastral de los bienes inmuebles conste en los contratos de energía eléctrica.
    Para cumplir con esta obligación de información se aprobó la declaración anual de consumo de energía eléctrica (modelo 159), mediante la Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio, que recoge el suministro de información realizado por las comercializadoras de energía eléctrica respecto de cada contrato de suministro, en particular, de la potencia contratada y el consumo anual de kilovatios. No obstante, diversas circunstancias aconsejan actualizar este modelo de declaración informativa, y en aras de facilitar el cumplimiento de las obligaciones informativas inherentes a su presentación, se considera conveniente aprobar un nuevo modelo 159.
    Por un lado, el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica recoge los requisitos que deben cumplirse para que resulte de aplicación el bono social de electricidad. Atendiendo a la definición de consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo o consumidor en riesgo de exclusión social contenidas en el citado real decreto, este bono social conlleva un descuento en la factura eléctrica de sus beneficiarios que se traduce en una reducción del importe facturado.
    Asimismo, en consonancia con el esfuerzo global por el incremento del uso de energías renovables, en la actualidad cada vez son más numerosos los supuestos en los que los consumidores optan por alternativas de autoconsumo de energía eléctrica, principalmente de origen fotovoltaico. En tal caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, pueden suscribir con las comercializadoras de energía un contrato para el autoconsumo de la energía generada, recibiendo una compensación por la energía excedentaria no consumida que se vierta a la red de distribución eléctrica. Este contrato con las comercializadoras de energía eléctrica se materializa en una reducción del consumo de energía no renovable, con la consiguiente mejora en la calificación energética de los inmuebles.
    Con el objetivo de completar los datos sobre consumo de energía eléctrica e importe facturado en el ejercicio de los que actualmente se dispone, se incluye entre la información a suministrar por las comercializadoras de energía eléctrica la relativa a los titulares de contratos de suministro de energía eléctrica que sean beneficiarios del mencionado bono social y de titulares de contratos de autoconsumo de energía.
    Teniendo en cuenta el perfil de los declarantes, el volumen y formato de la información a presentar la presentación de esta declaración debe realizarse por vía electrónica.
    De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
    Se cumplen los principios de necesidad y eficacia por ser desarrollo de la norma reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
    Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
    Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico nacional, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
    El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en el portal web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
    Por último, en relación con el principio de eficiencia se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
    Esta orden ministerial se dicta en ejercicio de la habilitación establecida con carácter general en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y con carácter específico, en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias.
    Las habilitaciones anteriores deben entenderse conferidas en la actualidad a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
    En su virtud, dispongo:

    Artículo 1. Aprobación del modelo 159.
    1. Se aprueba el modelo 159, «Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica», cuyos diseños de registro figuran en el anexo de la presente orden.
    2. El número identificativo que habrá de figurar en el modelo 159 será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 159.
    3. El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico y su presentación se realizará por vía electrónica, de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento establecido en el artículo 4 de esta orden.

    Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 159.
    Estarán obligados a presentar el modelo 159, «Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica», las compañías comercializadoras de los suministros de energía eléctrica.

    Artículo 3. Objeto y contenido de la información.
    Los obligados a presentar el modelo 159 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior deberán hacer constar, por cada contrato de suministro y de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo de esta orden, los siguientes datos:
    a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los contratantes, y, en su caso, de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas.
    b) Referencia catastral del inmueble y su localización.
    c) Potencia nominal contratada y consumo anual en Kilovatios.
    d) Ubicación del punto de suministro.
    e) Fecha de alta del suministro.
    f) Indicación de si el titular es beneficiario del bono social de electricidad o si está acogido a alguna modalidad de autoconsumo de energía eléctrica.

    Artículo 4. Formas de presentación del modelo 159.
    La presentación del modelo 159, «Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica», se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 16 y 17 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

    Artículo 5. Plazo de presentación del modelo 159.
    La presentación del modelo 159 se realizará durante el mes de febrero del año siguiente al que se refiera la declaración.

    Artículo 6. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 159 en el supuesto de que existan varios titulares.
    Exclusivamente a los efectos del suministro informativo de los consumos de energía eléctrica en el modelo 159, en aquellos supuestos en que existan durante el año natural varios titulares de contrato de suministro eléctrico correspondiente un mismo Código Universal del Punto de Suministro (CUPS), los obligados tributarios deberán realizar el citado suministro informativo individualizando los datos correspondientes a cada uno de los titulares de cada contrato.

    Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
    A partir de la entrada en vigor de esta orden, y con efectos para las declaraciones correspondientes al ejercicio 2024 y siguientes, queda derogada la Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio, por la que se aprueba el modelo 159 de declaración anual de consumo de energía eléctrica, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

    Disposición final única. Entrada en vigor.
    La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será aplicable, por primera vez, al modelo 159 «Declaración anual de consumo de energía eléctrica» correspondiente al ejercicio 2024, que se presentará en el mes de febrero de 2025.
    Madrid, 25 de junio de 2024.
    La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

    ANEXO. Diseños lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación telemática de la Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica, modelo 159


    Para ver pulse aquí

    Referencias anteriores
    -DEROGA en la forma indicada la Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio
    -DE CONFORMIDAD con:
    la disposición adicional 3 del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre
    los arts. 30 y 117 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio

  • Dosier tributario sobre la prórroga de medidas para afrontar los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y nuevas medidas en materia fiscal, energética y social (TOL10.071.555)

    1. NOTA PREVIA.

    Nuevamente, con grave daño a la seguridad jurídica y a la propia naturaleza de la fuente jurídico-normativa utilizada: el Decreto-Ley, aplicable solamente en supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”, artículo 86.1 de la Constitución Española, se aplica en Decreto- Ley para modificar la normativa tributaria.

    Es más, puede decirse que, en general, el contenido de este nuevo Real Decreto-Ley no hace sino prolongar medidas fiscales incluidas en Decretos-Leyes anteriores, con la novedad de reducir el tipo de gravamen en el IVA sobre las entregas de aceite al 0%.

    La recopilación del Preámbulo, parte I, no es sino un sucinto relato de esta sucesión de normas “extraordinarias”.

    2. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL IVA.

    En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, este real decreto-ley incluye ahora una prórroga temporal hasta el 31 de diciembre de 2024 de la aplicación de tipos impositivos reducidos a determinadas entregas de alimentos.

    A estos efectos, el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, estableció en su artículo 20 una prórroga, durante el primer semestre de 2024, de la aplicación en el Impuesto sobre el Valor Añadido del tipo impositivo del 0 por ciento que recae sobre los productos básicos de alimentación, así como la del 5 por ciento con que resultan gravados los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias, para contribuir a la reducción del precio final de estos alimentos.

    Con objeto de favorecer una evolución positiva de la inflación de los alimentos en los próximos meses y su consecuente impacto positivo en la población española, y en especial en personas más desfavorecidas, así como la eliminación paulatina de esta medida excepcional, se mantiene la rebaja del IVA de estos alimentos en los tipos del 5 por ciento (pastas alimenticias y aceites de semilla) y del 0 por ciento (alimentos de primera necesidad y a los aceites de oliva) hasta el 30 de septiembre de 2024.

    A partir de dicha fecha, para la que ya se estima una reducción significativa de la inflación, se incrementarán los tipos impositivos al 7,5 y 2 por ciento, respectivamente, hasta el 31 de diciembre, momento en el que la reducción de precios va a permitir la supresión de esta medida excepcional y transitoria sin afectar al poder adquisitivo de las familias.

    No obstante, como se ha señalado, el tipo impositivo aplicable a las entregas de aceite de oliva, alimento básico y esencial de una dieta saludable, se reduce desde el 5 por ciento precedente al 0 por ciento hasta el 30 de septiembre, pasando a tributar al tipo del 2 por ciento desde el 1 de octubre hasta final de año y, lo que es más importante, se consolida como alimento de primera necesidad en el tipo súper reducido del 4 por ciento a partir del 1 de enero de 2025, lo que exige una modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter indefinido a estos efectos.

    Por otra parte, se mantienen los tipos del recargo de equivalencia aplicable a estos productos en el 0,6 y el 0 por ciento en relación con la aplicación de los tipos de IVA del 5 y 0 por ciento, que se incrementan al 1 y al 0,26 por ciento, cuando los referidos alimentos pasen a tributar a los tipos impositivos del 7,5 y 2 por ciento, respectivamente.

    Los artículos 1 y 2 reflejan estos cambios en la fiscalidad de los alimentos, en lo referido al Impuesto sobre el Valor Añadido.

    3. ALTERACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

    Por su parte, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas resulta imprescindible acometer los cambios legales oportunos para evitar someter a tributación a los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo de cuantía inferior al nuevo salario mínimo interprofesional aprobado por el Real Decreto 45/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024, esto es, 15.876 euros anuales.

    En una primera fase, el Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta, ha introducido los cambios oportunos en el procedimiento general de cálculo de retención para lograr que los perceptores del salario mínimo interprofesional no soporten retención o ingreso a cuenta.

    Lógicamente, los perceptores de rendimientos del trabajo próximos a la cuantía de dicho salario mínimo interprofesional también vieron reducidas la cuantía de sus retenciones e ingresos a cuenta, ya que en caso contrario se hubiera producido un claro error de salto.

    Ahora resulta necesario llevar a cabo las modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a través del artículo 3 del presente real decreto-ley, con la finalidad de evitar que la rebaja en la cuantía de la retención derivada del nuevo marco reglamentario no se consolide en la declaración anual en caso de estar obligado a su presentación.

    A tal efecto, de manera idéntica al cambio operado en materia de retenciones, se incrementa la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo de los 6.498 euros actuales a 7.302 euros anuales, cuantía que posteriormente irá decreciendo linealmente en dos tramos a medida en que vayan aumentando los ingresos.

    Con esta elevación de la reducción se amplía el umbral de tributación, esto es, la cuantía de salario bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde los 15.000 euros anuales vigentes en la actualidad hasta los 15.876 euros anuales, cuantía coincidente con la del actual salario mínimo interprofesional.

    De manera coherente, se eleva el umbral inferior de la obligación de declarar de los perceptores de rendimientos del trabajo a 15.876 euros anuales, al no tener que tributar por este Impuesto respecto de tales rendimientos.

    4. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

    En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, y con el fin de continuar impulsando la electrificación de la movilidad, por medio del artículo 4 de este real decreto-ley se refuerza el incentivo fiscal destinado a promover las inversiones en nuevos vehículos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV o en nuevas instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público, de vehículos eléctricos, contenido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sustituyendo la hasta ahora vigente amortización acelerada, consistente en aplicar el duplo del coeficiente de amortización lineal máximo según tablas oficialmente aprobadas, por una amortización libre, siempre que se trate de inversiones nuevas que entren en funcionamiento en los períodos impositivos iniciados en 2024 y 2025.

    Se posibilita la aplicación, asimismo, de esta libertad de amortización a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva.

    De este modo, se añade una nueva disposición adicional quincuagésima novena, a la citada Ley 35/2006, al objeto de aplicar la libertad de amortización referida con anterioridad en el Impuesto sobre Sociedades a los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva.

    Se potencia, asimismo, la reserva de capitalización, incentivo fiscal de gran calado que pretende potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, y, con ello, incentivar el saneamiento de las empresas y su competitividad, incidiendo en la equiparación en el tratamiento fiscal de la financiación ajena y propia.

    5. PRÓRROGA DE MEDIDAS FISCALES PARA LOS RESIDENTES EN LA ISLA DE LA PALMA.

    Finalmente, en materia de medidas fiscales, por un lado, el artículo 5 de este real decreto-ley prorroga, para el ejercicio 2024, los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el artículo 25 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, habida cuenta de que, aunque las erupciones volcánicas de Cumbre Vieja ya finalizaron, aún persisten efectos que dificultan el retorno a la normalidad de los damnificados.

    Por otro, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se amplía el ámbito temporal de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, de manera que resultará igualmente aplicable, en los mismos términos y condiciones, a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma en el período impositivo 2024.

  • Derechos a la intimidad y a la propia imagen. Presencia de elemento extranjero en el litigio. Competencia judicial internacional y ley aplicable. Fotografías subidas a la cuenta de Facebook por el cónyuge. Trascendencia de los usos sociales. La conducta de la demandante llevó a su cónyuge, hoy demandado, al convencimiento de que la demandante consentía la publicación de su imagen en la cuenta de Facebook del demandado. La relación de pareja supone un contexto relevante para el ejercicio de los derechos a la intimidad y a la propia imagen porque supone compartir ámbitos de intimidad entre ambos cónyuges y condiciona lo que pueda considerarse como actos concluyentes de prestación de consentimiento. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num. Res.: 907/2024 - Num. Proc.: 7054/2023 - Ponente: Rafael Sarazá Jimena (TOL10.081.650)

    T R I B U N A L S U P R E M O

    Sala de lo Civil

    Sentencia núm. 907/2024

    Fecha de sentencia: 24/06/2024

    Tipo de procedimiento: CASACIÓN

    Número del procedimiento: 7054/2023

    Fallo/Acuerdo:

    Fecha de Votación y Fallo: 19/06/2024

    Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

    Procedencia: Audiencia Provincial de Huesca, Sección Primera

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

    Transcrito por: ACS

    Nota:

    CASACIÓN núm.: 7054/2023

    Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

    Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora Carmen Garcia Alvarez

    TRIBUNAL SUPREMO

    Sala de lo Civil

    Sentencia núm. 907/2024

    Excmos. Sres.

    D. Ignacio Sancho Gargallo

    D. Rafael Sarazá Jimena

    D. Pedro José Vela Torres

    En Madrid, a 24 de junio de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia 124/2023, de 7 de junio, dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huesca, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 307/2022 del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Huesca, sobre protección de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.

    Es parte recurrente D.ª Ariadna, representada por el procurador D. Ignacio Tartón Ramírez y bajo la dirección letrada de D. Mario Bonacho Caballero y D.ª Marisa Herrero-Tejedor Albert.

    Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

    PRIMERO.- Tramitación en primera instancia.

    1.- El procurador D. Ignacio Tartón Ramírez, en nombre y representación de D.ª Ariadna, interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Alejandro, en la que solicitaba se dictara sentencia:

    "[...] por la que:

    " 1) Se declare la existencia de intromisión ilegítima, por parte del demandado en el derecho a la intimidad y la propia imagen, de Dña. Ariadna al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y de conformidad con el art. 18.1 de la Constitución Española;

    " 2) Sea declarada procedente indemnización de daños y perjuicios en la cantidad de diez mil euros (10.000 €) por parte de D. Alejandro por dicha vulneración.

    " 3) Se condene al demandado a la cesación de dichos comportamientos conculcadores del derecho a la intimidad y a la propia imagen de nuestra representada, y se le condene a que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos semejantes.

    4) Se condene al demandado a la eliminación de todas y cada una de las imágenes que haya difundido en redes sociales de nuestra mandante.

    " 5) Se condene en costas al demandado".

    2.- La demanda fue presentada el 29 de abril de 2022 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Huesca, fue registrada con el núm. 307/2022. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

    3.- El Ministerio Fiscal emitió informe contestando a la demanda.

    La procuradora D.ª María del Mar Pascual Obis, en representación de D. Alejandro, contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la demandante.

    4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Huesca, dictó sentencia 48/2023, de 17 de marzo, que desestimó la demanda, con imposición de costas a la parte demandante.

    SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia.

    1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D.ª Ariadna. El Ministerio Fiscal y la representación de D. Alejandro se opusieron al recurso.

    2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huesca, que lo tramitó con el número de rollo 149/2023, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 124/2023, de 7 de junio, cuyo fallo dispone:

    "1. Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandante, Ariadna, contra la sentencia referida, que revocamos exclusivamente en el siguiente sentido, por lo que quedan confirmados sus demás pronunciamientos: Omitimos toda declaración sobre las costas causadas en la primera instancia de este procedimiento.

    " 2. Tampoco hacemos especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

    " 3. Disponemos asimismo la devolución del depósito constituido para recurrir".

    TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso de casación

    1.- El procurador D. Ignacio Tartón Ramírez, en representación de D.ª Ariadna, interpuso un recurso de casación.

    Los motivos del recurso de casación fueron:

    "Primero.- Infracción del artículo 7.5 y 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, en relación a la intromisión en el derecho a la propia imagen".

    "Segundo.- Infracción del artículo 7.3, y 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, en relación a la intromisión en el derecho a la intimidad personal y familiar".

    2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 24 de enero de 2024, que admitió el recurso y acordó dar traslado al Ministerio Fiscal para que formalizara su oposición.

    3.- El demandado no se personó en el recurso de casación interpuesto ante esta sala. El Ministerio Fiscal emitió un informe interesando la estimación del motivo primero y la desestimación del motivo segundo del recurso.

    4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 19 de junio de 2024, en que ha tenido lugar.


    PRIMERO.- Antecedentes del caso

    1.- Las cuestiones más relevantes para la resolución del litigio han quedado fijadas en la instancia en los siguientes términos:

    i) La demandante, ciudadana española con domicilio en la provincia de Huesca, y el demandado, ciudadano francés con domicilio en Francia, contrajeron matrimonio en mayo de 2021. Cuando se interpuso la demanda, el 29 de abril de 2022, se encontraban en trámites de divorcio. Los tribunales de instancia afirman que no existe prueba de que existiera una crisis matrimonial entre los litigantes cuando el demandado publicó en su muro de Facebook las fotografías cuestionadas.

    ii) Los días 31 de octubre y 13, 15, y 24 de noviembre de 2021 el demandado publicó en su muro de Facebook diversas fotografías, captadas en fechas anteriores, en las que aparecía la imagen de la demandante. Las imágenes habían sido tomadas con consentimiento de la demandante, que posó para la obtención de varias de esas fotografías. Son fotografías relativas a momentos agradables o lúdicos de la vida cotidiana de la familia, en muchas de las cuales aparece también el propio demandado, que fueron exhibidas por este en su muro de Facebook, sin que se haya acreditado que las mismas fueran accesibles al público en general, más allá de las personas expresamente autorizadas por el demandado, pues no está probado que el muro de Facebook del Sr. Alejandro fuera público.

    iii) El 14 de octubre de 2021 los litigantes mantuvieron una conversación por la aplicación Messenger de Facebook, en términos normales y afectivos, sin que conste ningún dato objetivo de que, en el momento de la publicación de las fotografías, apenas unas semanas después, existiera ningún conflicto entre la demandante y el demandado. La demandante había reaccionado con "jŽadore" a la publicación en fechas anteriores por su entonces esposo de algunas de las fotografías; había hecho el comentario "belle photo, très belle" a una fotografía publicada por el demandado el 14 de octubre de 2021, en el que aparece una imagen de la pareja; D. Genaro, amigo del demandado, publicó en Facebook, con el consentimiento de la demandante, imágenes de la boda de ambos litigantes y el propio demandado publicó en Facebook fotos de la boda, respecto de las cuales la esposa interactuó diciendo "jŽadore".

    iv) La demandante manifiesta que la publicación de las fotografías en el muro de Facebook de su entonces marido se hizo sin su consentimiento, sin que el consentimiento para la realización de las fotografías en las que aparecía su imagen implique el consentimiento para su publicación. Aunque dos testigos coincidieron en manifestar que la demandante era muy reticente a la publicación de su imagen en redes sociales, las sentencias de instancia consideran que, en atención a las circunstancias, el demandado pudo razonablemente entender que estaba autorizado por su esposa para la publicación de las fotografías.

    v) La demandante, en ningún momento anterior a la interposición de la demanda, manifestó ninguna objeción a la publicación de tales fotografías. Se declara en la instancia que es inverosímil que, si tanta afectación le ocasionaba la publicación de tales fotografías, no exigiera su inmediata retirada desde el mismo día 15 de noviembre de 2021 en que, como muy tarde, fue consciente de las publicaciones, según el WhatsApp que recibió de una amiga, en el que tampoco consta que, en ese momento, la demandante expresara sorpresa, indignación ni ninguna otra reacción ante la comunicación que le hizo dicha amiga.

    vi) De tales circunstancias, los tribunales de instancia deducen que resulta razonable entender que el demandado creyera que su esposa le autorizaba a la publicación de fotografías familiares, por lo que no consideran lógico exigir un consentimiento individualizado para cada una de las fotografías, siendo todas ellas de similares características.

    2.- En abril de 2022, D.ª Ariadna interpuso una demanda contra D. Alejandro en la que solicitaba que se declarase la existencia de una intromisión ilegítima por parte del demandado en los derechos a la intimidad y a la propia imagen de D.ª Ariadna y se condenara al demandado a indemnizarle en 10.000 euros; a cesar en dichos comportamientos, abstenerse de realizar actos semejantes y eliminar las imágenes de la demandante difundidas en redes sociales.

    El demandado, Sr. Alejandro, se opuso a la demanda pues las fotografías habían sido publicadas en su muro de Facebook con el consentimiento de la demandante. Manifestó que había retirado las fotografías en cuanto recibió la demanda, extremo este que no ha sido objeto de controversia en el recurso.

    3.- El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. Una vez expuestas las circunstancias fácticas que resultaban de la prueba practicada, la sentencia de primera instancia argumentó que "atendiendo a las circunstancias del presente caso, resulta razonable entender que el Sr. Alejandro considerase que su esposa le autorizaba a la publicación de fotografías familiares, sin que parezca lógico [...] exigir un consentimiento individualizado para cada una de las fotografías, siendo todas ellas de similares características" lo que llevó al juzgado a considerar que no se habían vulnerado los derechos a la intimidad y a la propia imagen de la demandante "teniendo en cuenta que consta acreditada su autorización a publicaciones anteriores, y que las fotografías publicadas carecen de alcance lesivo en la dignidad de la Sra. Ariadna, dado que su contenido es acorde a los usos sociales, además de ser mostrada en unas actitudes que no pueden dar lugar a reproche social alguno y, por tanto, no atentatorias de su dignidad, a lo que debe añadirse que no consta cuál ha sido la efectiva difusión de dichas imágenes, pues no consta que el muro de Facebook del demandado estuviera abierto al público en general, y sin que quede acreditado tampoco que las publicaciones efectuadas hayan causado un daño efectivo que permita una indemnización económica".

    4.- La demandante apeló la sentencia de primera instancia y la Audiencia Provincial desestimó el recurso. Tras fijar los hechos relevantes en términos concordantes con la sentencia de primera instancia (en concreto, la existencia de fotografías de la demandante que habrían sido previamente divulgadas en redes sociales con su consentimiento), la Audiencia argumentó que "el consentimiento expreso otorgado por la actora para divulgar las fotografías a las cuales acabamos de aludir no puede extenderse más allá de esos concretos actos, por lo que su publicación no implica la concurrencia del consentimiento, ni mucho menos expreso, en cuanto a la inclusión de las fotografías objeto de disputa en el perfil de Facebook del demandado. Lo expuesto no impide que podamos valorar todas las circunstancias del caso para determinar los usos sociales y el contexto en el que se produjo la publicación de las fotografías objeto de la demanda". Tras descartar que cuando se publicaron las fotografías cuestionadas el matrimonio de los demandantes estuviera en crisis, declaró que "la Sra. Ariadna nada objetó directamente al demandado por la publicación de las fotografías, sino que lo hizo con la misma presentación de la demanda", y concluyó que "los usos sociales y el carácter inocuo o inofensivo de las fotografías dentro de un contexto familiar y matrimonial permitían su publicación por parte del marido de la apelante".

    5.- La demandante ha interpuesto un recurso de casación basado en dos motivos, que ha sido admitido.

    SEGUNDO.- Motivos primero y segundo

    1.- Planteamiento. En el encabezamiento del primer motivo, la recurrente invoca la infracción de los arts. 7.5 y 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, en relación a la intromisión en el derecho a la propia imagen.

    En el desarrollo del motivo, los argumentos jurídicos fundamentales son, sintéticamente, que el supuesto carácter inofensivo o inocuo de las fotografías no obsta la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen pues no concurre ninguna de las excepciones previstas en el artículo 8, apartado 2.º de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo.

    Tras afirmar que se ha valorado incorrectamente la prueba sobre la existencia de la crisis conyugal cuando se publicaron las fotografías, argumenta que, en todo caso, dicha circunstancia sería irrelevante para valorar la injerencia en el derecho a la propia imagen de la demandante porque en el seno del matrimonio "no todo vale", porque "[l]a voluntad de decisión recae por tanto en el titular de la imagen, no en terceras personas, ni si quiera por ser estos cónyuges, y ello se confirma si tenemos en cuenta que el derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad, inalienable", y "los "usos sociales" no es una cuestión genérica, sino que debe relacionarse expresamente con los actos propios del titular del derecho".

    2.- En el encabezamiento del segundo motivo se invoca la infracción de los arts. 7.3, y 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, en relación a la intromisión en el derecho a la intimidad personal y familiar.

    En el desarrollo del motivo se argumenta que las imágenes publicadas por el demandado muestran y desvelan momentos familiares de la demandante, pues "[l]as fotografías en cuestión reflejan a Dña. Ariadna, junto a su expareja sentimental y otra serie de amigos en distintos aspectos de su vida privada, tales como viajes, fotografías de su enlace matrimonial, comidas con familiares y amigos, etc.", sin que exista un interés general que legitime la publicación de tales imágenes.

    La estrecha relación existente entre las cuestiones planteadas en ambos motivos aconseja su resolución conjunta.

    3.- Consideraciones previas sobre la competencia judicial internacional y la ley aplicable. Aunque el caso objeto del presente recurso presenta varios elementos extranjeros (nacionalidad y domicilio del demandado, nacionalidad y domicilio de la sociedad titular de la plataforma de la red social y de su filial que gestiona la publicidad para la versión francesa de la red social, etc.), la competencia judicial internacional de los tribunales españoles y la aplicabilidad de la ley española están correctamente apreciadas por los tribunales de instancia.

    Para determinar las reglas que fijan la competencia judicial internacional en los litigios de protección de los derechos de la personalidad en el ámbito de la Unión Europea hay que acudir al capítulo II del Reglamento (UE) n.° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

    El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, incluido en la sección 1 del capítulo II, titulada "Disposiciones generales", establece lo siguiente:

    "Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado".

    El artículo 5 de este Reglamento, incluido en la misma sección 1, dispone en su apartado 1 lo siguiente:

    "Las personas domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo".

    El artículo 7 del mismo Reglamento, que forma parte de la sección 2 del capítulo II, titulada "Competencias especiales", establece en su punto 2 lo siguiente:

    "Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: [...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso".

    Es pacífico que las acciones de protección de los derechos de la personalidad están incluidas en este último apartado.

    Por tanto, quien pretende interponer una demanda de protección de sus derechos de la personalidad respecto de una intromisión ilegítima causada por un contenido publicado en línea en un sitio de Internet (como es el caso del muro de una cuenta de Facebook), cuando concurre un elemento extranjero, tiene un doble fuero electivo, el general del domicilio del demandado y el especial del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso, que se refiere tanto al lugar del hecho causal como al lugar donde se ha materializado el daño. Asimismo, el TJUE (sentencias de 25 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10 , eDate Advertising GmbH, y de 17 de octubre de 2017, asunto C- 194/16, Bolagsupplysningen OÜ), al interpretar este último fuero, adaptado a las especialidades de Internet, ha considerado también como lugar donde se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso el centro de intereses del afectado, coincidente normalmente con su domicilio aunque no necesariamente, pues puede probarse que el centro de intereses principales se encontraba en otro Estado miembro.

    En el caso objeto de este recurso, la demandante ha optado por el fuero del Estado en el que se han producido los efectos del hecho dañoso, por cuanto que la presunta vulneración de sus derechos fundamentales consistiría principalmente en la difusión de su imagen entre los internautas residentes en España, que constituye su centro de intereses principales, a falta de la justificación de que este no coincida con el Estado de su domicilio, y donde más personas pueden reconocerla como la persona que aparece en esas fotografías.

    Respecto de la ley aplicable, el Reglamento (CE) n.° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), excluyó de su ámbito de aplicación a las obligaciones derivadas de la vulneración de los derechos de la personalidad, al prever en su artículo 1.2:

    "Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento: g) las obligaciones extracontractuales que se deriven de la violación de la intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad; en particular, la difamación".

    Al no existir otro instrumento de Derecho de la Unión Europea ni de Derecho internacional en general que regule esta cuestión, para determinar la ley aplicable en estos casos hay que acudir a la regla contenida en el artículo 10.9 del Código Civil, a falta de otra regla más específica:

    "Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven".

    La aplicación de este precepto a los supuestos de vulneraciones de derechos de la personalidad por contenidos en línea en una página de Internet ha de conjugarse con los criterios de determinación del fuero del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 y, en concreto, con el criterio de la ley del lugar del daño, lex loci damni, entendido como el lugar donde se produce la difusión del contenido ofensivo.

    Dado que la demanda ha sido interpuesta en el lugar de domicilio y centro de intereses de la persona ofendida, donde se habría producido el mayor daño por la difusión del contenido ofensivo en Internet, es aplicable la ley española, ley correspondiente al Estado donde se desarrolla el litigio.

    En consecuencia, han sido aplicadas correctamente las normas de la Constitución española y de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que regulan la cuestión controvertida

    4.- Decisión de la sala. Sentado lo anterior, el recurso de casación debe ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

    El recurso de casación alega la infracción de normas sustantivas desde una contemplación de los hechos diferente, incluso opuesta, a la constatada por la sentencia recurrida. Así, mientras que en las sentencias de instancia se descarta que cuando el demandado publicó en el muro de su cuenta de Facebook las fotografías en las que aparece la demandante, el matrimonio de los litigantes estuviera en crisis, la recurrente articula su recurso justamente sobre el presupuesto contrario: que el demandado publicó las fotografías cuando el matrimonio estaba en crisis y ella le había comunicado su intención de divorciarse, por lo que se trató de un acto de venganza. También afirma la recurrente que la publicación de las fotografías en el muro de Facebook del demandante permitió que cualquier persona las pudiera ver, mientras que las sentencias de instancia afirman que no está probado que las fotografías fueran accesibles al público en general, más allá de las personas expresamente autorizadas por el demandado.

    La consecuencia de lo expuesto es que el recurso de casación incurre en lo que se conoce como petición de principio, al erigirse sobre un presupuesto fáctico distinto del establecido en la sentencia impugnada, y que la parte recurrente reputa acreditado tras valorar nuevamente la prueba practicada en el proceso, narrando su versión de los hechos y reproduciendo fragmentos del material probatorio, con lo que desnaturaliza el recurso.

    5.- Esta sala ha declarado que, cuando el recurso de casación afecta a derechos fundamentales, no puede partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos los extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados.

    Pero también ha declarado que dicha doctrina no puede llegar al extremo de desvirtuar la naturaleza del recurso interpuesto; o dicho de otra manera: que el tribunal de casación deba verificar las valoraciones realizadas por la sentencia recurrida para la apreciación de la posible existencia de una vulneración del derecho fundamental alegado por la recurrente no supone que pueda prescindir de los hechos concretos de carácter objetivo que aquella considera probados ( sentencias 518/2012, de 24 julio; 371/2015, de 22 de junio; 429/2020, de 15 de julio; 562/2020, de 27 de octubre; y 674/2020, de 14 de diciembre, entre otras) ni puede estimarse un recurso que denuncie una infracción cuya apreciación solo sea posible si se modifican los hechos probados o que, como si se tratara de una tercera instancia, pretenda que esta sala corrija la fijación de los hechos realizada por el tribunal sentenciador o lleve a cabo una nueva valoración conjunta de la prueba ( sentencia 362/2020, de 24 de junio).

    En consecuencia, solo pueden tomarse en consideración los argumentos del recurso que identifican algún problema jurídico sobre la base de las circunstancias fácticas fijadas en las sentencias de instancia.

    6.- Internet y, en concreto, las redes sociales, ofrecen grandes expectativas de comunicación e interacción social, pero generan también grandes riesgos al constituir un cauce para difundir contenidos que afectan a derechos de diferente naturaleza, en concreto, a los derechos de la personalidad (honor, intimidad y propia imagen).

    Por eso es relevante recordar lo que declara la STC 27/2020, de 24 de febrero:

    "Contemplado de esta manera el panorama tecnológico actual y aceptando que la aparición de las redes sociales ha cambiado el modo en el que las personas se socializan, hemos de advertir sin embargo -por obvio que ello resulte- que los usuarios continúan siendo titulares de derechos fundamentales y que su contenido continúa siendo el mismo que en la era analógica".

    El contenido de los derechos fundamentales que resultan afectados por los contenidos publicados en línea y la responsabilidad del creador del contenido al que se imputa la vulneración de los derechos fundamentales, en concreto, los derechos de la personalidad del art. 18 de la Constitución, se rigen por las mismas normas que las afectaciones de estos derechos que no se han producido en Internet. Estas normas son fundamentalmente las contenidas en el art. 18 de la Constitución y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección jurisdiccional del honor, la intimidad y la propia imagen, sin perjuicio de la relevancia que puedan tener otras normas cuando es necesario realizar una ponderación con otros bienes jurídicos o derechos con los que entran en conflicto tales derechos de la personalidad.

    Ahora bien, aunque no haya diferencias en el texto de la normativa legal aplicable, la presencia en nuestra sociedad de Internet y, más en concreto, de las redes sociales en línea, y la sociedad de la información en la que se insertan y de la que son actoras importantes, es relevante en tanto que esas normas han de ser interpretadas en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas ( art. 3.1.º del Código Civil).

    Asimismo, es procedente recordar que, de acuerdo con el art. 2.1.º de la citada Ley Orgánica 1/1982, la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen queda delimitada no solo por las leyes sino también "por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia". Es, por tanto, relevante, analizar hasta qué punto las redes sociales han creado unos determinados "usos sociales" en la interactuación de los internautas en esas redes y analizar también la trascendencia de la conducta del afectado por la publicación de su imagen en redes sociales, tanto para determinar si ha existido el "consentimiento expreso" que, según el art. 2.2.º de la citada Ley Orgánica 1/1982, excluye la existencia de intromisión ilegítima en los derechos de la personalidad, como para valorar cuál ha sido el ámbito que para sí mismo o su familia ha reservado el afectado por la publicación de su imagen en la red social de un tercero ( art. 2.1.º de la citada Ley Orgánica 1/1982).

    7.- Junto con lo anterior, tienen especial relevancia las circunstancias en que se produce la actuación a la que se imputa la vulneración de los derechos fundamentales. En el caso objeto de este recurso, destaca la circunstancia de que, en el momento en que se produjeron los hechos, la demandante y el demandado eran cónyuges, sin que, según ha quedado afirmado en la instancia, en ese momento existiera una crisis en el matrimonio, que sí existía cuando se interpuso la demanda algunos meses después al estar en este momento los litigantes en trámites de divorcio. Por tal razón, la jurisprudencia establecida respecto de la utilización de la imagen ajena o la publicación de datos que afectan a la intimidad, relativos a otros contextos en los que no existen esos especiales vínculos entre las personas afectadas, no es trasladable automáticamente a un caso como el que es objeto de este litigio.

    8.- El derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad, reconocido como derecho fundamental en el art. 18.1 de la Constitución, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación y le permite determinar qué información gráfica generada por sus rasgos físicos personales puede tener dimensión pública. En su faceta negativa o excluyente, otorga la facultad de impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero sin el consentimiento expreso del titular, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta. La jurisprudencia ha entendido que la exigencia de consentimiento expreso no supone que el consentimiento haya de ser expresado formalmente pero sí que sea inequívoco, pudiendo considerarse así al que se deriva de actos concluyentes que expresen esa voluntad ( sentencia del Tribunal Constitucional 196/2004, de 15 de noviembre).

    9.- La valoración que ha realizado la sentencia recurrida para concluir que no ha existido intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante es correcta. El contexto descrito en dicha sentencia es el de un matrimonio que no se encontraba en crisis, con una conducta como la observada por la demandante, que no solo consintió en la captación de su imagen en fotografías anodinas o inocuas (la demandante en un entorno natural, la demandante y el demandado el día de su boda, ambos en reuniones familiares o de amigos, etc.) sino que además había reaccionado con "jŽadore" (equivalente a "me gusta") a la publicación por su entonces esposo, en fechas anteriores a la publicación aquí cuestionada, de algunas de las fotografías, que había hecho el comentario "belle photo, très belle" ("bella foto, muy bella") a una fotografía publicada por el demandado en que aparece una imagen de la pareja, o que consintió en que un amigo del marido publicara en su cuenta de la red social fotografías de ambos en la boda, y asimismo reaccionó con un "j'adore" a la publicación por el demandado, en su cuenta de Facebook, de una fotografía de la boda en que aparecían ambos litigantes.

    Tomando en consideración este contexto, es correcta la conclusión de la Audiencia Provincial cuando entiende que el demandado llegó al convencimiento razonable de que su esposa le autorizaba a la publicación de fotografías familiares o fotografías en la que aparecía exclusivamente su esposa, por lo que no era lógico exigir un consentimiento individualizado para cada una de las fotografías al ser todas ellas de similares características.

    Dados los usos sociales generados por las redes sociales, una actuación como la de la demandante, consintiendo en ser fotografiada por su marido cuando sabía que este era titular de una cuenta de Facebook, clicando "me gusta" o "j'adore" en varias de las fotografías colocadas en el muro de dicha cuenta de Facebook en las que aparecía la demandante (lo que además demuestra que accedía a dicha cuenta con regularidad), sin haber objetado en momento alguno a dicha conducta de su marido ni haberle solicitado que retirara las fotografías de su cuenta de Facebook, debe considerarse, apreciada en su conjunto, como una actuación concluyente demostrativa de consentimiento a que su imagen fuera no solo captada sino también publicada en la cuenta de Facebook por su marido.

    Más aún en el contexto de una relación matrimonial como la que existía en ese momento, en la que, en caso de que un cónyuge no esté de acuerdo en el uso que el otro haga de su imagen en las redes sociales, la conducta razonable es hacérselo saber al otro cónyuge y solicitarle que retire las fotografías de su muro de Facebook, lo que, de acuerdo con el relato de hechos que establecen las sentencias de instancia, no ocurrió en este caso, en el que la primera muestra de oposición a la utilización por el demandado, en sus redes sociales, de la imagen de la demandante consistió en la interposición de la demanda, momento en que el demandado retiró las fotografías del muro de su cuenta de Facebook. Razón por la cual no existió una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen.

    10.- El derecho a la intimidad personal y familiar garantiza a la persona un ámbito reservado de su vida personal y familiar, vinculado con el respeto de su dignidad como persona, frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o particulares. Este derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, tanto personal como familiar, frente a la divulgación del mismo por terceros y frente a la publicidad no consentida. Así lo ha declarado tanto el Tribunal Constitucional (entre las más recientes, sentencia 176/2013, de 21 de octubre) y esta sala (sentencias 478/2014, de 2 de octubre, y 91/2017, de 15 de febrero).

    La demanda basa su imputación al demandado de haber realizado una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar en que las imágenes publicadas por el demandado en el muro de su cuenta de Facebook muestran y desvelan momentos de la vida privada de la demandante (viajes, boda, reuniones con familiares y amigos, etc.) sin que exista un interés general que legitime la publicación de tales imágenes.

    11.- El uso por los particulares de redes sociales como Facebook suele tener por finalidad interactuar con otros internautas y compartir con ellos comentarios e imágenes relativas a la vida privada, incluyendo los relativos a situaciones y acontecimientos compartidos con familiares y amigos. Los textos, fotografías, grabaciones audiovisuales, etc., que difunden los usuarios son los que tradicionalmente se han considerado propios del ámbito de la intimidad (situación sentimental, actividades de ocio, gustos y aficiones, fotografías personales, etc.), en tanto que constituyen una información privada a la que solo las personas más allegadas podían tener acceso.

    Lógicamente, esos usos sociales no justifican una exposición pública ilimitada de los hechos concernientes a la intimidad personal y familiar cuando afectan a otras personas, por más que estas pertenezcan al círculo familiar o de amigos cercano al titular de la cuenta de la red social, pues existen facetas que podrían calificarse como del ámbito más estricto de la intimidad en las que, para desvelarlas públicamente, ha de extremarse la exigencia de un consentimiento expreso e indubitado de la persona afectada.

    Lleva razón la demandante cuando argumenta que en el matrimonio "no todo vale" y que contraer matrimonio no supone una renuncia de los cónyuges que les despoje de sus derechos fundamentales en el seno de la relación matrimonial. Pero también es cierto que la relación de pareja supone un contexto relevante para el ejercicio de dichos derechos de la personalidad, en concreto los derechos a la intimidad y a la propia imagen, que ha de ser tomado en consideración para decidir si ha existido una intromisión ilegítima, por cuanto que supone compartir ámbitos de intimidad entre ambos cónyuges, y condiciona lo que pueda considerarse como actos concluyentes de prestación de consentimiento, a diferencia de otros contextos ajenos a esas relaciones de pareja.

    Además de lo anterior, el consentimiento mostrado por la demandante al clicar un "me gusta" en alguna de estas fotos (por ejemplo, una fotografía de la boda de ambos litigantes) y la ausencia de expresión alguna de disconformidad con dicha conducta, como hubiera sido lo normal en el seno de una relación familiar estrecha como es la matrimonial, muestra su aquiescencia a la publicación de estas fotos en la cuenta de Facebook de quien entonces era su marido. Como ya se ha dicho, la primera muestra de oposición a la utilización por el demandado, en sus redes sociales, de la imagen de la demandante consistió en la interposición de la demanda y en ese momento, el demandado retiró las fotografías del muro de su cuenta de Facebook.

    No se trata, por tanto, de ponderar el conflicto entre la libertad de expresión del demandado y los derechos a la intimidad y la propia imagen de la demandante ni de determinar si es aplicable alguna de las excepciones del art. 8 de la Ley Orgánica 1/1982, como parece entender la recurrente. Para hacer tal ponderación o valorar si concurren tales excepciones se exigiría que la conducta enjuiciada reuniera en principio los requisitos necesarios para ser considerada una intromisión en esos derechos de la personalidad de la demandante. Sin embargo, en este caso, la cuestión relevante es que, habida cuenta de los usos sociales y de la propia conducta observada por la demandante ( art. 2.1.º y 2.º de la Ley Orgánica 1/1982), la actuación del demandado al publicar en su cuenta de Facebook fotografías en las que aparecía su entonces cónyuge y algunos miembros de su familia y amigos no puede considerarse como una intromisión en los derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la demandante. Esto hace innecesario llevar a cabo una ponderación entre tales derechos fundamentales y libertades públicas en la que haya de tomarse en consideración el interés general de las fotografías o valorar la concurrencia de las excepciones del art. 8 de la Ley Orgánica 1/1982.

    TERCERO.- Costas y depósito

    1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

    2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

    1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por D.ª Ariadna contra la sentencia 124/2023, de 7 de junio, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huesca, en el recurso de apelación núm. 149/2023.

    2.º- Condenar a la recurrente al pago de las costas del recurso de casación que desestimamos, así como la pérdida del depósito constituido.

    Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

    Así se acuerda y firma.


  • Despido colectivo. Conforme a la doctrina de la sala IV, sobre la unidad de referencia y el cómputo de los umbrales del despido colectivo del artículo 51 ET, el despido de los 11 trabajadores del centro de trabajo no alcanza los umbrales numéricos del artículo 51 ET, al tener la empresa más de 2000 trabajadores. Tampoco el hecho de que se haya procedido a la extinción de todos los contratos de trabajo del centro de trabajo supone que se esté en presencia de un despido colectivo, puesto que el artículo 51.1 ET se refiere en estos casos a la cesación total de la "actividad empresarial", no del centro de trabajo (SSTS 506/2017, de 13 de junio, rec. 196/2016; 771/2017, de 10 de octubre, rec. 86/2017; y 669/2019, de 26 de septiembre, rec. 143/2018). En consecuencia, se confirma la sentencia de la Sala de lo Social recurrida que declaró su falta de competencia objetiva. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social - Sentencia - Num. Res.: 923/2024 - Num. Proc.: 19/2024 - Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN (TOL10.081.661)

    CASACION núm.: 19/2024

    Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín

    Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito

    TRIBUNAL SUPREMO

    Sala de lo Social

    Sentencia núm. 923/2024

    Excmos. Sres. y Excma. Sra.

    D. Ángel Blasco Pellicer

    D. Sebastián Moralo Gallego

    D.ª Concepción Rosario Ureste García

    D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín

    En Madrid, a 12 de junio de 2024.

    Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por el letrado don Luis Ocaña Escolar, actuando en representación del sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) 1694/2023, de 24 de octubre en los autos de despido colectivo núm. 8/2023, seguidas por la representación legal unitaria, Delegado de Personal, don Sebastián, la central sindical Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A), sección sindical de la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla, representada por el Delegado Sindical de la sección, don Jesus Miguel contra UNICAJA BANCO S.A., GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., GRUPO CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD, S.A., MINISTERIO FISCAL.

    Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín.

    PRIMERO.- La representación legal unitaria, Delegado de Personal, don Sebastián, la central sindical Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A), sección sindical de la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla, representada por el Delegado Sindical de la sección, don Jesus Miguel, formularon demanda sobre despido colectivo, cesión ilegal y tutela de derechos fundamentales, ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga), en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando, se dicte sentencia por la cual se declare la cesión ilegal de los trabajadores, dándoles opción a su elección a integrarse en la plantilla de la verdadera parte empleadora, se declare la vulneración de los derechos fundamentales de los artículos 24 y 28 CE y el cese del comportamiento vulnerador, así como se califique al despido colectivo impugnado como nulo o subsidiariamente anulable y en consecuencia se condena a la parte demandada a que :

    - Readmita a los trabajadores afectados por el despido colectivo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono de una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido operado hasta que se notifique la sentencia que se dicte.

    - Se deje sin efecto alguno el acuerdo patronal unilateral de despido colectivo que afecta a los empleados de la mercantil demandada y que tuvo efectos el 7 de junio de 2023.

    - Se abone la indemnización de 2.772,50 euros a cada parte demandante y 36.000 euros por cada trabajador de la plantilla afectado.

    SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.

    TERCERO.- Con fecha 24 de octubre de 2023 se dictó sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga), cuya parte dispositiva dice:

    "Que, en la demanda de despido colectivo planteada por la representación procesal de la representación legal de los trabajadores, la central sindical C.G.T.-A y la sección de dicho sindicato en la empresa Grupo Control de Empresas de Seguridad S.A., estimamos la excepción de falta de competencia objetiva de esta Sala de lo Social al no haber existido despido colectivo, absolviendo a los demandados Grupo Control de Empresas de Seguridad S.A., la entidad bancaria Unicaja Banco S.A. y Gestión de Actividades y Servicios Empresariales S.A., sin entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada, de las pretensiones de contrario formuladas en aquella. Y ello, sin perjuicio de las acciones individuales que a cada uno de los trabajadores afectados puedan ejercitar ante el Juzgado de lo Social en la revisión de sus respectivos despidos objetivos. Sin costas".

    CUARTO.- En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

    "PRIMERO. Unicaja Banco es una entidad de crédito constituida por tiempo indefinido el 1 de diciembre de 2011. El inicio de su actividad se produce como consecuencia de la aprobación por parte de la Asamblea General de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén - Unicaja (actualmente, Fundación Bancaria Unicaja) del ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de un banco.

    Constituye el objeto social del Banco la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios del negocio de banca, en general o que con él se relacionen directa o indirectamente o sean complementarios a éste o desarrollo suyo, siempre que su realización esté permitida o no prohibida por la legislación vigente. Se incluyen dentro del objeto del Banco la prestación de servicios de inversión y otros servicios auxiliares a éstos, así como la realización de actividades propias de los agentes de seguros, como operador exclusivo o vinculado, sin que quepa el ejercicio simultáneo de ambas.

    El Banco está inscrito en el Registro Mercantil de Málaga y como entidad de crédito en el Registro Especial del Banco de España con el número 2103. Asimismo, el Banco es titular de una licencia para el ejercicio de la actividad bancada otorgada conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y concordantes del Real Decreto 1245/1995, norma a la que sustituyó el vigente Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

    SEGUNDO. Unicaja Banco disponía de una Central Receptora de Alarmas para uso propio en virtud de la autorización conferida por el Ministerio del Interior según Resolución de fecha 26 de junio de 1996.

    El funcionamiento de esta Central Receptora de Alarmas ha sido objeto de inspección y comprobación anual por parte del propio Ministerio del Interior. En todas ellas, se ha verificado la legalidad del modelo organizativo implantado por la Empresa en lo que a la Central Receptora de Alarmas se refiere.

    TERCERO . Existe un Departamento de Seguridad en la entidad de crédito, el cual tiene a su cargo la organización y administración de